La Marina implicada en desaparición de 27 personas: CNDH

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La Marina fue implicada en la desaparición de 27 personas en 2018 y se le pidió indemnizar a las familias de las víctimas, informó el martes la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

La entidad dijo en una nota que investigó la desaparición en Tamaulipas de 27 personas “detenidas arbitrariamente y desaparecidas (…) por elementos de la Marina”, de las cuales 12 fueron encontradas muertas, y  “logró acreditar” su probable responsabilidad.

La Comisión dijo que solicitó a la Marina “la reparación integral del daño a quejosos afectados y familiares directos que incluya una compensación por la desaparición forzada”.

La Marina respondió en cuenta de Twitter que aceptó la petición.

Del grupo de personas desaparecidas, entre marzo y mayo de 2018, “12 fueron encontradas posteriormente sin vida en brechas y ‘entierros clandestinos’, en los municipios de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y Anáhuac, Nuevo León”, añadió la CNDH.

La CNDH pidió también a la fiscalía federal que continúe con la búsqueda de “forma exhaustiva” de las 15 personas aún sin localizar e investigue a los marinos señalados por los familiares de las víctimas.

Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo se congratuló por la recomendación de la CNDH.

Autoridades del gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) “habían negado que la Marina hubiese participado en los hechos, habían criminalizado a las víctimas y le habían atribuido estas desapariciones a un grupo del crimen organizado”, dijo a la AFP Ramos.

Añadió que las víctimas pertenecen a “distintos estratos sociales, hay una ama de casa, un panadero, un menor de 16 años (…) y pudiera pensarse que se los llevaron para obtener información de inteligencia”.

Tamaulipas, con costas en el golfo de México y fronterizo con Estados Unidos, es una de las regiones más violentas del país por ser una de las rutas para el trasiego de drogas.

El gobierno de México tiene registro de 73.201 personas desaparecidas, la mayoría tras una ofensiva militar antidrogas desplegada en 2006.

Desde el inicio de dicha estrategia se han registrado más de 290.000 asesinatos, según cifras oficiales pero sin detallar su vinculación con la criminalidad.

(Fuente: AFP)

Derechos Humanos y Democracia en tiempos de COVID-19

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La emergencia sanitaria ocasionada por el coronavirus en México ha puesto a prueba nuestras instituciones, entramados jurídicos y principios políticos. El “coronavirus mostró con claridad hasta dónde ha llegado en algunos casos el divorcio entre la teoría y la práctica de la democracia. Nuestro sistema de salud, incluso antes de la epidemia de COVID-19, se encontraba en una situación en el cual no se garantiza el derecho de acceso y servicios de calidad. La configuración de nuestro sistema de salud data de 1943 y comprende de dos sectores: público y privado. En el sector público, tenemos el sistema universal y el de seguro social (derechohabientes), la realidad, es que existe una “falta de coordinación entre los distintos niveles y sitios de atención, duplicación de los servicios y la infraestructura, capacidad instalada ociosa y servicios de salud prestados en el sitio menos apropiado, en especial, en los hospitales” (Corona González, 2017). En términos históricos, en la década anterior, el 50% de la población en México no contaba con ningún tipo de seguro médico, y de acuerdo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE por sus siglas en inglés), la inversión pública de México en su sistema de salud, entre 2003 a 2013, aumentó de 2.4% a 3.2% del PIB, y dicho aumento no se tradujo en una mejoría real y sustantiva. Siguiendo los datos de la OECDE, en términos comparativos, México es uno de los países que menos recursos destina al sistema de salud público, ocasionando que el gasto de bolsillo se encuentre en el 45%, obligando a que las familias mexicanas destinen una gran cantidad de dinero ante una necesidad médica, lo que reduce el acceso y genera que las familias caigan en una incertidumbre financiera ante algún tema médico.

