La Taquería

La ultraderecha, enemiga de las ciencias sociales

by Paula Marcela García Monteverde
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Las instituciones educativas en cualquier nivel tienen el objetivo de exponer la mente a perspectivas diversas que generen un rebote de ideas y que estimulen un enriquecimiento en la manera de ver al mundo. Cuando el alcance de la educación integral se ve limitado, se coarta con ello la posibilidad de construir ciudadanos críticos y objetivos que aboguen por la construcción de un mundo más tolerante, y por lo tanto, más pacífico. 

Para fundamentar la iniciativa de reforma de ley en el Congreso de Nuevo León, conocida como el “pin parental”, el Diputado Carlos Leal del PES; anunció que en las escuelas se adoctrina a los niños con “ideología de género”, y con eso refiere a la supuesta imposición de ideas sobre la sexualidad y el género que atentan contra la moral de las familias de los mismos niños. En esencia, el concepto de “ideología de género” ha sido un recurso de la extrema derecha empleado en diferentes países de América Latina para desacreditar la lucha por los derechos de la comunidad LGBTTIQ+ y satanizar la educación sexual integral al exagerar su propósito y establecer que busca homosexualizar a la sociedad. 

Una de las razones por las que sigue habiendo un importante apoyo hacia las iniciativas de reformas que coartan el acceso al conocimiento sobre la sexualidad y el género, es la desinformación entre quienes apoyan estas normas tradicionalistas. A partir del comienzo de los estudios de género, con John Money en 1955, y Robert Stoller en 1968, se estableció la diferencia sociológica entre los conceptos de sexo y de género; para explicar la disimilitud entre el estado biológico del cuerpo y las conductas sociales de las personas. En su libro, Sexo y género, Stoller muestra el sexo como un concepto binario, puesto que solo se puede nacer con uno de dos órganos reproductivos; vulva o pene. Por otro lado, explica el género como el conjunto de conductas aprendidas en sociedad y que rigen la manera de vestir, de comportarse y de seguir los roles de género (las tareas asignadas para cada sexo según la cultura). Con esto, se establece con base en conocimiento científico social que los conceptos de sexo y de género son independientes entre sí y no hay una razón para que cierto sexo empate con un determinado género. Es más, debido a que el género es un constructo social que se desarrolla con base en la formación recibida, éste puede manifestarse de múltiples formas y, por consiguiente, no es binario. De esta manera, las ciencias sociales explican que, en efecto, el género es un concepto abstracto, y que, por lo mismo, no debe ser el objeto de discriminación o de negación de derechos entre las personas. La ciencia debe ser la que rige la formación para construir un mundo tolerante, y no la postura moral de cada padre, que bien se encuentra sesgada por convicciones personales.

El acceso a la educación sexual permite a las personas crecer con la idea de que las diferencias en la elección de la identidad de género, no son un criterio válido para la exclusión social. Censurar la información con base en una moral personal, solo marca brechas entre quienes piensan distinto, en lugar de abrir un espacio para la discusión saludable y la coexistencia pacífica. 

La reforma sobre violencia política contra las mujeres en razón de género

by Samuel Ramírez Mejía
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El 13 de abril se publicó en el DOF el Decreto por el cual se modificaron varias leyes que constituyen un nuevo conjunto de normas jurídicas relacionadas con la violencia política contra las mujeres en razón de género (VPCMERG o violencia política de género). Esta será, sin duda, una reforma muy importante para la construcción de una vida política igualitaria en el país y, en particular, para prevenir y sancionar conductas que discriminen a las mujeres en las campañas electorales que habrán de llevarse a cabo durante el 2021 en México. La presente colaboración tiene como finalidad brindar una breve explicación sobre sus principales características.

La reforma se sustenta en una de las observaciones finales al 9º Informe periódico de México del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés). En este documento, el Comité CEDAW, en materia de participación en la vida política y pública de las mujeres en nuestro país, observaba con preocupación “[e]l aumento de los actos de violencia política contra las mujeres, la falta de un marco normativo armonizado que tipifique como delito la violencia política y los bajos niveles de enjuiciamiento de los autores de esos actos, que pueden disuadir a las mujeres de presentarse a las elecciones en todos los planos, especialmente el municipal”. (COMITÉ CEDAW/ONU 2018). 

El aumento de casos de VPCMERG a que se refirió el Comité CEDAW se puede evidenciar cada vez más, desafortunadamente, en los casos documentados durante las elecciones en México, por ejemplo los procesos electorales federal y locales de 2017-2018. Cada uno de estos casos implica la expresión de relaciones desiguales y discriminatorias entre hombres y mujeres que refuerzan estereotipos de género que, además, ponen en riesgo no solamente los derechos político-electorales de las mexicanas, sino también su integridad e, incluso, su vida. Por ello, el nuevo régimen sancionatorio es una parte de la respuesta a una competencia política que vulnera la dignidad, la integridad y la libertad de las mujeres políticas.

En ese sentido, el contenido básico de la reforma se centra en el castigo de conductas que constituyen alguna expresión de violencia política de género. Para tales efectos, según las Leyes modificadas, se entiende por violencia política contra las mujeres en razón de género lo siguiente:

toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo.

La violencia política de género se castigará en México de acuerdo con tres tipos de sanciones: el electoral, el penal y el de responsabilidades administrativas. 

