PAN

Exigir en vez de aplaudir

by Javier Scheiman Flores
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En lo personal, creo que los problemas de nuestra sociedad, vienen en parte de cómo visualizamos a nuestros gobiernos.  No sólo en México, sino en el mundo entero. Es un error grandísimo venerar políticos, o tratarlos como figuras superiores. Esto hace que se terminen creyendo que lo son, se desentiendan de la realidad de la gente y, por consecuencia, fallen. Un gobernante o representante no es más que un ciudadano representando las causas y necesidades de su gente. Pero cuando se les trata como superhéroes o profetas, los problemas vienen.

Hace tiempo leí una frase dicha por Victor Trujillo, “Brozo”, que creo que resume perfectamente el deber de los ciudadanos: “Al poder se le revisa, no se le aplaude.”

Tenemos que mantenernos siempre críticos con el actuar de estos individuos, sin importar que hayamos votado por ellos o no.

Intentaré explicarme. Un político es elegido para un cargo público, en el que debe de actuar en busca de mejorar las condiciones de los ciudadanos que representa o gobierna, haciendo uso de dinero que no es suyo. Y, al menos en México, son cargos temporales. Al ser así, deben estar sujetos a constante revisión y crítica (constructiva) de la ciudadanía. Lo que muchos políticos en el México moderno no entienden. Toman como insulto el hecho de que alguien levante la voz en su contra. Se burlan de sus opositores. O, en el peor de los casos, pierden la noción de que gobiernan para todos, y no sólo para sus votantes.

Aplaudirle a un político por realizar acciones positivas es como aplaudirle a un pez por nadar. Aunque si hay que reconocer cuando las cosas se hacen bien, no debe ser motivo de veneración. Al final de cuentas, para eso se les eligió. Tienen el poder en sus manos y si están ahí es porque los ciudadanos confían en que harán siempre lo mejor posible.

En México, la política actualmente está sumamente polarizada. Los que aplauden de tiempo completo y los que juzgan de tiempo completo. Los primeros carecen de visión critica para entender que muchas veces los gobiernos, sin importar de que partido o ideología sean, se equivocan. Y los segundos, los que únicamente juzgan, fallan en reconocer cuando el gobierno acierta en sus decisiones. Si bien no se les debe de aplaudir, sí es válido reconocer el buen trabajo.

Todos los ciudadanos tenemos el deber de exigirle a nuestros representantes. Por ahí empieza la política. Se debe de revisar todo lo que hacen, y con cada periodo de elecciones, buscar mejorar. Aunque el representante en turno sea de tu partido de preferencia, es necesario exigirle, para que realice su trabajo como debe de ser. Los políticos que incumplen sus labores son un cáncer para la sociedad, pero he de reconocer que poco a poco hemos entendido eso y hemos mejorado.

Otro error que encuentro en la clase política mexicana es la constante tendencia de criticar lo hecho por gobernantes anteriores, sin solucionar esos mismos problemas, y esto va para todos los partidos políticos.

 Si un político se postula para un puesto público, es porque se cree lo suficientemente capaz de solucionar los problemas que aquejan a la gente. Cuando usan su tiempo, ya en el cargo, para criticar o juzgar a los anteriores, sólo demuestran su incapacidad para solucionar esos mismos problemas. Entiendo que la mayoría de estos no se arreglan de la noche a la mañana, pero el tiempo en el cargo debería de ser aprovechado de mejor manera.

 ¿De qué le sirve al PAN quejarse de los estragos que dejó el PRI, si el PAN ya gobierna y no hace nada por solucionarlo? O, ¿De qué le sirve a Morena quejarse de la mala gestión del PRD, si tampoco buscan mejorar el entorno? Es un ciclo constante y muy dañino para los mexicanos. 

En conclusión, este problema es de dos partes. Por un lado, nuestros políticos, que casi en su totalidad (y repito, de todos los partidos) no buscan lo mejor para sus ciudadanos, aún con todos los recursos a su alcance, y por otro lado los ciudadanos, que han dejado de exigir para simplemente aplaudir o dejar de interesarse en lo que sucede en nuestro país.

La política comienza en las calles, en las conversaciones comunes, en los individuos. A partir de ahí, día a día, debemos construir el futuro que queremos ver.

