Participación ciudadana y supervisión civil en las instituciones policiales

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La eficacia, profesionalismo y vigilancia en el actuar de las corporaciones policiacas, son unos de los grandes pendientes en las instituciones de seguridad pública en nuestro país. Actualmente, dichas instituciones enfrentan diversos retos importantes en su desempeño; de acuerdo con datos de la ENVIPE 2019 realizada por el INEGI, el 52.8% de la población percibe a los policías municipales como poco o nada confiables, y el 67.9% de los encuestados percibe a dichas policías como corruptas. Estos datos estadísticos demuestran que dichas corporaciones sufren de amplios márgenes de desconfianza ciudadana, y ello tiene como consecuencia una falla sistemática en los esfuerzos de preservar la paz social, y resulta preocupante dada la naturaleza y relevancia de las tareas de los elementos de seguridad pública. 

En un país como el nuestro, donde el Estado de Derecho y la democracia son elementos en un estado aún de consolidación, incrementar la confianza y legitimidad de las instituciones es un imperativo social, jurídico y político, aún más, cuando hablamos del ius puniendi o poder punitivo del Estado. Cuando analizamos la actuación de los elementos de seguridad pública, lo hacemos desde dos dimensiones; la primera sería el actuar particular ante un caso concreto, ejemplo de esto es cuando una persona solicita ayuda ante la comisión de un delito. En segundo término, existe la dimensión global o colectiva, el cual se enfoca en el desempeño generalizado de una institución policiaca, ya sea desde sus estrategias internas así como las políticas públicas en materia de seguridad pública. Es en esta segunda, donde encontramos los controles externos ciudadanos o de participación civil. Por ello, impulsar una vida democrática-participativa al interior de este tipo de instituciones dedicadas a la seguridad, determinará en gran medida el éxito en sus tareas.

Dicho lo anterior, la vigilancia o control externo policial es una herramienta importante para aumentar la legitimidad social, permite que las políticas y actuaciones institucionales se adecuen a las dinámicas particulares de su eje territorial de acción,  y aumenta la rendición de cuentas en las corporaciones policiacas. Desde dicha perspectiva democrática, la supervisión civil de la seguridad pública sería un mecanismo importante para acercar a estas instituciones con la ciudadanía para generar una mayor confianza y responder a las demandas que esta tenga en relación con el desempeño de la seguridad pública. En ese orden de ideas, David H. Bayley (2006) ha mencionado que los pilares de una reforma policial democrática  son: 

  • orientación a la ciudadanía 
  • Respeto a la legalidad 
  • Respeto a los derechos humanos 
  • Transparencia y Rendición de cuentas

Cómo podemos apreciar de lo anterior, desde la orientación ciudadana hasta la transparencia y rendición de cuentas, se encuentran íntimamente relacionados con la vigilancia ciudadana externa de las corporaciones, ya que esto permite que personas interesadas o especialistas puedan involucrarse y participar en las políticas y estrategias de seguridad pública. Una institución policial debe medirse, no sólo por su efectividad en la tarea de seguridad púbica, sino también, en la supervisión y rendición de cuentas por parte de la ciudadanía. Al establecer estos mecanismos externos, las corporaciones pueden atender directamente las exigencias ciudadanas sobre su comportamiento y desenvolvimiento en la sociedad, creando un binomio importante entre participación ciudadana y derechos humanos que permiten que las organizaciones civiles o colectivos ciudadanos jueguen un papel importante. De acuerdo con la organización Causa en Común basados en la experiencia internacional, estos mecanismos tiene como beneficio: 

  • incrementar la confianza ciudadana 
  • Asegura procesos claros de quejas y denuncias 
  • Promueve investigaciones exhaustivas e independientes 
  • Incrementa la transparencia y la rendición de cuentas 
  • Disuade las conductas policiales indebidas 

En primer punto, me gustaría referirme al campo normativo, y para ello es obligado analizar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la cual regula a las instituciones policiales a nivel federal, local y municipal. En dicho ordenamiento se establece en su artículo 12 último párrafo, que el Consejo Nacional de Seguridad Pública podrá “invitar por la naturaleza de los asuntos a tratar, a las personas, instituciones y representantes de la sociedad civil que puedan exponer conocimientos y experiencias las para el cumplimiento de los objetivos de seguridad pública”. En ese orden de ideas, el Título Octavo de esta Ley, en sus artículos 128, 129, 130, 131, 132 y 133, regula la participación ciudadana, su objeto y materias, sin embargo, estos preceptos normativos resultan insuficientes para lograr alcances deseables, ya que no prevé instrumentos concretos para facilitar dicha participación ni la manera de su operación a nivel local, el cuál resulta el más afectado en términos de legitimidad social y corrupción. Para ilustrar lo anterior, reproduzco de manera textual el precepto normativo relativo al artículo 128:

“Artículo 128.- El Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana establecerá mecanismos eficaces para que la sociedad participe en el seguimiento, evaluación y supervisión del Sistema, en los términos de esta ley y demás ordenamientos aplicables.

Dicha participación se realizará en coadyuvancia y corresponsabilidad con las autoridades, a través de:

I. La comunidad, tenga o no estructura organizativa, y

II. La sociedad civil organizada”.

Como se puede apreciar, este Centro Nacional será el encargado de establecer los mecanismos de participación de ciudadana en las tareas de seguridad pública, y el mismo artículo señala que esta participación puede ser para fines de supervisión del sistema nacional de seguridad pública, esto lo podemos traducir a que la ley máxima de las corporaciones policiacas permite los mecanismos externos de evaluación y control ciudadano. Aquí vemos la primera falla de diseño, ya que esta participación no será directamente con las corporaciones policiacas sino con otra institución a fines, y esto no se circunscribe a las autoridades federales, sino como bien establece el artículo 129: 

Artículo 129.- El Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana impulsará las acciones necesarias para que la Federación y las entidades federativas y los Municipios establezcan un servicio para la localización de personas y bienes, que promueva la colaboración y participación ciudadana”.