Conforme al subsistema electoral, será competencia del INE y de los OPLEs investigar e integrar los expedientes por denuncias de VPCMERG, y los Tribunales Electorales deberán, en su caso, aplicar castigos mediante procedimientos especiales sancionadores a las personas que incurran en conductas que dañen la dignidad, la integridad y la libertad de las mujeres. Estos procedimientos son de rápida tramitación, buscan castigar a las personas infractoras y también reparar la afectación al proceso electoral. Y ahora las autoridades electorales podrán decretar medidas cautelares, como la suspensión inmediata de propaganda electoral y de mensajes en radio y televisión con contenidos de VPCMERG; también se podrán ordenar medidas de reparación, por ejemplo la indemnización de la víctima, la disculpa pública y la garantía de no repetición. Los partidos políticos, además, deberán contar con mecanismos internos de sanción para quienes ejerzan violencia política en contra de las mujeres en razón de género, según se lee en la Ley General de Partidos Políticos.

Si bien no se trata de un régimen sancionador, la reforma incluyó como supuesto de procedencia del Juicio de Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano la violencia política de género (art. 80 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral). En estos casos el juicio buscará restituir a las mujeres en el uso y disfrute de su derecho político-electoral violado. La ausencia en el Decreto de reforma es no haber señalado como causal expresa de nulidad de una elección la violencia política contra las mujeres en razón de género, asumiendo que este tipo de conducta, por sí misma, implica una afectación substancial y cualitativamente determinante para la validez de las elecciones democráticas.

De acuerdo con el subsistema penal, ahora sí se tipifica claramente como delito electoral la violencia política contra las mujeres en razón de género. Y, para ello, en un nuevo artículo 20 Bis de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, se señalan quince conductas que pueden actualizar este delito; por ejemplo, ahora constituye un delito electoral publicar o divulgar “imágenes, mensajes o información privada de una mujer, que no tenga relación con su vida pública, utilizando estereotipos de género que limiten o menoscaben el ejercicio de sus derechos políticos y electorales” (fracción VIII),  el cual se castigará con una pena de 2 a 4 años de prisión y multa de 100 a 200 días. También es un delito amenazar o intimidar “a una mujer, directa o indirectamente, con el objeto de inducirla u obligarla a presentar su renuncia al cargo para el que haya sido electa o designada” (fracción IV), el cual se sancionará con una pena de 4 a 6 años de prisión y multa de 200 a 300 días.

Según el tercer subsistema sancionatorio, se incluye a la VPCMENRG como uno de los supuestos que actualizan la falta administrativa grave consistente en el abuso de funciones, cuando una persona servidora pública “realiza por sí o a través de un tercero, alguna de las conductas descritas en el artículo 20 Ter, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”. (Art. 57 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas).

En síntesis, la reforma es positiva porque responde a la necesidad de castigar, incluso penalmente, la violencia política contra las mujeres en razón de género. Además, porque busca incidir, desde la técnica represiva, en la erradicación de las condiciones de desigualdad y subordinación estructural que excluye violentamente a las mujeres de la gobernanza del país. (Bardall 2018: 4). 

¿Tendrá o no éxito la reforma en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género? No lo podemos saber a priori; sin embargo, considero que la reforma requerirá dos premisas básicas: Que las mujeres conozcan y utilicen estos mecanismos sancionatorios y sus medidas protectoras y reparadoras; pero, además, que las autoridades y personas servidoras públicas apliquen dichos instrumentos libres de estereotipos de género. Las dos premisas están íntimamente vinculadas, y en razón de ello la segunda sólo será posible cuando los hombres reeduquemos nuestra masculinidad y abandonemos la injusta asignación de roles que preservan la desigualdad y la discriminación de las mujeres en la vida cotidiana y en la vida política. 

En una palabra, sí se debe desde luego sancionar la violencia política contra las mujeres en razón de género, pero igualmente debemos fortalecer la prevención de estas conductas que permita “(…) abordar y erradicar los estereotipos, los prejuicios, las costumbres y las prácticas (…)  que consienten o promueven la violencia por razón de género contra la mujer y sustentan la desigualdad estructural entre la mujer y el hombre”. (COMITÉ CEDAW/ONU 2017: 14).

Referencias bibliográficas.

BARDALL, Gabrielle S. (2018). “Violence, Politics and Gender”. En Oxford Research Encyclopedia of Politics, publicado en línea en https://www.ifes.org/sites/default/files/violence_politics_and_gender.pdf  (consultado el 30 de mayo del 2020).

COMITÉ CEDAW/ONU. (2017). CEDAW/C/GC/35, Recomendación general num. 35 sobre la violencia
por razón de género contra la mujer, por la que se
actualiza la recomendación general num. 19, 67º período de sesiones, 26 de julio.

COMITÉ CEDAW/ONU. (2018). CEDAW/C/MEX/CO/9, Observaciones finales sobre el noveno informe periódico de México, 70º período de sesiones, 2 al 10 de julio.

SEGOB. (2020). DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. DOF lunes 13 de abril.

Villano y criminal

by Luis Carlos Torre Garza
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La semana pasada, Estados Unidos de América y el mundo se conmocionaron derivado de la comisión de un crimen verdaderamente atroz, a saber, el asesinato por asfixia del afroamericano George Floyd en Minneapolis a manos de un oficial de policía.

