#Kleroterion: “¡Evaluando el Gobierno!”

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Un factor importante para cualquier sistema de gobierno es lo que mandata la Constitución Política en su artículo 134, que en pocas palabras es evaluar en qué se gasta y cómo el dinero público en las entidades federativas, Municipios y las Alcaldías en la Ciudad de México, es decir, “la evaluación de los resultados del gasto público”, lo que significa hacer el diagnostico para saber si vamos por buen camino, utilizando los recursos de manera transparente y eficaz.

Dicha evaluación nos ayuda a detectar las actuaciones de nuestros servidores públicos, y en su caso, tener los elementos para fincar responsabilidades, ya que al evaluar el gasto público, por ende, se evalúan las políticas públicas realizadas.

Ahora bien, en el caso de mi estado, Nuevo León, existen diversas instancias que son las encargadas de custodiar y evaluar la eficacia en la utilización del gasto público, como la Coordinación Ejecutiva de la Administración Pública y el Consejo Nuevo León para la Planeación Estratégica, recordando que la CEAPE, entre sus facultades, es la encargada de coordinar la elaboración del PND, así como del Informe de Gobierno; de la mano del CONL, realizan una evaluación anual de la implementación del Plan Estratégico para Nuevo León 2015-2030, lo que los convierte en una parte estratégica para el desarrollo y bienestar del estado y de todas y todos lo neoloneses.

Derivado de esta responsabilidad y comprometidos con la evaluación, se llevaron a cabo diversos espacios de análisis y discusión en torno al monitoreo y evaluación de políticas públicas, en el marco de la Semana de la Evaluación 2019; por su parte, el Gobierno del Estado a través de la CEAPE, convocó al panel “La Evaluación como Herramienta del Desarrollo”, donde se pudieron adquirir conclusiones entre las que destacaron que la evaluación es para mejorar, que es un proceso de aprendizaje, la evaluación no sólo son números, por lo que los datos duros nos dicen una cosa pero la percepción de la gente es otra; la evaluación es imprescindible aunque se tengan recursos escasos, debe ser de calidad, además, mientras más evaluación, tendremos más efectos y soluciones; debe ser legítima, lo que sin duda da confianza en nuestras instituciones.

Concluyo diciendo que la evaluación es una parte fundamental de cualquier administración, ya que gracias a esto, las y los ciudadanos podemos entender en qué se utiliza el dinero público y nos ayuda a poder evaluar de manera personal a nuestros servidores públicos y poder tomar las decisiones adecuadas, por lo que no sólo se evalúa el gasto, sino también al servidor.

#EspacioPúblico: “Peatones seguros en una ciudad de autos”

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Desde hace cerca de seis años, la organización a la que represento se ha dedicado al tema de movilidad peatonal. En un inicio se enfocó al tema más recurrente que encuentra un peatón en la ciudad: autos estacionados sobre el espacio público dedicado al peatón. Pero pronto nos dimos cuenta que el problema era mayor.

Con el tiempo hemos expandiendo nuestra participación hasta formar parte de consejos consultivos ciudadanos, como miembros de la plataforma de evaluación “Alcalde, ¿Cómo Vamos?, sugerir reformas a reglamentos municipales, apoyar en proyectos distritales y académicos y hoy aquí participando en este foro exponiendo nuestra perspectiva de cómo se vive hoy esta ciudad y poder ayudar en el proceso de este proyecto de ley.

Ser peatón en una ciudad como Monterrey es un reto que muchos realizan cada día, pero que también es una situación que muchos se niegan a ver. Una ciudad que por años ha dado preferencia a todo aquello relacionado con el automóvil privado difícilmente voltea a ver las necesidades de peatones , no entiende que la infraestructura es para cualquier usuario de la calle, que la ciudad mueve personas y no está hecha únicamente ( aunque así lo parezca) para trasladar autos.

En esta ciudad se aplauden los proyectos que privilegien la velocidad, el flujo continuo de autos y pone en duda la efectividad de proyectos que favorezcan a peatones y ciclistas y con mayor razón si eso implica quitar carriles, cajones de estacionamiento o incluir semáforos.

Peatones a diario caminan por banquetas en malas o muy malas condiciones, cruzan calles sin pasos peatonales claramente marcados, esperan el transporte público en lugares riesgos y en ocasiones bajan del transporte en segunda o hasta tercera fila de una avenida para después esquivar autos que invaden banquetas, espacios para personas con discapacidad, esquinas y rampas.