El artículo anterior, una falla en la técnica legislativa es el uso de la palabra “impulsará las acciones necesarias” omitiendo el deber u obligación para que la colaboración ciudadana sea un mecanismo obligado en todo el sistema nacional de seguridad pública. En el mismo orden de ideas, y confirmando que la ley prevé la figura de control y vigilancia externa con organizaciones o colectivos civiles, estos mecanismos pueden versar en los términos del artículo 131: 

I. Participar en la evaluación de las políticas y de las instituciones de seguridad pública.

II. Opinar sobre políticas en materia de Seguridad Pública;

III. Sugerir medidas específicas y acciones concretas para esta función;

IV. Realizar labores de seguimiento;

V. Proponer reconocimientos por méritos o estímulos para los Integrantes de las Instituciones;

VI. Realizar denuncias o quejas sobre irregularidades, y

VII. Auxiliar a las autoridades competentes en el ejercicio de sus tareas y participar en las actividades que no sean confidenciales o pongan en riesgo el buen desempeño en la función de Seguridad Pública.

Derivado de lo anterior, si bien, las fracciones I, II, III y IV del artículo 131 preven que exista una coordinación y participación por parte de organizaciones civiles o la comunidad sin estructura organizativa, la Ley no mandata a las entidades federativas para que necesariamente existe un mecanismo de vigilancia y control ciudadano, lo cual contradice la naturaleza misma de estos mecanismos de supervisión ciudadana. Este título no define lo que se entiende cómo sociedad civil o colectivo ciudadano, y tampoco enuncia las formas con las cuales puede participar, no siendo específico con las formas o incidencias locales para permitir esto. Cuando hablamos de mecanismos de supervisión o control externo ciudadano, no puede limitarse a simplemente contemplar la figura en la ley sin dotarlo de facultades que permitan su efectividad, ya que no se logran los alcances de rendición de cuentas. En términos institucionales, en México tenemos órganos de supervisión al interior de las corporaciones policiacas, el primero son las Unidades de Asuntos Internos y las ONGs especializadas en temas de seguridad pública, sin embargo, “estos organismos carecen de uno o dos factores que consideramos indispensables para la supervisión policial efectiva: 

  1. autonomía, 
  2. competencia, y
  3. exhaustividad”.

En virtud de lo anterior, la actual administración federal ha creado e impulsado el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica aprobado por elConsejo Nacional de Seguridad Pública el 8 de julio de 2019, sin embargo, también resulta insuficiente respecto a las formas o mecanismos para implementar la participación ciudadana efectiva a nivel local, si bien, dicho documento menciona que el objetivo del Modelo es el “fortalecimiento de las policías municipales y estatal ” para “mejorar la percepción de seguridad e incrementar la confianza en las instituciones policiales (SESNSP, 2019, p. 55), esta política pública no profundiza ni realiza un análisis a fondo sobre los principios y figuras para que la sociedad pudiera participar desde el ámbito colectivo en las estrategias de seguridad pública o aquellos procesos internos como la capacitación y formación policial. Esta supervisión civil no se contempla como un mecanismo clave en el actuar de la seguridad pública, ya que como bien ha señalado Antia Mendoza citando a Dash sobre las funciones principales de los sistemas de supervisión civil en las instituciones policiacas, se encuentran:

“- Supervisar los procesos de queja en contra de los cuerpos policiales

– Atender y satisfacer la queja ciudadana

– Documentar, analizar e interpretar patrones de abuso o violaciones a los

derechos humanos por parte de los servicios policiales

– Detectar necesidades de carácter técnico, estructural o de gestión en las

instituciones policiales

– Evaluar prácticas y desempeño policial

– Emitir informes y recomendaciones para fortalecer y mejorar la práctica

policial

– Participar en la construcción de políticas públicas que contribuyan a la

modernización y democratización de la policía”

Tanto el Modelo Nacional de Policía y justicia cívica como la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública no concretan mecanismos, alcances y consecuencias de la participación de la sociedad civil en las funciones de la seguridad pública, esta falla en el diseño jurídico-institucional tiene cómo consecuencia que todo la vigilancia o control externo policiaco quede completamente a la potestad de la voluntad política, y aquí tenemos un punto débil que debe ser tomado en cuenta ante los altos índices de violencia y desconfianza ciudadana a las instituciones. Cuando se permite que exista una participación ciudadana en aras establecer un control externo, las policías pueden aprovechar la información que las organizaciones y/o colectivos pueden aportar a su laborar, abonando a una mejor capacitación así como entender la perspectiva de la ciudadanía, convirtiéndose en aliado de las exigencias ciudadanas. Es importante que estos mecanismos puedan contemplar medidas coercitivas o instrumentos de sanción cuando derivado de los ejercicios de control ciudadano, se perciban actos u omisiones contrarios a la ley y el desempeño de sus laborales, y como resultado tendremos instituciones legitimadas y profesionalizadas. Contemplar y fomentar los controles externos policiales permitirá transitar a un modelo de seguridad pública cerrado y opaco a uno abierto que permita una vigilancia constante de su actuar, democratizando el ejercicio de la seguridad pública en nuestro país. 

Referencias 

INGEI. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2019. 

INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2019. 

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

González Reyes, Pablo Jesús. (2003). Participación ciudadana en la evaluación de la política de seguridad pública: el caso de Baja California. Estudios fronterizos, 4(8), 57-72. Recuperado en 24 de octubre de 2020, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-69612003000200003&lng=es&tlng=es

SESNSP. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. 