“Haced política, porque si no la hacéis, alguien la hará por vosotros y probablemente contra vosotros”.
Antonio Machado.

El papel de la oposición

by Alejandro Villanueva Camargo
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En México durante muchas décadas estuvimos varados en un sistema unipartidista que funcionaba, se entendía y evolucionaba por sí solo. Con el paso de los años esto fue generando la necesidad de garantizar cierta representación a algunos partidos de oposición como una especie de válvula de escape. Se crearon los diputados plurinominales,  el sistema de regidores de representación proporcional, (mismo que no se explica que se otorgue la totalidad de la planilla a quien gana la elección sin importar el porcentaje que obtuvo, y al resto de planillas un numero de regidores significativos solo para tener “representación” en un cuerpo colegiado donde predomina la simulación, pues es evidente que la planilla electa tiene mayoría absoluta en el Ayuntamiento), con la finalidad de que la oposición acceda a ciertos cargos de elección popular. Por otro lado, como un intento de disminuir la creciente aceptación de los partidos de oposición, se llegó a especular que se impulsaba la creación de algunos partidos políticos desde el poder para dividir a la oposición.

Con el pasar de los años el deterioro y hartazgo del sistema unipartidista fue creciendo y se concretó con la elección del año 2000 donde históricamente Vicente Fox habría vencido al PRI, esto daría paso a la primera alternancia democrática en México. Tras haber perdido la elección presidencial el PRI no encontró su lugar en la alternancia y lejos de convertirse en una oposición propositiva para el país, se dedicó a emprender luchar interna para lograr el control del partido. El PRI no supo ser oposición desde entonces por sobreponer sus intereses a los del país.

En el año 2012 se concretó la segunda alternancia de la historia democrática del país, donde el PAN pierde la presidencia en un tercer lugar y el PRI vuelve al poder. Con este cambio político el PAN no asumió un rol de oposición responsable y se dedicó a ser cómplice o crítico del gobierno según su conveniencia.

Con la primera y segunda alternancia democrática en el país, donde ni el PRI ni el PAN lograron consolidarse como una fuerza política seria de oposición al servició del país, avanzó por vía libre una oposición crítica, organizada y propositiva hasta cierto punto que sí le hablaba a un gran sector de la población y que fue encabezada por la izquierda, la cual, tras la corrupción, impunidad e incompetencia de los gobernantes, logró el triunfo electoral en el 2018, lo que dio paso a la tercera transición democrática en el país. Por fin, quien llevaba décadas siendo la mejor oposición política en México, había llegado al poder. 

Tras años de una “lucha democrática” hoy vemos a un presidente al que no le gusta la oposición política, empresarial, de medios de comunicación, ni de ningún tipo y la única verdad es la de él y a veces la de su gobierno, y por si fuera poco, en México tenemos una oposición desfigurada que no termina de articularse ni definirse como tal. En un sistema democrático es fundamental que se cuestione las acciones del gobierno, en España por ejemplo, quien logra posicionarse como la segunda fuerza electoral se consolida como el Líder de Oposición y se llevan a cabo sesiones de control al gobierno paródicamente en el congreso para realizar cuestionamientos y una valoración al desempeño del gobierno. A un sistema democrático le hace mucho bien el diálogo abierto, la trasparencia y los distintos puntos de vista de todos los sectores porque eso genera la pluralidad.  

La democracia mexicana nació y se ha desarrollado bajo la idea de un sistema unipartidista, y esas son las bases del sistema político que nos rigen todavía hoy en día donde predomina un partido y se otorgan algunos espacios a la oposición sin saber que hacer con ellos, sin embargo, nuestro país ha cambiado y es necesario replantear un sistema democrático que garantice todas las expresiones políticas y donde se le dé utilidad a una oposición que sirva para construir un mejor país.  

Alejandro Villanueva Camargo

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Revocación de mandato del Presidente de la República

by Samuel Ramírez Mejía
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“¿Está de acuerdo en la revocación del cargo de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos que actualmente desempeña el ciudadano Andrés Manuel López Obrador?” Esta podría ser la pregunta que se nos formule en marzo del 2022 cuando por primera ocasión se ponga en funcionamiento, si acaso, la revocación de mandato del Ejecutivo Federal según el decreto de reforma constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre del año pasado. Esta colaboración tiene por objeto presentar un breve panorama acerca de la revocación de mandato desde sus contornos normativos, teóricos y de viabilidad.

