“El reconocimiento de los derechos humanos depende del momento histórico que se esté contando”, me dijo alguna vez una maestra. La lucha por los derechos humanos ha sido muy larga, dolorosa y sobre todo constante. A lo largo de nuestra historia hemos vivido acontecimientos atroces que nos han marcado profundamente, dejando un rastro de indignación imborrable.
Después de la Segunda Guerra Mundial, se dejó un mundo adolorido, espantado y con poca esperanza.Por esta razón, los países decidieron unirse y realizar un compromiso: reconocer y respetar los derechos humanos, entendiéndose estos como derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna; considerándolos universales, inalienables, independientes e indivisibles.
Durante las últimas semanas en Nuevo León, se ha suscitado un debate entre el poder ejecutivo y legislativo, en contra de los criterios implementados por el Poder Judicial. Algunos Alcaldes y legisladores han realizado un llamado de advertencia, en especial al Magistrado Arenas Bátiz (Presidente del TSJNL), considerando sus criterios como ineficientes para la implementación de justicia, trayendo como consecuencia la liberación de “delincuentes”.
Vivimos en un país donde más del 64% de los mexicanos y mexicanas tememos por nuestra integridad física, psicológica y moral si llegamos a ser detenidos por cualquier autoridad.
A través de este conflicto, me ha tocado escuchar diferentes opiniones, pero la que más me llamó la atención, fue la siguiente: “los derechos humanos para algunas cosas están bien, pero para otras no, como por ejemplo cuando dejan delincuentes sueltos”. Entonces: ¿La culpa es de los derechos humanos o de las autoridades encargadas de realizar el proceso?
Amnistía Internacional en su informe “Fuera de control: tortura y otros malos tratos en México”, denuncia que la practica de la tortura en nuestro país es generalizada y persiste, que lleva arraigada en el sistema por más de 50 años, y lo peor es que cada vez aumenta con más frecuencia. Se estima que por lo menos 80.000 personas son victimas de actos violentos relacionados con las detenciones realizadas por el Ejercito, La Marina o la policía [1]. En el año 2014 se presentaron más de 7.000 denuncias de personas que afirmaron haber sufrido tortura durante su detención y sólo 7 tuvieron una condena por un tribunal federal [2].
En Nuevo León la tortura por parte de las autoridades, no es un tema exento, sino todo lo contrario, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León –CEDHNL– emitió en el año 2015, 116 recomendaciones [3] , de las cuales más del 80% son sobre casos de tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes. La autoridad responsable de detener al presunto delincuente, en principio tiene la costumbre de no contar con una orden de aprehensión, pues se determina que han sido detenidos al momento de cometer el delito. Asimismo es una conducta reiterada no poner a la persona a disposición del Ministerio Público más cercano, la autoridad decide la mayoría de las veces llevarla a una casa abandona, lote baldío o en el mismo carro de la autoridad, para proceder al más viejo método de investigación –aceptado por muchos–, el cual consiste en proporcionar: patadas, puñetazos, asfixia (con bolsas de plástico o trapos de tela), toques eléctricos (en los genitales de la persona), y hasta en algunas ocasiones se llega al extremo de la violación sexual; con la finalidad de obtener una confesión y/o infringir un castigo.
Amnistía Internacional en su informe “Fuera de control: tortura y otros malos tratos en México”, denuncia que la practica de la tortura en nuestro país es generalizada y persiste, que lleva arraigada en el sistema por más de 50 años, y lo peor es que cada vez aumenta con más frecuencia.
Si para algunas cosas están bien los derechos humanos y para otras no ¿Entonces no dejarían de ser derechos humanos?, la propia definición lo dice, no están sujetos a ninguna condición. Ahora respecto a los comentarios de un Alcalde, en donde manifiesta que no se está haciendo justicia, yo le diría que si la justicia significa ir en contra de la dignidad humana, no respetar la integridad del acusado, así como no aplicar los derechos constitucionales e internacionales respecto al debido proceso, entonces no sé de qué tipo de justicia estamos hablando, al momento de no respetar el principio de presunción de inocencia que tanto nos costó conseguir y salvaguardar.
El problema no lo tienen los derechos humanos, no lo tienen los jueces y tampoco la ley, el problema lo tienen las autoridades encargadas de realizar las investigaciones, negadas a ir conforme a los lineamientos nacionales e internacionales en la materia, las cuales siguen rigiendo por las practicas inhumanas y arraigadas de un sistema que lo único que han conseguido es tener a más gente inocente adentro. Si existen presuntos delincuentes libres sólo se puede traducir a la baja capacidad investigadora de los policías y el Ministerio Público en México, si se desea que las personas que han cometido un delito, vayan a la cárcel para cumplir su condena, entonces deberían de exhortar a sus policías en realizar una investigación integra, conforme al marco jurídico y respetar en todo momento los derechos humanos.
Vivimos en un país donde más del 64% de los mexicanos y mexicanas tememos por nuestra integridad física, psicológica y moral si llegamos a ser detenidos por cualquier autoridad [4]. Es inadmisible que se tome el estereotipo – en este caso de criminales – como método de justificación de la tortura, para conseguir una supuesta justicia.
[1] Amnistía Internacional, “Fuera de control: tortura y otros malos tratos en México”, 2014, pág. 10. Disponible en: http://amnistia.org.mx/nuevo/wp-content/uploads/2014/09/INFORME_TORTURA_AIM.pdf
[2] Amnistía Internacional, Op.cit. págs. 11-12.
[3] Comisión Estatal de Derechos Humanos Nuevo León, Recomendaciones 2015. Disponible en: http://www.cedhnl.org.mx/recomendaciones.html
[4] Amnistía Internacional, contra la tortura. Disponible en: http://amnistia.org.mx/hacemosn/tortura/
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