Plantea Gobernación ruta para liberar a Israel Vallarta

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La Secretaría de Gobernación (Segob) planteó una ruta legal para intentar liberar a Israel Vallarta, quien hace 15 años fue detenido por presuntamente encabezar una banda de secuestradores, sin que hasta ahora se haya emitido una sentencia en su contra. 

A través de una tarjeta informativa, la dependencia a cargo de Olga Sánchez Cordero informó que se podría utilizar un incidente por desvanecimiento de datos” para obtener la liberación de Vallarta, quien fue detenido en diciembre de 2005 junto con la ciudadana francesa Florence Cassez, quien recuperó su libertad, tras el conflicto entre México y la nación gala que cobró relevancia en aquel entonces.

La Segob detalló que el 13 de enero de 2021 se dio a conocer la propuesta del incidente por desvanecimiento de datos” a la esposa y al abogado de Israel Vallarta, sin embargo, no se obtuvo una respuesta y se envió una carta al acusado el 24 de febrero del 2021 explicándole la ruta que se podría seguir.

Debido a que la Secretaría aún no obtiene una respuesta, las autoridades federales acordaron hablar con el defensor de Israel Vallarta para poder visitarlo en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1, donde le reiterarán esta ruta para su posible liberación.

En audiencia del 06 de abril del presente año, posterior a una hora de reunión, en la cual estuvo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y la titular de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia, Paulina Téllez Martínez, se llegó al acuerdo de hablar con el abogado defensor para llevar a cabo una visita presencial en el Cefereso No. 1 Altiplanoy plantear de nuevo a Israel Nel incidente directamente, ya que en cuatro meses no se ha tenido respuesta sobre el recurso planteado a su esposa, desde enero, como ruta de apoyo para su caso”, explicó Gobernación.

La dependencia agregó que Israel Vallarta está acusado por los delitos de privación ilegal de la libertad, delincuencia organizada (en la hipótesis de secuestro), portación y posesión de armas de fuego (de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales), y posesión de cartuchos (de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales).

La Segob señaló por la situación actual y todos estos delitos que enfrenta Israel Vallarta, la ruta que se debe seguir para su liberación es diferente a la de la ciudadana francesa Florence Cassez.

Este miércoles, en la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, se proyectó el video del supuesto operativo en el que fueron detenidos Cassez y Vallarta, enfatizando que se trató de un montaje realizado por la entonces Agencia Federa de Investigación (AFI) a cargo de Genaro García Luna, actualmente preso en Estados Unidos, acusado de delitos relacionados al narcotráfico. 

(Fuente: El Mañanero Diario)

Cassez buscará reparación en México

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La ciudadana francesa Florence Cassez aseguró que buscará que se le reparen los daños, después de que durante el sexenio de Vicente Fox fuera acusada de secuestro.

En una entrevista con el medio francés L’Express, Cassez explicó que la detención del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, cambia las cosas y exhibe la verdad de las operaciones del ex funcionario.

“Antes saber que era inocente era suficiente. No me importaba lo que algunas personas pensaban. Ahora, quiero ir más allá, establecer la verdad completa, pedir cuentas a los que me hicieron daño, quiero volver a abrir mi archivo, pedir reparación en México”, dijo Cassez.

Cabe recordar que la ciudadana francesa fue arrestada en 2005 y condenada por participar en una red de secuestro presuntamente dirigida por su novio mexicano, Israel Vallarta.

Tras estar 7 años en la cárcel, la Suprema Corte dictaminó que el juicio de Cassez no había sido justo y ordenó su liberación.

En esa entonces, García Luna dirigía la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) de 2001 a 2005, que se encargaba de investigar casos del crimen organizado, entre ellos del que se acusó a Cassez.

El operativo para detener a Cassez fue dirigido por la extinta AFI y García Luna, y fue televisado, lo que la Corte calificó como una irregularidad y derivó en la liberación de la francesa.

Asegura Zaldívar presiones de Calderón por caso ABC y Cassez

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El ex-presidente Felipe Calderón presionó al ministro Arturo Zaldívar por los casos de la Guardería ABC y la liberación de Florence Cassez. Esto lo afirma el mismo Arturo Zaldívar, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), durante una conferencia de prensa realizada el jueves 10 de octubre en el edificio sede del Máximo Tribunal. Durante esta misma conferencia dio a conocer la suspensión de un magistrado de distrito “por su presunta implicación en una red de corrupción e irregularidades graves en su situación financiera”.

Zaldívar advierte que en su administración “no ha habido, no hay y no habrá intocables. No se permitirá la corrupción y no se permitirá práctica alguna que sea indebida e indigna para el pueblo de México”.


(Con información de El Universal y Proceso.mx)

Un Estado más poderoso

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Paulette no fue asesinada, murió al pie de su cama y nadie se percató de que estuvo ahí atorada durante varios días. La muerte de Ernestina Ascencio Rosario no fue consecuencia de haber sido violada y golpeada por los militares sino de una gastritis crónica. En 2001,“El Chapo” escapó dentro de un carrito de lavandería.

Las versiones oficiales mexicanas suelen generar escepticismo.

