El estado de Chihuahua se ha vuelto una nueva arena de la disputa por el agua. El origen: El convenio de reparto del vital líquido que tiene México con Estados Unidos y que no se ha pagado en tiempo y forma.

Diversas protestas se han suscitado e intensificado derivado del aumento del desfogue en las presas de Chihuahua para cumplir con el acuerdo el cual vence el 25 de octubre próximo.

Diversos grupos de agricultores han afirmado que el pago de agua les afectará en sus ciclos de cultivos y sostienen la existencia de una sequía atípica.

El 8 de septiembre se llegó un punto máximo de tensión, campesinos se enfrentaron a la Guardia Nacional haciéndola retirarse. El saldo del choque fue una mujer fallecida. En todos estos choques a lo largo de meses han quemado casetas y camionetas de la CONAGUA, CFE.

El conflicto se ve de distintos frentes, de un lado, CONAGUA y el Gobierno Federal abogan por el pago, casi a cualquier precio, asegurando que Chihuahua tendrá el agua que le corresponde. Mientras que del otro lado, grupos agroindustriales, pequeños campesinos y panistas y priistas vivales de cara al periodo electoral.

En un tratado que data de 1944, México debe dar anualmente 431 millones de milímetros cúbicos a Estados Unidos; mientras que los norteamericanos entregan al país mil 850 millones de metros cúbicos. Hasta ahí, todo bien, el problema es que México tiene un impago que data desde años y se debe cubrir. De ahí la imperiosa necesidad del Presidente de pagar a como dé lugar a fin de evitar un conflicto diplomático.

Sin embargo, la realidad del agua en Chihuahua es de una constante sobreexplotación por parte de diversos actores. Las industrias alfalfera, nogalera y de otros cultivos que demandan cada día más agua. Se suman los intereses de Coca-Cola y Heineken que tienen plantas en el Río Conchos, la obtención ilegal de agua en rancherías de forma organizada o artesanal y la rampante corrupción de Conagua al no regular el uso del agua en esta región del país.

Esto es un conflicto social avivado por la desinformación y la manipulación, principalmente del lado de los agroindustriales quienes tienen voz y voto y no los campesinos que salen en las protestas, que si bien también son afectados, muchos de ellos son realmente empleados o movilizados por grupos políticos.

El oportunismo político aliado a los acaparadores del agua ha mostrado a diputados del PRI y el PAN en plena campaña, a la alcaldesa de Chihuahua (precandidata a la gubernatura) y al propio Corral colgándose del tema hablando de “la defensa del agua de Chihuahua”, un chovinismo regionalista que nada tiene que ver con garantizar el agua a pueblo rural y menos aún a los empobrecidos habitantes de Ciudad Juárez, Chihuahua o Cuauhtémoc. Esto se alimenta de la actitud confrontacional del Presidente que nulifica el diálogo y deja sin margen de acción a una directora de Conagua que tampoco ha logrado pronunciarse.

Ya dijo Andrés Manuel que el gobierno de Chihuahua “tiene que resolver el problema que provocaron”. Y para solidificar su posición tiene en presencia constante a la Guardia Nacional en las presas de Chihuahua, lo que indica que las compuertas de las presas serán abiertas, con o sin el acuerdo de los agricultores de los distintos módulos de riego en Chihuahua.

Corral, en tanto, ninguneado por el presidente y acusado de tibio, por no tener una posición firme en el conflicto (aunque inclinado a los agroindustriales), reclama represalias en temas de seguridad y poco a poco se queda arrinconado.

En un estado que sistemáticamente ha sido incapaz de lidiar con la violencia y los feminicidios en Juárez, gobernadores prófugos, el tráfico de personas, el narco, la tala ilegal, la minería ilegal, se suma un conflicto por el agua que poco valora al líquido sino al rédito de la politiquería electoral.

De nada sirve que el Presidente quiera resolver el tema con la Guardia Nacional o las habladas, pues esto alimenta a la oposición de cara a 2021. Tiene que demostrar las habilidades políticas que no se tienen ni en el estado ni en lo local.

El problema se tiene que resolver institucionalmente, desde CONAGUA, que para eso está, negociando, explicando, llegando a acuerdos con los grupos agricultores y sentando una regulación transparente para todas las partes involucradas aún y con las carencias tecnológicas existentes.

Lo dicho, dicho está.