Con 58 muertos y 530 heridos, la matanza ejecutada la noche del domingo 1 de octubre en un concierto de música country en Las Vegas, Nevada es ya la balacera más mortal en la historia de los Estados Unidos de Norteamérica. A diferencia de los múltiples atentados terroristas vistos en los últimos años en países europeos y en el propio Estados Unidos, en esta ocasión el atacante no se trató de un extremista musulmán ni integrante de alguna secta o grupo por el estilo, sino de un señor retirado de 64 años de nombre Stephen Paddock que no tenía antecedentes penales y nunca había tenido un perfil violento según testimonios de conocidos y familiares.

Este suceso viene a revivir la muy vieja discusión en los Estados Unidos sobre si deberían aplicarse normas más estrictas para el control de armas o si debería seguir igual. Para darnos una idea de la magnitud del problema, en EUA mueren 19.5 veces más personas (en proporción a su población) que son el promedio del resto de los países de la OCDE. Lamentablemente la Asociación Nacional del Rifle (NRA por sus siglas en inglés) ha sido un grupo de presión que por décadas a orillado a senadores y congresistas locales y federales a no endurecer las normas en el control de armas como ocurre en la mayoría de los países desarrollados.

En México poseer armas de fuego es un derecho constitucional, el artículo 10 de nuestra carta magna señala que: “Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio, para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la Ley Federal y de las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. La ley federal determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la portación de armas.”

Aún así nuestro país es una de las naciones con leyes más estrictas en el tema, la Ley General de Armas de Fuego y Explosivos hace casi imposible para un ciudadano común y corriente poseer y portar un arma de fuego que no este dentro de los calibres permitidos y/o características avaladas por el ente regulador que es la SEDENA. Otro problema es que, suponiendo que una persona logrará adquirir un arma, es que su uso se encuentra limitado a defensa personal en la casa o cacería y para el primero muchos códigos penales de los estados terminan por castigar a quien utilice estas armas, aunque sea para defender su hogar.

En muchos estados han surgido iniciativas para cambiar el concepto de legítima defensa en sus códigos penales locales y permitir al ciudadano defenderse mejor, lo cual, aunque si bien podría darle más herramientas de defensa a los poseedores de armas, también podría convertirse en una excusa para muchos homicidas que podrían alterar los hechos a su favor.

Aunque si bien en nuestro país hay normas muy estrictas la realidad es que para la delincuencia organizada le es fácil conseguir armas inclusive de calibres no autorizados, debido al gran negocio que representa el tráfico de armas desde Estados Unidos que ha incrementado desde que el “Federal Assault Weapons Ban” expiró en 2004 y el problema se agravó con la guerra contra el narco impulsada en el sexenio de Felipe Calderón.

Soy un convencido que tener leyes de control de armas muy flexibles como en Estados Unidos no es la solución para nuestro país. Algunas excepciones como Finlandia y Suiza les han funcionado sus regulaciones flexibles debido a la realidad socioeconómica, la estabilidad social y a la cultura de esos países. En México el problema de la violencia, aunque si bien está relacionado con el tráfico de armas no es la causa mayor, la violencia es multifactorial, tiene sus raíces en problemas sociales como la pobreza, la desigualdad, el desempleo, la falta de oportunidades, entre otros. Por esto mismo es que la solución no debe ser solamente legal ni mucho menos centrarse en el tema de suavizar la posesión y porte de armas ya que como país no estamos listos ni en lo jurídico ni en lo social para poder adoptar ese tipo de sistema.