La definición de la revocación de mandato establecida en la reforma constitucional se encuentra en el artículo tercero transitorio, en el que se indica que para los efectos  de la revocación de mandato se entiende como “el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo a partir de la pérdida de la confianza”. Queda claro que la finalidad de la reforma fue establecer la revocación de mandato sin que se requiera un análisis sobre el cumplimiento o no de los programas de gobierno, ya que se refiere a la “pérdida de la confianza”. El diseño toma como sustento teórico que la revocación de mandato se refiere a un derecho político basado en la soberanía popular, más que en ser un mecanismo de rendición de cuentas entre períodos electorales (Yelp 2014: 253).

La revocación de mandato se encuentra en el artículo 35 constitucional junto a los derechos políticos de votar en las elecciones, de poder ser votada para todos los cargos de elección popular, de asociación libre e individual y de iniciativa popular de leyes. En este sentido, la Constitución de nuestro país se incorpora a otras constituciones latinoamericanas: Artículo 40.4 (Colombia), 2.17 (Perú), 70 (Venezuela), 61.6 (Ecuador) y 11.II.1 (Bolivia).

La revocación de mandato es una manifestación de lo que se denomina como democracia directa. En general, la revocatoria de mandato incluye dos etapas en las que se expresa la participación política de la ciudadanía: Primero, lo que se denomina como la activación, esto es, la solicitud del procedimiento revocatorio que se moviliza con cierto número de firmas de apoyo de las y los ciudadanos electores; y, en segundo término, la consulta al electorado sobre la revocación del mandato de la persona electa hacia la que se dirige el proceso revocatorio (Kornblith 2017: 984).

Por lo que hace a la activación de la revocación del mandato de Presidente de la República, en el artículo 35, fracción IX de la CPEUM se indica que se requiere un 3 por ciento de firmas de personas inscritas en la lista nominal de electores y que, además, las firmas de apoyo estén distribuidas en al menos 17 entidades federativas. En ese sentido, para activar la revocación del mandato de AMLO se requieren aproximadamente 2 millones 700 mil firmas de apoyo, considerando que la lista nominal de electores en el país asciende a 90 millones de electores (https://www.ine.mx/credencial/estadisticas-lista-nominal-padron-electoral/).

¿Se podría alcanzar ese número de firmas entre noviembre y diciembre del 2021 para activar el proceso de revocación de mandato de AMLO? Muy seguramente sí.

Primero, considerando que respecto de la activación de las revocaciones “(…) no es la ciudadanía, sino organizaciones políticas, partidos o líderes políticos los principales promotores”. (Yelp 2014: 260). Tómese en cuenta que, de acuerdo con los resultados de las elecciones presidenciales de 2018, partidos como el PAN y el PRI, por sí solos, podrían movilizar a los 2 millones 700 mil electores que se requieren para iniciar el proceso de revocación de mandato; en efecto, el PAN obtuvo 9 millones 800 mil votos, y el PRI, 7 millones 500 mil sufragios. (https://siceen.ine.mx:3000/#/tablas-resultados). Por ende, individualmente, asociándose entre sí, o incluso atrayendo a la coalición revocatoria a partidos como el PVEM (925 mil votos) o MC (865 mil sufragios), podrían promover la participación de la ciudadanía y recopilar las firmas de apoyo necesarias para la solicitud de revocación de mandato de AMLO. También cuentan con la dispersión en los estados. Sólo por dar un ejemplo, el PAN obtuvo el primer lugar de votos presidenciales en cinco estados del país (Aguascalientes, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, Tamaulipas y  Yucatán) y obtuvo el segundo lugar en 10 entidades más; si a ello sumamos 13 estados en donde el PRI fue segundo lugar y aquellos en los que MC (Jalisco) y PVEM (Chiapas) también fueron segundo lugar (https://siceen.ine.mx:3000/#/primeros-tres-lugares), sin duda los partidos políticos de oposición pueden movilizar a sus simpatizantes y obtener las firmas de apoyo necesarias y su dispersión en el país.

