Epidemia feminicida

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“Una epidemia se produce cuando una enfermedad contagiosa se propaga rápidamente en una población determinada, afectando simultáneamente a un gran número de personas durante un periodo de tiempo concreto.” De no atenderse rápida y adecuadamente, las consecuencias de una epidemia pueden ser fatales, y México se enfrenta hoy a una de sus peores epidemias. 

La epidemia que dejó un saldo (oficial) de 861 víctimas el año pasado, está alarmantemente lejos de encontrar una cura. Las víctimas van desde los 8 años (o menos), y tienen una única característica en común: son mujeres.  

Entonces, ¿qué pasa cuando la epidemia va más allá de un virus que se puede prevenir con una vacuna, y que se puede combatir con cuarentena y antibióticos? ¿Qué pasa cuando la epidemia no es un virus, sino son hombres? Hombres que trabajan con nosotras, que van en el metro, que se ofrecen a abrirnos la puerta, que son nuestros vecinos, o que conducen nuestro taxi ¿Cómo sabemos quién está infectado, y cómo nos protegemos de una amenaza invisible, pero latente y letal? 

El día de ayer, en respuesta a las denuncias de los intentos de secuestros en el metro, y del incremento de violencia contra las mujeres, se relanzó en Ciudad de México el Código Violeta.  Esta estrategia de “combate a la violencia contra la mujer” consiste en entregar dispositivos con botones de pánico a las mujeres (clever). Una vez que el dispositivo se acciona, emite una alarma silenciosa que envía una señal con la ubicación exacta de la víctima directamente al C5. 

Aunque celebro una estrategia que va más allá de unos simples silbatos, me surgen un par de dudas sobre ésta. De entrada, hay que mencionar que, hasta el momento, se ha dicho que se entregarán los dispositivos a aquellas mujeres que ya han sido identificadas en situación de riesgo de acuerdo con las denuncias que ha recibido la procuraduría capitalina. Hasta el momento, tienen una lista de 128 mujeres que recibirán el dispositivo.  

Bajo este supuesto, el gobierno prioriza a aquellas mujeres posiblemente en situación de violencia familiar, donde el abuso es frecuente, y considera que éstas son más susceptibles de ser víctimas que una mujer que nunca ha presentado una denuncia.

Así pues ¿qué pasa con todas las demás mujeres – fuera de estas 128 privilegiadas – que nunca hemos presentado una denuncia y no estemos catalogadas por el gobierno como mujeres en situación de riesgo? ¿Es que el código asume que si yo nunca he presentado una denuncia, y no me he encontrado nunca en una situación de riesgo, el día que por fin decida subirme al metro en la noche, soy automáticamente inmune a un posible ataque, aun a pesar de que físicamente cumplo con las características del perfil de mujeres susceptibles al secuestro (jóvenes veinteañeras, de tez clara, delgadas, posiblemente estudiantes) o es que el gobierno no se ha dado cuenta de la magnitud del problema y de lo insuficiente que resulta el código violeta?

El problema con el código violeta – más allá de que no hay dispositivos suficientes que protejan a todas las niñas y mujeres del país – es que es una estrategia aislada y reactiva. Lo que me lleva a mi segunda duda. ¿Por qué no, en lugar de entregar botones de pánico a las mujeres – y culparlas más adelante por no haber usado el dispositivo lo suficientemente rápido – se diseñan programas y políticas públicas integrales capaces de brindar soluciones de fondo? ¿Por qué no, en lugar de entregarle botones de pánico a las mujeres que ya se identificaron en situación de riesgo y que ya denunciaron a un hombre, se enlista a los individuos que las han violentado y se les imparten terapias psicológicas y talleres de género y readaptación social? 

Así como el código violeta, existen un sinfín de políticas y programas reactivos – como el Protocolo Alba – que jamás serán suficientes ni capaces de resolver la epidemia, hasta que estos esfuerzos se acompañen del debido fortalecimiento de las instituciones de procuración de justicia, y de políticas integrales que, en vez de transferir la responsabilidad del cuidado de la mujer a ella misma, transfieran la responsabilidad de las agresiones a los verdaderos culpables: los agresores, y comiencen a resquebrajar la ideología machista que alimenta cada una de las diversas formas de violencia contra la mujer, porque el feminicidio es solo la punta del iceberg. 

México se encuentra hoy frente a una epidemia feminicida, y aunque los síntomas y las consecuencias son claras, la cura no lo es tanto. 

El caso Venezuela

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A nadie que sigue los sucesos políticos internacionales le ha tomado por sorpresa los recientes acontecimientos en Venezuela, se veía venir. Lo único que faltaba era la aparición de un líder opositor que aglutinara esas fuerzas en un camino común y ese liderazgo encarnó en Juan Guaidó, Presidente de la Asamblea Nacional.  

Sin embargo surgió el debate sobre quién tenía legitimidad del ejecutivo venezolano, si Guaidó o Maduro. En el caso del primero, las potencias occidentales ya lo han respaldado, incluso dándole el acceso a las cuentas financieras de Venezuela en sus países. Por su parte, Maduro quien aún cuenta con todo el poder de facto en su territorio así como el control sobre los cuerpos militares, es respaldado por China, Rusia y los restos de la ‘marea rosa’ en Latinoamérica.  

Pero aquí hay que dejar algo claro, los países que apoyan a una u otra de las facciones actúan bajo sus propios intereses más allá de si es verdad o no su preocupación por la democracia y los derechos humanos o la vulneración de la soberanía venezolana. 

Usted dirá que soy un insensible con los miles de venezolanos que están sufriendo en su país con el hambre y la violencia o los exiliados que en tierras lejanas no encuentran más que desempleo y racismo. Que debemos unirnos todos a apoyar a Guaidó en su lucha contra la dictadura. Pero la crítica la dirijo a ambos bandos. 

Regreso a mi argumento anterior.

Los Estados Unidos, de la mano de Trump ya han amenazado a Maduro con la intervención militar. Esto no sería una sorpresa pues los norteamericanos tienen en su haber 37 intervenciones en la región desde inicios del siglo pasado. Incluyendo el financiamiento del Golpe de Estado a Chávez en 2002, sin que por aquel entonces hubiera crisis humanitaria, pero si un incremento en el precio mundial del petróleo.