Ayer me quedé tarde leyendo el documento de la Ley General de seguridad vial con el que hoy estamos trabajando. Lo considero valioso por ser una ley enfocada a salvar vidas, quisiera compartir algunas de las experiencia que hemos tenido en estos años y que de alguna manera, espero, sean vistas para enriquecer el proyecto.

Algunas cifras nos ayudan a visualizarlas las condiciones de seguridad para el peatón. Siendo concretos, de acuerda a la última encuesta “Así vamos 2018”, realizada por la plataforma “Alcalde, ¿Cómo vamos?”, en la ciudad de Monterrey alrededor del 85% de los encuestados consideró que las banquetas se encuentran dañadas y con obstáculos y solo un 35 % percibe cruces peatonales adecuados para los traslados a pie.

De acuerdo al Informe sobre la Seguridad vial 2017, la gran mayoría de los hechos de tránsito que involucran fallecidos en el estado, más del 90 %, se dan en el área metropolitana de Monterrey. Pero el caso específico de la ciudad de Monterrey es alarmante ya que cerca del 56% de las personas fallecidas en hechos de tránsito fueron Peatones. Y por otro lado la mayor parte de los egresos hospitalarios son generados por ocupantes de medios motorizados, especulando un poco, los peatones ni siquiera llegan al hospital.

La seguridad para el peatón, en la actualidad, es una carrera de obstáculos muchas veces ocultos, en la que muchos participan para llegar a sus casas, trabajos o escuelas y algunos no llegan a la meta.

La seguridad vial es un tema prioritario si queremos que esta ciudad cambie en su estilo de vida y realmente se vean acciones acordes a la jerarquía de movilidad que hoy ya está por escrito en manuales y reglamentos pero poco llevada a la práctica.

Un tema que veo de gran importancia en la ley es la parte de la gestión de infraestructura, en específico la municipal. Muchos de los temas que la ley marca ya se tratan en reglamentos locales o se manejan en los discursos de ejecución de obras.

Calles completas, accesibilidad, jerarquía de movilidad, ciclovías, escala humana no es algo nuevo.

Pero que se conozcan los temas no quiere decir que se ejecuten correctamente.

La falta de estándares de calidad al ejecutar obras públicas, falta de empatía con los usuarios, presión por finalizar una obra y recursos limitados que siguen siendo aplicados con prioridad al enfoque automovilista da como resultado obras que en lugar de favorecer la seguridad la pueden dejar peor.

Una rampa de accesibilidad mal aplicada, falta de señalética en calles, incorrecta aplicación de colores en los cruces de una ciclovía, la mala ubicación de una parada de transporte o la falta de mantenimiento físico y la impunidad en el cumplimiento del reglamento de tránsito en una calle peatonal son algunos ejemplos de lo que al realizarse inadecuadamente, en lugar de ayudar a salvar vidas las pueden poner en riesgo. Estas cosas suceden, lo hemos visto en muchas ocasiones, siempre buscamos la forma de hacer las observaciones a quienes las realizan, sin embargo al señalar las fallas es común escuchar justificaciones como: “es con lo que contamos”, “lo sabemos pero no teníamos material”, “había que salir en los tiempos marcados” ó “Ya después se corregirá” (cosa que rara vez sucede) .

Este me parece el reto más importante de esta ley. Que al llegar a la gestión de infraestructura por parte de los municipios se cuente con los candados necesarios para que estándares de calidad se cumplan y se logren los objetivos de generar infraestructura segura a los usuarios del espacio público y de no ser cumplidos , se ejerzan sanciones.

Y lo anterior no lo cerraría únicamente al trabajo de obra pública municipal. Hay también un reto importante para los departamentos de Desarrollo Urbano con la construcción privada, que olvida integrar a sus proyectos el espacio público marcando diferencias entre lo que está al interior de un predio, cómo si los usuarios de la obra jamás usaran el exterior, especialmente en zonas preexistentes, en las que se promueven proyectos que generen mayor número de peatones cómo son los proyectos para El Centro de Monterrey.

Así es esta ciudad, así la hemos construido y en nosotros está también cambiarla. No será sencillo pero lo que vale la pena rara vez es fácil.