Se trató de un crimen de odio por raza, que se caracterizó por la cobardía, el abuso de la fuerza y el hecho de que fue un atentado a lo más valioso que tenemos las personas: la dignidad.

Esto, pues la dignidad no debe identificarse ni confundirse como un precepto meramente moral, en tanto se trata del derecho a ser considerado como ser humano, como persona, es decir, como ser de eminente dignidad.

Prácticamente, como lo ha señalado nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, la dignidad humana implica el “interés inherente a toda persona, por el mero hecho de serlo a ser tratada como tal y no como un objeto, a no ser humillada, degradada, envilecida o cosificada”.

Situación, que en el caso de George Floyd no se respetó, en tanto todos podemos advertir la diferencia con la que se realizan la mayoría de las detenciones y la que le fue realizada, lo cual en el fondo únicamente puede implicar la retorcida idea de una negación de la condición de ser humano al otro.

Afortunadamente y sin que deje de ser una tragedia, el pueblo Estadounidense y la comunidad internacional sin hesitar han protestado, rechazado y condenado el caso Floyd, que esperemos sea “un antes y un después” no solo en las detenciones de afroamericanos, sino que sea un precedente importante sobre la no discriminación, evitar la propagación de discursos de odio, generar y fomentar la igualdad de oportunidades, educación, acceso a los servicios de salud, etc.

Pues hoy, a 231 años de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y, a 72 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es verdaderamente criminal, facineroso y fratricida que sigamos observando casos de discriminación.

En esa tesitura, es imperativo que como sociedad y como humanidad, dejemos de concebir los derechos humanos como versos quijotescos, comprendamos que estos constituyen derechos exigibles e inalienables y, rechacemos los casos de discriminación en general, pues estos no los podemos, ni debemos tolerar, en tanto implican un retroceso de más de 100 años de lucha.

Finalmente, debo mencionar que el abuso de la fuerza, la discriminación y cualquier atentado en contra de la dignidad, únicamente puede calificarse de villano y criminal.

Cómo se construye el bienestar

by Kristian Macías
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Durante décadas hemos utilizado el PIB como referencia para saber si un país está tomando las decisiones correctas en su economía. El problema es que el PIB sólo mide el crecimiento en la producción. Si bien vemos una tendencia positiva de la capacidad productiva de cada mexicano en los últimos 30 años, esto no significa que la riqueza y el valor generado por nuestro trabajo llegue a nuestros bolsillos. Todo lo contrario entre más arriba te encuentres en tu nivel socioeconómico, más ganancias has recibido en esta época neoliberal. 

Se propone la medición del bienestar por parte de la 4T, pero se rechazan los indicadores y expertos existentes para su diseño. Se ignora al CONEVAL como organismo rector en la materia. Mismo que ha asegurado una reducción de la pobreza y pobreza extrema en estos últimos años, avance que se va a perder por las consecuencias económicas de la pandemia. 

No podemos seguir mejorando la calidad de vida de los mexicanos a cuentagotas, donde son la minoría los que logran escalar su nivel de ingreso y la mayoría sufre las mismas o más precariedades. Donde el esfuerzo de los avances en la calidad de vida se encuentren a merced del mercado que nos golpea con crisis internacionales, epidemias y malas decisiones del gobierno federal. Tenemos que cambiar las políticas sociales y económicas a fin de priorizar la atención a los grupos vulnerables, pero hacerlo de la mano de evaluaciones, mediciones y mejora continua. Decir que las cosas están mejor, que se combate la corrupción, que ya se acabó el abuso de quienes están en el poder no es suficiente para que sea realidad. 

La medición multidimensional de la pobreza analiza 6 indicadores de carencia social: rezago educativo, acceso a servicios de salud, seguridad social, alimentación, calidad de vivienda y servicios básicos en la vivienda. En los últimos 10 años se ha reducido la proporción de la población que carece de estos servicios en su vida diaria. 

El caso de Nuevo León nos da una idea del progreso que se ha logrado. Somos la entidad con mayor reducción de pobreza extrema con 93,500 personas y el segundo lugar con mayor reducción de pobreza moderada sacando a 203,000 personas de su carencia de ingreso. 

De igual manera los avances en la reducción de cada una de las carencias sociales es claro: el rezago educativo se redujo en 147 mil personas, el acceso a salud aumentó para 444 mil personas, mejor seguridad social para 184 mil personas, mejor calidad y espacios de vivienda para 217 mil personas, acceso a servicios básicos en la vivienda para 262 mil personas, pero la carencia alimentaria aumentó para 157 mil personas. A pesar de los esfuerzos realizados durante una década vemos que el avance es magro cuando tenemos una población de más de 5.5 millones de personas en Nuevo León. 

Es necesario generar políticas reales e integrales con impacto y trascendencia, no ocurrencias del gobernador, alcaldes y diputados en turno. Invertir en una medición constante de la calidad de los maestros y el uso de tecnología para la educación pública de la entidad, mejorar la atención del sistema de salud a través de seguimiento a cada caso y evaluación de los servicios, asegurar un ingreso básico para los más vulnerables a fin de mejorar la red de seguridad social, construir de la mano de la iniciativa privada vivienda social sustentable que asegure el acceso a vivienda a las generaciones más jóvenes, atender el rezago y la mala calidad de los servicios básicos y frenar el abuso que muchos proveedores realizan, y desarrollar legislación para eliminar el desperdicio de alimentos y construir bancos de comida a la población más necesitada. 

