Percepción vs Evaluación

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Hace algunos días, la organización “Cómo vamos, Nuevo León” sacó los resultados de la segunda evaluación de la gestión de los gobiernos municipales del Área Metropolitana de Monterrey (AMM). Los aspectos que se evaluaron de los gobiernos fueron los servicios públicos, policía, seguridad pública, finanzas, ordenamiento urbano, movilidad y espacio público y gobierno eficiente y confiable. 

Pero Cómo vamos, Nuevo León no solo realiza esta evaluación de gestión, sino que también tiene una encuesta de percepción ciudadana con base en los mismos aspectos ya mencionados. Entonces, los municipios cuentan con 2 puntuaciones: una puntuación basada en datos y cifras de los gobiernos y otra puntuación sobre como la gente piensa que su gobierno está actuando. 

Aunque las cifras de la encuesta de percepción ciudadana son del 2019 y aplicarían solo para los resultados de la primera evaluación, sigue habiendo una misma incógnita: Los municipios con una calificación alta en gestión tuvieron una calificación menor por parte de sus ciudadanos. Por ejemplo, Monterrey obtuvo una puntuación de 8.2 en gestión promedio, pero su ciudadanía le dio un 5.4 y Santa Catarina obtuvo 7.6 en gestión, pero 5.9 en percepción ciudadana. El único municipio que mantuvo una calificación igual tanto en gestión como en percepción fue San Pedro Garza García, donde obtuvo 8.2 en ambas evaluaciones. 

En la segunda evaluación recién publicada, se ve que todos los municipios bajaron su puntuación en cuanto a gestión o se mantuvieron en los mismos rangos. Por lo que va a ser muy interesante saber si la ciudadanía sigue pensando de la misma manera o también las puntuaciones de la percepción van a bajar aún más.

¿Y a que voy con todo esto? A que es muy diferente los resultados a cuando se evalúa de acuerdo con reglas institucionales o de acuerdo con lo que las personas ven en su entorno. Monterrey a pesar de que en la primera evaluación obtuvo 10.0 en seguridad, la ciudadanía en este rubro lo calificó con 4.5. En la segunda evaluación, Monterrey de tener 10.0 en seguridad pasó a 2.0, y muy probablemente en la próxima encuesta de percepción también vaya a tener una calificación baja. 

De nada le sirve a los gobiernos municipales cumplir con las responsabilidades que están en la ley si no lo van a hacer de manera eficiente o de acuerdo con lo está exigiendo realmente la gente. Si a pesar de que un municipio diga que los índices de violencia o delito están controlados las personas aun así se sienten inseguras, entonces hay algo mal en cómo se está calculando la seguridad pública. O si un municipio está acatando el presupuesto destinado a movilidad, y todavía la gente no siente que se pueda mover libremente como peatón, entonces se necesita cambiar algo urgentemente en este aspecto. 

Muchas veces los alcaldes y alcaldesas, que son los que deberían conocer mejor a la población para la que trabaja, no se molestan en dialogar con la gente y realizan proyectos que no necesariamente son lo que uno esperaba. Aunque siempre muestren en fotos y videos en redes sociales cuánto tiempo pasan conviviendo con la gente, este tipo de ejercicios de percepción ciudadana demuestran que las personas no están siendo tomadas en cuenta y se siente ajenas a lo que realizan sus gobiernos. 

Esperemos que después de estos resultados, los gobiernos municipales puedan darse cuenta de que cumplir con lo mínimo no les garantiza que la calidad de sus acciones sea la adecuada. Hay que tener más espacios de diálogo y retroalimentación entre representantes y representados para que se pueda crear una área metropolitana mejor para todas y todos.

Las elecciones mexicanas a prueba

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En el 2021 se renovarán 15 gubernaturas, 30 Congresos locales, la Cámara de Diputadas y Diputados y los Ayuntamientos en 30 estados. Estas elecciones implicarán la movilización de cerca de 96 millones de electores y la elección de alrededor de 3,500 cargos de elección popular. Los números no son la principal prueba de las elecciones mexicanas. El enemigo a vencer el año próximo es un microscópico e inesperado jugador: El virus SARS-CoV-2 y la enfermedad que produce, COVID-19.

El efecto del virus en las elecciones se ha sentido en todo el mundo. Del 21 de febrero al 23 de junio de este año un total de 66 países y territorios han decidido posponer sus elecciones (IDEA Internacional 2020b). El INE, por su parte, aprobó en abril pasado la suspensión de los procesos electorales locales y pospuso las jornadas electorales de Coahuila e Hidalgo (INE 2020) y ahora mismo delibera cuál sería la mejor fecha para la reanudación de actividades electorales.

No sabemos a ciencia cierta cuál será el comportamiento del virus y de la enfermedad. Sin embargo, lo que sí parece ser aceptado por los especialistas es que el SARS-CoV-2 llegó para quedarse por mucho tiempo. Por tanto, resultaría catastrófico para la democracia mexicana no prever cómo impactará en las elecciones que tendremos en México el siguiente año.

