Estas últimas semanas se han dado muchos movimientos en el tema de procuración de justicia y combate a la corrupción. Lo bueno sería que estas decisiones fueran a favor de la imparcialidad, el apartidismo y con miras a sancionar y restaurar los daños cometidos al patrimonio de todos los mexicanos. Pero no, la realidad es otra. 

En varias ocasiones, el Presidente ha utilizado su discurso en la mañanera con miras a colgarse medallas de una justicia real. Pero lo que vemos es justo lo contrario, una justicia como la de siempre en México: Salvador Cienfuegos, Rosario Robles, Alonso Ancira y Emilio Lozoya son los principales nombres que demuestran esta justicia de cuates, la que por décadas se ha aplicado en nuestro país. 

Unos días, López Obrador sale a cantar justicia en sus mañaneras. Otros, dice que la Fiscalía General de la República es autónoma y no le corresponden a él las investigaciones. Se mantiene fiel a su costumbre, aceptando los aplausos de quienes lo apoyan y rechazando los reclamos de quienes cuestionan estas decisiones. 

Perdones, exoneraciones, no ejercicio de la acción penal, archivo temporal, y muchas otras terminologías legales han sido utilizadas para defender estas decisiones. Que la investigación del FBI no era nada, que no pasa nada con la evidencia perdida en el caso Lozoya, que Robles está dispuesta a colaborar y poner dedos, y un sinfín de etcéteras. 

Lo que no podemos negar es que la justicia sigue ligada al poder del Ejecutivo. La construcción de una Fiscalía General autónoma se dio sólo en la ley, pero no en la práctica. Sobran los casos donde las decisiones del Presidente pueden hacer la diferencia, pero la realidad es otra. Ahora habrá un candidato a gobernador señalado por violaciones y abuso sexual. Hay un hermano incómodo que desapareció de los medios. Y una Secretaría de la Función Pública que actúa al servicio del Presidente y no por la transparencia que se merecen las y los mexicanos.

A esto le sumamos la opacidad y la falta de rendición de cuentas. Un caso nos resume perfectamente este comportamiento: Odebrecht. Sigue sin haber transparencia en las investigaciones, son pocos los culpables y menos aún las sanciones impuestas. Un caso que provocó renuncias presidenciales y crisis políticas en Latinoamérica, no provocó siquiera una abolladura al poder de la corrupción en México. 

Por último vemos un claro aumento en las adjudicaciones directas, donde los beneficiados siguen siendo los mismos que en sexenios anteriores. Esto ha empeorado en la crisis de salud y económica que vivimos. Con el argumento de la obtención urgente de material de protección y productos sanitarios para enfrentar la pandemia, se dejó de lado la transparencia en las compras. Millones de pesos que no sabemos a dónde se fueron ni si las empresas que se llevaron esas adjudicaciones cumplieron con los términos, si hubo o no conflicto de intereses o si vendieron sus productos a un precio justo de mercado. 

La justicia en este país sigue igual. La promesa de un cambio quedó en eso: en palabras al aire. Promesas, como tantas que hacen los políticos elección tras elección. En su discurso prometía ser distinto, que no sería cómplice de los mismos grupos de poder y nos hizo creer que la justicia llegaría a México. Y aquí seguimos esperando. 

Kristian Macías es profesor universitario y consultor en políticas públicas. Actualmente es aspirante a candidato independiente por el distrito local 4 con sede en Monterrey.

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