Así mismo, los países sudamericanos que han apoyado a Juan Guaidó tienen en mente más que la situación humanitaria en su vecino, la situación política dentro de su territorio, sobre todo en lo relacionado con el éxodo de venezolanos. Estar a favor de Maduro los golpearía en su índice de aprobación y futuras elecciones, porque tiene un impacto importante en la seguridad y el empleo, entre otras cosas. Como ejemplo, de acuerdo a las Naciones Unidas 600,000 venezolanos han llegado a Colombia, 120,000 a Chile, 57,000 a Argentina, 39,000 a Ecuador, 36,000 a Panamá, 35,000 a Brasil y 26,000 al Perú. Por experiencia personal, en mis viajes de estudio y trabajo a Chile y Uruguay respectivamente, me tocó ver a mucha población venezolana. 

Por otro lado el apoyo de China a Nicolás Maduro corresponde en mayor medida a la protección de sus intereses económicos, el crédito que han otorgado de 50,000 millones de dólares a cambio de reservas de crudo y participación en los proyectos de infraestructura estarían en jaque si un gobierno opositor pro Occidente llega al Palacio de Miraflores.

Para Rusia también es fundamental la continuidad de la Revolución Bolivariana, es uno de los principales proveedores de armamento al régimen y han hecho grandes inversiones en este país, siguiendo la misma lógica que los chinos. 

Del mismo modo, la neutralidad de Uruguay responde una estrategia de gobierno con miras a las elecciones presidenciales de octubre, el Frente Amplio (conjunto de partidos de izquierda en el gobierno) se encuentra dividido entre los que apoyan el régimen venezolano y aquellos que apuestan por cortar sus vínculos con Maduro (fueron los que presionaron para que la presidencia del Mercosur que dejaba Uruguay no se entregara a Venezuela). En orden de mantener la unión con miras al proceso electoral, lo más coherente era optar por la neutralidad.

Ahora bien, en este contexto, con las grandes potencias involucradas, no es descabellado pensar que ocurra una guerra civil. Si bien se ‘destapó’ que los estadounidenses enviaran 5,000 efectivos a Colombia para el inicio de una eventual intervención y apoyo a la oposición, hay que recordar que las Fuerzas Armadas Bolivarianas cuentan con 500,000 hombres, muchos de ellos completamente leales al régimen, pues este se ha encargado de otorgarles muchos privilegios, mismos que no estarían dispuestos a perder de la noche a la mañana. Así mismo, Maduro ha declarado que está organizando a los civiles en ‘Unidades Populares de Defensa’, con la esperanza de movilizar a 2 millones de ciudadanos si ocurre un conflicto armado. 

Dirán que me olvido de la posición de México, pero dejaba esto para el final. Es cierto, el gobierno hace lo correcto al hacer uso de sus principios constitucionales, uniéndose a las Naciones Unidas y Uruguay. Esto le permite un rol protagónico en la mediación del conflicto, pues es la única potencia latinoamericana que ha tomado posición neutral. Cualquiera que sea el resultado final pondría a México y la Cancillería con un liderazgo regional para negociaciones futuras entre latinoamericanos. 

Así mismo, es muy probable que con el desgaste de la Revolución Bolivariana y el fin del Foro de Sao Paulo anunciado por Bolsonaro, la izquierda latinoamericana encuentre en México el refugio para fortalecerse con miras a una segunda marea rosa en la región. 

Camino resbaloso y peligroso por delante

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Apenas pasaron dos meses de este nuevo régimen, (todavía no se puede hablar de un nuevo gobierno, porque si bien hay un nuevo presidente, parece que ocupa todas las funciones del gobierno….¿en dónde está el gobierno?) y ya está dando lugar a análisis políticos novedosos, cómo lo demostró un editorialista el día lunes, dedicándose a estudiar el “mecansogansismo”, nueva palabra del vocabulario político, propio del nuevo régimen. 

Falta ahora que este editorialista o cualquier otro se dedique a analizar esta afirmación presidencial muy sesuda de la mañanera del día de ayer: “el pueblo se cansa de tanta pinche transa”. La República está tomando altura, gracias a estos ejercicios discursivos novedosos que con toda seguridad van a elevar la capacidad de decisión y a lograr una mejor división de poderes. 

Tal afirmación presidencial era probablemente la consecuencia de una agenda dominical frustrada por haber perdido el vuelo de regreso de Veracruz a la Ciudad de México y de haber tenido que regresar por carretera, agregando fastidio al cansancio de un fin de semana dedicado a una gira política, en lugar de procurar un descanso indispensable para seguir cargando con el país. 

Particularmente, sin querer compartir la tarea con un gobierno que no gobierna nada. En intervenciones nada discretas, el presidente ha dejado sentir su descontento con el poder legislativo, acerca de la Guardia Nacional, y ahora con el poder judicial por su tibieza en condenar la corrupción. ¡Ojo! el “mecansogansismo” está a punto de romper con las instituciones. 

Solamente confirmando lo que exclamó hace 12 años en el Zócalo: “Al diablo con las instituciones”. El camino por delante está resbaloso y podría ser peligroso.  

#EspacioPúblico: “Así vamos. Así nos movemos”

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‘Si quieres que algo se muera, déjalo quieto’.  Así se expresa el cantautor Jorge Drexler al hablar del fenómeno migratorio y de la constante movilidad de las personas.

Moverse no solo es migrar de ciudad o país. En Monterrey nos movemos a diario por motivos laborales, escolares o personales y también a diario la gente expresa sus molestias por el intenso tráfico, el deficiente transporte público, los tiempos de traslado y la contaminación ambiental.

En días recientes fue presentada la Encuesta de percepción ciudadana Así vamos 2018; un trabajo de la plataforma “Cómo Vamos Nuevo León” para mostrar la situación del área metropolitana de Monterrey desde distintos ángulos incluyendo la movilidad.