Una prueba a la que nos enfrentaremos es el probable escenario de un rebrote del letal virus. Siendo este el supuesto: ¿Deberíamos continuar con las elecciones bajo estrictas medidas de seguridad sanitaria o deberíamos posponer su celebración? Las respuestas dependerán desde luego de la gravedad y la dispersión de los casos y, al tratarse de elecciones locales, es probable que este dilema deba resolverse de forma muy focalizada o regional; no obstante, pensemos que la situación de emergencia sanitaria se dé de forma generalizada en todo el país. Desde mi perspectiva, las únicas elecciones que no pueden postergarse indefinidamente son las de la Cámara Baja del Congreso de la Unión y las de los Congresos Locales. Esto es así porque no existen normas constitucionales que resuelvan el problema de que a la fecha del inicio de las Legislaturas no estén realizadas la elecciones correspondientes y no haya órganos legislativos qué instalar, como sí las hay para la suplencia de Ejecutivos Estatales y de Ayuntamientos. En todo caso, prever una solución a este problema implica una reforma constitucional urgente que contemple de forma expresa la posibilidad de postergar elecciones y, respecto de los Congresos, el supuesto de que los cargos de las personas legisladoras actuales puedan extender su vigencia hasta la celebración de las nuevas elecciones, siempre que las condiciones sanitarias lo permitan. La postergación de las elecciones no es una decisión sencilla, particularmente si se considera el efecto que esto pueda tener sobre la legitimidad del resultado electoral (IDEA Internacional 2020a: 3). Más aún si esta determinación proviene del Consejo General del INE y su legitimidad es cuestionada por el titular del Ejecutivo Federal.

Otra prueba para las elecciones en México será la simplificación de algunos procedimientos electorales para evitar movilizaciones masivas de personas que aceleren los contagios, dentro de los márgenes que permite la barroca y detallista ley electoral; y con una condición jurídica agravante: La regla de que las reformas electorales substanciales deben estar publicadas al menos tres meses antes del inicio del proceso electoral (art. 105, fr. II CPEUM). Para el caso de la elección para renovar las 500 Diputaciones Federales, el tiempo ya está formalmente agotado, como declaró recientemente el Dr. Lorenzo Córdova, Consejero Presidente del INE (https://twitter.com/lorenzocordovav/status/1272254528297943042?s=20).

Al SARS-CoV-2, sin embargo, no le interesan las reglas constitucionales. De no posponerse las elecciones en el país, éstas deben llevarse a cabo con estrictas medidas de seguridad e higiene sanitarias. Es en este sentido que, si no se modifican las leyes electorales para poder gestionar procesos electorales en medio de la pandemia, la norma de la veda legislativa (art. 105, fr. II CPEUM) deberá interpretarse de forma abierta para armonizarla con la protección de la salud y la vida de las personas electoras para que se permita, idealmente, que los Congresos reformen las leyes electorales, incluso ya iniciado el proceso electoral, y se simplifiquen los procedimientos electorales para hacer frente a la emergencia sanitaria.

La simplificación de los procedimientos electorales debe partir de dos premisas: i) La armonización de los derechos políticos de electores, partidos, candidaturas, ciudadanía y medios de comunicación con los derechos a la salud y a la vida de las personas; y ii) la búsqueda de medidas que reduzcan al máximo posible la movilización y la aglomeración de grandes cantidades de personas durante las etapas del proceso electoral.

Para enfrentar la pandemia hay desde luego muchas actividades y procedimientos electorales que deben adecuarse. Considero que los siguientes son cruciales: Las campañas electorales, la jornada electoral y los cómputos electorales.

Respecto a las campañas electorales, se trata tal vez de una de las etapas con mayor movilización de personas, porque si bien existen medios virtuales y redes sociales para la comunicación político-electoral, no hay campaña electoral en las democracias que no implique la movilización de cientos de personas en mítines, cierres de campaña, actos de registro de candidaturas, etcétera. Más allá de la idea de las campañas virtuales, la prueba consistirá en que las normas y las disposiciones sanitarias deberán reducir al mínimo el número de personas que sean permitidas en los actos de campaña. No prohibición, sino regulación desde el mirador del derecho a la salud. No obstante, estas disposiciones no serán eficaces sin la aceptación y cumplimiento por parte de partidos políticos y candidaturas.

Por lo que hace a la jornada electoral, la prueba es mayúscula. Si mantenemos exactamente de la misma forma los procedimientos para la integración, la capacitación y el funcionamiento de las mesas directivas de casilla, y la forma en que votamos, aun el sentido común permite prever altos riesgos de contagios en las casillas durante la jornada electoral y en los días de la capacitación de las y los funcionarios de casilla. Si no tenemos las capacidades legales y tecnológicas para implementar el voto electrónico, lo menos que debemos hacer para superar esta prueba será establecer horarios específicos a fin de que las personas electoras, de conformidad con su letra inicial de su primer apellido, acudan específicamente en dicha franja de horario a emitir su voto. 

Otras opciones: ¿Votar en jornada electoral anticipada?, ¿votar a través del servicio postal?, ¿votar desde los coches?, ¿votar en los hospitales? Probablemente, pero se requieren adecuaciones legislativas y amplios consensos políticos.

Por último, nuestros arcaicos métodos de cómputo electoral, incluidos los recuentos totales producto del trauma político del 2006, no deben ser igual a lo que hemos hecho en los últimos 25 años. Para armonizar los derechos de las personas y partidos contendientes con el derecho a la salud, sólo puedo imaginar una solución utópica pero eficaz: La renuncia del derecho a recuentos totales o parciales en sede administrativa por parte de los actores políticos y, únicamente en el caso de que existan causas y pruebas de alguna irregularidad, ejercer ese derecho de forma acotada en los tribunales electorales. 