En segundo lugar, porque el porcentaje para activar la revocación en México es relativamente bajo, si se compara con el de otros países latinoamericanos que contemplan la revocatoria de mandato para autoridades nacionales. En efecto, en Venezuela se requiere al menos el 20 por ciento del electorado (art. 72 de su Constitución); en el Ecuador, el 15 por ciento (art. 105 de su Constitución); y en Bolivia, el 25 por ciento (art. 26 de su Ley de Régimen Electoral). Es decir, la movilización de 3 por ciento del electorado no parecería de mayor dificultad para los partidos de oposición.

Por otra parte, con relación a la etapa propiamente de la consulta al electorado y el porcentaje que se requiere para la revocación del mandato del Presidente de la República, la reforma constitucional fijó dos requisitos: i) que en la consulta participe al menos el 40 por ciento del electorado; en este rubro se necesitaría una participación de aproximadamente 36 millones de personas electoras; y ii) que por el “sí” se exprese una mayoría absoluta de votos, es decir, la mitad más uno de al menos esos 36 millones potenciales de votos que se requieren para que el proceso de revocación sea válido; en otras palabras, si en la revocatoria de AMLO en marzo del 2022 participara el mismo número de personas que salieron a votar en julio de 2018, 56 millones, serían necesarios más de 28 millones de votos a favor de la revocación de su cargo.

Desde luego que estas cifras son solamente hipotéticas, y se debe subrayar que los resultados electorales de 2018 no pueden trasladarse a un evento futuro de revocación de mandato en 2022, sin embargo, se utilizan solamente como un referente para argumentar la polarización que eventualmente significaría el proceso de revocación del mandato de AMLO. En este sentido, considerando los votos obtenidos por todas las candidaturas de partidos e independientes contrarios a López Obrador en ese año, estamos hablando de, hipotéticamente, 24 millones por el “sí” frente a cerca de 30 millones de votos por el “no” (según los votos obtenidos en 2018 por MORENA y sus aliados PES y PT).

Este ejercicio hipotético refuerza la idea de que los procesos de revocación de mandato, si bien son el ejercicio de derechos políticos de la ciudadanía, también implican una gran polarización que, por un lado, fomenta la confrontación y, por el otro, significa una anomalía en el desempeño de cargos electivos con mandato fijo. (International IDEA 2008: 114). Afortunadamente, la reforma constitucional no creó el incentivo de la promoción indiscriminada de revocatorias, dado que, de obtenerse una mayoría absoluta por el “sí”, esto no implicará la convocatoria a elecciones para designar al reemplazo del Ejecutivo revocado. De ganar el “sí” en una revocación de mandato, la respuesta constitucional es que, inmediatamente, asuma el cargo provisionalmente quien ostente la presidencia del Congreso, en tanto la Soberanía Legislativa nombra en treinta días a la persona que concluya el período constitucional.

No sabemos si seremos convocados por el INE para que en marzo del 2022 participemos en el proceso de revocación de mandato del Presidente López Obrador. Y de ser convocados, tampoco sabemos si ganaría el “sí” o el “no”. Lo único que podemos estar de acuerdo, por ahora, es que, sorprendentemente, el Presidente promotor de la reforma constitucional jamás tuvo en mente un escenario tan adverso como el que actualmente vivimos, y tampoco imaginó que la movilización para el proceso de revocación de mandato ya no dependa de él y su partido, sino de lo que queda de los partidos de oposición en México.

Referencias bibliográficas.

INTERNATIONAL IDEA. (2008). Directo Democracy. The International IDEA Handbook. Estocolmo: International IDEA.

KORNBLITH, Miriam. (2017). “Revocatoria de mandato”. En Diccionario Electoral. Costa Rica: IIDH, TEPJF, Serie Elecciones y Democracia, t. II, 984-94.

SEGOB. (2019). DECRETO por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Consulta Popular y Revocación de Mandato. DOF viernes 20 de diciembre.

YELP, Yanina. (2014). “De venenos y fármacos. La regulación y prácticas de la revocatoria del mandato en Suiza y las Américas”. En YELP, Yanina y SERDÜLT, Uwe, La dosis hace el veneno. Análisi de la revocatoria del mandato en América Latina, Estados Unidos y Suiza. Quito: Consejo Nacional Electoral, Instituto de la Democracia, 247-66.

