El uso y destino de los recursos en sociedades democráticas o que por lo menos aspiran a serlo, supone debates, donde se ponderan proyectos o propuestas cuyo objetivo es beneficiar a distintos grupos y sectores sociales; los recursos públicos a través de las políticas que generan los gobiernos habrían de traducirse en una mejora en la vida concreta de las personas, las familias y las comunidades. Sin recursos son bajas las probabilidades de arrancar programas o darles continuidad, menos aún de diseñar e implementar políticas públicas, salvo situaciones excepcionales, señalar lo contrario es demagogia y engaño para los ciudadanos.
Como bien explica John Rawls en su libro Liberalismo Político, el debate en las sociedades contemporáneas es qué derechos se otorgan cuando todos los derechos son igualmente importantes. Trasladando ese argumento al reparto de recursos se vuelve complejo cuando todos los programas son importantes, podría preguntarse ¿a qué se le destina más dinero a educación, a salud, a seguridad? No es sencillo responder, más aún cuando aparecen lo urgente y lo inmediato.
En el caso del próximo ejercicio fiscal, si bien los estados tienen demandas legítimas respecto de lo más urgente en su respectiva entidad, lo cierto es que el Gobierno Federal debía responder este planteamiento en una situación extraordinaria: los sismos que afectaron a varios estados de la República y que demandan, entre otras cosas, la demolición y posterior reconstrucción de escuelas, hospitales, edificios y casas que fueron dañados.
Al considerar la emergencia nacional producto de los desastres naturales, es un logro que el presupuesto para Nuevo León no se viera disminuido. Después del diálogo del Ejecutivo Estatal, los diputados federales y el Secretario de Infraestructura pudo negociarse la cantidad de $9 mil 965 millones 487 mil pesos para el ejercicio del próximo año lo que se traduce en la capacidad de dar continuidad a diferentes políticas públicas y programas de infraestructura sólo por mencionar algunas de las consecuencias positivas de esta situación.
Nuevo León recibirá más de mil millones adicionales con respecto a 2017, lo que se traduce, por ejemplo en recursos para el “Programa Hidráulico” con un monto cercano a los 180 millones de pesos, casi 15 millones más que en 2017; es también el caso del rubro destinado al “Fondo Metropolitano” donde se otorgarán a Nuevo León 286 millones de pesos, que corresponden al 8.7 por ciento de la bolsa nacional para el año 2018; o el “Fondo de Accesibilidad para personas con discapacidad” que obtendrá para el próximo año más de 17 millones de pesos.
Vale la pena resaltar también los casi 199 millones que fueron asignados para la construcción de un Paso Superior Vehicular sobre la Av. Morones Prieto y la calle José Calderón frente a la Universidad de Monterrey, proyecto del cual yo gestioné su registro y siendo este el único que obtuvo la validación técnica y financiera por parte de la Secretaría de Hacienda en este año. Esto me llena de orgullo pues el proyecto se inscribió apenas 3 meses atrás y terminará siendo uno de los más importantes que haya impulsado durante mi legislatura.
Otro apunte necesario es que dichos recursos se consiguieron en una negociación con todos los diputados federales, en la cual Edgar Romo vicecoordinador del PRI y de Nuevo León tuvo al final un papel preponderante.
Al ponderar estas cifras, proyectos y políticas puede señalarse que el debate sobre el dinero público se orientó a beneficiar al mayor número de ciudadanos posible con recursos limitados. La tarea del ejecutivo y de los diputados federales en el diálogo con el gobierno federal se cumplió debidamente.