Para superar los riesgos que representa la pandemia para las elecciones del 2021, lo ideal sería que se realicen modificaciones a las leyes electorales con la aprobación unánime de los partidos políticos. Si esta habilitación legislativa no acontece, aún contamos con un margen estrecho para que las autoridades administrativas electorales ejerzan una interpretación creativa de las normas jurídicas, es decir, el INE y los OPLEs aún podrían ejercer sus márgenes de discrecionalidad interpretativa para flexibilizar los procedimientos electorales, sin embargo, para ello se requiere que tales decisiones sean política y presupuestalmente viables.

Posponer las elecciones no es la mejor de las soluciones, debido a que implica una afectación al principio constitucional de periodicidad de las elecciones (Comisión de Venecia 2020: 19). Sin embargo, debemos de estar preparados incluso para este escenario, porque si las condiciones sanitarias empeoran en el país, probablemente esta sería nuestra única salida, siempre que valoremos el impacto que la suspensión de elecciones tendrá en la estabilidad política y social de nuestra democracia. 

Si el desarrollo de la pandemia permite la celebración de las elecciones en el 2021, la prueba mayor será potenciar la creatividad de las y los legisladores y de los organismos electorales, porque deberán idear y gestionar procedimientos electorales novedosos que trasciendan los cauces tradicionales bajo los cuales hemos conducido nuestras elecciones hasta ahora. 

En cualquier caso, la variable que transforme una prueba en un éxito histórico será el apoyo unánime de los partidos políticos.

Referencias bibliográficas

Comisión de Venecia. (2020). Report – Respect for democracy, human rights and the rule of law during states of emergency, reflections, taken note of by the Venice Commission on 19 June 2020 by a written procedure replacing the 123rd plenary session. CDL-AD(2020)014. Estrasbugo: Comisión de venecia.

IDEA Internacional. (2020a). Elecciones y COVID-19. Documento técnico de IDEA Internacional 1/2020. Estocolomo: IDEA Internacional.

IDEA Internacional. (2020b). Panorama global del impacto del COVID-19 en las elecciones. (Actualizado al 23 de junio del 2020). En: https://www.idea.int/es/news-media/multimedia-reports/panorama-global-del-impacto-del-covid-19-en-las-elecciones (Consultado el 25 de junio del 2020).

INE. (2020). Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el cual se aprueba ejercer la facultad de atracción, para efecto de suspender temporalmente el desarrollo de los procesos electorales locales, en Coahuila e Hidalgo, con motivo de la pandemia COVID-19, generada por el virus SARS-CoV2. México: INE. 

Juegos peligrosos

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Fin de semana fatal: tres pésimas noticias. 

Primera irresponsabilidad: falta un día para la entrada en vigor del T-MEC y el Congreso mexicano no emite todavía las leyes necesarias para su implementación. Peor tantito, mientras el Senado acepta llevar a cabo una sesión extraordinaria para discutirlas, votarlas y aprobarlas en su caso, la Cámara de Diputados se niega a hacer lo mismo, es decir que lo aprobado por el Senado no será ratificado por la Cámara baja, de mayoría morenista. 

¿No que la recuperación económica de México depende de la entrada en vigor del T-MEC, según el jefe de estos diputados? ¿Por qué esperar al cinco para las doce para aprobar estas leyes tan relevantes? ¿Quieren pasar bola ensalivada, siguiendo las instrucciones del coach? ¿De qué sirve un eventual viaje del presidente a celebrar la entrada en vigor de un Tratado no ratificado por sus parlamento? ¿Surrealismo legislativo o congreso tercermundista? 

Segunda irresponsabilidad: vencido el plazo legal para presentar las pruebas incriminatorias contra la familia del “Marro” líder del cártel de Santa Rosa de Lima, y los miembros de la banda detenidos en una operación policiaca efectiva, el juez ordenó la liberación de las últimas 5 de las 31 personas arrestadas. 26 habían sido liberadas con anterioridad. 

Le tembló la mano a la fiscalía de Guanajuato, ¿tuvieron miedo a las represalias probables si se ordenaba la prisión para la mamá del bandido?  Otra vez, la efectividad de las fuerzas de seguridad está aniquilada por la falta de preparación legal del operativo. Nuevo régimen, mismos errores. 

¿O resulta que el “Marro” beneficia del mismo estatus privilegiado que el chapito de Sinaloa? Probablemente, su mamá tendrá el beneficio de un saludo personal del presidente durante su próximo viaje a Guanajuato, y el mismo presidente de la narco república aprovechará para ser padrino de bautizo de algún heredero de un miembro del cártel. Viva los abrazos, abajo los balazos. 

Tercera irresponsabilidad: el relajamiento en los protocolos de prevención contra el COVID-19, particularmente, la situación criminal del transporte público por las pésimas decisiones del gobierno del Estado, colocan ahora a Nuevo León en una curva ascendente de contagios y fallecimientos, que se había evitado hasta ahora. 

Mercados abiertos y sin control, eventos sociales prohibidos que se llevan a cabo en propiedades privadas y sobre todo el transporte público ponen a Nuevo León en el ojo del huracán. A cuidarse, ya que la autoridad no es capaz de asegurar que sus protocolos sanitarios sean respetados y que los individuos prefieren jugársela que jugar a lo seguro.  