A grandes rasgos, la realidad del sistema de salud es completamente distinta a los parámetros constitucionales, que si bien podemos argumentar que el sistema universal vive un cambio de Seguro Popular a Instituto de Salud para el Bienestar, las carencias y gasto siguen siendo iguales, y no está demás mencionar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la Resolución 1/2020 le recomienda a los Estados parte garantizar el derecho humano a la salud, pero no sólo desde una manera simple o reduccionista, y refiere a que todas las personas tienen derecho a “gozar del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. Asimismo, que este derecho incluye la atención de salud oportuna y apropiada, así como los elementos esenciales e interrelacionados de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios, bienes e instalaciones de salud, incluyendo los medicamentos y los beneficios del progreso científico en esta área, en condiciones de igualdad y no discriminación”. En el mismo sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha establecido que el artículo 4to de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), prevé una protección a este derecho desde dos dimensiones: una privada y una pública, haciendo referencia a que privada es un caso particular y la pública a la generación de las condiciones por parte del Estado haciendo efectivo este derecho “para gozar del máximo grado posible de bienestar y de protección a la salud (Amparo en Revisión 237/2014), porque la salud pertenece a un grupo denominado Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales o DESCA por sus siglas, los cuales se pensaban no podían hacerse efectivos ya que eran algo abstracto, pero ello ha cambiado y hemos visto sentencias como las ya mencionadas, en los cuales nuestro máximo tribunal ha determinado que este derecho humano “debe ser garantizado a fin de que las personas disfruten del más alto nivel de salud”(Amparo en Revisión 251/2016) y de esta manera es claro que no es algo en abstracto y que la realidad del sistema de salud de nuestro país, no se encuentra en un nivel deseable y conforme a los parámetros de los derechos humanos, reafirmando esta brecha de la realidad con los contenidos constitucionales y convencionales. Por ende, tenemos una oportunidad de construir políticas públicas que atiendan esta difícil realidad que afecta a millones de persona en nuestro país.

Dos de los principios constitucionales de los derechos humanos son la indivisibilidad e interdependencia, ello quiere decir, que debemos entenderlos como un todo, ya que al afectar un derecho humano también se afecta otro, dado que está unidos como un conjunto de concepciones fundamentales en favor de la dignidad de todas las personas, así se ha establecido en instrumentos internacionales en materia de derechos humanos como la Proclamación de Teherán y la Declaración de Viena.

Sin embargo, estamos viendo que a nivel local, diversos gobiernos estatales iniciaron a promover acciones con penas sin el mayor sustento jurídico al igual que restringir derechos de manera desproporcionada, apostándole a medidas del populismo o punitivismo penal. Los actos hacían (y continúan haciendo) efectos similares a un Estado de Excepción (de facto) que tiene efectos serios en el ejercicio de derechos durante una situación o tiempo determinado.”Al menos los estados de Michoacán, Jalisco, Tamaulipas, Nuevo León, Yucatán y Coahuila emitieron decretos o medidas en ese sentido, y algunos municipios en Veracruz y Nuevo León restringieron la movilidad, con distintos resultados”(Escobedo, 2020), dentro de estas restricciones, se impusieron medidas punitivas como multas e incluso penas corpóreas (prisión preventiva). En primer término, estas acciones son a todas luces contrarias a la constitución, ya que nuestra Carta Magna es clara con la autoridad competente para limitar o suspender derechos o garantías, y el proceso inicia con la solicitud del Poder Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión, siendo este último quien determinará la procedencia, finalizando con la revisión de la SCJN sobre su constitucionalidad y validez tal y como establece el art. 29 de la CPEUM. Sin embargo, este acto tiene limitantes claros a ciertos derechos que entran dentro de la lógica de suspensión, y las medidas deben apegarse a principios como legalidad, racionalidad, proclamación, publicidad y no discriminación. De acuerdo con la Oficina en México de la Alta Comisionada de la Nacionales Unidas para los Derechos Humanos “existen al menos 46 instrumentos (11 a nivel estatal y 35 municipales) que establecen medidas de emergencia, algunas de ellas restrictivas de derechos y con sanciones que llegan a la posibilidad de investigaciones penales“(Peña, 2020).

