Las diputadas Martha Ávila y Valentina Batres del Congreso de la Ciudad de México, presentaron una Iniciativa para modificar el Código Civil de dicha entidad, cuya intención es dar frente a una problemática real y con efectos que serán exponencialmente mayores por la pandemia de COVID-19. Hay que recalcar que esta propuesta legislativa tiene como origen el esfuerzo de diversos activistas en materia de derechos humanos y colectivos como son la Coalición Internacional para el Hábitat, 06000 Plataforma Vecina, el Observatorio de la Colonia Juárez, entre otros. Ello, como bien plasma la iniciativa en su exposición de motivos, tiene como punto central el derecho a la vivienda, mismo se encuentra consagrado a nivel constitucional local en el artículo 9 apartado E; también y desde un plano internacional, la Observación General 4 del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales menciona que los Estados deberán tomar diversas medidas para poder ejercer plenamente el derecho a la vivienda, entre ellas, la iniciativa en cuestión hace énfasis en la seguridad jurídica, asequibilidad y gastos soportables, que al ser conjugados, nos permite garantizar una vivienda digna para todas las personas. 

El panorama mundial y nacional respecto a esta pandemia, nos ha obligado a tomar diversas medidas para mitigar sus efectos, entre ellas, el confinamiento y aislamiento social; sin embargo, ello presupondría que para tomar dichas medidas como “quedarse en casa” debemos analizar el estado que guarda el derecho a poder acceder a una casa. También, un gran problema que se añade a esta desigualdad de acceso, se encuentran los estragos económicos, ya que la misma Organización Internacional del Trabajo (OIT) prevé un incremento del desempleo global entre 5.3 a 24.7 millones de personas y la disminución de ingresos, así como la incertidumbre económica y los efectos en los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, incrementado la pobreza y pobreza extrema a corto plazo. Es aquí donde radica la importancia de poner sobre la mesa una iniciativa de esta naturaleza,. 

Esta iniciativa modifica diversos artículos del Código Civil de la Ciudad de México en los cuales se propone, en primer término, reconocer una figura jurídica denominada “arrendamiento de vivienda” el cual es un contrato de arrendamiento pero con un fin social, ello para maximizar dicho derecho humano con alternativas jurídicas. Se establecen derechos del arrendatario haciendo énfasis en la seguridad jurídica de dicho contrato escrito; de igual manera, se contemplan mecanismos alternativos de solución de controversias sobre las condiciones que impidan el cumplimiento de un contrato para que pueda replantearse. 

Los tiempos actuales nos invitan reflexionar soluciones que puedan dar frente a las grandes dificultades, como son el acceso a derechos cuyo ejercicio se ve impedido aún más por este contexto. Por supuesto que las críticas y comentarios no se hicieron de esperar, generando que diversos sectores empresariales, políticos y de oposición de dicho partido proponente, califiquen la iniciativa como una medida “comunista” o que elimina la “propiedad privada”, sin embargo, considero sumamente grave que en lugar de reconocer un problema latente que afecta a miles de personas en la Ciudad de México, construir un producto legislativo de calidad y amplio, se prefiera simplemente el tergiversar y descalificar. Cualquier iniciativa es perfectible y habrá que ver el procedimiento legislativo y los comentarios que se realicen en la Comisión encargada de su Dictaminación, pero que no quede duda de la urgencia de soluciones, las dimensiones del problema y la necesidad de replantear figuras jurídicas con las necesidades y fenómenos sociales y económicos actuales, respetando en todo momento los derechos humanos y los principios constitucionales. Debate, dialogo y más debate. 

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