Se juega con la economía del país, se juega con la seguridad del país y se juega con la salud del país. 

#Kleroterion: La Reunión de AMLO y Trump en el arranque del T-MEC

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Tan pronto anunció el Presidente López Obrador que viajaría a Washington para verse con el Presidente Trump en el marco de la entrada en vigor del T-MEC, el tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, comenzaron a llover las críticas asegurando que dicha reunión sería utilizada por Trump, tal como los hizo con Peña Nieto, para fines electorales. 
Más allá de que el tema México seguramente sea utilizado electoralmente por Trump se reúna o no se reúna con el Presidente, sus críticos pasan por alto una sutileza que vale la pena mencionar.
Esta reunión próxima a llevarse a cabo será entre jefes de estado, es decir entre dos o incluso tres “iguales”, porque todavía se contempla que Justin Trudeau, el Primer Ministro de Canadá, confirme asistencia. Cuando Trump se reunió con Peña Nieto no había motivo diplomático para que este se reuniera con el estadounidense que  sólo era candidato.
Los críticos del Presidente pasan por alto también que esta reunión se da en el marco de la entrada en vigor de un tratado de libre comercio que marcará época hacía la integración de norteamérica. 
Es curioso, por decir lo menos, que constantemente expresan su preocupación porque la economía no va bien, pero pasan por alto el impacto positivo que le traerá a la economía del país la entrada en vigor de este tratado.
Me parece todavía más absurdo que se quejen de que el gobierno de México debe dar certidumbre a los inversionistas, pero no se les ocurre tampoco que asistir a esa reunión  es precisamente abonar a esa certidumbre. 
Tan empeñados están en que al país le vaya mal que no les importa ser incongruentes en sus posturas y absurdos en sus críticas. Para ellos no importa no que el gobierno haga o no haga, todo está mal.
Me ha dado por pensar que lo que los críticos del presidente no toleran es que el personaje al que ellos, con total ignorancia y guiados por el hígado, tachan de comunista sea uno de los artífices y el protagonista principal del tratado de libre comercio más importante que haya firmado un presidente mexicano. 
No le perdonan que  no fracase, que contra todos sus pronósticos y esperanzas el país no se está cayendo a pedazos ni haya un estallido social. No le perdonan que en las cosas que importan, como en la relación con el Presidente del país más poderoso y la economía más grande del mundo, López Obrador haya sacado su madera de estadista y se conduzca con dignidad y decoro, respaldado por el apoyo de millones de mexicanos.

El monstruo de la corrupción

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Uno de los grandes retos de México ha sido enfrentar de manera efectiva la corrupción y sus consecuencias sociales, políticas y económicas. En 2019, el costo calculado de la corrupción fue de 12,770 millones de pesos de acuerdo a la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) del INEGI. Esto es dos años de presupuesto de Monterrey, aproximadamente. 

Una de las problemáticas ha sido lograr entender en su totalidad su impacto y sus múltiples facetas y presentaciones. Para darnos una idea de cómo se puede presentar la corrupción, les comparto un pequeño listado de las faltas administrativas y delitos de corrupción: cohecho, peculado, desvío de recursos, uso indebido de información, abuso de funciones, conflicto de interés, contratación indebida, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, encubrimiento, desacato, soborno, chantaje, procedimientos ilícitos, entre otros tantos. Para complicar más las cosas no hay claridad legal para saber cuándo estos actos serán considerados faltas administrativas y cuándo serán delitos. 

No sólo es una maraña de delitos y faltas administrativas, también son un mundo de instituciones las que deben estar involucradas y coordinadas en la persecución de estos hechos ilegales que plagan nuestro día a día. Desde órganos internos de control, contralorías, auditorías, fiscalías especializadas y juzgados administrativos. Esta coordinación no se ha dado y no parece que haya interés para que se dé. 

En México 62% cree o ha escuchado que existe corrupción en trámites de gobierno, 44% conoce a alguien que refirió actos de corrupción en sus trámites y 15% han experimentado un caso de corrupción en su trámite. En general 87% de la población consideramos que los actos de corrupción son frecuentes. A nivel nacional, el acto más frecuente de corrupción es al tratar con la seguridad pública, y en Nuevo León en segundo y tercer lugar encontramos los trámites de propiedades y trámites para la apertura de empresas respectivamente. También vemos como hay casos donde al hacer un trámite hay largas filas, te pasan de una ventanilla a otra, te mandan a un lugar muy lejano, hay requisitos excesivos, horarios restringidos y costos excesivos. Todas pequeñas acciones que incitan a la corrupción por parte de ciudadanos y funcionarios. 

Durante la presidencia de EPN se cristalizó un esfuerzo de la sociedad civil organizada, donde miles de personas y organizaciones impulsaron la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y los Sistemas Estatales Anticorrupción (SEA), los cuales tienen como objetivo coordinar a los actores nacionales y estatales para desarrollar estrategias y políticas que identifiquen, investiguen y sancionen todos los hechos de corrupción. 