Lo anterior contradice acciones emitidas por el c (CGS) que dictan un “resguardo domiciliario voluntario” apelando una corresponsabilidad  ciudadana y conciencia colectiva. Al penalizar y hacer uso de medidas punitivas o intimidatorias por parte de los estados, responde a presiones sociales y estímulos políticos y en ningún momento son parte de una política pública o estrategia bien argumentada o instrumentada, limitar derechos no debe ser una regularidad o primera opción y es una medida extraordinaria que históricamente sólo se ha usado una vez en nuestro país y fue durante tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Es fundamental el apego al orden constitucional durante estos tiempos, y “más nos vale cuidar hoy las formas jurídicas, porque estas formalidades serán las que nos cuiden en un futuro“. (Sánchez de Tagle y Vivanco Lira, 2020), ya que dicho respeto influye en los procesos democráticos del país que no pudieran entenderse sin los derechos humanos.

Un tema preocupante es la punitivización de las medidas sanitarias, no sólo desde el aspecto jurídico-formal sobre la falta de facultades de los gobiernos estatales, sino como fenómeno constante en la vida política y jurídica tanto a nivel federal como local. Primero que nada, me refiero al uso desproporcionado del derecho penal o del uso de la fuerza sin respeto al principio de ultima ratio (último recurso) recayendo en un “populismo penal”, que es hacer un uso regular del “ius puniendi” o monopolio del uso de la fuerza del Estado a manera de “política pública” con tónica represiva”como si el aumento de las penas fuera a garantizar de una u otra forma el cumplimiento de las condenas (Torres, 2010).

Sin embargo, una característica de esta forma de “gobernanza penal” es parte una política sin estándares racionales o científicos, simplemente son resultados de impulsos populistas que tanto a corto y largo plazo lesionan la democracia. El término Populism punitivenesses utilizado por primera vez en 1995 por Anthony Bottoms, tiene como origen la necesidad de estudiar las políticas criminales que tienen como principal objetivo ampliar sus catálogos de delitos e incrementar penas, sin embargo, “son concepciones donde la clase política se aprovecha de los sentimientos colectivos, para lograr buscar aceptación ante la comunidad. La cual se verá traducida en el número de votos para las campañas electorales“(Arrieta, 2018) tergiversando el Derecho Penal como protector último de los bienes jurídicos fundamentales de la sociedad. Este tipo de formas son características de Estados-nacionales autoritarios en los cuales las instituciones no tienen como prioridad los principios democráticos, sino la rentabilidad política. Como bien escribió Bobbio en su obra Liberalismo y Democracia,  uno de los objetivos de la democracia sustantiva es la igualdad de sus ciudadanos, pero esto no puede lograrse con acciones que buscan en todo momento una desproporción y una tensión entre el uso recurrente de la privación de la libertad y los valores democráticos constitucionales.

Son una salida fácil a una realidad compleja que no puede resolverse con actos cuyos efectos no abonarían a garantizar un bienestar para todos, y dicha ineficacia de formulación e instrumentación se debe al “tránsito por ese delgado filo de la navaja, entre el voluntarismo puro (vox populi, vox dei), que abocaría a la irracionalidad de la ley, (Paredes, 2016). Ninguna crisis en materia de salud debe ser un facilitador para menoscabar los derechos humanos y la democracia, que para bien o mal, nos ha costado mucho construir; lo que podemos hacer es utilizar nuestro escenario actual para elevar la calidad de las respuesta gubernamentales y políticas públicas tanto a nivel federal como local. Entender que no importa la incertidumbre de la situación, tenemos que pensar en todos los miembros de nuestra sociedad a la hora de resolver (o intentar resolver) un problema actual o inminente, y apostarle a consolidar una conciencia y  responsabilidad ciudadana, así como fortalecer una cultura de la legalidad para no tener que recurrir a medidas punitivas y detener ese delicado y  preocupante camino que estamos tomando. Bien lo dice un refrán popular “las crisis no hacen a una persona, pero revelan de qué está hecha”, la pandemia del COVID-19 en México ha dejado al desnudo los talantes autoritarios y antidemocráticos que siguen vivos y latentes y presentes en gran parte de la clase política mexicana. Como bien cuestiona J. Zavala: ¿qué resulta razonable hoy pero sería aberrante mañana?.