Encontré dos datos reveladores:  

El primer dato alarmante es que el 41.3% de población realiza su principal viaje del día mediante auto privado, con una ocupación promedio de 1.4 personas por auto y su principal razón de viaje es el trabajo.

El uso del transporte público sigue cayendo y el camión urbano apenas se posiciona con un 27.6 % y sus principales razones para no usarlo son carencias en comodidad, tiempos de traslado de casi el doble comparados con el auto y la falta de rutas que lleven al destino.  

El segundo dato revelador: Casi el 37 % de los encuestados expresó no haber salido de casa el día anterior a realizada la encuesta. Terrible realidad no tener nada a qué salir y convivir en el espacio público.

No todo es problema de transporte, también el desarrollo urbano ha contribuido a que esta ciudad se mueva así. Hoy tenemos desarrollos habitacionales para las personas de menores ingresos en la periferia sin planear transporte y espacio público de esparcimiento en su cercanía y desarrollos habitacionales de mayor nivel económico en zonas con limitadas vías de comunicación en donde el único medio para trasladarse es el auto privado.

Bajo ese contexto, ¿Ustedes creen que un habitante de García o Juárez no anhela comprar un auto que le reduciría sus tiempos de traslado a la mitad? Por supuesto que lo desea y lo hace.

¿Ustedes creen que un habitante de Cumbres o la Carretera Nacional deje su auto para trasladarse a sus trabajos en Monterrey o San Pedro en el transporte público actual?  Dudo que conozcan las rutas de trasporte que puedan utilizar.

¿Creen que para amas de casa, personas jubiladas o de la tercera edad exista algo que los motive a salir de casa si la ciudad no les ofrece alternativas de su interés en la proximidad de sus hogares?  Al parecer, si no se trabaja, estudia o se va de compras, no hay razón para salir.

Así nos movemos. Principalmente a trabajar, en auto individual, utilizando más de una hora en los traslados y si no tenemos a que salir mejor nos quedamos en casa.  

La ciudad con su tráfico, sus horas pico y su contaminación parece moverse pero en realidad está quieta.

Está quieta sin planes de desarrollo urbano que logren compactar la ciudad y así reducir los tiempos de traslado e incentivar los medios no motorizados.  Está quieta sin políticas que incentiven a tener más y mejores espacios públicos atractivos y accesibles para la convivencia. Y está quieta preocupándose solo por las tarifas de transporte público cuando lo que necesita es una ley de movilidad con visión de largo plazo que revierta la actual tendencia que incentiva el uso desmedido del auto privado y busque nuevas y mejores opciones de movilidad colectiva para toda la población.

No queremos que la ciudad se muera. Hay que moverla de manera disruptiva y propositiva y no solo de manera reactiva a problemas causados por la planeación pasada, ya sabemos los resultados. 

Y ni hablar de mover a la ciudad a pie, está casi en estado de coma, pero de eso platicaremos en una siguiente entrega. 

 

Eduardo Quintanilla
Febrero 5, 2019 

#Kleroterion: “La decisión de Venezuela…”