A pesar de estos esfuerzos el cambio de gobierno llegó con un cambio de timón claro en el combate a la corrupción donde el SNA y los SEA no parecen tener cabida. Ya contamos con la legislación, pero el reto entra en su fase crítica de implementación al mismo tiempo que no hay voluntad política que siga impulsando estos sistemas. El Gobierno Federal actual ha declarado una lucha contra la corrupción en el discurso, pero sigue siendo la misma lucha partidista de décadas de defensa a mis amigos y justicia a mis enemigos. 

La corrupción es compleja y prácticamente universal. Hemos visto que puede ir desde un proveedor a nivel municipal, hasta la misma presidencia. Para combatirla efectivamente lo que se necesita es una pelea institucional, donde la identificación, investigación y sanción no dependa de quien está en el poder sino de los contrapesos institucionales. Ya está la ley y las herramientas para recopilar las declaraciones patrimoniales y de intereses de todos los funcionarios, ahora necesitamos líderes políticos que busquen implementar y profesionalizar el sistema. 

El SNA y los SEA son un primer intento para combatir la corrupción, pero urge seguir en esa dirección con contralorías municipales independientes, auditorías apartidistas, análisis de contratos y declaraciones patrimoniales con inteligencia artificial y blockchain para protección de datos personales. Todo esto es posible si desde la sociedad civil, la academia y la ciudadanía seguimos impulsando por enfrentar la corrupción con acciones concretas y no palabras, con expertos y profesionales y no buenas intenciones. Porque si no enfrentamos con instituciones y contrapesos la corrupción seguiremos teniendo Casas Blancas, casas de Bartlett, desvíos de Polevnsky, propiedades de Ackerman y Sandoval, Estafas Maestras y Odebrechts.

Siempre a medias

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En días anteriores se reunió la Comisión de Puntos Constitucionales el H. Congreso del Estado de Nuevo León para la revisión de las iniciativas de reforma encaminadas a la garantía de la paridad total y del rezagado tema de violencia política en razón de género. 

Una vez más, las discusiones transitaron hacia un avance entorpecido, un avance “a medias” que no resarce la deuda histórica que se tiene para con las mujeres del estado. 

Si miramos un poco la historia reciente encontraremos que al Legislativo local le falta mucho por estar a la par de los avances en México en materia de derechos humanos e igualdad de género, específicamente en el tema de los derechos político electorales y las medidas que a nivel nacional parecieran avanzar con un paso diferente. 

Cuando en el país se estaba avanzando para hacer que la paridad de género en diputaciones locales fuera efectiva mediante distintas reglas que garantizaran que las mujeres no fueran postuladas exclusivamente a aquellos distritos en los que el partido político jamás hubiera ganado, en Nuevo León esto no se incluyó en la legislación electoral. Fue el organismo local electoral quien empujó el tema a través de lineamientos que, desde el proceso de 2015, incluían la división por partido de los distritos electorales conforme a su rentabilidad electoral histórica. Finalmente, en la reforma de 2017, el Congreso de NL agregó criterios cualitativos para diputaciones locales a la legislación.

Lo mismo sucedió en las modificaciones a la ley electoral en 2017, cuando el Legislativo local tenía la oportunidad para integrar la paridad en presidencias municipales (paridad horizontal), como sucedía en el resto del país. Tampoco sucedió. Una vez más, fue a través de lineamientos emitidos por la Comisión Estatal Electoral, que esto fue avanzando, ya que las reglas del juego para las postulaciones incluyeron por esta vía la obligación de postular 50% mujeres y 50% hombres para presidencias municipales, y no sólo para regidurías y sindicaturas. La labor del organismo público local electoral para ir más allá a través de lineamientos estuvo basada en la jurisprudencia electoral en la materia.

Pero aún con ello, Nuevo León iba un paso atrás que muchísimas entidades mexicanas que no sólo implementaban ya la paridad horizontal, sino que le agregaban reglas cualitativas para que, al igual que en el caso de las candidaturas a diputaciones locales, en los municipios también se garantizara que las mujeres no fueran relegadas a candidaturas sin importancia. Algunas entidades siguieron el ejemplo de la competitividad electoral histórica en municipios. Otros, como Coahuila, agregaron criterios con una mirada distinta: entendiendo la importancia de las administraciones municipales en relación a la cantidad de población a la cual dirigirían. 

Esto no sucedió en Nuevo León en las elecciones pasadas, y parece que el Congreso local tampoco reforzará la legislación electoral local para que suceda en la próxima. 

Lo mismo ocurre con el tema de violencia política que viven las mujeres que quieren insertarse en la vida pública. A falta de un marco normativo sólido que atendiera este tema, instituciones locales se unieron el proceso electoral anterior para impulsar un Protocolo de atención conjunta que pudiera sentar las vías de canalización y atención al tema de manera proactiva. Aun así, su atención sería muchísimo más eficaz si el Congreso local empujara las reformas necesarias para que la violencia política de género sea considerada un delito, y para implementar sanciones específicas al respecto. 

Por último, el Congreso local tiene la oportunidad histórica de derribar todo obstáculo y resistencia existente para el nombramiento de mujeres a los puestos de toma de decisiones en la entidad, al integrar la obligación de designar en igualdad a mujeres y hombres para todos los altos puestos de todos los organismos e instancias de la entidad. 

Esto tampoco se vio durante las discusiones vertidas en la sesión de la Comisión mencionada, al contrario, la “paridad en todo” se fue diluyendo poco a poco, desechándola para algunos organismos y “procurándola” para otros.