Hoy somos un estado, y en específico “Un área metropolitana”, con un alto número de hechos viales en los que se pierden vidas a pesar de contar con infraestructura, reglamentos y programas de prevención. 

Mi conclusión es que no hay ley que por sí sola salve vidas. Para que se salven vidas se requiere de una ley clara y precisa y ésta lleva buen camino, procesos auditables que ayuden a que la ejecución de la ley no pierda en el camino el espíritu para el cual fue hecha, reglamentos en los que quepa la certeza que sus usuarios han entendido y serán verdaderamente cumplidos y de ser necesario se sancione debidamente, pero sobretodo se necesita de ciudadanas y ciudadanos conscientes que al seguir reglas de convivencia en las calles se convierten en agentes de seguridad . Las vidas no se salvan por escrito, se salvan con actos.

Texto Presentado por Eduardo Quintanilla, representante de la Organización La banqueta se respeta en el Foro Regional de la Ley General de Seguridad Vial realizado en Monterrey el 4 de Marzo de 2019.

#Kleroterion: ¿Cuál es el Problema entonces?

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Increíble pero cierto, además de tratar de mitigar el pago de la gasolina cara y en la expectativa de que no suba el precio, o en su caso, de que baje, nos encontramos con otro problema muy grave, el desabasto. En estos días hemos visto en varios estados como Guanajuato, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Puebla, Querétaro, Tlaxcala, EDOMEX, entre otros, que se han quedado sin dicho combustible, por lo que sin duda, nos hace pensar una infinidad de teorías o explicaciones.

Llama la atención que dentro de las regiones del país que sufren escasez, está el estado de Puebla, lo que me arroja dos opciones, la primera, es un problema de logística en la distribución de gasolina en los ductos y la segunda, una jugada maestra para acabar con el huachicoleo, ya que este estado ha sido puntero de tal delito, por lo que al reducirse la gasolina, de alguna manera se obliga a las gasolineras a justificar si tenían inventarios falsos o no, para quedarse con este desabasto, mostrando y detectando si había gasolineras que vendían producto robado, no habría pipas qué robar y en estricto sentido las tomas clandestinas estarían secas.

¿Será entonces que el robo de combustible y la escasez, son figuras separadas o estratégicas?, me parece que es un buen factor de análisis, sin embargo, los ciudadanos son los que al final de todo seguimos pagando las consecuencias. Ahora bien, el desabasto también conlleva actos ilícitos, ya que en varios de estos estados, al surgir desabasto, los huachicoleros la venden a costos lógicamente altos, lo que sin duda, conlleva un impacto al sector automovilístico y de transporte, ya sea particular o privado.

Es muy importante esperar para ver qué efectos tendrá este desabasto, si es realmente una estrategia mediática para combatir el robo de combustible, o como dije anteriormente, un error de logística o técnico, convencidos de que en cualquiera de los casos, al final, somos los que pagamos, pero con la visión firme que al erradicar el huachicoleo, se contribuye para una mejor estructura de abasto y distribución de combustible, así como una mejora económica que se verá reflejada en el país.

Estoy consciente que un problema lleva al otro, si existe, como hasta ahora, un robo incuantificable de combustible, en algún momento debería existir escasez, pero imaginemos a qué grado de robo debemos llegar para que exista desabasto en un estado, por lo que entonces el huachicoleo se vuelve un delito de seguridad nacional, donde los grupos delictivos están coludidos con autoridades y trabajadores del sector.

Debemos tener en cuenta que en la mayoría de los estados que se tiene desabasto, son estados con problemas de robo de combustibles, por lo que es momento para reiniciar la estrategia de seguridad para el combate de este delito, así como los actores que lo influyen, se debe aprovechar este desabasto para transparentar la distribución, traslado y venta legal de gasolina, revisar los registros, ductos, áreas, etc., así como realizar un censo de manera adecuada a las gasolineras en sus inventarios, asimismo, que todos y cada uno de los gobernadores, alcaldes y funcionarios, unifiquen sus esfuerzos para abatir este grave delito.