Mendoza Atia, (2008), Supervisión de la policía por sociedad civil ¿transición hacia la reforma policial democrática?, Instituto para la Seguridad y la Democracia A.C. (Insyde). México: junio de 2018.

Bayley, D. (2006). Changing the Guard. Developing Democratic Police Abroad.Oxford, Press, USA. 

Una consulta más

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Nuevamente les vengo a escribir del mecanismo de consulta en México. Un mecanismo que emocionó al legislarse pero que ha perdido credibilidad por la manera en la que se aplica en nuestro país; una manera que simplemente no se apega a lo que establecen las leyes para su debida formulación. 

He escrito antes sobre la consulta popular de las elecciones de 2018 y la “consulta” que hubo del NAICM, pero ahora nos enfrentamos a otro escenario: una consulta ciudadana en Nuevo León sobre el tema fiscal. Primero, es importante destacar que sí hay una diferencia entre consulta popular y ciudadana: Según la Ley de Participación Ciudadana para el estado de Nuevo León, la popular se realiza únicamente en jornadas electorales federales y en conjunto con la Comisión Electoral Estatal, la cual valora que la pregunta en cuestión no sea tendenciosa o contenga juicios de valor y que no sea referente a temas tributarios, administración pública interna y regulación del Congreso del Estado o el Poder Judicial. Por otro lado, la consulta ciudadana la realiza independientemente el poder ejecutivo estatal o municipal y no existen restricciones en cuanto a los temas. 

Entonces el Congreso del Estado no fue nada ingenuo en plantear esta consulta como ciudadana y no como popular, porque eso les permite realizarla antes de la jornada electoral y también que fuera sobre el tema fiscal que tanto ha causado división entre los ciudadanos y gobernadores. Técnicamente, sí se está cumpliendo con todos los requisitos de forma para utilizar este mecanismo de participación ciudadana. 

Pero hay algo más, que es lo que me llevó a escribir este artículo, y es sobre el tema y la pregunta en sí. El Poder Ejecutivo y Legislativo de Nuevo León ya se pusieron de acuerdo y determinaron que la pregunta para la consulta será la siguiente: “Hoy por cada peso que Nuevo León aporta al gobierno federal solamente se le devuelven 29 centavos. ¿Estás de acuerdo en que se modifique el mecanismo de distribución para que Nuevo León reciba más recursos a favor de sus habitantes?”. 

Sinceramente, ¿quién en su sano juicio diría que no a esa pregunta? ¿Me estás preguntando que si quiero más dinero para que nos vaya mejor? ¡Pues claro que sí! Aquí se puede ver otra buena decisión del Congreso para hacer esta consulta una consulta ciudadana, porque es una pregunta totalmente tendenciosa y con juicios de valor. Es impactante que mencionen la cifra sobre como Nuevo León solo recibe 29 centavos por cada peso que contribuye (y es la única cifra que usan para respaldar su postura para recibir más dinero), pero lo que los impulsores de esta consulta no te cuentan es que aún con esto, Nuevo León es el quinto mayor estado en recibir participaciones federales (lo pueden revisar en el cuadro 7 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5603570&fecha=27/10/2020). Los impulsores también dicen que como Nuevo León es el tercer estado en aportar al PIB nacional (que sí es), por eso se nos debería de regresar más, pero tampoco te cuentan que el cálculo para las participaciones y aportaciones federales para los estados no solo se basa en el PIB sino también en la cantidad de población que se tiene, la cantidad de impuestos locales que recaudan y otros factores como carencias sociales para algunos fondos del ramo 33. Recapitulando: en Nuevo León, sí somos la tercera entidad con mayor aportación al PIB y sí se nos regresa 29 centavos por cada peso, pero aún así somos el quinto mayor estado con participaciones federales y hay más factores sobre el PIB para recibir este dinero. 

Ahora, otra cuestión sobre esta consulta ciudadana es que se va a llevar a cabo electrónicamente entre el 6 de diciembre y 28 de febrero. Según la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2018 del INEGI, en Nuevo León, solo 66.5% de la población cuenta con acceso a internet desde sus casas. Entonces hace falta que el gobierno defina cómo es que toda la ciudadanía del estado va a poder participar en esta consulta.

No se pueden andar diciendo verdades a medias para obtener más dinero. El gobierno primeramente debería de tener una planeación estratégica sobre sus recursos y transparentar qué es lo que hace con el dinero que ya recibe antes de andar pidiendo más. Y si van a realizar la consulta tienen que asegurar que todas y todos puedan participar, sino solo va a ser una consulta más para que las clases sociales medias y altas que cuentan con internet en sus hogares y dispositivos electrónicos puedan ejercer su participación ciudadana. 

Nuestra participación en donde merecemos estar

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Siempre he pensado que el dicho “hagan política, porque si no la hacen, alguien más la hará y probablemente en contra de ustedes” es algo que todas y todos debemos de llevar muy presente. Aunque ya he hablado de esto en anteriores ocasiones, me parece que la conversación sobre “hacer política” ha recuperado fuerzas por la cercanía del proceso electoral que se avecina.

Seré claro: ya es hora de las y los jóvenes. Y no, no es pelea generacional y no buscamos acaparar todos los reflectores para nosotros. Buscamos ser escuchados: tener los espacios que nos corresponden para tener voz y tener voto en las decisiones de la vida pública de nuestras ciudades y nuestros estados.

Y esto es porque la juventud trae agenda distinta a las viejas generaciones, misma que es fundamental para el progreso de México y para la preservación de nuestro medio ambiente. El debate entre ciudadanas y ciudadanos jóvenes sería sumamente enriquecedor para la sociedad, y de esos mismos debates estoy convencido que saldrían muchas respuestas para nuestros problemas. 