Las políticas, propuestas, ideas y resultados ya se han realizado en muchas partes del mundo. El sistema de salud pública nórdica, la seguridad social canadiense, la vivienda en Singapur, los servicios europeos, la legislación alimentaria en Francia y la calidad educativa de Japón y Corea. El bienestar se construye en muchos ámbitos de manera integral, no mediante políticas aisladas. A todas estas propuestas le debemos sumar soluciones a nuestros problemas de movilidad, contaminación, desigualdad social y económica. En Nuevo León contamos con la capacidad y recursos para hacer esto una realidad, lo que falta es la voluntad política para ejecutarlo.

Para más información de cómo construir un mejor Futuro escuchar episodio “Monterrey XXI” de Kristian con K en Spotify.

https://open.spotify.com/episode/5iPxucvJyfQ7gkDZ7lVI84?si=SgRKlNwnTdqHq-KzeW4KfA

El histórico desmantelamiento a CFE

by José de Jesús Galindo
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En los pasados días, se publicó un acuerdo por parte del CENACE sobre la limitación de privados en su participación en el mercado eléctrico. 

El presidente ha usado una frase recurrentemente “Hay que poner el piso parejo” para CFE y ha sostenido que se les ha dado prioridad a los privados que a CFE en la compra de energía eléctrica.

Esto último es muy interesante de precisar, porque más allá si se está de acuerdo o no en la nueva normativa que limitaría a los privados, es una realidad el hecho de que se ha desmantelado el sistema eléctrico nacional a lo largo de los años, especialmente en el periodo neoliberal del que tanto hace alarde la 4T.

En los límites de Apodaca y San Nicolás de los Garza al norte de la ciudad están numerosas empresas y almacenes de diversos tipos, desde las plantas de Hylsa (ahora Ternium), un parque Kalos, KIR, Conductores Monterrey, entre otras. En la avenida López Mateos / Carretera a Roma durante muchos años existió una Termoeléctrica de la CFE de nombre Monterrey I. Las notas periodísticas de la época de Fox y Calderón hablan de que la planta era incosteable, era poco eficiente y con un panorama desolador. Actualmente, no existe más la termoeléctrica, sin embargo, las instalaciones son usadas como almacén y funciones varias. Esta situación ha pasado en diferentes estados y con plantas de diversos tipos.

La CFE desde la nacionalización de la industria eléctrica sirvió para conectar al país entero y dotarlo de un servicio vital para el desarrollo de un país. Sin embargo, los años pasaron y las capacidades de CFE fueron minadas, una parte, por el avance tecnológico al cual CFE no correspondió y otra parte, por su dependencia en recursos públicos cada día más escasos que no le alcanzaban para mejorar.

CFE se llenó de plantas viejas, poco productivas, sindicatos con pasivos laborales altos y con un atraso respecto a las empresas eléctricas del mundo. En el mundo, numerosos países como Reino Unido, Argentina, Francia, España, abrieron su paso a los privados en el sector.

Recordemos la nefasta extinción de Luz y Fuerza del Centro realizada por Felipe Calderón, justificada ampliamente en TV Azteca, principalmente, a quien se acusó de ineficiente y representar una carga. A decir verdad, LyF tenía adeudos enormes de privados e instituciones públicas que jamás quisieron pagar. De paso decir que desde De la Madrid se inventaron zonificaciones para LyF y para CFE especialmente en el Valle de México y sur del país generando ineficiencias en un reparto por demás arbitrario.

Estas historias refuerzan la percepción de la política gubernamental de abandono deliberado del sector energético en donde se buscó someter a las empresas a “competir” en franca desigualdad al tener saqueos fiscales y limitaciones presupuestarias. El objetivo era claro: Debilitar, desmantelar y privatizar. 

El argumento histórico frente a las empresas estatales es que los monopolios, además de ser ineficientes por definición, distorsionan los precios al consumidor. Sin embargo, una empresa estatal tiene otras razones de existir, no solo el lucro y la maximización de beneficios, como una empresa privada, sino también la de subsidiar a los sectores menos favorecidos y llegar a zonas donde a un privado no le costea, especialmente en ese México rural y atrasado. Esa es la razón de ser de CFE.

Sin embargo, en los últimos 30 años, el gobierno fue cerrando o deshaciéndose de plantas, como la termoeléctrica de Apodaca, justificando con datos que, realmente, mostraban que la ineficiencia de las plantas, pero ignorando el desmantelamiento y la discrecionalidad para la entrada de privados nacionales y extranjeros, donde políticos y grandes empresarios figuran como socios. Además, se dieron casos de políticos y funcionarios del sector (Ej. Rosario Green, secretaria de Energía de Fox, el propio Felipe Calderón con Iberdrola) en un fenómeno de puerta giratoria pasaron a la iniciativa privada con información privilegiada del sector y quitándole más espacios a CFE.

Además, se brindaron subsidios justificados solo en politiquería a entidades e instituciones públicas aunado al perenne impago de empresas privadas. Todo esto suma al abandono.

Ahora, se pega el grito al cielo, desde los privados por la reglamentación que quiere el nuevo gobierno, cuando, por ejemplo, mediante políticas de despojo y contaminación del suelo, la industria eólica se ha establecido en lugares del Istmo de Tehuantepec. O también cuando los privados han relegado a la CFE a ser una empresa de distribución, puesto que los privados producen “más barato” y la CFE tiene que comprarles electricidad.