Por su parte, es primordial explicar un poco lo que implica el huachicoleo, para 2004 el número de tomas clandestinas pasó a 102, ya en 2016, eran 6159 y en 2018 se registran 11240 tomas, por lo que es notoria la tendencia de crecimiento en 14 años, por lo que PEMEX tuvo derramas inimaginables de combustible, lo que implica pérdidas económicas y aproximadamente el robo de combustible produce al año pérdidas por 15 y 20 mil millones de pesos, esto con información de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo que nos damos cuenta cómo este delito influye  de manera directa en las finanzas públicas del país, por su afectación directa en los ingresos tributarios, así como en materia de infraestructura y por supuesto ecológica, sin mencionar los demás delitos que esto propicia y el impacto que conllevan en la sociedad.

Es momento de que la SHCP, PEMEX, FGR, Estados, Municipios, Congreso, etc., trabajen de manera conjunta en una estrategia integral para erradicar de manera eficaz este grave delito, con acciones concretas, por ejemplo, en PEMEX se implementaron sistemas para medir la presión en sus ductos y así poder detectar el robo de combustible, pero esto no ha sido suficiente, por lo que debe hacerse un trabajo conjunto para poder tener resultados.

Por un lado, es importante crear cambios legislativos para proporcionar un marco jurídico más estricto para el combate del huachicoleo y por otro, una buena estrategia de seguridad en los estados más afectados.

Concluyo diciendo que el desabasto de gasolina tiene una gran cola que se ha venido arrastrando durante muchos años, debemos analizar si lo que sucede ahora es muestra de una estrategia maestra para erradicar el delito o simplemente es un error logístico, pero me parece que la infraestructura petrolera a estas alturas, no debe o no tendría por qué tener errores de esa magnitud, sin embargo, esto sería en el mundo ideal, pero si el problema entonces fuera técnico, me parece buen momento para pensar que hasta de esos errores se puede obtener un beneficio o un análisis, ya que sin gasolina por muy estructurada que esté la delincuencia organizada, no hay manera de ejercer este delito. Es el momento de analizar estrategias, cambios y legislaciones, pensar más allá de lo que significa el desabasto, que tal vez podría ser desabasto estratégico, no lo sé, hay mucho qué pensar, pero si esto pasa inadvertido, no se ve más allá de un simple desabasto técnico, no se toman cartas en el asunto, no se desprenden conclusiones beneficias para la nación, no se analizan los pros y contras, podría decir que no sé ¿cuál es el problema entonces?…

#EspacioPúblico: “La ley de la calle”

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En días reciente me tocó cruzar una céntrica calle en la que había una escuela y me quedé sorprendido al ver los autos a velocidad que excede lo permitido y haciendo caso omiso de la preferencia peatonal.

Al caminar un poco me di cuenta  que las señales que marcan la zona escolar estaban grafiteadas o cubiertas por ramas de árboles.

Al caminar un poco más me topé con autos estacionados en esquinas que impiden el cruce peatonal, banquetas convertidas en cajones de estacionamiento, vueltas continuas en calles de gran flujo peatonal y ausencias de pasos cebra en casi todas las calles. En todos los casos las señales para indicar las reglas no existen, están dañadas o no son visibles.  

El comentario habitual es que la gente opine que no existe cultura vial.

La pregunta sería: ¿se puede tener cultura sin infraestructura que la apoye?

Me parece que así como los libros son importantes para la educación y la cultura. La infraestructura es importante para la cultura vial sin olvidar que el tema intermedio es la educación.

¿Conocemos el reglamento de tránsito y lo aplicamos? 

No conocer las reglas del juego nos ha generado una sociedad en la que la cultura vial se rige bajo usos y costumbre y no bajo un reglamento.  Además, la costumbre nos ha llevado a favorecer a quienes van en un auto dejando a peatones y ciclistas desprotegidos y a la defensiva.

No es sencillo modificar hábitos sin la información necesaria que nos ayude a entender por qué lo debemos hacer. Dejar privilegios cuesta trabajo hasta que entendemos la importancia y el beneficio del bien común.

Un primer paso podría ser leer un sencillo libro que nos ayude a entender nuestras calles: el Reglamento Homologado de tránsito para el área metropolitana de Monterrey *. 

Por otro lado las autoridades locales podrían ponernos un examen que demuestre nuestra educación teniendo la adecuada señalización en las calles que indique lo marcado en el reglamento y algunos agentes de tránsito bien preparados señalando nuestras fallas.

