Poder Judicial repudia quema de ministra en gran mitin de AMLO

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El Consejo de la Judicatura Federal emitió un comunicado hoy expresando su preocupación por los actos de violencia y odio que tuvieron lugar durante la celebración del aniversario 85 de la Expropiación Petrolera en el Zócalo capitalino.

Un grupo de simpatizantes de Morena quemó una figura de cartón que representaba a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña, y la insultó.

El Poder Judicial Federal lamenta profundamente estos hechos y reitera que la violencia, en cualquier forma, es un obstáculo para la realización de los objetivos que como mexicanos nos unen: la protección de los derechos humanos y el estado de derecho.

Además, señala que el ejercicio de los pesos y contrapesos que exige nuestra Constituciónno debe conducir a la confrontación entre instituciones o ciudadanos.

En este sentido, el Consejo de la Judicatura Federal hace un llamado a la sociedad en su conjunto para que se respeten las diferencias y se fomente el diálogo constructivo. Finalmente, enfatiza que la violencia de género y los actos de odio no tienen lugar en una sociedad democrática, por lo que pide que cesen estas acciones en México.

(Fuente: Luis Cárdenas MX)

¿La Suprema Corte se quiere robar la Navidad?

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En la víspera de Navidad del 2020, tres municipios del estado de Yucatán, México, colocaron “nacimientos de cristo” pagados con el erario público. Lo anterior tuvo como consecuencia que una organización en favor de los derechos humanos interpusiera tres juicios de amparo por violación al estado laíco.

La principal razón de los litigios consistió en señalar que los ayuntamientos se tienen que desempeñar dentro de los límites de la laicidad, tal y como establece la Constitución Mexicana. La organización Kanan Derechos Humanos planteó que aquellas personas que no comparten o practican el catolicismo tienen derecho a vivir en un municipio que no gaste dinero público en símbolos religiosos de cualquier tipo y a que tampoco se les intente cambiar el pensamiento a través de la difusión del evangelio. 

El caso ha sido tan relevante que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien lo resolverá. Si bien este asunto se empezó a discutir en noviembre de 2022, al momento en que se escribe este artículo (diciembre 2022) aún no hay fecha definitiva para dictar sentencia. No obstante, ya se conocen los proyectos de resolución de dichos amparos y, a grandes rasgos, proponen declarar procedentes y fundadas las demandas.

Lo anterior ha ocasionado que algunas personas piensen que, con dichas resoluciones, se prohibirá la colocación de adornos navideños en las calles; que las personas ya no podrían instalar nacimientos en sus casas o que incluso ya no podrían celebrar la navidad.

Lo cierto es que el proyecto de sentencia de la Suprema Corte no tiene dicho propósito. Más bien establece un precedente para que los entes de gobierno respeten el estado laico, absteniendose de colocar públicamente simbolos de alguna religión específica y de erogar recursos públicos con dicha finalidad.

Si bien el derecho a la libertad de religión es un derecho que todas las personas tenemos, también es importante dimensionar que no todas las personas practicamos la misma religión y que incluso algunas no practican ninguna en lo absoluto.

Por lo que, independientemente de lo que resuelva la Suprema Corte, es totalmente razonable que busquemos construir espacios públicos que sean igualmente amigables para alguien que practique el catolicismo, pero también para quienes practiquen cualquier otra religión, desde el cristianismo evangélico, el judaísmo, el islam, el budismo, las creencias de raíces étnicas, los credos new age o las escuelas esotéricas; todas las personas tenemos derecho a poder ejercer nuestra libertad religiosa y a que el Estado respete su obligación de ser neutral ante la gran pluralidad de religiones y creencias que hay en México.

* Profesor Universitario y Socio Fundador de Humanus DH, firma especializada en igualdad, no discriminación y derechos humanos: http://humanusdh.com.mx/ 

1 Se puede consultar con más detalle en: https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/la-suprema-corte-pretende-prohibir-los-nacimientos-de-jesucristo/ 

2 Se puede consultar con más detalle en: https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/listas/documento_dos/2022-10/AR-216-2022-20102022.pdf 

¿Realmente vivimos una crisis de derechos humanos?

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Cuando hablamos de derechos humanos se generan opiniones diversas. Por un lado, estamos las personas que observamos con preocupación las estadísticas de violencia, inseguridad y discriminación, pero pensamos que muchas cosas positivas se pueden hacer si logramos trabajar en conjunto sociedad y gobierno. También están las personas que con escepticismo consideran que los derechos humanos estorban más de lo que ayudan, y que al final terminan por “beneficiar más a los delincuentes que a las personas buenas”. Incluso están quienes sin saber exactamente de qué se tratan, optan por el rostro de la indiferencia, pensando ingenuamente que “mientras que a mí no me toque, no me afecta”.