Una cuarta parte de la población de México es joven, pero nuestra representación en donde se toman las decisiones es mínima. Buscamos, en estados como Quintana Roo, que la juventud tenga al menos el 25% de los espacios en los cabildos, acercándose a la realidad en cuanto a la cantidad de población joven. Básicamente una representación justa.

A lo largo de este camino buscando que escuchen nuestras voces, me he encontrado con que algunos institutos políticos se niegan rotundamente a este tipo de propuestas. Es una lástima porque esto no es tema partidista ni de quién gana con la iniciativa. Se trata de hacer lo correcto y poder conformar mejores ayuntamientos y mejores legislaturas.

Estos mismos institutos políticos tienen incluso grandes organizaciones juveniles, mismas que son traicionadas por sus dirigencias. ¿De qué sirve que formes cuadros y les destines recursos si a la hora de darles voz, en lugar de eso les das la espalda?

Yo desde acá te pido que si me lees y militas o simpatizas con algún instituto político, te asegures de que van a darte la voz que mereces, y que no se escudarán en excusas viejas y desgastadas para mantener sus influencias con los mismos de siempre, dándole la espalda a nuestra generación.

Y si me lees y no militas o no sabes por dónde empezar a participar, mantén presente el entrarle a un lugar donde te den voz y no te usen de relleno o te inviten únicamente a repartir folletos y ondear banderas. Mereces, y merecemos, que nos den las herramientas para construir una mejor sociedad. Merecemos formar parte de la toma de decisiones y merecemos ser tomados en cuenta.

Recordemos que la política es la manera más efectiva de mejorar nuestras comunidades. Si bien la política se hace en el día a día y desde las calles, tenemos que participar y hacernos notar en los ayuntamientos y los congresos. Estoy convencido que la juventud puede ser esa chispa para una verdadera evolución en México.

#Kleroterion: “Reforma al Infonavit, un nuevo impulso a la hipotecaria nacional”

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El presidente López Obrador presentó las bases de su reforma al infonavit. Entre ellos el acceso a créditos para que los trabajadores compren los terrenos y construyan su vivienda, además de que los recursos se entregarán de forma directa y sin intermediarios que gestionen o asignen una vivienda determinada a los trabajadores.

Otros de los ajustes que se contemplan en esta reforma son:  Que los trabajadores soliciten un crédito cuantas veces lo necesiten; La posibilidad de refinanciamiento del crédito; Ejercicio de un crédito para la reparación, ampliación y remodelación de una vivienda; así como la liberación de recursos sin relación laboral activa, lo que quiere decir que los trabajadores pueden acceder al crédito sin contar con un empleo al momento de solicitarlo.

Esta es sin duda una de las reformas más necesarias en nuestro país y no me queda duda que fortalecerá la capacidad de crédito para vivienda de los trabajadores mexicanos, pero debe servirnos también para reflexionar sobre la labor del infonavit, una institución que junto al IMSS, representan sin duda uno de los activos más importantes que tenemos los mexicanos.

Piénsalo de esta forma. La mayoría de quienes desean tener una casa, no digo en México, sino en el mundo, tienen que hacer uso de un crédito hipotecario. La opción más común es que acudan a la banca comercial con los costos y condiciones que eso representa. Esos créditos finalmente tiene por objetivo producir ganancias para quienes los otorgan, partiendo de eso entenderás que no sólo llegan a ser créditos caros, sino que además se rigen por la dictadura del mercado y quienes tienen un crédito de ese tipo no pueden fallar.

La visión del infonavit es otra. De entrada su vocación es social, lo que significa que el objetivo que persigue es que la gente pueda hacerse de un patrimonio digno. Contrario a los créditos de la banca comercial en el infonavit se le presta dinero a los trabajadores de un fondo al cual todos aportamos. 

Cada que alguien obtiene un crédito infonavit tiene que ser consciente que ese dinero que recibe es gracias a las aportaciones que hacemos todos los trabajadores al instituto, eso debe de comprometernos a todos a ser cumplidos en el pago del crédito pues de que cumplamos depende que el instituto pueda otorgarle un crédito hipotecario a alguien más en el futuro.

El modelo de esta “hipotecaria nacional” es tan atractivo para el desarrollo de oportunidades de viviendo que en su momento incluso China, el gigante asiático, envió una delegación al país con la intención de aprender el modelo en poder replicarlo allá.

Pero también tenemos que ser conscientes que durante los últimos sexenios el instituto perdió mucha de su vocación social.  Muy seguido recibo mensajes en mis redes sociales sobre casos de personas cuyo crédito se fue a las nubes o que están a punto de desalojar.

Para colmo las condiciones de las viviendas que les entregaban a los trabajadores fueron empeorando año con año. Si comparamos las viviendas que el instituto entregó en las décadas de los setentas y ochentas con las que se entregaron principalmente a partir del 2000, la ubicación, el tamaño de los lotes, los metros de construcción y la calidad de las mismas deja MUCHO, pero MUCHO que desear. 

En su momento hice un recorrido por un fraccionamiento de casas infonavit abandonadas que transmití en mis redes sociales y lo que encontré fue lamentable. Casas abandonadas y destruidas. Ubicadas en una zona tan alejadas que aún en coche es una odisea llegar a donde están.

Lo peor es que ese tipo de escenas se repitieron en todos los estados del país durante los últimos 3 sexenios. Por eso esta reforma que es tan importante, porque le da un nuevo impulso al instituto y sienta las bases para que las condiciones de crédito y calidad de las viviendas empiecen a mejorar.