Y lo último sería transformar lo aprendido en cultural al ver el beneficio en menores hechos de tránsito,  saber compartir la calle, mejorar las condiciones de peatones y ciclistas y hacer de una ciudad hostil una ciudad humana.

Hoy en día es común escuchar al transitar por las calles de Monterrey quejas y argumentos de automovilistas como: ‘es recaudatorio’, ‘ lo que no está prohibido está permitido’, ‘al cabo todos lo hacen’, ‘aquí no hay agentes de tránsito’ o ‘ ve nada mas a ese peatón cruzando, qué no ve que aquí vamos a mucha velocidad’.

Con  la educación de leer y aprender un reglamento podría cambiar a una cultura en la que se  escuche: ‘reduce la velocidad’,  ‘si otros lo hacen mal yo no tengo por qué hacerlo’,  ‘respetemos al agente de tránsito’ o ‘hay que dar paso al peatón’. 

* El reglamento homologado de tránsito está disponible de manera gratuita en la siguiente liga: 

http://www.guadalupe.gob.mx/reglamento-de-transito-homologado.pdf

#PulsoUrbano: “La alergia nuestra de cada día”

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La escena se repite. Una “nata” gris divide entre el cielo que emerge del imaginario más poético y esa parte “baja” de la ciudad en donde ni se pierde incluso la visibilidad.

El problema de la contaminación del aire es que el aire no se ve. Así que la vida cotidiana pasa mientras respiramos “quiénsabequécosa” sin darle demasiada importancia. Sin embargo, eso no quiere decir que no exista.

La mala calidad del aire es y cada vez más se presenta en la alteración de la salud pública de los habitantes. Si preguntamos a nuestros conocidos sobre los síntomas que no les permiten “vivir en paz” en la ciudad, nos daremos cuenta que la mayoría apunta a ligeros y no menos graves señales de que algo no está bien: dolores de cabeza, alergias, nariz tapada o dificultad para respirar.

Es esto último, respirar, uno de los verbos de los que depende la vida humana. Por eso es tan importante, hablar del problema lacerante para la calidad de ida colectiva que representa la contaminación del aire.

Lamentablemente, su medición como regulación, dependen de las instituciones públicas competentes. Las mismas que “brillan por su ausencia” una vez que lo único que hoy tenemos en el Estado de Nuevo León es una irrisoria medición que ni siquiera alcanza los estándares tecnológicos para hacerla de forma oportuna y correcta.

A lo más que ha llegado la acción gubernamental ha sido a difundir esa medición imprecisa, emitir recomendaciones para que nosotros hagamos algo en términos de prevención y conferencias o talleres para que sepamos de qué se trata.

Dos que tres batallas legales contra las famosas “pedreras”, pero hasta ahí.

¿Se puede hacer más? Por supuesto que sí. Sobre todo, porque Nuevo León tiene una gran posibilidad de involucrar a una sociedad civil cada vez más preocupada por solucionar este problema y cuyo conocimiento y propuestas deberían estar como prioridad en estos momentos de crisis ambiental en la que todos los días estamos con el semáforo en rojo.

Lo cual se traduce en enfermedades y, por tanto, en altos costos en salud que se termina pagando con dinero privado y también con dinero público.

Debemos hacer la gran apuesta que no sólo considere a los baches como el problema de Nuevo León, sino… ¿Qué estamos respirando? Preguntemos una y otra vez para darnos cuenta que esa nata nuestra de cada día debe desaparecer si queremos garantizar nuestra calidad de vida.

Desarrollo Urbano: Tarea de Todos

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Hace no mucho el congreso local aprobó la nueva Ley Estatal de Desarrollo Urbano la cual ha venido generando mucha controversia en distintos sectores sobre todo entre los alcaldes y algunos expertos en el tema que aseguran que esta ley invade la esfera municipal y la autonomía de los ayuntamientos en decidir en temas de gran trascendencia para su gente. De entrada creo que vale la pena señalar que el nivel de gobierno más cercano con la ciudadanía es por naturaleza el municipio, su propia integración y razón de ser está encaminada a ser el contacto natural con los grupos de vecinos y colonos para atender sus necesidades y peticiones relacionadas con su entorno local.