Bibliografía consultada

Corona González, R. D. (2017), El Sistema de Salud en México: De la fragmentación hacia un Sistema de Salud Universal. Memorias 12CNMI. Colegio Nacional de Especialistas en Medicina Integrada. México.

Oficina de la Alta Comisionada, Procedimientos Especiales, Organos de Tratado y otros mecanismos de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Directrices esenciales para incorporar la perspectiva de derechos humanos en la atención a la pandemia por COVID-19. ONU. 3 de abril de 2020.

Paredes Castañón J. M. (2016). Punitivismo y Democracia: Las “necesidad sociales” y la “voluntad popular” como argumentos político-criminales. Libertas, Revista de la Fundación Internacional de Ciencias Penales. No. 2 (julio). Pág. 153-202.

Torres, N. C. (2010). Populismo punitivo en Colombia: una aproximación a la política legislativa de las recientes reformas de los delitos sexuales. Cuadernos de investigación, Escuela de Derecho – Universidad Eafit, 84. Bogotá.

Gobernadores mandan un pliego de peticiones a AMLO

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Gobernadores de ocho entidades enviaron un pliego de peticiones al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Entre la peticiones se encuentra un programa de apoyo a pequeñas y medianas empresas, un plan de largo alcance contra la crisis económica, activar un seguro de desempleo, y la suspensión de proyectos y programas federales.

Por otro lado, los Gobernadores de Nuevo León, Jalisco, Michoacán, Coahuila, Tamaulipas, Colima, Durango y Guanajuato demandaron también que la Federación analice la posibilidad de contraer deuda para impulsar la reactivación económica del país y se revise la implementación de un ingreso básico universal.

Se reitera también el planteamiento de revisar el Pacto Fiscal y el sistema de tributación.

Por su parte, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón dio lectura a un nuevo oficio que enviarán a López Obrador buscando una reunión.

“Es el momento de unirnos y coordinarnos ampliamente para enfrentar la crisis”.

“No es tiempo de separatistas”, dice Cuitláhuac García

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El gobernador de Veracruz, Cuitáhuac García Jiménez, dijo esta mañana de lunes que no es momento para la separación en grupos, ya que todos los estados tienen sus fortalezas para hacer frente a la pandemia de COVID-19.

Convoco a mis colegas a que reflexionemos por el interés federal“, asegurando que no coincide con la visión de algunos mandatarios estatales que están en contra de la estrategia federal contra la nueva cepa de coronavirus.

En días anteriores, García Jiménez había calificado la acción de los gobernadores como “golpista“, pero luego rectificó para llamarlo separatista.

Pensamos que no son momentos de hacer grupos. Al contrario, es momento de unir esfuerzos de los estados, sinceramente me parece hasta una intención como golpista, perdón pero lo veo de esa manera. Separatista sería mejor palabra“, detalló el titular del ejecutivo en Veracruz.

Todo esto sucede luego de que el viernes 5 de junio, gobernadores de ocho estados se unieron para plantear su propio plan de acción contra el nuevo coronavirus.  Los mandatarios de Coahuila, Colima, Durango, Michoacán, Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato y Jalisco anunciaron su plan contra el COVID-19, y acordaron entregar una carta para pedir una audiencia con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Con información de El Financiero

Semáforo se mantendrá en rojo en la mayoría del país; Tamaulipas pasa a naranja

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La Secretaría de Salud envió a los gobernadores su propuesta de semáforo de alerta Covid-19 para la próxima semana – entre 15 y el 21 de junio -, en la que la mayoría del territorio mexicano se encuentra en rojo, con excepción de Tamaulipas, quien pasa a naranja.

