En las últimas semanas, los alcaldes de diversos municipios de Nuevo León han sorprendido a la ciudadanía con anuncios de aumentos al predial que van del 10 al 30 por ciento, un incremento muy por encima de la inflación, la cual apenas ronda el 4 o 5 por ciento este año.
Estos aumentos exorbitantes no son nuevos; cada ciertos años, y sobre todo, cada cambio de administración municipal se convierte en una oportunidad para ajustar este impuesto a conveniencia, sin importar las repercusiones en la economía familiar.
Lo que esto refleja es que hay una falta de regulación en los valores catastrales, donde parece no haber reglas claras que limiten los incrementos y protejan a los ciudadanos de decisiones arbitrarias.
Hace tres años, cuando la economía apenas se recuperaba del impacto devastador de la pandemia por COVID-19, se hablaba de incrementos que llegaban hasta el ¡40 por ciento!
En ese momento como diputado local voté en contra de todos los aumentos, con la firme convicción de que la situación económica de las familias debía ser prioritaria y desde ese entonces planteé que era necesaria una regulación que impidiera estos abusos.
El predial debe aumentar, sí, pero no de acuerdo a caprichos ni como solución inmediata a problemas financieros de los municipios.
A lo largo de los años, los gobiernos municipales han utilizado los mismos argumentos, culpando a la “falta de aumentos previos” o a “las finanzas públicas limitadas” como justificación, cuando en realidad son resultado de la irresponsabilidad y demagogia de administraciones pasadas. Es un ciclo de decisiones políticas, no de omisiones de la ciudadanía.
A esto se suma el hecho de que la mayoría de los municipios apenas logran recaudar el 50 por ciento del predial actual. Entonces, ¿no debería el esfuerzo estar enfocado en ampliar la base de recaudación antes que en imponer nuevos aumentos?
Esta es una pregunta que los alcaldes y la ciudadanía deben considerar: ¿hasta cuándo las familias en Nuevo León tendrán que pagar por las insuficiencias de sus gobiernos?
Como diputado local propuse la creación de un Instituto Catastral autónomo y ciudadano que determine los valores catastrales con transparencia y en función de las necesidades reales de cada municipio, no de los intereses de quienes ocupan los cargos.
Pese a que han pasado tres años, esta iniciativa sigue siendo vigente y urgente, y es mi compromiso volver a plantearla con los diputados locales de la bancada de Morena, PT,PVEM en el Congreso Local.
No hay justificación para estos aumentos, ni hace dos años ni hoy.