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Un tema que está resonando en muchos países, es sin duda, la problemática de Venezuela. Por un lado y me parece, el más doloroso, el humanitario y por el otro, el legal o constitucional, sin embargo, me parece propicio analizar de fondo su postura y situación, antes de dar alguna opinión.
Para comenzar la Revolución Bolivariana se definió como un proceso de transformación erigido por cuatro aspectos que la sustentaron, la revolución imperialista, antagónica de los intereses imperialistas de la Unión Europea y la Doctrina Monroe; la revolución democrática Burguesa, que representa la construcción de un Estado de Derecho y el desarrollo de las Fuerzas Productivas; la contrarrevolución neoliberal y la pretensión de llegar a una sociedad socialista.
Ahora bien, ¿a qué se debe entonces que miles de personas participen en manifestaciones contra el Gobierno de Nicolás Maduro?, para empezar se critica como el gobernante utilizó la constitución venezolana para legitimar, -otras personas dirían obligar-, su mandato, supuestamente con una transición pacífica con miras única y exclusivamente hacia la democracia del país.
Por otro lado, la oposición confirma que Maduro usurpa la Presidencia, con el argumento de que cuando fueron las elecciones, el grueso de la oposición no se presentó a votar por estar presos e inhabilitados sus principales dirigentes, por lo que se consideró fraudulenta la elección. Ostentando que al estar en un mandato ilegítimo, el Poder Ejecutivo recae en el jefe del Parlamento, hasta que se convoquen nuevas elecciones. fundado en la artículos 233, 333 y 350 de la Constitución, si así fuese el caso.
Asimismo, Canadá, Estados Unidos, el Parlamento Europeo y una gran cantidad de países latinoamericanos, entre otros, respaldan esta situación, pero por supuesto no sólo la comunidad internacional, sino un gran porcentaje de venezolanos rechazan a Nicolás Maduro, exigiendo su salida y llamándolo “dictador”.
Pero, ¿por qué ese odio?, este masivo repudio se vio reflejado en las calles, donde encuestas arrojaron que el 81.9 porciento de los venezolanos, reconocieron a Juan Guaidó, como Presidente Interino de Venezuela; cabe mencionar que como lo dije antes, él es el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, por el otro lado, el 13.4 por ciento expresaron su apoyo a Maduro, es entonces que un 77.6 porciento aseguró que si hubiera elecciones votaría, sin pensarlo, por los candidatos de oposición. Así como una mayoría también aprobó las acciones de la Asamblea Nacional, exigiendo que se realicen de inmediato los comicios a la Presidencia. 
Es importante señalar qué efectos económicos ha tenido este régimen en Venezuela. Durante dos décadas con el Chavismo en su apogeo, todos los indicadores mencionan que se está al borde del colapso, ya que la inflación diaria supera el 3 porciento, además de existir una severa escasez de alimentos, servicios de salud y medicina, o la infinidad de atrasos y deficiencias en la mayoría de los servicios, como institucionales y sectores productivos. Otro ejemplo es que la producción de crudo pasó de 3 millones de barriles diarios a poco más de un millón en este mandato, no omito mencionar que la encargada del petróleo en ese país es la estatal Petróleos de Venezuela, es así que la economía venezolana se ha contraído 53 porciento desde 2013, según datos del Parlamento.
En otro datos, se menciona que antes de la llegada de este régimen Chávez-Maduro, el país producía 70 porciento de consumo nacional, hoy en día apenas llega al 20 porciento; además, otro producto que sobresalía era la exportación de azúcar y ahora está muy por debajo de su capacidad de producción, según la Confederación Venezolana de Industriales, así como varias empresas que tuvieron que dejar de existir por la misma situación, lo que es evidente, arrojó un atraso en la economía.  
La mayoría de los empresarios y economistas, postulan que las políticas y acciones del Gobierno son totalmente erradas, ya que no generan producción, anteponiendo por desgracia, que lo único que generan es corrupción, calculando un desfalco nacional de 400 mil millones de dólares.
También, nos encontramos con el tema de las fuerzas armadas, que es punto clave, ya que los chavistas y la oposición siguen luchando por el apoyo de estos para continuar con el cause legal de sus actuaciones, tan es así que Maduro llamó al ejército a fortalecer y renovar el liderazgo militar del país, argumentando que si fuese necesario se tomaría una parte del territorio. Hasta en su cuenta de Twitter, manifestaba que la fuerzas armadas deben estar alertas y preparadas ante cualquier conspiración para atentar contra la patria, lo que pone en muchísima más tensión a Venezuela y, por supuesto, miles de opositores se manifestaron en contra.
En el contexto Internacional, hubo una expresión que me llamó la atención, y es que Estados Unidos dijo estar listo y preparado para actuar contra quienes hagan negocios relacionados con el petróleo y oro de ese país, por lo que fueron robustecidas las sanciones con la ya mencionada Petróleos de Venezuela, hasta el propio Trump, llamó a Juan Guaidó para refrendar su apoyo total. Por su parte, la OEA respaldó a Guaidó con los representantes diplomáticos que nombró y Colombia prohibió la entrada a Maduro. México y Uruguay no quisieron postularse por alguna posición, con la finalidad de coadyuvar en la solución a través del diálogo y conminaron a una conferencia internacional para los países que se consideran neutrales en esta problemática con el propósito de sentar bases para establecer el mecanismos de diálogo, coadyuvando a devolver la estabilidad y la paz en ese país. Pero también están los países que apoyan a Maduro donde se encuentran China, Rusia, Turquía, Bolivia, Nicaragua y Cuba.
Asimismo, encontramos datos muy alarmantes, aspectos como que el 65 porciento de la población  perdió en promedio 10 kilos, derivados de no cubrir ni siquiera los aspectos básicos de la alimentación, o que el número de asesinatos subía de manera alarmante, las medicinas no se encontraban, las tasas de desempleo se dispararon, la pobreza, el hambre, que sólo podría entenderse al escuchar las anécdotas de personas que vivían en ese país y que literalmente salieron huyendo, buscando la prosperidad o un trato digno en cualquier lugar a excepción de Venezuela; ellos eran las verdaderas víctimas, los que presumen a Venezuela antes del chavismo, como un lugar próspero, con una economía en ascenso, donde todos lo países vecinos quieren llegar y nadie se quería ir, mencionando que era Venezuela Saudita, ya que se caracterizaba por la alta fluidez del dinero de los ingresos petroleros.
Ahora bien, como abogado todos los argumentos me dirigen a su constitución, en específico al artículo 228, que en resumen dice que la elección del Presidente se hará por votación universal, directa y secreta y se proclamará electo el candidato que hubiese obtenido la mayoría de votos válidos, lo que en estricto sentido jurídico, Nicolás Maduro es presidente legítimo; sin embargo, respecto al artículo 223 del mismo precepto, nos dice que el Presidente es responsable de sus actos y del cumplimiento de las obligaciones inherentes a su cargo. Otro dato más dentro del mismo artículo, detalla que está obligado a procurar la garantía de los derechos y libertades de los venezolanos y venezolanas, así como la independencia, integridad, soberanía del territorio y defensa de la República, lo que entonces tiene un gran análisis interpretativo para saber si en efecto el Presidente ha cumplido con sus obligaciones base.
Realmente se está en una falta absoluta del Presidente en este momento como marca su artículo 233, anteponiendo que cuando se produzca la falta absoluta se procederá a una nueva elección universal y directa. Existen muchos supuestos dentro de la Constitución que como en muchas naciones, es el ordenamiento supremo, existe entonces la legitimidad legal de Maduro, por eso está convencido que no tiene validez lo que hace Guaidó, además de que sigue ostentándose como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de acuerdo al numeral 5, del artículo 236, así como el autorizado para declarar los estados de excepción y decretar la restricción de garantías, dictar previa autorización por una ley habilitante, decretos con fuerza de ley, así como convocar a la Asamblea Nacional a sesiones extraordinarias, o en su caso disolver la Asamblea Nacional en determinados supuestos.
En fin, hoy Venezuela está en un verdadero conflicto, estamos seguros que la ayuda y propósito humanitario, de manera muy particular,  siempre será prioridad. Sin embargo, como estudioso de la Ley, estoy convencido del respeto a la misma, se deberá actuar conforme a las leyes, tratados y acuerdos nacionales e internacionales, lo que a derecho corresponda, pero también estoy convencido, que la prioridad única y exclusiva es la salvaguarda de las personas, en todos sus aspectos. Por lo que culmino diciendo que los derechos humanos deben prevalecer sobre la Ley…

#ElTalónDeAquiles: “Los éxodos de la vergüenza”

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El 18 de enero de 2019, 1000 nuevos hondureños y salvadoreños fueron recibidos en México, en su travesía hacia los Estados Unidos. La cantidad de migrantes ya colapsó albergues y la inseguridad ha cobrado la vida a varios jóvenes. Por la gravedad de esta crisis humanitaria, cuyo epicentro es el Triángulo del Norte centroamericano, inicio el año esbozando las trayectorias históricas recientes de Honduras, El Salvador, y Guatemala. 