El planteamiento fue compartido por la oficina del subsecratario de Salud, Hugo López-Gatell, con los titulares del ejecutivo estatal, quienes enviarán sus observaciones al Gobierno federal, previas al anuncio del día de mañana. 

Esta es la segunda semana en la que la mayoría de los estados permanecen en rojo, lo que representa el nivel máximo de alerta sanitaria y en el que sólo se puede mantener la operación de actividades esenciales, incluidas la industria minera, de construcción y de fabricación de equipo de transporte.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, la semaforización depende de criterios como la frecuencia de los casos, tendencia hospitalaria, porcentaje de ocupación hospitalaria y detección de nuevos casos.

En el caso del estado de Tamaulipas, la evolución es al color naranja en donde se presenta un nivel alto de alerta sanitaria, por lo que se mantendrían las operaciones de actividades esenciales, una operación limitada de las no esenciales y máximo cuidado a los trabajadores en condiciones de vulnerabilidad.

Se destaca que el semáforo entró en operaciones desde el pasado primero de junio. La primera semana, todo el País permaneció en rojo, con excepción de Zacatecas. En esta semana, todas las entidades federativas se encuentran en color rojo.

Con información de El Norte

Surge brote de COVID-19 en reunión de Gobernadores.

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Después de casi dos semanas en que fue celebrada la reunión de siete Gobernadores en el municipio de Parras de la Fuente, para evaluar medidas para hacer frente al coronavirus, se dió a conocer que el día de ayer se presentaron al menos 20 contagios por COVID-19 entre el personal de medios de comunicación de Nuevo León y Coahuila que cubrieron el evento. 

Entre los contagiados, fuentes señalaron a seis periodistas de cinco medios de comunicación con base en Nuevo León.

El resto de los contagios estaría en el grupo coahuilense RCG, que maneja televisión, radio y anuncios panorámicos, la noche de ayer informó que 14 de sus trabajadores dieron positivo en pruebas de coronavirus y otros 47 tuvieron resultado negativo.

Informantes oficiales señalaron que el origen de estos brotes se deriva de que un funcionario del área de Comunicación Social coahuilense, que enfermó de coronavirus, estuvo en la Reunión Interestatal por el Covid-19 el pasado 22 de mayo.

En el encuentro estuvieron los Gobernadores de Nuevo León, Jaime Rodríguez; de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca; de Coahuila, Miguel Riquelme; de Michoacán, Silvano Aureoles; de Durango, José Rosas Aispuro; de Colima, Ignacio Peralta, y de Jalisco, Enrique Alfaro.

 

 

(Con Información de El Norte)

La aprobación de AMLO baja: su partido enfrenta un escenario adverso para 2021

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Esta columna es parte del análisis que realizamos en Reporte-19, un producto de Altius Consultores para orientar en la toma de decisiones. Consulta el reporte completo en https://bit.ly/Reporte19 

El nivel de aprobación del presidente López Obrador bajó ocho puntos en mayo, para situarse en 60 por ciento, según revela la más reciente encuesta nacional de El Financiero.

El efecto rally behind que mencionamos hace un mes en Reporte-19 como uno de los factores en el incremento de la popularidad del presidente parece haber llegado a un punto de agotamiento. 

La aprobación de AMLO ha vuelto a los niveles que tenía en marzo, cuando comenzó el confinamiento. Este nivel de aprobación es el más bajo en lo que va de su presidencia.

La disminución en la popularidad presidencial se registra en el mes con más contagios y fallecimientos por COVID-19, pero también en el que las medidas de confinamiento han detenido buena parte de la actividad económica y productiva del país.