Alerta, el coronavirus generará millones de pobres en México

by Gybram Vásquez Hernández
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Esta columna es parte del análisis que realizamos en Reporte-19, un producto de Altius Consultores para orientar en la toma de decisiones. Para consultar el reporte completo entra a https://bit.ly/Reporte19

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) presentó el estudio “La política social en el contexto de la pandemia por el virus COVID-19 en México”.

Anticipa aumentos en la pobreza por ingresos, la pobreza laboral y el riesgo de que grupos de ingreso medio enfrenten condiciones de pobreza, al no haber políticas dirigidas a ese segmento.

El instituto señala que la pobreza podría incrementarse en un aproximado de 7.9% (entre 8.9 y 9.8 millones de personas). Por su parte, el número total de personas en situación de pobreza extrema aumentaría entre 4.9% y 8.5% (6.1 y 10.7 millones de personas).

Esto no son cifras menores, estamos hablando que aproximadamente el 15% de la población total del país pasará a una situación de pobreza o de pobreza extrema. Es decir, habría un incremento de casi un 50% en el número total de personas en pobreza (considerando que en 2018 el porcentaje de pobres era del 42%).

Para tratar de evitar esta que es a todas luces una tragedia social, el Coneval propone un aumento en el gasto social de hasta 1,2% del PIB (137,288 millones de pesos) para ampliar y fortalecer las medidas emergentes desplegadas a partir de los programas prioritarios, mejorar su capacidad operativa y asegurar una focalización adecuada.

El organismo concluye poniendo el dedo en la llaga y es que señala la falta de medidas por parte del gobierno federal para quienes han perdido su fuente de ingreso y para los sectores urbanos más expuestos.

Llama la atención la falta de flexibilidad que ha demostrado el Presidente López Obrador, pues en lugar de diseñar medidas emergentes focalizadas a la población y zonas que más sufrirán los efectos económicos, parece instalado en el mismo discurso y programas que tenía antes de la pandemia.

La afectación a la población de ingreso medio podría ser particularmente aguda, pues al no existir programas o redes de apoyo focalizadas a este segmento, el riesgo de caer en pobreza aumenta.

A mayor vulnerabilidad, mayor afectación. De ahí que cobre relevancia la discusión del Ingreso Único Vital que se está promoviendo en la Cámara de Diputados para otorgar transferencias por tres meses a las familias más vulnerables.

Este ingreso está siendo apoyado por la oposición a Morena (PAN, MC), pero está sumando cada vez más legisladores y organizaciones de peso como el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, Nosotrxs y Oxfam México.

Siendo el de Morena un gobierno que ha puesto el énfasis en poner primero a los pobres y a las transferencias directas a grupos vulnerables, en principio sería extraño que hubiera una negativa a una medida de esta naturaleza, pero el factor político podría terminar pesando más.

Ven atentado contra derechos si INEGI mide riqueza.

by Jesús Bernal Espinoza
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Diputados de Oposición se pronunciaron en contra de que el INEGI pueda medir la concentración de la riqueza, advirtieron que ello vulnera derechos constitucionales y la naturaleza del instituto.

A través de su cuenta de Twitter, la diputada Tatiana Clauthier se manifestó en contra de darle facultades al instituto para acceder sin restricción a la información inmobiliaria y financiera de las personas.

La legisladora indicó tal facultad podría atentar contra las libertades, así como violentar disposiciones en materia de datos personales.

“El bienestar y uso final de recurso público son fundamentales. Más no se deben dar + facultades a Inegi. Y – si se violenta el uso de datos personales y se atenta vs libertades al acceder “sin restricción” a cuentas y otros. Urge platicar y no en un comunicado”, señaló.

El grupo parlamentario del PRD advirtió que detrás de la propuesta se esconde la intención de construir un Estado policía y persecutorio, además de que vulnera derechos establecidos en la Constitución y en tratados internacionales de los que México forma parte.

“Plantear una propuesta de esta naturaleza no solamente esconde la intención de construir un Estado policía y persecutor en contra del ciudadano, sino que, además, desvirtúa la naturaleza del propio Inegi“, indicó.