En la mayoría de países desarrollados el municipalismo ha avanzado tanto que los municipios tienen mayores atribuciones inclusive más que el propio estado (provincia, etc, dependiendo el país). En Japón los gobiernos estatales de  las prefecturas (estados) son prácticamente un adorno en comparación con los estados en nuestro país considerando las atribuciones que tienen. La tendencia de cualquier país desarrollado en camino a la modernización suele ser la descentralización responsable y controlada del gobierno, en Colombia por ejemplo, los alcaldes ven gran parte de las labores de obra pública, seguridad e inclusive salud, mientras que en México inclusive se habla de mandos únicos y muchos municipios no tienen direcciones de salud y una cantidad nula de obras.

En lo personal creo que las leyes deben diseñarse y adaptarse a las necesidades de cada país o estado (inclusive municipio), no soy quien para decir que la nueva ley estatal de desarrollo urbano esta bien o mal hecha pero de lo que si estoy seguro es que no podemos ignorar la voz de los alcaldes y demás expertos en el tema que han salido a hablar en contra de la ley. No creo que sea la solución que la federación o los estados por unos cuantos malos ejemplos quieran tratar a los municipios como niños chiquitos cuando la mayoría no se comportan como tal y han mostrado crecimientos ordenados, ejemplos los hay en Nuevo León, Guanajuato, Querétaro y otros estados del país.

La AMA (Asociación Metropolitana de Alcaldes) recientemente anunció que busca armar una estrategia nacional común contra estas nuevas leyes que invaden la autonomía de los municipios en varios aspectos como “que no garantiza que las cesiones de área municipal sean suficientes para las necesidades de la comunidad, la judicialización de suspensiones y clausuras, se invaden facultades municipales y del Estado para crear el Instituto Metropolitano, se eliminan las vigencias de autorizaciones y licencias, la ley es menos rigurosa para establecer requisitos de seguridad para obtener permisos y que se permite la instalación indiscriminada de antenas telefónicas y de radiodifusión en zonas residenciales.”*

Soy un convencido que los extremos nunca son buenos, creo que nunca es sano para cualquier sociedad que se aprueben leyes cuando todo un nivel de gobierno en su colectivo no está deacuerdo así como tampoco lo es sano cuando un sector de la sociedad tampoco lo esta. A veces por ignorancia o desconocimiento del tema la gente puede no manifestarse en contra de una iniciativa aunque esta pueda repercutir en su vida cotidiana, desde el lugar donde viven, por donde van a circular y donde van a vivir sus hijos.

*Información de El Norte

El presupuesto para Nuevo León en 2018

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El uso y destino de los recursos en sociedades democráticas o que por lo menos aspiran a serlo, supone debates, donde se ponderan proyectos o propuestas cuyo objetivo es beneficiar a distintos grupos y sectores sociales; los recursos públicos a través de las políticas que generan los gobiernos habrían de traducirse en una mejora en la vida concreta de las personas, las familias y las comunidades. Sin recursos son bajas las probabilidades de arrancar programas o darles continuidad, menos aún de diseñar e implementar políticas públicas, salvo situaciones excepcionales,  señalar lo contrario es demagogia y engaño para los ciudadanos.

Como bien explica John Rawls en su libro Liberalismo Político, el debate en las sociedades contemporáneas es qué derechos se otorgan cuando todos los derechos son igualmente importantes. Trasladando ese argumento al reparto de recursos se vuelve complejo cuando todos los programas son importantes, podría preguntarse ¿a qué se le destina más dinero a educación, a salud, a seguridad? No es sencillo responder, más aún cuando aparecen lo urgente y lo inmediato.

En el caso del próximo ejercicio fiscal, si bien los estados tienen demandas legítimas respecto de lo más urgente en su respectiva entidad, lo cierto es que el Gobierno Federal debía responder este planteamiento en una situación extraordinaria: los sismos que afectaron a varios estados de la República y que demandan, entre otras cosas, la demolición y posterior reconstrucción de escuelas, hospitales, edificios y casas que fueron dañados.

Al considerar la emergencia nacional producto de los desastres naturales, es un logro que el presupuesto para Nuevo León no se viera disminuido. Después del diálogo del Ejecutivo Estatal, los diputados federales y el Secretario de Infraestructura pudo negociarse la cantidad de $9 mil 965 millones 487 mil pesos para el ejercicio del próximo año lo que se traduce en la capacidad de dar continuidad a diferentes políticas públicas y programas de infraestructura sólo por mencionar algunas de las consecuencias positivas de esta situación.