En junio de 2009, el presidente de Honduras, Manuel Zelaya fue depuesto en un golpe de Estado por quienes afirmaban que el líder buscaba reformar la constitución para perpetuarse en el poder, siguiendo así el camino de sus compinches, Hugo Chávez, Rafael Correa y Evo Morales. La Organización de los Estados Americanos suspendió al país del sistema interamericano. El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Venezuela anunciaron sanciones, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) suspendieron la ayuda financiera, y los embajadores de la Unión Europea se retiraron. Pero de poco sirvieron los esfuerzos. El golpe derechista siguió su marcha: se decretó un estado de sitio y se juramentó a Roberto Micheletti como presidente de Honduras; posteriormente se realizaron elecciones que dieron como presidente electo a Porfirio Lobo. 

En El Salvador, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) lograba, de forma simultánea, un histórico triunfo electoral que puso fin a décadas de dominio de la derecha, representada en por la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA). Si, en la opinión de algunos, el gobierno de Mauricio Funes (2009-14), fue demasiado moderado, la elección de Salvador Sánchez Cerén (2014-19), un exguerrillero cuyo nombre de guerra fue comandante Leonel González, presagiaba un genuino viraje de izquierda. Pero el supuesto  causo poco impactó en la vida de los salvadoreños, muchos de los cuales debieron seguir pagando peajes a las Maras para no ser asesinados. La inseguridad siguió siendo el talón de Aquiles del país. 

En Guatemala, el triunfo electoral de Álvaro Colom (2008-12) abrió también un efímero periodo de esperanza progresista. Me ahorro los detalles, pero me permito recordar tres hechos. Primero, el General derechista Otto Pérez Molina (2012-15), su sucesor, renunció en septiembre 2015, luego de ser acusado por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de cohecho pasivo y asociación ilícita en un caso de defraudación aduanera. Segundo, en febrero de 2018, Colom fue detenido por corrupción, en un caso que también fue revelado por la CICIG. En fin, el 7 de enero de 2019 el presidente Jimmy Morales (2016-…), un outsider sin ideología, intentó anular unilateralmente el acuerdo entre Guatemala y la Organización de Naciones Unidas (ONU) que da sustento a la CICIG, el cual lo investiga por irregularidades en su campaña electoral. 

Los constantes éxodos de hondureños, salvadoreños y guatemaltecos son el resultado de la exclusión social, de las faltas de oportunidades, y de una crisis de seguridad sin precedentes que azota a los países del Triángulo Norte. Pero, además, recuérdese: el panorama migratorio centroamericano es aun más complejo, pues también incluye desplazamientos poblacionales hacia el sur. En los últimos meses del 2018, 21,000 estudiantes, activistas, políticos, empresarios, profesionales, profesores universitarios, y exmilitares nicaragüenses pidieron refugio en Costa Rica, debido a la deriva autoritaria del gobierno Ortega. Es decir, en 2019, los heterogéneos flujos migratorios dentro de, y desde Centroamérica, que incluyen a jóvenes, no tan jóvenes, hombres, mujeres, homosexuales y heterosexuales, educados y menos educados, tienen como único denominador común la miseria, de la cual intentan todos huir, y la cual se mezcla con, o es producto de, la violencia intrafamiliar y comunitaria, el crimen organizado, y la violencia perpetrada por el Estado. 

Se trata entonces de éxodos de la vergüenza, no de “caravanas” que romantizan lo inaceptable, porque desnudan el rotundo y patético fracaso de las clases políticas centroamericanas, sin importar su ideología de centro, de derecha, o de izquierda, a mejorar el bienestar de sus ciudadanos. 

Fernando A. Chinchilla 

Montreal (Canadá), 30 de enero de 2018

#HojaDeRuta: “Así Vamos 2018: una ventana a nuestras desigualdades”

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Fui invitado por Cómo Vamos Nuevo León a presentar la encuesta Así Vamos 2018, instrumento para conocer qué piensa la ciudadanía sobre Monterrey y su área metropolitana. 

Tras reflexionar los resultados, una conclusión vino a la mente: la encuesta es una ventana a nuestras desigualdades. Esta idea se expresa de múltiples ángulos: el bolsillo, por lo dispares que somos en lo que ganamos. El movimiento, por la enorme diferencia de tiempo que hay entre viajar en transporte público y privado. En el trato, porque pertenecer a una minoría es casi garantía de sufrir discriminación.

Desdoblé mi intervención en tres ideas fuerza: la desigualdad como una constante en la ciudad; la desmovilización política de nuestra ciudadanía y una conformidad aparente a las múltiples problemáticas e injusticias. Énfasis en aparente.

1. La desigualdad como una constante: más del 60% de la población del área metropolitana gana apenas 3 salarios mínimos, y para el 25% el ingreso no es suficiente. Un dato adicional: apenas el 11% de la población puede ahorrar. Digiramos lentamente esa última cifra: en esta, la ciudad de los negocios y las oportunidades, apenas 1 de cada 10 personas tiene ahorro.

A lo anterior hay que sumar la pérdida de poder adquisitivo del salario, que ha caído 80% en los últimos 30 años, de acuerdo a un estudio reciente de la Facultad de Economía de la UNAM.

Desigualdad al moverse, porque viajar en transporte público significa casi el doble de tiempo que hacerlo en auto (103 vs. 53 minutos, en promedio). Lo mismo al caminar: apenas 27% considera que hay banquetas suficientes para llegar a su destino, y un 75% que están dañadas y llenas de obstáculos.

Desigualdad a través de la discriminación. Estudios del CONAPRED han señalado a Monterrey como la ciudad que más discrimina en México, y el Así Vamos 2018 lo confirma: entre el 40 y 50% de la ciudadanía considera que aquí se discrimina por ser indígena; por el color de piel; por la preferencia sexual; por ser pobre. Y en todas las categorías las mujeres lo perciben más que los hombres.

2. Desmovilización ciudadana ante lo público. El 55% de las personas encuestadas no sabe qué hacen su alcalde ni el gobernador. 30% dijo que simple y llanamente no le interesa, otro 30% que no tiene tiempo. 