El PRD señaló que lo propuesto por la dirección de Morena ya lo realizan instancias como el Servicio de Administración Tributaria, la Secretaría de la Función Pública y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

La fracción parlamentaria celebró que Morena hable de la necesidad de un Acuerdo Nacional, pero adelantó que no avalará una propuesta que vulnere los derechos humanos y la autonomía de las instituciones.

Por su parte, el grupo parlamentario del PRI indicó que el INEGI no debe convertirse en una instancia fiscalizadora.

El partido calificó la propuesta como arbitraria, inconstitucional e inconvencional.

“Es inadmisible que el Gobierno federal y su partido continúen utilizando la emergencia sanitaria como pretexto para eliminar derechos constitucionales reconocidos y que históricamente han constituido un límite a la arbitrariedad y el abuso de poder”, afirmó.

Advirtió que la propiedad privada, la seguridad jurídica y la inviolabilidad del domicilio constituyen derechos fundamentales que se encuentran garantizados constitucionalmente, así como en diversos instrumentos internacionales suscritos por el Estado mexicano.

“Lisa y llanamente, la propuesta de Morena representa un atentado contra los derechos a la propiedad privada, a la seguridad jurídica y a la inviolabilidad del domicilio”, aseveró.

En su turno, el grupo parlamentario del PAN advirtió que el INEGI debe ser utilizado para informar, no para espiar.

Las y los diputados de Acción Nacional rechazaron lo que calificaron como terrorismo fiscal.

“Queremos un Inegi para informar, no para espiar. Las y los diputados de @AccionNacional y todos los sectores de la sociedad queremos transparencia y rendición de cuentas. ¡Rechazo total al terrorismo fiscal e informativo que pretende Morena!”, escribió.

 

 

(Con Información de El Norte)

Propone Luis Susarrey aumentar apoyos para MiPyMES

by Redacción
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El diputado local del Distrito 18, Luis Susarrey, presentó una propuesta para aumentar los apoyos a micro, pequeñas y medias empresas (mipymes) para afrontar la emergencia sanitaria del COVID-19.

En conferencia de prensa virtual, Susarrey detalló que la propuesta es una iniciativa de reforma a la Ley de Fomento Económico, además indicó que de acuerdo a datos del INEGI, las mipymes generan ocho de cada 10 empleos en Nuevo León, además de que suman cinco de cada 10 pesos en el Producto Interno Bruto (PIB).

“Es una iniciativa para establecer un presupuesto mínimo del 1 por ciento de gasto estatal a las Mipymes, a incubadoras y a aceleradores de negocios”, indicó el diputado local panista.

La iniciativa busca rescatar entre 13 y 17 mil micro, pequeñas y medianas empresas con apoyo de 50 mil pesos.

Por su parte el dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Mauro Guerra, señaló que se tiene que crear este tipo de iniciativas ante la falta de apoyo del Gobierno de Nuevo León y las decisiones del presidente Andrés Manuel López Obrador de apoyar proyectos que consideraron innecesarios, como lo es la refinería de Dos Bocas, en Tabasco.

En la conferencia de prensa virtual también estuvo presente el expresidente de la Coparmex, José Luis Coindreau.

 

Pesos y contrapesos: La Suprema Corte y el caso Bonilla

by Rene Ramírez
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En 1803 en Estados Unidos, la Corte Suprema resolvió una de las sentencias más paradigmáticas en la historia jurídica de dicho país y del mundo entero, abriendo las puertas del constitucionalismo moderno: Marbury vs Madison. El caso envuelve la sucesión presidencial de John Adams y Thomas Jefferson, la pugna sobre la designación de William Marbury y Madison al cargo de Juez de Paz y el Secretario de Estado John Marshall. En esta sentencia, se estableció la facultad de revisar la constitucionalidad de las leyes emitidas por el Congreso y los actos del Poder Ejecutivo, denominada Judicial Review, ello, para que la Corte como autoridad máxima del Poder Judicial ejerza su autoridad. 