Los privados suman y son bienvenidos a participar en el sistema eléctrico nacional. No obstante, el presente gobierno quiere revivir una empresa en una competencia desleal y con numerosos atrasos tecnológicos que difícilmente serán subsanados en 6 años, lo cual resultará caro, lento y políticamente en disputa constante por la oposición vinculada a los lobbies energéticos.

Lo dicho, dicho está.

AMLO y el PIB: cómo medir el desarrollo de un país

by Gybram Vásquez Hernández
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Esta columna es parte del análisis que realizamos en Reporte-19, un producto de Altius Consultores para orientar en la toma de decisiones. Consulta el reporte completo en https://bit.ly/Reporte19 

El presidente López Obrador anunció en días pasados que propondría un índice “alternativo al Producto Interno Bruto” para medir el desarrollo de México. 

Afirmó que el “modelo mexicano” de medición del desarrollo puede seguir incluyendo el PIB, pero también otros factores como desigualdad social y la “felicidad”.

Para definir el nuevo índice se convocaría a matemáticos, economistas, sociólogos, antropólogos, entre otros especialistas. 

La discusión sobre la pertinencia del PIB como principal indicador para medir la economía y/o el desarrollo de un país no es nueva. Desde hace años especialistas económicos y sociales alrededor del mundo han discutido y propuesto maneras alternativas para medir el desarrollo. 

El PIB mide la salud de la economía en términos de crecimiento, lo cual en sí mismo es útil. Pero no mide el impacto en la vida de las personas en términos de bienestar, desigualdad o acceso a oportunidades.

Es en este sentido que se han creado otros indicadores internacionales como el Índice de Desarrollo Humano (IDH) y el Índice de Progreso Social lanzado en 2014 por la organización Social Progress Imperative, dirigida por Michael E. Porter, de Harvard, y por el economista Michael Green.

Si bien es pertinente discutir cómo medir de mejor manera el bienestar y desarrollo de una nación, lo que AMLO propone no deja de ser conveniente para tratar de orientar la discusión más allá del Producto Interno Bruto como indicador de medición, pues los pronósticos económicos son muy poco alentadores para el país. En días recientes Goldman Sachs empeoró el pronóstico para el país a una contracción de 8.5% en 2020.

Además, durante la campaña de 2018 el entonces candidato de Morena tuvo como argumento recurrente el que México debería crecer al 4% anual en términos del PIB.

Ahora bien, el gobierno de México no es el único en anunciar una medida similar. En China, el primer ministro Li Keqiang informó que se ha decidido no establecer un objetivo de crecimiento anual este año, pues se “dará prioridad a estabilizar el empleo y garantizar el nivel de vida”.

Apenas el año pasado, Nueva Zelanda dejó a un lado el PIB para priorizar lo que denominaron el bienestar real de su población. “Si bien el crecimiento económico es importante, y es algo que seguiremos buscando, por sí mismo no garantiza las mejoras de los estándares de vida de los neozelandeses” señaló la primera ministra, Jacinda Arden. 

En suma, es positivo que se enriquezcan las metodologías e indicadores para medir el desarrollo y bienestar, sin embargo, estas no tendrían por qué sustituir al PIB, sino simplemente complementarlo. 

Bienvenidos a la nueva Doctrina del Shock

by Mariana Paipilla
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El Coronavirus ha logrado posicionarse como el generador de paranoias número uno a nivel global. Las compras de pánico, las protestas y ataques al personal médico, no son más que el resultado del miedo a la incertidumbre que hemos respirado estos últimos meses, miedo a no saber que pasará mañana, miedo a salir a comprar comida y e infectarse, y, sobre todo, miedo a infectar a nuestros seres queridos o personas con condiciones que los hagan más vulnerables al virus. 

Mientras la atención de la mayoría está centrada en los noticieros o en la actualización del número de contagios y muertes alrededor del mundo, muchos gobiernos han aprovechado el miedo y la paranoia para tomar medidas o acciones que, en cualquier otro escenario, hubieran resultado imposibles. El término “Doctrina del Shock” fue acuñado por la periodista Naomi Klein(2008), para describir el escenario mediante el cual, los gobiernos eran capaces de implementar políticas que de otra forma serían rechazadas por la ciudadanía. Si bien Klein hacía referencia a políticas económicas en países con modelos de libre mercado, lo cierto es que podemos aplicar perfectamente su teoría al campo de la democracia; en un estado de vulnerabilidad, los sujetos aceptan cuestiones y reformas que de otra forma rechazarían de manera radical.