El Economista-Mitofsky también compartieron su encuesta de mayo en la que se aprecia una aprobación del 50%.  Un aspecto relevante en el estudio es la aprobación por tipo de ocupación. Los profesores y trabajadores informales son quienes más alta tienen su valoración (66% y 67%) mientras que los empresarios y personas desempleadas son quienes más lo reprueban (58% y 62%, respectivamente).

La desagregación de aprobación por Estados muestra que donde mayor incremento hubo fue en Tamaulipas, Chiapas, Zacatecas y Durango, mientras que el decremento se hizo más latente en Campeche, Nuevo León, Baja California Sur y Durango.

La probabilidad de que la aprobación del presidente continúe a la baja es alta por factores obvios: el aumento en el costo humano y económico de la pandemia y un zoom de los factores de rechazo para el presidente se encuentra en la opinión al manejo de problemáticas específicas.

De acuerdo a la encuesta de El Financiero, el 62% de la población piensa que AMLO ha manejado “mal/muy mal” el empleo y el 57% piensa lo mismo sobre la economía.

Esto configura un escenario adverso para el mandatario y su partido, pues aunque falta un año, enfilarse hacia 2021 con una percepción mayoritaria de mal manejo en la economía y seguridad podría acarrear considerables costos electorales. Es probable que el debilitamiento de la imagen presidencial sea más agudo en los estados del norte, donde históricamente la votación por AMLO siempre fue menor que en el centro y sur.

Es relevante recordar que en la elección de 2018 Nuevo León fue el segundo estado con menos votos para AMLO, solo por detrás de Guanajuato (La única entidad en la que no ganó).

Revelan que administración de EPN desvió fondos destinados para insumos médicos

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Durante la Administración de Enrique Peña Nieto se desviaron recursos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que debieron ser utilizados para adquirir ventiladores, uniformes y medicamentos para la institución.

Entre 2014 y 2018, el IMSS contrató a 133 empresas fantasma a las que les pagó 320.9 millones de pesos por 15 ventiladores, 250 mil uniformes quirúrgicos, 80 mil 377 batas para aislamiento, 114 mil 746 colchas y sábanas para camas hospitalarias, así como cientos de equipos médicos, instrumental quirúrgico y miles de artículos como agujas, gasas y medicinas.

De acuerdo con datos proporcionados por Impunidad Cero y Justicia Justa en el estudio Facturas falsas: la epidemia en el sector Salud, de 2014 a 2018, los sectores de Salud federal y estatales desviaron 4 mil 179 millones de pesos a empresas fantasma.

El IMSS fue la segunda institución con el mayor desfalco.

En los años analizados los directores del IMSS fueron: José Antonio González Anaya (2012-2016), Mikel Arriola (2016-2017) y Tuffic Miguel Ortega (2017-2018).

Uno de los contratos se firmó en 2017 con la empresa Interacción Biomédica por 4.7 millones de pesos para supuestamente adquirir nueve ventiladores pediátrico-adulto-neonatal, después de un proceso de licitación.

Cada ventilador, se lee en el fallo de compra realizada por la delegación Tamaulipas, costó 532 mil 652 pesos y según las especificaciones, es un equipo electromecánico controlado por microprocesador y de soporte de vida para apoyo ventilatorio”.

El contrato se firmó el 28 de noviembre de 2017, cuatro meses después de que la empresa fuera señalada de forma definitiva por el SAT como fantasma y su nombre apareciera publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Un año después, se le otorgó otro contrato por 2.3 millones para surtir a la delegación del Instituto en Michoacán de gasas, jeringas, algodón, catéteres, termómetros, jabones, antisépticos, vendas y tubos para recolección de sangre.

Entre 2017 y 2018, Biomédica vendió al IMSS más ventiladores y equipo médico para el área de urgencias por 10.7 millones de pesos, entre el que había cunas de calor radiante, electromiógrafos y monitores de signos vitales.