Queda claro que falta mucho, pero mucho por hacer. Sigue quedando pendiente, por ejemplo, darle solución a muchos créditos que se fueron a las nubes por las condiciones en que en su momento se otorgaron, pero de que esta reforma es benéfica para los trabajadores mexicanos nadie lo puede negar. 

El presupuesto que no es presupuesto

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La semana pasada, fue aprobado por la Cámara de Diputados, con 305 votos a favor y 151 votos en contra, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021. Desgraciadamente, pese a que hubo una infinidad de reservas por parte de los opositores a la bancada de Morena y sus aliados, estas no fueron atendidas. Dando como resultado, una vez más, otro fracaso en cuanto al establecimiento del diálogo y la pluralidad de ideas dentro de la Cámara. Fue así, como se decidió que el gasto a ejercer este 2021 por parte de la Federación sería de 6 billones 295 mil 736 millones de pesos. Dentro de los aspectos más trascendentes a contemplar que surgieron de esta decisión, se encuentra una reducción presupuestal evidente a los estados y municipios y un aumento característico a los programas de carácter asistencialista que hemos venido viendo a lo largo de esta nueva gestión de la administración pública federal. 

Cómo bien se había proyectado con antelación, el recorte presupuestal a estados y municipios ronda los 182 mil millones de pesos. Cabe destacar, que esta cifra es menor al gasto federalizado que se tuvo por aprobado en términos de participaciones en el presupuesto correspondiente al año en curso. A pesar de que hubieron múltiples oportunidades de dialogar por parte de la alianza federalista hacia el gobierno federal, estas fueron rechazadas en innumerables ocasiones. Resultando así, exactamente lo previsto: una Cámara que lejos de actuar con autonomía actuó por una mayoría no representativa, este es un peligro evidente del cual muchos críticos estaban conscientes desde que la Cámara de Diputados quedó conformada prácticamente sin contrapesos. La única respuesta que se tuvo por parte de gobierno federal, fue que esta era una de las tantas estrategias de austeridad y que garantizarían una mejor distribución de recursos. Sin embargo, esta afirmación no descarta las repercusiones que se darán a manos de este recorte. Creer que la austeridad soluciona la corrupción y redistribuir los recursos de forma dudosa, a través de la centralización de los mismos, hace a muchos cuestionar su procedencia y por ende su transparencia. 

La 4T no es ajena y mucho menos inmune a la corrupción. Ya se ha tenido conocimiento de grandes escándalos en materia de corrupción, provocando incluso el desistimiento de algunos representantes de Secretarías que solían integrar el movimiento morenista. Con estas acciones tan repentinas, poco a poco se defrauda mas al pueblo mexicano y lejos de ser la 4T la representación que muchos deseaban, se está convirtiendo exactamente en lo mismo que pretendía combatir. Creyendo que la reducción en cuanto al presupuesto estatal y municipal es ahorro, esta gestión está dejando entrever que a su percepción el uso de las contribuciones para la atención del ciudadano a través de las instancias que tiene a mayor proximidad, representa un gasto cuando en realidad se trata exactamente de lo contrario: una inversión. Por otra parte, el que estos recursos se remitan a las instituciones de nueva creación y a sus programas de carácter asistencialista no garantiza necesariamente que la calidad de vida de los mexicanos haya mejorado. Si bien es cierto, desde que empezaron a funcionar estos mecanismos no ha habido como tal una rendición de cuentas respecto a los apoyos entregados y sobre todo en cuanto al impacto que han tenido los mismos en la población mexicana. 

Alejar el presupuesto de quienes lo solventan en su carácter de contribuyentes, peso por peso, día a día, es una nueva modalidad de transgredir los derechos de los mismos. Si bien no existe una figura progresista que asemeje la función del salario mínimo vigente aplicable a esta materia, sería óptimo que existiera. Ya que esta podría ubicar y hacer exigible un mínimo en cuanto a la distribución de los rubros que cubre el presupuesto de egresos de la federación. Una figura como tal debiera considerarse a efecto de la distribución que se hace año con año, fijando así metas de progreso y no de retroceso. De esta forma, se tendría un candado que evitaría que estas situaciones se produjeran en un futuro a la llegada de una nueva gestión. Es importante reflexionar que centralizar los recursos jamás será sinónimo de transparencia ni mucho menos un intento de querer ayudar al grueso poblacional, en medio de una pandemia, si no se tiene ni la confianza ni las instituciones suficientes para demostrar a la población, su uso. 

Repensar el sistema laboral mexicano

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Uno de los pendientes más importantes en el desarrollo de México tiene que ver con el sistema laboral. Este ha sido un sistema injusto e ineficiente que, en lugar de contribuir en la movilidad social de las y los mexicanos, ha acrecentado las desigualdades socioeconómicas de la sociedad. 

Este es un debate que cobra relevancia en el marco de la reciente propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la regulación del outsourcing. Esta es una propuesta que surge a partir de las preocupaciones del gobierno federal sobre los efectos perversos que ha provocado la subcontratación en el mercado laboral mexicano, como por ejemplo las reducciones en los beneficios de seguridad social de las y los trabajadores (afectando las pensiones, los fondos de vivienda y las licencias de maternidad e incapacidad, así como reduciendo las liquidaciones e indemnizaciones frente a despidos) [1]. 

El problema de la subcontratación se inserta dentro de otro más grande y grave, que es el de la precarización laboral. Este es un fenómeno que se puede entender a partir del esfuerzo que hacen muchas empresas por reducir sus costos salariales. Sin embargo, este esfuerzo empresarial se vuelve problemático cuando termina afectando el bienestar de las y los trabajadores, pues no se les registra formalmente en la seguridad social, o simplemente les reducen los salarios para, así, pagar las cuotas, lo cual significa que estos terminan pagando indirectamente su seguridad social [2] [3].  