 Tomemos el ejemplo del gobierno de Nayib Bukele, en El Salvador. Desde el miércoles 11 de marzo, cuando el país centroamericano declaró emergencia nacional por el coronavirus, Bukele ha implementado estrictas medidas de cuarentena, como autorizar a los militares el arrestar y enviar a los “centros de cuarentena” del gobierno a cualquier persona que infrinja las nuevas medidas, decomisar vehículos, e incluso entrar las casas de gente “sospechosa” de contagio.  Aún cuando la Corte Suprema de Justicia de El Salvador declaró que dichos arrestos eran inconstitucionales y ordenó la suspensión de estos, Bukele se negó y los soldados permanecieron en las calles. Días después, debido al alza de violencia entre pandillas en el país, Bukele publicó un tweet donde daba autorización a la policía y el ejército para responder como vieran conveniente, y poco después, fueron publicadas por el gobierno algunas fotos de un gran número de miembros de pandillas sin camisa y forzados a sentarse uno encima del otro en prisión, a pesar de los peligros de propagar aún más el virus.  Lo más interesante de todo es que, según las últimas encuestas, la aprobación de Bukele está en el 85%, lo cual corrobora que, ante el miedo y la incertidumbre, cualquier figura que inspire seguridad y algún tipo de liderazgo, será vista con buenos ojos por parte de la ciudadanía, incluso si esta seguridad viene fundamentada desde miedo y el comportamiento autoritario.

De la misma manera, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, emitió un decreto que restringe temporalmente los derechos a la libertad de expresión, apoyando su decisión en la necesidad de combatir la propagación de la desinformación relacionada con el coronavirus. Por otro lado, en Bolivia, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH pidió al gobierno interino de Jeanine Añez retirar el decreto que establece penas de prisión por “desinformar” e “incitar a los crímenes contra la salud”, que, por cierto, tienen base en cargos imprecisos y demasiado amplios.

Y para aquellos que creen que el virus sólo está afectando los gobiernos en América Latina, en Hungría, el 4 de abril, el Parlamento húngaro aprobó una ley que le permite al mandatario Viktor Orbán gobernar con poderes extraordinarios, sin límite temporal y sin control.

Bien dijo el filósofo Jacques Ellul que “la técnica es la frontera de la democracia. Lo que la técnica gana la democracia lo pierde”. Las instituciones gubernamentales deben establecer una línea que separe los cargos técnicos y los políticos, quienes tienen la obligación de rendir cuentas a los primeros. En tiempos donde la incertidumbre es mayor que nunca, las instituciones no democráticas y cuerpos no políticos, como la policía o el ejército, parecen tener más aprobación que nunca por parte de la ciudadanía. Así que, sin más preámbulos, sean todos bienvenidos a la nueva doctrina del shock, cargada de medidas restrictivas, abusos de poder, suspensión de derechos y medias anticonstitucionales. No se sorprendan si pronto pueden ver algún presidente suspendiendo elecciones o alargando mandatos, pues es todo parte del espectáculo. 

Referencias

Naomí Klein. La Doctrina del Shock: el Auge del Capitalismo. Buenos Aires, Paidós Editorial, 2011

Oppman, P. (2020) ¿Salvador o autoritario? El presidente ‘millennial’ de El Salvador desafía a las cortes y al Congreso en la respuesta al coronavirus. https://cnnespanol.cnn.com/2020/05/21/salvador-o-autoritario-el-presidente-millennial-de-el-salvador-desafia-a-las-cortes-y-al-congreso-en-la-respuesta-al-coronavirus/

Wola (2020) Tendencias antidemocráticas y abusos de derechos humanos en la era de COVID-19. https://www.wola.org/es/analisis/tendencias-antidemocraticas-abusos-derechos-humanos-covid-19/

Brabo, A. (2020) Covid-19: ¿Una amenaza también para la democracia? https://www.letraslibres.com/espana-mexico/politica/covid-19-una-amenaza-tambien-la-democracia

Reforma en materia de educación ¿podría ser violatoria de derechos humanos?

by Carlos Osoria Polo
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La semana pasada la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado de Nuevo León aprobó una controvertida reforma al artículo tercero de la Constitución estatal. En esencia, se busca que dicha reforma sea una homologación con la Constitución federal y los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Sin embargo, dentro del dictamen aprobado se contempla un apartado que textualmente dice: “Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos“. 

Quienes defienden esta parte de la reforma argumentan que dicho texto está en sintonía con el tercer párrafo del artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la que se reconoce la libertad que tienen los padres y las madres de familia para incidir en el tipo de educación que recibirán sus hijos o hijas. 

Sin embargo, lo que no mencionan es que dicha libertad, en primer lugar, no es absoluta y, en segundo, ya está regulada en el marco jurídico mexicano desde hace varios años. Tan es así que miles de niñas y niños en todo México estudian en escuelas privadas en lugar de en escuelas públicas o asisten a instituciones educativas religiosas, de acuerdo con lo que sus padres y madres han considerado como más adecuado. Lo anterior encuentra sustento en el artículo 3 de la Constitución mexicana y en diversos artículos de la Ley General de Educación. 

Ante este panorama surgen ciertas preguntas: si esto ya está reconocido en la legislación actual, ¿cuál es la necesidad de incluir ese ambiguo texto en la Constitución del Estado?, ¿es solo una deficiencia de técnica legislativa o hay una razón detrás?, ¿es esta una forma para, más adelante, regular el pin parental en la Ley de Educación del estado? 

La libertad de los padres y las madres de familia para incidir en la educación de sus hijos e hijas tiene como límite los principios educativos contenidos en la Constitución mexicana y en los tratados internacionales de los que México es parte. Sin embargo, la reforma, en su redacción, no establece dicha limitación. 

A continuación presento cinco razones para considerar porque la redacción propuesta en la reforma podría desembocar en violaciones a los derechos humanos de la niñez, contenidos en nuestra Constitución y en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano.