Esta empresa también celebró contratos con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y otros organismos de salud estatales, como el del Estado de México, al que le vendió mil 474 millones de pesos.

En materia de construcción, la empresa fantasma que facturó el monto más alto fue Tradeco Urbana, filial de Grupo Tradeco, uno de los consorcios más beneficiados en el gobierno de Felipe Calderón y que estuvo a cargo de importantes obras, como la construcción del Puente Baluarte Bicentenario, el más alto de Latinoamérica.

A finales de 2013, Tradeco Infraestructura en conjunto con Tradeco Urbana, ganó un contrato por 447.6 millones de pesos para la construcción de un hospital en el municipio de Jesús María, Aguascalientes, pero ante al retraso en la obra, en octubre de 2015 el IMSS le revocó el contrato y encargó la obra a otra empresa.

En noviembre de ese año el ISSSTE, que le había otorgado a Tradeco Infraestructura y Grupo IGSA otro contrato para la construcción de un hospital, también se lo revocó y comenzó un procedimiento administrativo que culminó con una inhabilitación por 30 meses para Tradeco Infraestructura.

Ahora se sabe que entre 2014 y 2015, el IMSS le pagó 147 millones de pesos a Tradeco por los incipientes trabajos en el hospital de Aguascalientes. En octubre de 2017 el SAT determinó de forma definitiva que Tradeco Urbana había emitido comprobantes fiscales, entre ellos los del IMSS, que amparaban operaciones inexistentes.

Otra empresa fantasma que supuestamente realizó trabajos de conservación de unidades médicas rurales en Oaxaca fue Arquitectura e Ingeniería Celsus, que ganó tres contratos por 690 mil pesos, mientras que Ax Servicios y Concesiones remodeló los quirófanos del Hospital General de Zona en Ciudad del Carmen, Campeche.

Entre los insumos que es muy probable que no hayan llegado a los hospitales porque se compraron a empresas fantasma hay 12 reanimadores de asistencia ventilatoria para pacientes adultos, pediátricos y neonatales, cuatro aspiradores portátiles, sillas de ruedas, nebulizadores, camas, incubadoras, anteojos y gafas protectoras.

Entre los recursos desviados a compañías fachada hubo al menos 14.6 millones de pesos que iban para compra de equipo, en su mayoría aparatos médicos para el área de Urgencias.

Diversas empresas expidieron al IMSS 7.2 millones de pesos en facturas que terminaron siendo inválidas para adquirir instrumental médico y quirúrgico, como fórceps, espátulas, pinzas, separadores de tejido, charolas, vasos metálicos, tijeras y cánulas. También se destinaron 3.5 millones de pesos para la supuesta compra de medicamentos y material de curación, como jeringas, compresas, alcohol, gasas absorbentes, algodón, vendas elásticas, parches, antisépticos y cubrebocas.

Se desviaron 33.1 millones de pesos que serían para la compra de ropa hospitalaria, 21.7 millones de pesos para adquirir colchas y sábanas para camas, y tres millones para abastecerse de colchones y colchonetas.

Los contratos más cuantiosos de ropa para el personal médico se los llevó Hinfra.

En 2017, el IMSS le pagó 24.7 millones de pesos por uniformes quirúrgicos en tallas mediana, grande y extra grande, así como 11.7 millones para batas de aislamiento. Un año antes, en 2016, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) había advertido que la empresa simuló operaciones con beneficiarios de subsidios. Además, Hinfra está involucrada en un presunto desvío de 12 millones de pesos en Chihuahua, donde también se investiga al ex Gobernador César Duarte Jáquez.

La Fiscalía General del Estado reveló que Jesús Manuel Esparza Flores, ex auditor del estado y acusado de peculado, otorgó un contrato a la compañía para simular servicios de asesoría que nunca se llevaron a cabo,

Hinfra, constituida en Puebla en 2013, es la segunda empresa fantasma que más facturó al IMSS.