Nuevo León recibirá más de mil millones adicionales con respecto a 2017, lo que se traduce, por ejemplo en recursos para el “Programa Hidráulico” con un monto cercano a los 180 millones de pesos, casi 15 millones más que en 2017; es también el caso del rubro destinado al “Fondo Metropolitano”  donde se otorgarán a Nuevo León 286 millones de pesos, que corresponden al 8.7 por ciento de la bolsa nacional para el año 2018; o el “Fondo de Accesibilidad para personas con discapacidad” que obtendrá para el próximo año más de 17 millones de pesos.

Vale la pena resaltar también los casi 199 millones que fueron asignados para la construcción de un Paso Superior Vehicular sobre la Av. Morones Prieto y la calle José Calderón frente a la Universidad de Monterrey, proyecto del cual yo gestioné su registro y siendo este el único que obtuvo la validación técnica y financiera por parte de la Secretaría de Hacienda en este año. Esto me llena de orgullo pues el proyecto se inscribió apenas 3 meses atrás y terminará siendo uno de los más importantes que haya impulsado durante mi legislatura.

Otro apunte necesario es que dichos recursos se consiguieron en una negociación con todos los diputados federales, en la cual Edgar Romo vicecoordinador del PRI y de Nuevo León tuvo al final un papel preponderante.

Al ponderar estas cifras, proyectos y políticas puede señalarse que el debate sobre el dinero público se orientó a beneficiar al mayor número de ciudadanos posible con recursos limitados. La tarea del ejecutivo y de los diputados federales en el diálogo con el gobierno federal se cumplió debidamente.

Ayuntamientos Ciudadanos

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No es un mito ni secreto en la sociedad mexicana, que en política, la ciudadanía no es representada por sus autoridades y que no en todos los cargos de elección popular el ciudadano realmente tiene el poder de decidir con su voto. Claro ejemplo de ello, es la forma en la que se elige a los Regidores que integran el Ayuntamiento de los Municipios de Nuevo León, que desde la reforma político-electoral a nivel federal en 1988, en los municipios del estado de Nuevo León se sigue aplicando.

Pese al unipartidismo en el que México vivió durante décadas, en Nuevo León un periodo de “bienestar social” legitimó a gobiernos emanados del Partido Revolucionario Institucional durante décadas, sin embargo, diversos acontecimientos, además de una clase empresarial inconforme con el régimen local fue impulsando la alternancia y apoyando diversos movimientos para lograrlo. A finales de la década de los setenta grupos como la CAINTRA, CANACO y el CCINLAC conformaron un importante grupo de oposición que abanderara el Partido Acción Nacional, logrando la alternancia en 1997. Sin embargo, a nivel municipal, desde la década de los setenta diversos Ayuntamientos lograron la alternancia, cambiando al sistema unipartidista de la época.

Desde 1997 a 2003 en Nuevo León se llevaron a cabo tres reformas electorales, en la cual solamente una en el año 2000 estaba relacionada directamente con el proceso de elección de los Ayuntamientos. En la reforma electoral, solamente fue modificado el Artículo 10 de la Ley Electoral del Estado, en donde se establece que para ser parte de una planilla de elección de Ayuntamiento debería acreditar la residencia del municipio, pues antes solamente bastaba con acreditar la residencia de alguno de los municipios del área metropolitana de Monterrey.

El Municipio tiene funciones y atribuciones que toma decisiones a través del Ayuntamiento que son de suma importancia para el desarrollo de la ciudadanía, por lo que, debe garantizarse la representación popular en la elección de los integrantes del Ayuntamiento.

Hoy en día, los Ayuntamientos son órganos al servicio del Alcalde en turno y su partido, requerimos cambiar el sistema de elección para que la ciudadanía esté en el centro de las decisiones a nivel municipal, para que se integre de forma democrática, representativa y que esté realmente al servicio de la ciudadanía. Por todo esto, será fundamental la participación de la ciudadanía organizada en el proceso electoral del 2018.

Más recursos para el estado y municipios, necesitan de más vigilancia ciudadana

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Además de la Tenencia, el Congreso aprobó al estado más deuda, más impuestos y derechos, a los municipios se les autoriza incrementar el predial y el ISAI, en suma se carga la mano al ciudadano y en el gobierno no se mueven sus sueldos y mantienen una burocracia VIP con prestaciones exorbitantes.