Este escenario de precarización laboral, empleos informales, subcontratación, etc., nos coloca en una situación crítica que se materializa en menores oportunidades de condiciones socioeconómicas mínimas, que garanticen vidas dignas de las y los trabajadores y sus familias. Asimismo, esta precarización laboral tiene efectos devastadores para el desarrollo de nuestro país debido a que representa un factor determinante de la pobreza [4]. 

Es por eso por lo que se debe repensar el actual sistema laboral mexicano. Quitar el outsourcing tal vez ayude a reducir las practicas de flexibilización laboral que tanto han vulnerado y desprotegido a muchas y muchos trabajadores. No obstante, lo que se necesita es un cambio más estructural y profundo que haga de la seguridad social un derecho universal y accesible al cual no se le saque la vuelta para reducir costos salariales, así como uno donde se priorice a las y los trabajadores y no solamente, como se ha hecho hasta ahora, la “competitividad empresarial”. 

Si la 4T realmente busca lograr una transformación significativa que haga de México un país justo y equitativo, socioeconómicamente hablando, se debe pensar en una reforma laboral integral que modifique los actuales mecanismos que hacen que la seguridad social no sea accesible para todas y todos los mexicanos, económicamente activos, y promueva una dignificación del empleo y la fuerza laboral, lo cual incluya, tal vez, regulaciones en la subcontratación, como lo que actualmente se está proponiendo. 

El pasado 18 de noviembre se lanzó la primera etapa de implementación de la Reforma Laboral, promovida por el gobierno federal, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en 8 estados de la república mexicana. Hay que estar al pendiente de esta reforma y analizar su contenido para saber si va en la dirección correcta. Estamos en tiempos de cambio y no hay mejores cambios, que le harían tanto bien a México, que aquellos que tengan que ver con el sistema laboral mexicano. 

Instagram/Twitter @toniuniversal 

[1] Animal Político (2020). AMLO presenta iniciativa para regular outsourcing; pide sancionar subcontratación con cárcel. Recuperado de https://www.animalpolitico.com/2020/11/amlo-iniciativa-outsourcing-prohibe-subcontratacion/ 

[2] Ramírez López, B.P. (2019) El binomio formalidad/informalidad en el mercado de trabajo mexicano. Equidad y Desarrollo, (33), pp.89-103. https://doi.org/10.19052/eq.voll.iss33.5

[3] Ríos, V. (2020). Más dañino que el “outsourcing“. Expansión Política. Recuperado de https://politica.expansion.mx/voces/2020/11/16/viri-rios-mas-danino-que-el-outsourcing 

[4] Martínez-Licerio, K.A., Marroquín-Arreola, J. y Ríos-Bolívar, H. (2019). Precarización laboral y pobreza en México. Análisis Económico, 34, (86), pp. 113-131, ISSN:0185-3937.

La vacuna y los mercados

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La pandemia por la que esta atravesando el mundo nos tomó por sorpresa y detuvo, en su mayoría, las actividades económicas alrededor del globo. Sin embargo, el mercado de valores continuó sus operaciones y los inversionistas mostraron temor ante el panorama de incertidumbre que se presentó. En el mes de marzo los principales índices cayeron, por lo menos, un 20% de su punto más alto mostrado en el mes de febrero. 

Además, durante el mes de abril el índice de desempleo en Estados Unidos estuvo cerca del 16%, según el Buro de Estadísticas Laborales, siendo el sector manufacturero el más afectado. 

El impacto más significativo de la pandemia es para las economías emergentes y esto debido a que los países más desarrollados buscan reducir sus costos operativos y emplean a estos países para poder cumplir con sus demandas de productos. 

Un gran ejemplo de lo anterior es lo vivido durante la presidencia de Donald Trump, en dónde fracturo la alianza con China y así el país vecino volteo a México para hacernos su principal socio y mejorar nuestra balanza comercial en relación de exportaciones contra importaciones. 

Si las economías se detienen y las demandas en la cadena de suministro disminuyen y se recortan los empleos el efecto con la inflación es una tasa baja y es así los bancos centrales buscan incentivar su consumo interno reduciendo a su vez la tasa de préstamo a las instituciones financieras. 

En este sentido actualmente la tasa de referencia para México se mantiene en un 4.25%, mientras que la tasa de Estados Unidos se encuentra en un rango de 0% a 0.25%. 

Los inversionistas que buscan mejorar sus rendimientos en bonos de gobierno pudieran ver atractiva la diferencia de tasas entre las economías emergentes y las economías desarrolladas; sin embargo, ante lo que vivimos hoy en día la cautela se encuentra y lo hace migrar a monedas con mayor certidumbre política y económica. 

Los capitales en las bolsas de valores comenzaron a moverse a acciones de empresas denominadas “quédate en casa”, las cuales se esperaba que los resultados trimestrales fueran a favor dado que estas empresas, gran parte de ellas, se dedican al comercio electrónico como ejemplo: Netflix (NFLX) y Amazon (AMZN).

El movimiento cíclico se da principalmente entre los inversionistas que mantienen una gestión activa en el mercado y buscar maximizar el alfa (rendimiento) de sus portafolios aprovechando las tendencias macroeconómicas.

¿Dónde estamos el día de hoy?

Durante los primeros meses de Covid-19 se desconocía que empresa sería la que tuviera resultados sobre las pruebas para una vacuna que pudiera detener este virus. 

A 10 meses que empezarán los confinamientos en Asía y Europa, en la semana 46 del año los titulares se volcaron a los resultados de la posible vacuna de Pfizer (PFE). 

Este candidato por parte de la empresa norteamericana y en colaboración con su similar alemán BioNtech cuenta con un 90% de efectividad como tratamiento del SARS-CoV-2. 