De acuerdo con los datos recabados por Impunidad Cero, vendió al Instituto insumos por más de 60 millones de pesos.

El Instituto también desvió al menos 44.6 millones de pesos que serían destinados a diversos trabajos de mantenimiento a sus instalaciones hospitalarias y de conservación a su infraestructura, a diversas empresas que sólo existían en el papel.

En 2014 desembolsó 5.6 millones de pesos supuestamente para que la Comercializadora Radchen le prestara diversos servicios de mantenimiento. Uno de ellos era para la limpieza de ductos de aires acondicionados en la delegación del IMSS en Tamaulipas.

La delegación del IMSS en Nuevo León le otorgó a Grupo Global de Negocios un contrato por 2.3 millones de pesos en 2016 para que le diera mantenimiento a unos montacargas. Otro rubro al que se destinaron 8.5 millones de pesos fue al de compras de artículos terapéuticos y playeras deportivas.

Cabe mencionar que, de acuerdo con un comunicado difundido por la Secretaría de la Función Pública, desde el 01 de mayo pasado inició una investigación en torno a la adquisición de ventiladores por parte del IMSS, desde su delegación en Hidalgo.

La dependencia agregó que durante el pasado fin de semana se requirió información al IMSS y se giró un oficio al director de la Institución, Zoé Robledo, para contar con mayores elementos para resolver el caso con celeridad.

Cárteles usan a niños-sicarios en Nuevo Laredo

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Un ataque de sicarios a elementos militares el pasado miércoles 29 de abril, dejó siete pistoleros abatidos y exhibió el uso de adolescentes, casi niños, por parte del crimen organizado.

De acuerdo a fuentes del Ejército y del Gobierno de Tamaulipas, dieron a conocer ayer el ataque del grupo de sicarios llamado “Tropa del Infierno” del Cártel del Noreste (CDN), una organización creada por ex zetas.

El enfrentamiento se registró a las 17:30 horas del miércoles en la Colonia Manuel Cavazos Lerma, un sector popular en las orillas de la zona urbana.

Los sicarios quisieron emboscar a los militares presuntamente en la cercana Colonia Francisco Villa, donde habría iniciado la persecución que terminó con siete sicarios abatidos.

Imágenes que se filtraron del enfrentamiento, demuestran que al menos cuatro de los siete abatidos eran casi niños que cargaban rifles de alto poder.

Los cuerpos quedaron en una camioneta negra de cuatro puertas: tres sicarios en la caja de la unidad y cuatro en la cabina.

Cabe mencionar que la “Tropa del Infierno se ha convertido en el gripo de choque del CDN en Nuevo Laredo y zonas cercanas.

Maquiladoras en 5 estados fronterizos alistan reapertura para el 3 de mayo

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Pese a que el gobierno federal mexicano no ha emitido una declaratoria de industria esencial ante la contingencia sanitaria por coronavirus, maquiladoras de cinco estados fronterizos advirtieron que reiniciarán operaciones el 3 de mayo para proveer suministros a Estados Unidos.

De acuerdo con Milenio, líderes empresariales de Sonora, Baja California, Tamaulipas, Nuevo León y Chihuahua presionan a los gobiernos estatales para el reinicio de actividades en la primera semana de mayo. Por lo que se espera logren su cometido.

De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), esta es la región de mayor poderío económico e industrial del país, con 3 mil 719 empresas (58.6% del total nacional), que concentran 59.1% del empleo manufacturero (1.78 millones de plazas) hasta diciembre pasado.

Por su parte, las contrapartes institucionales en Estados Unidos también ejercen presión, ya que el pasado miércoles, por segunda vez, la Asociación Nacional de Manufactureros estadounidenses, envió al presidente una carta firmada por 327 directores ejecutivos para la reactivación de las empresas.

Con información de PolíticoMX