El video de Florence Cassez siendo arrestada junto a una banda de secuestradores resultó ser un montaje filmado un día después de su captura. Osvaldo Aguilar Martínez no murió después de un enfrentamiento a balazos en la calle sino que miembros de la Policía Federal ingresaron a su domicilio y lo asesinaron.

El proceder de las autoridades mexicanas no es precisamente de fiar.

Los anteriores son, tristemente, muy pocos ejemplos del deficiente sistema de justicia de nuestro país y de la escasa credibilidad de la que goza. Algunos olvidan que ese es el mismo sistema al que hoy le exigen ser más enérgico y no perder el tiempo en los derechos de los criminales ni en “tecnicismos” como el debido proceso.

El sistema judicial exige una depuración desde hace décadas, profesionalización de los cuerpos de investigación para dejar atrás los “tehuacanazos” y las torpezas que finalmente son las que “dejan libres” a los presuntos criminales…

Yo reconozco que el descontento social ante las recientes determinaciones del poder judicial local es perfectamente entendible. Nuestro país ocupa el segundo lugar mundial en impunidad de acuerdo al Índice Global de Impunidad México (UDALP) mientras que Nuevo León es uno de los 13 estados de la república que más la sufre.

Sin embargo, contrario a lo expresado por algunas personas e incluso editorialistas, yo creo firmemente que la solución no está en solicitar medidas justicieras que impliquen reducir los derechos de los gobernados y aumentar el poder de las autoridades.

Y es que tanto la constitución como las leyes deben ser entendidas precisamente como un límite al poder. Idea que proviene desde la Magna Carta de 1215 firmada después de que unos barones apresaran a Juan I para exigirle el respeto de ciertos derechos , creando así el más antiguo documento que inicia en el mundo el proceso de formación de las constituciones y el más importante precedente de limitación al poder absoluto.

El poder absoluto no es deseable y mucho menos para un sistema con un historial como el nuestro. Me parece también que los medios de comunicación han sido torpes y omisos al informar a la comunidad. Por ejemplo, la semana pasada, un presunto ladrón fue vinculado a proceso sin prisión preventiva y sujeto a medidas cautelares que implican no acercarse a la casa donde fue sorprendido y presentarse cada semana al juzgado para firmar. Esto de ninguna manera implica que haya sido exonerado sino que se encuentra en espera de sentencia.

Todo esto en concordancia con el artículo 19 constitucional. Sin embrago, la información difundida es que ha quedado libre por “tecnicismos”, expresión que se ha repetido recientemente sobre todo en relación al debido proceso.

… si se malentiende la problemática y se buscan reducir los derechos de los gobernados, se colectarán aplausos en el corto plazo pero se habrá retrocedido de forman deprimente y nos aproximaremos peligrosamente a vivir bajo un Estado despótico.

Seamos claros: el debido proceso no es un simple “tecnicismo”, una laguna o un pretexto para liberar a quien no debería ser liberado. Mucho menos consiste en un mimo o una sobreprotección a los presuntos criminales.

El debido proceso, en muy resumidas cuentas, pretende otorgar tanto al indiciado como a la sociedad, la certeza de que se cuentan con suficientes elementos para procesar a alguien y, si así corresponde, condenarle.

¿Cómo habría de considerarse garantizada la seguridad de la sociedad si no se tiene certeza de que los condenados son, en efecto, los verdaderos culpables de los actos que les han sido imputados?, ¿De qué nos serviría que los presenten responsables si no se consta que lo son?, ¿Qué límites encontraría el Estado para procesar a quien se le antoje si no tuviese que circunscribirse a ciertas normas y principios?

La fundación RENACE, hace casi una década publicó un documental llamado “El Túnel” en dónde de forma muy deprimente se evidenciaban las constantes injusticias cometidas a personas que terminaron en prisión. Falta de pruebas, negativa de acceso a abogados, torturas, cárcel a personas por el simple hecho de ser indígenas con el objetivo de que los policías cobren cuotas de efectividad e incluso condenas sin juicio previo, son sólo algunos de los horrores que se denuncian.

Reducir los derechos en todo caso sólo agravaría nuestros problemas y empoderaría a un Estado que ha demostrado ser deficiente en la administración de justicia a pesar de, supuestamente, encontrarse obligado a someterse a la ley.

¿Cómo habría de considerarse garantizada la seguridad de la sociedad si no se tiene certeza de que los condenados son, en efecto, los verdaderos culpables de los actos que les han sido imputados?, ¿De qué nos serviría que los presenten responsables si no se consta que lo son?…

El sistema judicial exige una depuración desde hace décadas, profesionalización de los cuerpos de investigación para dejar atrás los “tehuacanazos” y las torpezas que finalmente son las que “dejan libres” a los presuntos criminales; transparencia en los procesos que no dé pie a que exista corrupción que permita a culpables sobornar o a inocentes terminar presos, en resumidas cuentas, un trabajo arduo que no será breve ni sencillo y ese es precisamente el mayor riesgo: si se malentiende la problemática y se buscan reducir los derechos de los gobernados, se colectarán aplausos en el corto plazo pero se habrá retrocedido de forman deprimente y nos aproximaremos peligrosamente a vivir bajo un Estado despótico.

Nunca olvidemos que el problema no son nuestros derechos sino la ineptitud e ineficacia del Estado.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”