Esta sentencia es relevante, no sólo en el aspecto jurídico sino también en sus consecuencias políticas. Algo fundamental de este asunto, es la afirmación de la naturaleza del Poder Judicial como parte de los órganos del Estado. Con Marbury vs Madison, la Corte determinó que es la autoridad facultada para decir el significado de la Constitución y creó el modelo de Control Constitucional que implica una especie de poder-deber de declarar la nulidad por inconstitucionalidad de todo aquello que contravenga la norma máxima, y  también, que el papel fundamental del Poder Judicial es ser un contrapeso de los otros poderes para proteger los derechos de todos. A pesar de los avances sociales y tecnológicos, esta sentencia continúa vigente en nuestros tiempos. 

Esto viene a colación, ya que el día lunes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá la Acción de Inconstitucionalidad 112/2019 y sus acumuladas, la cual tiene que ver con reforma de ampliación de mandato del Gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y los partidos políticos del PAN, Movimiento Ciudadano, PRD y el PRI. Este asunto, sin duda, pondrá a prueba nuestro máximo tribunal y revelará las debilidades de las configuración actual de la Corte. Fernando Franco González Salas Ministro a cargo del proyecto de sentencia, propone declarar la invalidez por inconstitucional de la reforma al artículo 8vo transitorio de la Constitución Política de Baja California que amplía el mandato del Gobernador Bonilla de 2 a 5 años. 

El primer antecedente de este caso se dio cuando el Tribunal Electoral de Baja California ordenó la inaplicación de dicha reforma, no obstante, la sentencia fue revocada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la resolución SUP_JRC22/2019. Al ser cosa juzgada en el ámbito judicial-electoral, el debate pasó al poder legislativo, presentándose el mencionado proyecto de reforma a la Constitución local. El argumento por el cual fue propuesta la iniciativa, consistió en disminuir los elevados costos que tiene el organizar y llevar a cabo un proceso electoral; de tal manera, que al ampliar el mandato del gobernador a 5 años, generaría una economía al ahorrar dicho gasto que tendría que efectuarse al término del periodo de 2 años para elegir al nuevo ejecutivo estatal, lo que generó que la CNDH y diversos partidos políticos impugnaran esta reforma ante nuestra máxima autoridad jurídica en el país.

Este tema ya se ha discutido en la SCJN, y en los precedentes se ha establecido que “para el caso de que los Estados decidan extender o acortar los mandatos de los gobernadores locales, deben hacerlo como una previsión a futuro, a fin de que el electorado esté plenamente informado y tenga conocimiento cierto del periodo que va a desempeñar el funcionario que elija de modo que se respete su voluntad”(Acción de Inconstitucionalidad 13/2015). Asimismo, si bien las legislaturas locales poseen la facultad de reformar las leyes electorales locales, éstas deberán promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones, tal y como lo determinó nuestro tribunal constitucional en la Acción de Inconstitucionalidad 55/2006. Y, por si no fuese suficiente, la SCJN estableció en la jurisprudencia 82/2007 derivada de la Acción de Inconstitucionalidad 47/2006, que la ampliación de mandato es inconstitucional cuando los funcionarios de elección popular se encuentren en ese momento en curso y tengan la intención de ejercer más allá del periodo para el cual han sido electos.

Lamentablemente, existen ciertos argumentos que podrían dificultar los 8 votos necesarios para obtener una sentencia que invalide esta reforma, como bien escribe Martín Vivanco Lira en Nexos “la constitución federal no contiene una norma que, expresamente, prohíba la extensión de mandato. El artículo 116 constitucional sólo señala que el periodo de un gobernador no podrá exceder los 6 años. Y nada más” también entra al debate la legitimidad de democrática de los legisladores que realizaron dicha reforma. 

Levitsky y Ziblatt en su obra How democracies die mencionan que las instituciones por sí solas no bastan para defender el orden constitucional, y que debe hacerse mediante normas democráticas que se ven reflejadas en el equilibrio de poderes y mecanismos de control del sistema de Madison, al igual, que la voluntad para accionar dichas normas e instituciones construidas para ello. Esta sentencia se convertirá en un precedente importante para evaluar la fortaleza de los balances, instituciones y los controles del poder, así como la independencia judicial y la capacidad de nuestros ministros de actuar como lo que son: defensores de la constitución y operadores de la justicia. 