Las discusiones que se dieron en la Comisión de Puntos Constitucionales este 26 de junio, nos dan a entender que, una vez más, en Nuevo León vamos un paso atrás para que el marco normativo proteja los derechos político electorales de las mujeres, garantizando el efecto útil y material de la paridad. Las discusiones nos dan a entender que la legislación electoral está avanzando, pero avanzando a medias. 

La lección de Chumel

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A raíz de que Conapred invitó a Chumel Torres para participar en un foro sobre discriminación, las opiniones en redes sociales han girado en torno a varias preguntas: ¿Fue un error haber invitado a Chumel Torres a un foro validado por un organismo del Estado?¿Cuáles son los límites de la libertad de expresión en México ? ¿Debemos discutir con quienes discriminan o no dar foro para que se reproduzca el discurso de odio que predican? ¿Funciona Conapred o no? ¿Por qué? ¿Qué está sucediendo con la Cuarta Transformación y las instituciones en nuestro país? 

Conapred ha funcionado en ciertas labores de investigación, en recopilaciones de diagnósticos, en sanciones y defensa de ciertos casos. Sus agendas han servido para visibilizar a la población afromexicana, la agenda LGBT -recordemos cuando se dio Seguro Social a parejas homosexuales a pesar de las resistencias durante el gobierno de Calderón- o el acompañamiento a demandas como el que las trabajadoras del hogar puedan acceder al Seguro Social: hoy el gobierno de la transformación ha echado a andar, por mandato de la Corte, el programa piloto para impulsar sus afiliaciones al IMSS.

Sin embargo, ha habido cuestionamientos sobre el éxito y el alcance de las campañas de reeducación y sensibilización en manos de Conapred, así como de su estrategia comunicativa para multiplicar los públicos y los perfiles a los que interpela con su agenda y su poca efectividad de darse a conocer con el fin de que más grupos vulnerados puedan ser acompañados por la institución estatal a lo largo de sus luchas democráticas.

Más allá de esto, lo sucedió a raíz del foro puso sobre la mesa un debate que se ha venido perfilando desde el inicio del sexenio: la idea de democracia con la que hemos sido criados durante años en México. Desde finales del siglo pasado a los mexicanos nos fue impuesto un mito que hemos mamado sin rechistar: el mito de que con el simple hecho de tener instituciones ipso facto nuestro país se convertiría en una nación democrática. Se beatificó tanto la figura de los organismos autónomos y descentralizados, que el revisarlos o cuestionarlos en la eficacia de sus objetivos hoy es visto por muchos como una afrenta a la democracia; esto imposibilita repensar cómo mejorarlas o qué alternativas no institucionales existen para impulsar agendas.

Bajo una pantalla de supuesta neutralidad, en varias ocasiones estas instituciones han sido utilizadas para defender ciertos intereses políticos del partido en el poder en turno: en su momento, figuras emblemáticas de CONAPRED cerraron filas para validar el fraude electoral de 2006 y pedir que no se realizara el conteo de voto por voto democrático que habría podido resolver la incertidumbre alrededor de la elección AMLO- Calderón; en el sexenio de EPN la cabeza de CONAPRED aseguró que no descartaba el uso de la fuerza pública para reprimir la protestas de la CNTE, esto durante el conflicto desatado por la (mal)llamada reforma educativa que no tomó en cuenta al profesorado.  

Quizá lo que más preocupa al obradorismo en este momento es que haya habido una multiplicación de órganos e instituciones que durante varios sexenios sirvieron como cuotas políticas para académicos e investigadores orgánicos y hoy se defienda a capa y espada en ciertos sectores para mantener esas estructuras de privilegio a partir del amiguismo.  

Quizá lo que resulta más triste de todo el mito sobre esta democracia simulada es que ha permeado a tal punto que hemos visto estos últimos días cómo compañeras feministas históricas y compañeros luchadores desde la sociedad civil -hablo particularmente de Martha Lamas, Mauricio Merino y Jaqueline L’Hoist-, toman posturas tibias en televisión con relación al papel violento que ha jugado la comedia de personajes como Chumel Torres en la perpetuación de la discriminación en México; esto con tal de cerrar filas con CONAPRED y minimizar el error del equipo encabezado por Mónica Macisse al realizar el foro. Decidieron así cerrar filas con un organismo antes que cerrar filas en contra del racismo y clasismo que tanto ha dañado nuestro país. Esta era su oportunidad para demostrar dónde estaban sus prioridades.

Hay que reconocer que Conapred ha tenido éxitos y carencias. Valdría la pena por lo tanto replantear hacia delante el mito de la democracia estática con el que hemos crecido y con la que hoy nos encontramos encerrados al final de un laberinto. Comencemos a apostar por una nueva definición donde las instituciones y organizaciones estén constantemente bajo el ojo crítico de todas las personas, sin importar su nivel de estudios o su nivel politización – lo cual es particularmente importante para instituciones que trabajan con población vulnerada y que por sus condiciones socioeconómicas posiblemente contará un un nivel bajo de estudios formales-. Sobre todo, no cerremos las puertas a formas distintas de impulsar nuestras causas y convicciones más allá de las instituciones: la lucha social ha logrado impulsar múltiples esfuerzos y poner en el debate temas fundamentales contra el racismo y el clasismo. Solo así se podrá transformar el país. 