Aparece además uno de los principales males de la democracia: la desconfianza, pues casi el 40% de la ciudadanía cree que no tiene nada de influencia en las decisiones de gobierno. Esa cifra casi se duplicó en comparación a 2016.

La falta de politización, y por ende, de espacios de organización y presión, es una realidad en Monterrey ¿Por qué el trienio pasado la y los alcaldes podían darse el lujo de poner en entredicho su participación en la plataforma Alcalde Cómo Vamos? Sencillo: el costo político de hacerlo era bajo.

3. La conformidad aparente de la ciudadanía. Este punto resalta contradicciones que requieren análisis. Por ejemplo, a pesar de las dificultades económicas, hay gran optimismo: el 80% cree que le irá igual de bien o mejor. Otro: aunque para el 60% de la ciudadanía ir al trabajo es su principal motivo de viaje, solo el 4% se mudaría para estar más cerca de él ¿Qué es lo que consideramos deseable y valioso del lugar donde vivimos?

Estremece que solo el 8% de la ciudadanía considere la violencia familiar como el principal problema público, cuando Nuevo León fue el tercer lugar en feminicidios durante el 2018, el delito de violencia familiar es el más denunciado en el Estado y está activa la Alerta de Violencia de Género para 5 municipios.

Apilo conclusiones por falta de espacio: a) Aunque la desigualdad es evidente desde múltiples ángulos, combatirla no parece estar en la agenda pública como prioridad. b) Una lectura superficial de los datos nos haría suponer que buena parte de la población está feliz, o cuando menos conforme. Mi tesis es contraria: creo que estamos adormecidos políticamente. Se une la decepción hacia lo público con la “cultura” de la solución del trabajo y los problemas en el fuero individual (el mantra de “la solución está en uno mismo” como gran desarticulador). c) Si se tiene una población desinteresada y desmovilizada, la clase política confía en que el costo de fallar es barato. d) El reto desde la sociedad civil está en generar espacios constantes de activación, reflexión y movilización política, que mantengan constancia y sobre todo, que lleguen a todos los estratos sociales.

Mi propuesta inicial es sencilla: así como se habla de urbanismo táctico, esas pequeñas intervenciones para tomar y visibilizar el espacio público, hay que hacer politización táctica. Tomar el espacio público, abrir conversaciones, generar encuentros. Ir a la base. No temer generar organización popular genuina, ahí donde los partidos han copado lo que llaman “tierra”, que no es otra cosa que la compra y control de la movilización política en los espacios más vulnerables. 

Finalicé mi intervención con esta cita de Slavoj Zizek: “Lo fantástico de nuestra tradición democrática es que la imperfección está dentro del sistema. Forma parte  de la capacidad de la democracia para ser crítica consigo misma”. Aunque evidentemente nuestra tradición democrática es débil, el futuro no está escrito: hay que movilizarlo. 

#ElNidoDelGavilán: “La cruzada del huachicol”

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En los últimos días, el tema del huachicol está en boga, ya sea por el desabasto o por la explosión en Tlahuelilpan, lo cierto es que la cruzada encabezada por AMLO es de reconocerse por un punto fundamental: Romper el status quo del tema.

En conferencias matutinas públicamente ha denunciado la inacción e incapacidad de los gobiernos anteriores de controlar este mal. Sin duda alguna, el huachicol tiene que combatirse y se tiene que acabar.

Más allá de las cifras que está presentando PEMEX del combate, es importante señalar el combate frontal directo e indirecto a las causas del problema como son la pobreza, la falta de oportunidades y fundamentalmente la corrupción.

El gran reto de este combate es dar resultados en corto y largo plazo, probar que estas estrategias pueden servir y de paso contrastar con otras estrategias fallidas como las del Calderonismo.

El tema del huachicol no solo se resuelve a balazos y golpes, es primordial componer el tejido social en las comunidades “huachicoleras”.

Todos los ciudadanos tendremos que, de una forma u otra, apoyar el movimiento en aras de evitar que ese cáncer siga destruyendo el país, las finanzas públicas y de paso se lleve la vida de mexicanas y mexicanos.

En 6 años, veremos si la cruzada funcionó o no, el desgaste político afecta, pero mientras siga la luna de miel de AMLO con el electorado tal como dicen las encuestas, hay tiempo y voluntad.

Lo dicho, dicho está.

#Kleroterion: ¡Es la corrupción… Estúpido!

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En la historia de la política en el mundo, nos hemos encontrado con posturas y frases muy interesantes, tal es el caso de el ex presidente de los Estados Unidos de Norteamérica Bill Clinton, que en 1992 durante su campaña presidencial, acuñó la frase, “The economy, stupid”, que sin duda, fue parte medular para ganar las elecciones, convencido de que lo esencial para lograr la victoria, era postularse por un tema y/o problemática directa de los ciudadanos de su Nación, la economía, es así que la frase estadounidense fue adoptada hasta en niveles internacionales, refiriéndose a varias cuestiones que en efecto, son vitales para cualquier ámbito.

Derivado de lo anterior y como todos sabemos, uno de los problemas que más aquejan a nuestro país, es sin duda, la corrupción. Sin embargo, hasta el momento no se ha podido medir con precisión cuáles han sido sus alcances. En efecto, sabemos que sus consecuencias han mermado a la sociedad mexicana y nos han colocado en lugares vergonzosos a nivel internacional en esta materia. Es importante antes de hablar de este tema, conocer en primer lugar, que es la corrupción, o en qué consiste, para Transparencia Internacional, se define como “el abuso de poder para beneficio propio”, y la clasifica en corrupción a gran escala, menor y política.

Por otro lado, también debemos identificar sus causas, lugares, motivos y áreas donde se lleva a cabo más comúnmente, desde lo general hasta lo particular, ya que en cualquier medición o acción, finalmente es corrupción simple y llana, desde el desvío de recursos, hasta solicitar o dar una dádiva a alguna autoridad, fuera de lo que establecen las leyes y reglamentos, por lo que en su estudio, análisis y forma, no nos permite tener estadísticas precisas, sin embargo, por estas acciones, se presentan y existen pérdidas con grandes costos económicos, sociales y políticos, además de perder la confianza en muchas de nuestras instituciones, pero debemos recordar que las instituciones no son las corruptas, son las personas que la promueven.