Ratifica TEPJF que hubo promoción personalizada de AMLO en cartas de apoyo del IMSS

by Redacción
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El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que hubo una promoción personalizada del Presidente Andrés Manuel López Obrador en las cartas de entrega de apoyos a microempresas familiares que hizo el IMSS, tal y como resolvió el INE la semana pasada.

La denuncia fue interpuesta por el PAN, PRI y PRD ante el INE, el cual ordenó la suspensión de las dos versiones de carta presentadas por el IMSS pues tenían la firma del Mandatario y hacían alusión a que era él quien estaba detrás del apoyo.

En su lugar ordenó la Comisión, las cartas y documentos de este programa deben ser sustituidos por “comunicaciones que se ajusten al marco constitucional”.

El asunto llegó al Tribunal Electoral, luego de que el IMSS acusara que el INE hizo una “indebida valoración de pruebas” y que se extralimitó en sus funciones para conocer e imponer las medidas cautelares.

En la sesión virtual que realizaron este miércoles los ministros de la Sala Superior del TEPJF, se confirmaron las medidas cautelares impuestas al IMSS, por lo que este deberá suspender la difusión de los documentos con “promoción personalizada” entregados a los beneficiarios.

“Luego de hacer un análisis exhaustivo del caso, las y los magistrados de la Sala Superior desestimaron los señalamientos del IMSS y ratificaron la decisión de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE al emitir las medidas cautelares”, concluyó el Tribunal.

(Fuente: El Mañanero Diario)

Advierte INE promoción indebida en cartas de entrega de créditos del Gobierno de México

by Redacción
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El Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador promovió indebidamente su imagen en medio de la emergencia sanitaria por COVID-19, a través de la difusión de una carta con su nombre y firma dirigida a los beneficiarios de los créditos a la palabra que está otorgando el Gobierno federal para hacer frente a la pandemia.

Por mayoría de votos, la Comisión de Quejas y Denuncias del organismo electoral instruyó al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a detener la entrega de las misivas.

Lo anterior, en respuesta a las medidas cautelares solicitadas por el PAN, el PRI y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), quienes argumentaron que para ese fin se estaban utilizando indebidamente recursos públicos y se estaba haciendo promoción personalizada del Presidente contraviniendo el artículo 134 constitucional.

“El INE dictó medida cautelar para que el IMSS detenga la entrega y difusión de cartas firmadas por el Presidente de la República a beneficiarios de créditos por COVID-19. Ello porque se viola el art. 134 constitucional que prohíbe promoción personalizada de servidores públicos”, informó el organismo electoral en sus redes sociales.

No obstante, sostiene que la determinación no implica de ninguna manera la suspensión o cancelación del citado programa o plan de apoyo financiero, sino únicamente la modificación de la manera en que se comunica y da a conocer a la ciudadanía dicha medida gubernamental.

“Asimismo”, refiere el INE, “se vinculó a la Presidencia de la República y a la Secretaría de Economía para que, en el ámbito de sus atribuciones, coadyuven en el cumplimiento de las medidas cautelares”.

Corral se une a gobernadores que quieren renegociar el Pacto Fiscal

by Arnulfo E. Zaldivar Ruenes
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El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, convocó a sus homólogos de Nuevo León (Independiente), Coahuila (PRI), Tamaulipas (PAN) y Jalisco (MC) a trabajar políticamente para cambiar la coordinación fiscal en el 2021 a partir de una nueva correlación de fuerzas en la Cámara de Diputados.

En entrevista, el gobernador panista dijo que ante la crisis sanitaria, se ha dejado al descubierto la inequidad de la fórmula de distribución de recursos federales, como lo han denunciado los cuatro Gobernadores; no obstante, advirtió que no es momento de buscar un cambio sino de atender la crisis sanitaria y económica.

Corral comentó que: “Les propondría que nos organicemos para impulsar un reacomodo de fuerzas en la Cámara de Diputados que nos permita contar con una mayoría distinta, que no esté al servicio del Presidente, sino de la Nación, y que con esa nueva mayoría busquemos la reforma fiscal necesaria“.

Durante este mes de abril, este grupo de Gobernadores ha planteado públicamente la inequidad de la fórmula de distribución fiscal, dado que los mayores productores de riqueza no reciben una compensación equivalente.

Con información de Reforma