¿Y la corrupción?

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El combate a la corrupción es uno de los grandes temas que fue abanderado por la actual administración durante las elecciones del 2018. Andrés Manuel López Obrador, ha mencionado múltiples veces que la corrupción es el origen de diversos problemas en México, y que él barrería estas prácticas como a una escalera “de arriba hacía abajo”. Si bien, el análisis es correcto y la corrupción es uno de los grandes temas pendientes, las estrategias y políticas públicas no pueden justificarse sin evidencia científica, ya que no entender el fenómeno de la corrupción impacta de manera considerable en su disminución o aumento. 

Recientemente, el INEGI emitió los datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2019, y podemos ver que existen aciertos y retrocesos que son importantes insertar dentro del debate público. De acuerdo con dicha encuesta, la percepción ciudadana sobre la frecuencia de la corrupción, tuvo una disminución de 91.1% en 2017 a 87.0% en 2019, ello quiere decir que existe un avance del 4.1%., podemos atribuir la disminución a la narrativa loprezobradorista sobre la ética en el servicio público y la manera discursiva con la cual se ha manejado sobre este tipo de temas. 

Si bien, por primera vez en nuestro país se formuló una Política Nacional Anticorrupción por el Comité Nacional Anticorrupción sumado con el énfasis de López Obrador sobre este tema, lamentablemente, la prevalencia de hechos de corrupción aumentó a una tasa del 15,732 en 2019, una diferencia de 1,097 sobre el 2017. Esto quiere decir que existe una mayor frecuencia de reportes de hechos  relacionado a la corrupción durante el año pasado. Esto va relacionado a un tema muy preocupante que es el aumento costo de la corrupción, ya que respecto al 2017, en 2019 subió un 68%, teniendo un valor total de 12,770 millones de pesos y 3,822 pesos por persona, lo que quiere decir que a la población le está costando de manera significativa la realización de pagos, trámites y solicitudes de servicios públicos, afectando el acceso e ingresos de las personas. Aquí debemos hacer un paréntesis y aclaración, si analizamos los tipos de contactos con la autoridad en donde existió dicho aumento de prevalencia y costo, vemos que en su gran mayoría son temas locales como tenencia o impuestos vehicular, seguridad, educación, etc. Esto es importante que refuerza este señalamiento de diversos académicos y expertos en temas de corrupción, que señalan las estrategias locales son imperativas para poder combatir de manera efectiva la corrupción, ya que son el primer contacto con el ciudadano, haciendo especial énfasis en los ayuntamientos. 

En temas específicos, vemos que la corrupción aumentó en rubros como de servicios municipales que son permisos para vender en vía pública, servicios de agua potable y drenaje, etc. Si bien, los índices de corrupción sobre contacto con elementos de seguridad pública se mantiene casi igual, aún así continúa elevado el porcentaje ya que el 59.5% de la población que tuvo contacto con la policía sufrió de un hecho de corrupción, lo cual nos obliga a atender los orígenes y medios de control para evitar las malas prácticas dentro de los cuerpos policiacos. Todo lo anterior contrasta con la percepción de la confianza en instituciones públicas, ya que se percibe un aumento en la confianza al gobierno federal, gobiernos municipales estatales, jueces y magistrados, policías, etc. 

Otra evaluación que puede sumar al análisis es el índice de Percepción de la Corrupción de 2019 realizado por Transparencia Internacional ya que nuestro país avanzó 8 lugares en dicha evaluación, y lo más importante es que se detuvo la caída que durante 5 años consecutivos se tuvo durante la administración de Enrique Peña Nieto. En gran medida, esto se debe al énfasis de López Obrador en combatir la corrupción y los casos que la Secretaría de la Función Pública y la Unidad de Inteligencia Financiera han llevado a cabo. 

Debemos que repensar la estrategia. Estos datos son reveladles ya que confirma lo que se  ha señalado desde un inicio: no se puede basar la estrategia únicamente en el ejemplo del de arriba. La corrupción es un fenómeno completo con múltiples aristas, la administración pública federal es sólo 1 elementos de los muchos que existen sí queremos tener un avance significativo. Debemos que incluir la perspectiva local y enfatizo a los ayuntamientos ya que son ese primer contacto ciudadano y el aspecto más vulnerable dentro del federalismo mexicano. Tenemos que reforzar el Sistema Nacional Anticorrupción y verlo no cómo una herencia priista sino como una herramienta muy efectiva para el combate a la corrupción. Un tema importante además de la sanción y la impunidad, es la prevención, ya que uno de los pendientes es evitar futuros actos de corrupción, y creo que Andrés Manuel López Obrador debe medir el impacto de su llamada “austeridad republicana” y el recorte al gasto operativo de la administración pública federal, que si bien, aquí existe un tema de impacto negativo en la  eficacia de la gestión pública, es claro que dejar inoperante a los órganos públicos puede incidir en la prevalencia de casos y costos de la corrupción. Considero positivo que existe un interés y voluntad de la actual administración en estos temas, sin embargo, la voluntad política debe ir acompañada de acciones bien pensadas y estructuradas que vayan más allá del discurso y la narrativa. 

reneramirezbenitez@gmail.com 

Mientras la pobreza aumenta a causa de la pandemia, México limita los estímulos a la economía

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Esta columna es parte del análisis Altius Consultores para orientar en la toma de decisiones. Consulta este y otros temas haciendo clic en https://bit.ly/Reporte19 

El Financial Times expone que mientras otras naciones aprobaron grandes paquetes de estímulo u ofrecieron exenciones impositivas para ayudar a las empresas a mantenerse a flote y preservar empleos, la principal respuesta del Presidente López Obrador fue otorgar créditos a microempresas.