Ahora bien, independientemente de los costos económicos, que de acuerdo al Banco Mundial se estima que representa 9 por ciento del PIB del país, la corrupción nos da, como se dijo anteriormente, costos políticos, por ejemplo, la insatisfacción de la democracia donde solo el 37 por ciento de la población la apoya, así como el 91 por ciento no confía en los partidos políticos, el 83 por ciento tampoco confía en los legisladores y el 80 por ciento no tiene aprecio por el sistema judicial, lo anterior, de acuerdo al Barómetro Global de la Corrupción, de Transparencia Mexicana. Asimismo, se tienen costos sociales donde se arroja que el 14 por ciento del ingreso anual de los hogares se destina a pagos extraoficiales.

En México se argumentan diferentes posturas, algunos que es un problema del Estado y el cumplimiento de las leyes y por otro lado que es un problema cultural, pero en cualquiera de estos supuestos, estoy convencido que la corrupción, es un lastre que aqueja a nuestra sociedad y que por ella, no hemos podido avanzar en muchos sectores, ya sea públicos o privados. Recordemos también que la corrupción, aunque su finalidad va en la percepción de dinero, no solo significa esto, es también un sentido más profundo en el actuar de las personas como autoridades, por ejemplo, los tratos de políticos con narcotraficantes, los malos procedimientos penales, la ineficaz procuración de justicia, las licitaciones no transparentadas, los moches, evasión fiscal, lavado de dinero, robo de combustibles, facturas falsas, etc.

Por su parte y me parece elogiable adoptarlo como tema principal de actuación política, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, prometió erradicar la corrupción, pero no contenerla ni acotarla, sino erradicarla en su totalidad, lo que sin duda al lograrse, podremos ser una nación potencia a nivel mundial y prospera de manera interna, convencido también, que una de las partes claves para el triunfo del actual presidente, fue sin duda, esta propuesta.  Para empezar adoptó combatir la corrupción de adentro hacia fuera, lo que me parece una buena estrategia, ya que si tenemos un gobierno transparente, tenemos instituciones transparentes, por lo que en automático tendremos ciudadanos transparentes, es muy importante que el presidente, siga con esta ruta adoptando el compromiso asumido por México en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, potenciando el desarrollo económico en condiciones de igualdad y sobre todo competitividad, aplicando las leyes penales sin distingos, así como no aceptar la amnistía conforme al derecho internacional recopilado por la ONU, ya sea en detenciones arbitrarias, desaparición de personas, tortura, ejecuciones extrajudiciales, privación de servicios de salud, y violencia de género.

Asimismo, AMLO, planteó una nueva etapa, o como él dijo “la ruptura con la vieja política”, sin simulaciones para combatir la corrupción e impunidad, recuerdo muy bien que durante su campaña siempre se postuló que la problemática de México era la corrupción, para cualquier tema, siempre contestaba que la corrupción era la culpable , de tal manera que las redes se llenaban de publicaciones que hacían mofa o burla de su respuesta, pues hoy que es presidente, podemos ver que tenía razón.

Dentro sus primeras acciones presentó reducciones a los salarios de los funcionarios de gobierno y ha reestructurado algunas secretarías, centralizando las compras de gobierno y las delegaciones de las secretarias, por lo que de manera inmediata se han logrado ahorros significativos. Es importante saber que el Representante de México, tiene muy claro el panorama nacional, más allá de un tema de campaña, sino una realidad, por supuesto documentada y conocida, que en muchas ocasiones es adoptada como una forma de vida, por lo que sus acciones en contra de la corrupción e impunidad, serán un gran paso para nuestro país que tanta falta le hace para este tema, que sin duda, es la punta de iceberg para la mayoría de los delitos y la injusticia.

Ya basta de un país movido por este concepto, basta de ser un antecedente internacional para la corrupción, basta de que nuestros hijos crezcan sabiendo o pensando que la forma fácil de hacer las cosas, es ofreciendo dinero, que no sea una cultura natural, basta de que veamos las noticias o cualquier medio informativo descubriendo siempre que detrás de la mayoría de los delitos, aparezca la palabra, corrupción, basta de una sociedad llena de corruptos, por que no solo es corrupto quien recibe sino quien da, basta de ser obligados a promoverla, basta de justificarla, simplemente quien da o recibe, es corrupto.

Todos sabemos que si hay alguna problemática en México es la corrupción e impunidad, es algo que desde hace muchos sexenios, pedimos de sobre manera todas y todos los mexicanos que sea resuelto, también sabemos que al erradicarla, transitaríamos de la mejor manera como muchas naciones,  por que estoy seguro, que el esfuerzo, la astucia, la capacidad, el compromiso y sobre todo el respeto, lo tenemos y es muy triste que todos estos factores sean pisoteados, abusados y hasta en muchas ocasiones, sancionados, ¡así es!, somos unos de los países que en muchos casos por decir la verdad o actuar de la manera correcta, resulta que puede ser contraproducente, pero ¿por qué? Por la corrupción.

Sigamos pues con la línea del Presidente de la República, cero corrupción, que no quede solo en buena voluntad de los gobernantes, es un trabajo conjunto, somos un país que aprende a adaptarse a las circunstancias, pero convencido que podemos ser mejores, un país que solo necesita apoyo, instituciones confiables, seguridad y justicia, lo demás, nosotros lo hacemos, por eso si me preguntan cuál es la problemática real de México, puedo contestar con mucha seguridad… ¡Es la corrupción… ¡Estúpido!

La rebelión de los autónomos

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Los órganos constitucionales autónomos están en rebeldía. La rebelión se ha manifestado en contra de actos y omisiones relacionados con el núcleo de aquello que les permite funcionar de forma autónoma e independiente: los presupuestos.