Estado, Congreso, Poder Judicial, Municipios y los órganos autónomos tendrán más ingresos en 2017, por lo que hacemos un llamado a los ciudadanos de Nuevo León para que visiten, naveguen y consulten las páginas de transparencia del Gobierno del Estado, Congreso, Poder Judicial y los Municipios, y ejerzan el derecho humano de acceso a la información pública (que comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información) y así verifiquen de primera mano en qué se están gastan los recursos públicos,  ya que solo de esta forma se puede hacer material la rendición de cuentas.

A partir de la segunda semana de enero, en Redesquintopoder daremos capacitaciones gratuitas a los ciudadanos, para que conozcan la importancia de la Ley de Acceso a la información y con tutoriales aprendan cómo y por qué medios pueden realizar una solicitud de información pública, cuándo y cómo deben contestarles y como realizar recursos de inconformidad.

LA TENENCIA

Para el cambio en la fórmula de la tenencia, abundan las justificaciones que van desde las financieras, que se trata de uno de los mejor impuestos pues es progresivo y otras que son las medio ambientales,

En el Congreso los diputados le endilgaron el costo político, de cambiar la eliminación de la tenencia, al gobernador, la cual Jaime Rodríguez aceptó (sin ponerse bronco).

La ciudadanía ve este cambio como una traición, esto tendrá como consecuencia un incremento de la desconfianza en los representantes, no es un tema de popularidad o asumir costos políticos, el cambio en la tenencia afecta seriamente la relación entre gobernante y gobernados, se dijo una cosa hace un año y ahora se dice otra (nada garantiza que no hagan lo mismo en 2017).




Es como cuando en la relación de pareja hay un engaño, se puede hablar, reflexionar e inclusive perdonar, pero nunca será lo mismo.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

¿Qué tan pública es una consulta ciudadana?

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En días recientes el municipio de San Pedro Garza García puso en consulta cambios en su plan de desarrollo urbano incluyendo algunos proyectos viales de gran tamaño y de interconexión con el municipio de Monterrey.

De acuerdo al reglamento se invitó a los residentes del municipio a conocer los proyectos y dar su opinión. Un centenar de vecinos, en su gran mayoría entrados en canas, asistieron preocupados a ver como su municipio se les va de las manos y deja de ser lo que ellos conocieron.

Y en esta buena iniciativa de consulta pública puede estar también el problema de una buena toma de decisiones.

¿A quien se debe consultar un proyecto vial en una metrópoli compuesta por varios municipios?

San Pedro Garza García ha dejado de ser una zona residencial de baja densidad y se ha convertido en una de usos mixtos en donde la demanda por espacios corporativos, comerciales, educativos y residenciales en condominio ha ido creciendo.

 




Se dio la libertad que así fuera y revertir la tendencia es prácticamente imposible.

Gente de todos los municipios del área metropolitana llega a diario a trabajar a San Pedro. Hay horas del día en que el número de autos supera al número de habitantes. La población flotante que entra y sale del municipio en auto privado es altísima, el transporte público está saturado de usuarios y las condiciones de movilidad peatonal para los que viven la zona en horario laboral es deficiente.

El número de vecinos reales que les atañe una decisión urbana es muy superior a los que lo pueden demostrar con una credencial de elector. ¿O acaso no son vecinos los que pasan más horas del día en sus trabajos que en sus propias casas y viven a diario los problemas viales?

También hay otros grupos que su opinión es valiosa en una decisión y que no necesariamente son vecinos del sector.
La opinión de grupos de la sociedad civil, colectivos ciudadanos enfocados en temas de movilidad y seguridad vial, académicos, asociaciones de urbanistas e investigadores pueden dar una visión más global de un tema metropolitano que sume a la opinión de vecinos.

Es tiempo de dejar de ver al municipio como “La Colonia” y verlo de manera integral dentro de la ciudad.

Y en especial hay que dejar de ver la cuidad con nostalgia queriendo recuperar lo perdido y verla con los ojos de una generación millennial a la que se debe fomentar su participación. Ellos serán los que vivirán por más tiempo las decisiones que se tomen.

 




Bienvenida la consulta pública. Pero también será bienvenida la apertura a otros participantes.

La verdadera ciudad empieza cuando se deja de ver de manera individual a los municipios que la forman.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”