El único incentivo económico anunciado por el gobierno federal durante la pandemia -los microcréditos- ha tenido un impacto de apenas el 25% de su público objetivo.

Si bien un préstamo de 25,000 pesos podría ayudar a personas con cierto tipo de micronegocios, le sirve de muy poco a pequeñas y medianas empresas. Por ello no se espera que contribuyan considerablemente a proteger los empleos.

Como lo expusimos en Reporte-19, más de 12 millones de personas han visto suspendidas sus actividades laborales según el INEGI, y más de 10 millones de personas tienen riesgo de caer en la pobreza de acuerdo al CONEVAL.

Aproximadamente la mitad de la población mexicana trabaja en el sector informal sin beneficios como cobertura de salud y no existe seguro de desempleo.

Aunque la tendencia global es usar el gasto público para proteger a las familias más vulnerables, proteger el empleo y reactivar la economía, la postura de la administración López Obrador no ha variado.

Esto a pesar de la reciente línea de crédito otorgada a México por el Banco Mundial y la recuperación de 28 mil millones de pesos en impuestos pendientes, que fueron cobrados a multinacionales como Wal-Mart y FEMSA.

México tiene una línea de crédito flexible de 61 mil millones de dólares del FMI, por la cual paga 163 millones al año, incluso si no la aprovecha. Esto podría usarse para financiar un paquete de estímulo económico más amplio.

La decisión del gobierno federal de no brindar apoyo a pequeños y medianos empresarios podría tener un efecto considerable en aumentar la desaprobación de la clase media a la gestión de AMLO.

Mientras tanto, está por verse si el Presidente y su partido apoyan la propuesta del Ingreso Vital de Emergencia.

#ElNidoDelGavilán: “Batallas innecesarias”

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En los recientes días, el Presidente ha estado en el ojo del huracán (nada nuevo) por empezar una serie de discusiones vacías y sin sustancia que le han generado más críticas, incluso de sectores de votantes suyos. Me refiero a la cancelación del foro de CONAPRED donde se invitó a Chumel Torres y a la posterior insinuación de la desaparición de CONAPRED.

La primera discusión la empezó, su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller quien en una crítica a Chumel por lo que ha dicho este sobre su hijo, ironizó sobre la participación del influencer en el susodicho foro.

Esto levantó la polémica en Twitter y medios, haciendo que CONAPRED se echara para atrás y no realizara dicho foro. Sin embargo, dicho foro se realizó días después bajo otras condiciones, pero con los mismos invitados. 

La polémica no terminó ahí y el Presidente con su ya característica de responder preguntas de más, equiparó la invitación a Chumel como si se invitase a un torturador a una charla sobre tortura… Eso, aparte de innecesario, le dio una importancia nacional a un tema que no lo ameritaba.

Chumel, puede ser gracioso o no, clasista, racista y un sinfín de adjetivos que cada quien podrá juzgar, pero el Presidente no tenía que dedicarle espacio en su Conferencia. Por el simple motivo de que la oposición de plástico que se tiene empieza a tomar como banderas estas polémicas bobas para demeritar el trabajo del Presidente, intentar dividir a los votantes de AMLO y ridiculizar su gestión.

No bastó el sainete, para entrar a otro, en conferencia mañanera el Presidente insinuó con la desaparición de CONAPRED, que luego matizó, diciendo que “siempre no”. La existencia de organismos autónomos está discutida desde hace muchos años, pero en general (y entre otras funciones), llevan a cabo funciones esenciales del Estado moderno y tienen autonomía de gestión. En el caso de los organismos autónomos presentes en la Constitución (como el INEGI o Banco de México), pues tienen incluso más funciones, incluso como equilibrio de poderes. En este caso, CONAPRED está sectorizado dentro de la Secretaría de Gobernación.

El Presidente acusó de que “se hicieron muchos organismos para simular” generando una polémica mayor. Sin embargo, al ratificar la existencia de CONAPRED afirmó que él quisiera que una mujer indígena llevara las riendas de este Consejo.

Lo cierto, es que al día de hoy, la titular Mónica Maccise, presentó su renuncia, y el Presidente, sumó otra batalla innecesaria y sin sentido que no suma sino resta.

Estas batallas alejan a la 4T de su convicción de cambio, de impulsar un México menos desigual y con más derechos sociales, que ha sido la plataforma oficial. Distraen la atención pública hacia detalles fútiles y abonan a la erosión de la imagen presidencial (que se mantiene alta aún).

Ni AMLO ni la 4T necesitan estos enemigos, porque no lo son ni siquiera son pares en fuerza. El Presidente tiene que “serenarse” como dice él y no contestar a todo, evitar enfrascarse en politiquería y abocarse al abatimiento de la pandemia -que aún vivimos-. Si bien, la oposición es débil para sacar rédito político de esto, si desgasta al Gobierno de cara a cumplir sus misiones y objetivos trazados.

Lo dicho, dicho está.