1. La educación es un derecho de la infancia, no de los padres de familia o del Gobierno. En tal sentido, Unicef ha establecido que las niñas y los niños son sujetos de derechos, antes que sujetos de protección. 

2. El Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño ha reconocido que la educación que se le brinda a la infancia deberá estar -necesariamente- encaminada a una amplia gama de valores, y que dicho consenso atraviesa las líneas divisorias que han trazado las religiones, las naciones y las culturas en muchas partes del mundo, permitiendo conciliar valores distintos por medio del diálogo y el respeto a las diferencias.  

3. El mismo Comité también ha establecido que cualquier forma de educación que no respete las diferencias, los derechos humanos, la igualdad o la dignidad de las personas contraviene directamente la Convención sobre Derechos del Niños y es en sí misma discriminatoria. 

4. El Comité de Naciones Unidas sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) ha sostenido que la educación integral sobre sexualidad y reproducción es obligatoria, no debe ser discriminatoria, debe estar basada en pruebas, ser científicamente rigurosa y estar adecuada en función de la edad.

5. Por otro lado, en la Observación General núm. 13, el Comité DESC estableció que la influencia de los padres y las madres en la educación de sus hijos o hijas está supeditada por las normas mínimas de educación que establezca el Estado y deberá, en todo momento, estar guiada por la comprensión, la no discriminación, la educación para la paz y la supresión de los estereotipos sexuales y de otro tipo en la educación.

Sería preocupante que la reforma se aprobara con la redacción propuesta, ya que esto abriría el paso a una eventual reforma a la Ley de Educación del Estado, para consentir la creación del pin parental y que las familias pudieran impedir que sus hijos o hijas participen en actividades con las que no están de acuerdo. Es preocupante porque el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación ha mostrado datos alarmantes en relación con la percepción de discriminación e intolerancia hacia algunos grupos de población en Nuevo León. 

Es preocupante porque la reforma, tal como está, parece que reconoce a la educación como una libertad de los padres y las madres y no como un derecho inherente de la infancia. Los niños y las niñas son sujetos de derechos, no son objeto de propiedad de nadie. 

Y, sobre todo, es preocupante porque parece que algunos legisladores no entienden que el derecho a la educación de la infancia no permite una “objeción de conciencia” de los padres y las madres para impedir que sus hijos o hijas accedan a la educación contenida en los planes de educación del Estado. 

El siguiente paso en el proceso legislativo es la votación de la reforma en el Pleno del Congreso, por lo que este mensaje está dirigido a las y los legisladores que están a punto de votar el mencionado dictamen: No usen a la infancia como un campo de batalla para dirimir intereses políticos; su trabajo es garantizar los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, no limitarlos ni cuestionarlos. 

Exigir en vez de aplaudir

by Javier Scheiman Flores
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En lo personal, creo que los problemas de nuestra sociedad, vienen en parte de cómo visualizamos a nuestros gobiernos.  No sólo en México, sino en el mundo entero. Es un error grandísimo venerar políticos, o tratarlos como figuras superiores. Esto hace que se terminen creyendo que lo son, se desentiendan de la realidad de la gente y, por consecuencia, fallen. Un gobernante o representante no es más que un ciudadano representando las causas y necesidades de su gente. Pero cuando se les trata como superhéroes o profetas, los problemas vienen.

Hace tiempo leí una frase dicha por Victor Trujillo, “Brozo”, que creo que resume perfectamente el deber de los ciudadanos: “Al poder se le revisa, no se le aplaude.”

Tenemos que mantenernos siempre críticos con el actuar de estos individuos, sin importar que hayamos votado por ellos o no.

Intentaré explicarme. Un político es elegido para un cargo público, en el que debe de actuar en busca de mejorar las condiciones de los ciudadanos que representa o gobierna, haciendo uso de dinero que no es suyo. Y, al menos en México, son cargos temporales. Al ser así, deben estar sujetos a constante revisión y crítica (constructiva) de la ciudadanía. Lo que muchos políticos en el México moderno no entienden. Toman como insulto el hecho de que alguien levante la voz en su contra. Se burlan de sus opositores. O, en el peor de los casos, pierden la noción de que gobiernan para todos, y no sólo para sus votantes.

Aplaudirle a un político por realizar acciones positivas es como aplaudirle a un pez por nadar. Aunque si hay que reconocer cuando las cosas se hacen bien, no debe ser motivo de veneración. Al final de cuentas, para eso se les eligió. Tienen el poder en sus manos y si están ahí es porque los ciudadanos confían en que harán siempre lo mejor posible.

En México, la política actualmente está sumamente polarizada. Los que aplauden de tiempo completo y los que juzgan de tiempo completo. Los primeros carecen de visión critica para entender que muchas veces los gobiernos, sin importar de que partido o ideología sean, se equivocan. Y los segundos, los que únicamente juzgan, fallan en reconocer cuando el gobierno acierta en sus decisiones. Si bien no se les debe de aplaudir, sí es válido reconocer el buen trabajo.

Todos los ciudadanos tenemos el deber de exigirle a nuestros representantes. Por ahí empieza la política. Se debe de revisar todo lo que hacen, y con cada periodo de elecciones, buscar mejorar. Aunque el representante en turno sea de tu partido de preferencia, es necesario exigirle, para que realice su trabajo como debe de ser. Los políticos que incumplen sus labores son un cáncer para la sociedad, pero he de reconocer que poco a poco hemos entendido eso y hemos mejorado.