En efecto, el Instituto Nacional Electoral (INE) informó el pasado 23 de enero que presentó ante la SCJN una controversia constitucional en contra de la Cámara de Diputados, por considerar que “la reducción de 950 millones de pesos, efectuada al presupuesto originalmente planteado, representa una clara vulneración a la autonomía e independencia del Instituto.” (https://centralelectoral.ine.mx/2019/01/23/presenta-ine-ante-scjn-controversia-constitucional-presupuesto-egresos-la-federacion-2019/). El INE ha expresado que la organización de los comicios en los estados pueden ponerse en riesgo y, además, que incluso se afectan condiciones generales de trabajo de servidoras y servidores del Instituto. En suma, que esta reducción injustificada y sin expresión de razones jurídicas y fácticas, “viola su autonomía financiera y su independencia económica, sometiéndolo a la necesidad de dejar de cumplir con sus obligaciones, o bien, gestionar ampliaciones presupuestales con el gobierno federal.”

En ese mismo sentido, la SCJN ya tiene en su conocimiento la controversia constitucional 5/2019 que presentó el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)  en contra de la Cámara de Diputados porque, desde su perspectiva, este órgano legislativo fue omiso en cumplir con su deber constitucional de “realizar el examen y discusión exhaustiva (…) para justificar debidamente la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2019.” (https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/acuerdos_controversias_constit/documento/2019-01-15/MP_ContConst-5-2019.pdf). Al decir de este órgano constitucional, el recorte de 280 millones en su presupuesto para este año “vulnera la función regulatoria (…) prevista en el artículo 28 de la Constitución.” (https://www.eleconomista.com.mx/empresas/IFT-interpondra-controversia-constitucional-20190110-0056.html). 

En el orden local, la Fiscalía General del Estado anunció igualmente que utilizaría el mecanismo de la controversia constitucional ante la SCJN para combatir el recorte de su presupuesto del orden de 33 por ciento respecto del que proyectó para el ejercicio 2019. Esto lo harán porque, como sostuvo su titular: “este mecanismo de defensa garantiza su autonomía e independencia contra cualquier otro órgano o poder del estado, eso para garantizar la procuración de justicia.” (https://www.reporteindigo.com/reporte/fiscalia-a-la-scjn-por-recorte-funcionarios-siguen-con-megasueldos-presupuesto/). En este caso, las autoridades demandadas serían el Poder Ejecutivo del Estado y el H. Congreso del Estado.

Otro órgano constitucional autónomo del estado de Nuevo León, la Comisión Estatal Electoral (CEE), recién ha perdido la primera batalla de su lucha por garantizar su autonomía, independencia y cumplimiento de sus programas esenciales para 2019. En efecto, el pasado 25 de enero el TEENL resolvió el recurso de apelación 001/2019 por medio del cual la CEE había combatido, por una parte, el ajuste o recorte que realizó el Ejecutivo respecto del proyecto de presupuesto que le envió el órgano electoral únicamente para su inclusión en el general que debía hacerse llegar al Legislativo; y por la otra, la omisión del Congreso del Estado de pronunciarse de forma fundada y motivada sobre el referido proyecto original de la CEE. (file:///Users/admin/Desktop/RA-001_Desetimatoria%20vs%20ajuste%20presupuesto%20CEE.pdf). En el caso de este órgano constitucional autónomo, el recorte fue del orden de 157 millones de pesos.

Más allá de la racionalidad y de la eficiencia en los presupuestos, estos casos permitirán justipreciar si la doctrina constitucional de los órganos autónomos en México tiene futuro o deberíamos dar la vuelta de hoja hacia la subordinación de los entes públicos frente a los Ejecutivos y los Legislativos.

En principio, porque, tal como señala la teoría constitucional, los órganos constitucionales autónomos tienen las notas características de ser a) necesarios, b) indefectibles, c) expresión de la separación coordinada de poderes y de su equilibrio y d) órganos en paridad de rango respecto de los demás órganos constitucionales, particularmente porque tienen coparticipación en la soberanía y no existe dependencia jerárquica entre ellos (Rodríguez-Zapata). En este sentido, la SCJN ha dicho que estos órganos deben, además, “contar con autonomía e independencia funcional y financiera.” (Tesis P./J. 12/2008). 

La esencialidad de estos órganos y su función dentro de los estados democráticos constitucionales de derecho, hace muy fácil prever que puedan entrar cotidianamente en conflicto con los Poderes clásicos, particularmente con los Ejecutivos y los Legislativos. Esto es así, porque el régimen democrático espera de estos órganos un “deber de ingratitud” (Rosanvallon), esto es, que una vez integrados, tomen decisiones difíciles, incómodas e, incluso, contrarias a los intereses de los referidos poderes. 

En este sentido, una pulsión natural de los poderes respecto a los autónomos es intentar incidir en sus decisiones, sea por la interferencia extra jurídica en las designaciones de sus titulares, sea por la injerencia ilegítima en el control sobre sus presupuestos. Es en esta segunda dimensión en donde se observa la rebelión de los autónomos. 

La SCJN ha definido criterios en el sentido de que la división de poderes acepta grados de afectación: intromisión, dependencia y subordinación. (Tesis P.J. /80/2004). También, respecto de poderes judiciales locales, este máximo tribunal ha sostenido que “la limitación de su autonomía en la gestión presupuestal implica violación al principio de división de poderes.” (Tesis P.J./ 83/2004). Por su parte el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha sostenido que “la autonomía de la gestión presupuestal de los organismos públicos locales electorales debe regir como principio fundamental para hacer efectiva la independencia de su función.” (Tesis XV/2017). En suma, la SCJN ha sostenido que los órganos constitucionales autónomos deben gozar de garantías institucionales para la “protección constitucional a su autonomía y (…) sus características orgánicas y funcionales esenciales.” (Tesis 2ª. CLXV1/2017 [10ª]).

El INE, el IFT, la Fiscalía General del Estado y la CEE, han iniciado lo que ahora se ve solo como un atisbo de rebelión, pero que, sin duda, con la participación de otro poder, el Judicial, permitirá equilibrar el ejercicio del poder en México y, sobre todo, hará posible justipreciar el valor o la irrelevancia de los órganos constitucionales autónomos: Si no defienden la importancia de sus presupuestos, ¿qué podemos esperar sobre el ejercicio independiente y autónomo de sus funciones?