Así mismo, esta semana la empresa de biotecnología Moderna (MRNA) también dio sus resultados de la última etapa de sus pruebas para la vacuna con un contundente 94.5%. 

Las vacunas BNT162b2 (Pfizer) y mRNA-1273 (Moderna) están en la mira de la comunidad cientifica, esto debido a que son las primeras en su tipo en tener la tecnología mRNA (mARN en español). El ARN, ácido ribonucleico, es lo que permite que la información de nuestro ADN sea comprendida por células, lo anterior (a mi entender) funciona como un código que es llevado al cuerpo del paciente sin tener que inyectar el virus. 

De esta manera el cuerpo recibe un código genético y comienza a generar anticuerpos contra el virus, lo que lo hace más seguro. 

Las principales diferencias de estos dos candidatos son: la dosis, almacenamiento, costo y eficacia. Te presento las diferencias a continuación: 

Pfizer / BioNtech Moderna
Dosis: 30 microgramos Dosis: 100 microgramos
Eficacia: 90% Eficacia: 94.50%
Almacenamiento: -70º centigrados Almacenamiento: -20º centigrados
Costo: $19.50 dólares /dosis Costo: $37dólares /dosis

Fuente: reportado en las páginas de las empresas.

Lo que aún no se tiene conocimiento en concreto es si las vacunas ayudan a prevenir la propagación del virus y el funcionamiento de las mismas en diferentes grupos de personas por edades. 

Las pruebas que realizo Moderna fueron a personas entre 18 y 55 años con un estado de salud reportado como saludable. 

¿Estamos en el fin de la pandemía? 

Aún no, si bien los resultados son prometedores y de continuar así pudieramos estar esperando vacunas para el mes de marzo. 

En conclusión, el mercado continua reaccionando ante las noticias venideras de los candidatos a la vacuna, por otra parte, los casos siguen en aumento y los inversionistas vuelven a colocar su dinero en los activos de resguardo (como el oro y bonos de gobierno). Las tasas de referencia a nivel mundial continúan bajando por la incertidumebre de quienes buscan esta seguridad. 

Lo más importante es mantener una visión objetiva sobre como serán los siguientes meses para las economías y tratar de minimizar los impactos en los portafolios. 

Pecando de inocentes: AMLO, Biden y EEUU

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La relación entre México y Estados Unidos es clave. Me inclino a pensar que es más clave para nosotros que para ellos, pero eso no implica que no lo sea. Las aguas están muy agitadas del otro lado del Río Bravo y de este lado también comienzan a moverse, y en ambos casos se trata de movimientos por temas electorales, lo que tiene a todos con las sensibilidades al por mayor y los nervios de punta. 

El presidente López Obrador se ha negado a reconocer la victoria del demócrata Biden y apela al principio de no intervención de la Doctrina Estrada; el mismo al que se ha recurrido en ocasiones anteriores cuando la postura del gobierno mexicano suele ser contraria a la predominante en el contexto internacional, por ejemplo, cuando nuestro país se negó a las invasiones en el medio oriente a principios de los 2000.

La negativa ha sido gasolina para críticas de la oposición, poniendo en duda la cualidad de estadista del presidente y recordándole cómo sí abrió las puertas del país al expresidente Evo Morales cuando fue exiliado de su país; todo ello en medio del clima electoral que hace que cualquier crítica sea magnificada sin importar si viene desde la derecha, desde la izquierda, desde el oficialismo o desde la oposición.

Como aclaración, es importante destacar que la situación de Morales se trataba de un caso de golpe de Estado y, sí, quizá hay una afinidad ideológica o de pensamiento, pero que AMLO no reconozca aún la victoria de Biden realmente no es tan grave como se ha manejado; sobre todo porque el proceso en el país vecino (estricto sentido) no ha concluido, aunque la verdad es que la congratulación no llega en buena parte porque en la mente de nuestro presidente habita el fantasma del 2006.

Visto desde una perspectiva estrictamente legal, el presidente hace bien en su proceder, pues no se adelanta a los hechos y maneja la diplomacia de una manera cauta. Pero justo aquí está el asunto: es verdad que el derecho internacional es de cuidarse, pero en este ámbito los gestos y las formas son muy importantes, y no reconocer a Biden incluso cuando ya una amplia mayoría de los protagonistas del ámbito internacional lo han hecho; y tomando en cuenta que compartimos una de las fronteras más grandes del mundo, por supuesto que es normal que genere controversia.

Hay que recordar que independientemente de si Biden gana desde ya o se va a la corte, Trump sigue siendo el presidente de Estados Unidos hasta el 20 de enero, lo que significa que las decisiones que tome aún podrían afectar a nuestro país. No hay que olvidar que Trump es una persona de impulsos y ya una vez amagó fuertemente con subirnos los aranceles de un día para otro, medida que si bien es muy poco probable que tome en los próximos días (pues, la verdad, en estos momentos somos su menor preocupación), no quita que haya otras similares que se le puedan ocurrir de repente.

No hay que pecar de inocentes, pero tampoco hay que meterse en camisa de once varas así de a gratis y por nomás. A veces hay que ser un poco más condescendientes y, sinceramente, nada de malo tiene festejar el fin de la etapa más oscura de la democracia contemporánea del (todavía) país más poderoso del mundo. 

¿Qué esperar con Joe Biden?

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El pasado 3 de noviembre los norteamericanos salieron a votar y decidieron que para los próximos cuatro años sea un gobierno demócrata liderado por Biden y Harris. 

Las elecciones fueron cerradas y con tonos de incertidumbre y controversia por algunos momentos, el ahora presidente electo tomará un gobierno dividido en cuestiones de energías renovables, un gobierno sin empatía social y además un gobierno con una deuda sin límite. 