Otro error que encuentro en la clase política mexicana es la constante tendencia de criticar lo hecho por gobernantes anteriores, sin solucionar esos mismos problemas, y esto va para todos los partidos políticos.

 Si un político se postula para un puesto público, es porque se cree lo suficientemente capaz de solucionar los problemas que aquejan a la gente. Cuando usan su tiempo, ya en el cargo, para criticar o juzgar a los anteriores, sólo demuestran su incapacidad para solucionar esos mismos problemas. Entiendo que la mayoría de estos no se arreglan de la noche a la mañana, pero el tiempo en el cargo debería de ser aprovechado de mejor manera.

 ¿De qué le sirve al PAN quejarse de los estragos que dejó el PRI, si el PAN ya gobierna y no hace nada por solucionarlo? O, ¿De qué le sirve a Morena quejarse de la mala gestión del PRD, si tampoco buscan mejorar el entorno? Es un ciclo constante y muy dañino para los mexicanos. 

En conclusión, este problema es de dos partes. Por un lado, nuestros políticos, que casi en su totalidad (y repito, de todos los partidos) no buscan lo mejor para sus ciudadanos, aún con todos los recursos a su alcance, y por otro lado los ciudadanos, que han dejado de exigir para simplemente aplaudir o dejar de interesarse en lo que sucede en nuestro país.

La política comienza en las calles, en las conversaciones comunes, en los individuos. A partir de ahí, día a día, debemos construir el futuro que queremos ver.

“Haced política, porque si no la hacéis, alguien la hará por vosotros y probablemente contra vosotros”.
Antonio Machado.

El papel de la oposición

by Alejandro Villanueva Camargo
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En México durante muchas décadas estuvimos varados en un sistema unipartidista que funcionaba, se entendía y evolucionaba por sí solo. Con el paso de los años esto fue generando la necesidad de garantizar cierta representación a algunos partidos de oposición como una especie de válvula de escape. Se crearon los diputados plurinominales,  el sistema de regidores de representación proporcional, (mismo que no se explica que se otorgue la totalidad de la planilla a quien gana la elección sin importar el porcentaje que obtuvo, y al resto de planillas un numero de regidores significativos solo para tener “representación” en un cuerpo colegiado donde predomina la simulación, pues es evidente que la planilla electa tiene mayoría absoluta en el Ayuntamiento), con la finalidad de que la oposición acceda a ciertos cargos de elección popular. Por otro lado, como un intento de disminuir la creciente aceptación de los partidos de oposición, se llegó a especular que se impulsaba la creación de algunos partidos políticos desde el poder para dividir a la oposición.

Con el pasar de los años el deterioro y hartazgo del sistema unipartidista fue creciendo y se concretó con la elección del año 2000 donde históricamente Vicente Fox habría vencido al PRI, esto daría paso a la primera alternancia democrática en México. Tras haber perdido la elección presidencial el PRI no encontró su lugar en la alternancia y lejos de convertirse en una oposición propositiva para el país, se dedicó a emprender luchar interna para lograr el control del partido. El PRI no supo ser oposición desde entonces por sobreponer sus intereses a los del país.

En el año 2012 se concretó la segunda alternancia de la historia democrática del país, donde el PAN pierde la presidencia en un tercer lugar y el PRI vuelve al poder. Con este cambio político el PAN no asumió un rol de oposición responsable y se dedicó a ser cómplice o crítico del gobierno según su conveniencia.

Con la primera y segunda alternancia democrática en el país, donde ni el PRI ni el PAN lograron consolidarse como una fuerza política seria de oposición al servició del país, avanzó por vía libre una oposición crítica, organizada y propositiva hasta cierto punto que sí le hablaba a un gran sector de la población y que fue encabezada por la izquierda, la cual, tras la corrupción, impunidad e incompetencia de los gobernantes, logró el triunfo electoral en el 2018, lo que dio paso a la tercera transición democrática en el país. Por fin, quien llevaba décadas siendo la mejor oposición política en México, había llegado al poder. 

Tras años de una “lucha democrática” hoy vemos a un presidente al que no le gusta la oposición política, empresarial, de medios de comunicación, ni de ningún tipo y la única verdad es la de él y a veces la de su gobierno, y por si fuera poco, en México tenemos una oposición desfigurada que no termina de articularse ni definirse como tal. En un sistema democrático es fundamental que se cuestione las acciones del gobierno, en España por ejemplo, quien logra posicionarse como la segunda fuerza electoral se consolida como el Líder de Oposición y se llevan a cabo sesiones de control al gobierno paródicamente en el congreso para realizar cuestionamientos y una valoración al desempeño del gobierno. A un sistema democrático le hace mucho bien el diálogo abierto, la trasparencia y los distintos puntos de vista de todos los sectores porque eso genera la pluralidad.  

La democracia mexicana nació y se ha desarrollado bajo la idea de un sistema unipartidista, y esas son las bases del sistema político que nos rigen todavía hoy en día donde predomina un partido y se otorgan algunos espacios a la oposición sin saber que hacer con ellos, sin embargo, nuestro país ha cambiado y es necesario replantear un sistema democrático que garantice todas las expresiones políticas y donde se le dé utilidad a una oposición que sirva para construir un mejor país.  

Alejandro Villanueva Camargo

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