Se espera que a la llegada del mandatario en el mes de enero parte de sus primeras acciones sean revertir diversos acuerdos del presidente actual, Donald Trump, entre esto se menciona la reincorporación al Acuerdo de París, lograr un acuerdo comercial con China y la revisión del TMEC. 

Los inversionistas mostraron agrado al pensar que Washington pudiera estar dividido, con la cámara de senadores en control de los republicanos. Esto porque en campaña Joe Biden mencionó que incrementaría el impuesto corporativo y el impuesto para los ciudadanos con ingresos por más de $400 mil dólares al año. 

En el 2017 el recorte de la tasa de impuestos corporativos por parte de Donald Trump fue de 35% al 21%, Joe Biden planea llegar a un 28%.

El sábado anterior en su discurso de victoria Biden mencionó que la prioridad se encuentra en controlar la propagación del Covid-19, hizo un llamado a la unión del país y mencionó que tendrá un gobierno para todos sin importar la decisión que hayan tomado los norteamericanos en las casillas. 

Bajo esta perspectiva las industrias más dañadas (aerolíneas, hoteles, restaurantes, etc.) por esta pandemia se encuentran a la espera del paquete económico.

Bloomberg Economics tiene pronósticos que si el senado continúa en representación por los republicanos el paquete económico puede ser de $500 billones de dólares, mientras que, por otra parte, de ceder el control a los demócratas esta cifra llegaría a los $2 trillones de dólares. 

Ahora bien, después de las elecciones se dio a conocer por parte de Pfizer que su vacuna para la prevención del virus obtuvo un 90% de éxito, lo que beneficio las perspectivas de los inversionistas moviendo sus capitales de los activos de menor riesgo (bonos) hacia las acciones cotizadas. 

En términos de economía la llegada de Biden pudiera no tener el impacto que se ha tenido con la presidencia en control de los republicanos, para bien o para mal Donald Trump puso por delante los intereses de los empresarios norteamericanos o al menos lo que para el era lo mejor para los negocios. 

Aunque para los demócratas el buen desempeño de la economía de Trump se debió a la continuación del gobierno de Obama, las empresas generaron mayores ingresos y la tasa de desempleo llego a un mínimo de los últimos 50 años ubicándose en 3.5% en febrero de este año.

La visión del que será el presidente número 46 es de alianzas, construir puentes no muros, creo que concentrará su presidencia en la igualdad de genero y esto se notó en cuanto eligió a su pareja de campaña Kamala Harris. 

La última vez que Joe Biden llego a la Casa Blanca, el país se encontraba en medio de una recesión económica, no de un virus. A demás el era el vicepresidente, la presión y obligaciones recaían en el primero al mando Barak Obama.  Esta vez el mandatario tomará la oficina oval con 78 años lo que lo hace el presidente con mayor edad. 

Por lo pronto lo que nos queda es esperar…. 

Agua post-electoral

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Había dejado pasar unos días después de la elección de los Estados Unidos para volver a tocar el tema en el cual nos quedamos hace unas semanas y que se vincula con dicha elección, el pago de agua hacia Estados Unidos.

Si bien, el pasado 24 de octubre, México sobre la hora y casi de último minuto cumplió con su cuota, lo que se vivieron fueron momentos de bochorno en política interna y estuvimos a nada de un conflicto diplomático.

Algunos expertos aseguran que la represalia pudiera haber llegado en forma de aranceles o de simple presión para cumplir sin importar afectados, incluyendo usuarios de riego. Lo que sí, es que este incidente además de demostrarnos la poca dignidad de la oposición para sacar rédito político y la ineptitud y complicidad de un gobernador, también nos mostró la fragilidad institucional en CONAGUA e instituciones relacionadas.

Un tema por demás técnico y que tiene más de 60 años en un proceso flexible, estable y binacional se complicó por malas administraciones de los recursos humanos e hídricos. Llegó el 2020 y el Presidente desde la Capital armado con su Guardia Nacional enfrentó al Gobernador y políticos oportunistas del PAN y PRI (como la alcaldesa de Chihuahua) interesados en las elecciones de 2021. El Presidente contó con el apoyo desde Washington para negociar con los intereses en Texas, ahora con Biden, no necesariamente será igual.

Pero regresando al lado mexicano, aquí es donde resalto lo de la fragilidad institucional, CONAGUA se hizo “bolas”, la directora hablaba sin dejar nada claro y ninguna parte le hizo caso. Los grupos agroindustriales movilizaron a sus jornaleros como “campesinos afectados”, las instituciones municipales y estatales también guardaron silencio y los responsables de los consejos de cuencas y distritos de riego daban mensajes confusos.

Esto es muy grave porque no solo el problema puede volver a ocurrir, sino que sin una CONAGUA sólida y un armado institucional fuerte, el agua se puede volver en un detonante de conflictos de mayor escala y conflicto. Aquí es donde, otra vez, tendrán que salir las habilidades diplomáticas de la SRE en turno para negociar con los intereses texanos y en Washington, en un contexto de desventaja de fuerzas.

La gestión del agua ha sido francamente pobre en Chihuahua con pozos sobrexplotados, corrupción en permisos en el Río Conchos y agroindustriales que demandan cada día más agua frente a la escasez en las calles de Chihuahua capital y Ciudad Juárez.

Se conjuntaron un débil armado institucional, políticos ventajosos, una subestimación desde la Capital y dejaron como saldo una persona fallecida, daños cuantiosos en instalaciones de CFE y una erosión mayor entre el Gobierno y la oposición. En este tema del agua, como siempre, quienes pagarán el plato roto serán los chihuahuenses y en cierta medida, el resto de los usuarios del agua transfronteriza desde Chihuahua hasta Tamaulipas.

Lo dicho, dicho está.