La finalidad de esta columna (y las que siguen) es brindar un contexto objetivo sobre la situación de derechos humanos en México y en el mundo, todo desde una mirada que plantea ser objetiva, clara y sencilla ante situaciones complejas. Hablar de derechos humanos nos permite no solo conocer los problemas actuales, sino también enterarnos de lo que se está haciendo y lo que aún queda por realizar. 

Por ejemplo, es importante saber que de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nuestro país atraviesa, desde hace varios años, una grave crisis de violencia, inseguridad y violaciones a los derechos humanos. En efecto, los datos no son alentadores y nos muestran indicadores preocupantes: al día de hoy más de 100 mil personas continúan desaparecidas; desde el año 2018 se registran más de 35 mil homicidios dolosos anuales; del año 2000 a la fecha la organización Artículo 19 ha documentado más de 150 asesinatos de periodistas; solo en 2022 se tiene registro de más de 600 presuntos feminicidios en todo el país, y de acuerdo con diversas estadísticas en México tenemos más del 98% de impunidad; por mencionar algunas cifras.

Sin embargo, vale la pena mencionar que no todo ha sido malo, también se han hecho acciones positivas en favor de los derechos humanos. Por ejemplo en el año 2011 se consolidó una importante reforma constitucional que trajo como consecuencia la adopción de criterios muy favorables por parte de la Suprema Corte de Justicia en temas como derechos de personas indígenas, derechos de personas con discapacidad, matrimonio igualitario, derechos sexuales y reproductivos, igualdad de género y libertad de expresión, solo por mencionar algunos. 

También, a través del sector social y privado se ha realizado una importante labor en favor de los derechos humanos. Por un lado, desde la sociedad civil se han gestado esfuerzos muy valiosos, mismos que están reflejados en reformas de ley, políticas públicas y sentencias paradigmáticas en favor de los derechos de todas las personas. 

Por su parte, las empresas también han comenzado a demostrar que existe un genuino interés de algunas de ellas por implementar principios y valores en favor de la dignidad humana en los centros laborales. Un claro ejemplo es el trabajo que realiza el Centro Eugenio Garza Sada que, en conjunto con sus empresas aliadas, busca potenciar la capacidad transformadora de las y los empresarios con la finalidad de generar una sociedad responsable, participativa y solidaria.

Al final del día el objetivo de los derechos humanos es que todas las personas alcancemos un desarrollo integral, que podamos vivir en un ambiente que nos permita realizar nuestros sueños y aspiraciones. Esto solo se logrará si trabajamos de manera coordinada sociedad, empresas y gobierno; ningún cambio será permanente sin la concurrencia de voluntades de estos tres sectores sociales.

La promoción de los derechos humanos es fundamental en este proceso. Nos toca, como diría Eleanor Roosevelt, empezar con cambios en lo más íntimo de nuestras comunidades para continuar afrontando los problemas de un país que exige unidad, coordinación y sensibilidad. ¿Todo está perdido? Claro que no, pero si queremos que los derechos humanos dejen de ser solo un discurso cada diez de diciembre nos corresponde no rendirnos y continuar caminando hacia el horizonte de desarrollo y bienestar que nos presenta un mundo en donde los derechos humanos sean una realidad para todas las personas.

Morena busca prohibir a Corte invalidar o «interpretar» preceptos de la Constitución

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A nombre del grupo parlamentario de Morena, la diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega, propuso una reforma a diversos artículos de la Constitución, a fin de prohibir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidar o “interpretar” los preceptos de la carta magna.

La iniciativa, que ya fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de este martes, sostiene que el máximo tribunal del país no tiene la facultad de invalidar los preceptos constitucionales, tal y como recientemente se buscó hacer al eliminar la Prisión Preventiva.

“Esta iniciativa trata de limitar el poder político de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante la posibilidad de caer en la tentación de inaplicar un precepto constitucional o interpretarlo de tal manera que le resten validez y eficacia, al respecto se plantea la siguiente pregunta: ¿Puede la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidar un precepto constitucional? La respuesta categórica es que no”, señala.

De acuerdo con Ascencio Ortega, si la Suprema Corte pudiera modificar la constitución, “entonces de forma ilegítima quien tendría la supremacía sería la Corte y no el texto constitucional que se define por el pueblo”.

(Fuente: Luis Cárdenas MX)

Arturo Zaldívar presenta iniciativa para sancionar y reparar el feminicidio

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El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, presentó este miércoles un proyecto de iniciativa para crear la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Feminicidio.

No tenemos facultad de iniciativa, hemos elaborado en la Suprema Corte un proyecto de iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Feminicidio. La idea de este proyecto es reformar el artículo 73, fracción XXI, inciso a); para agregar a los delitos a que se refiere este artículo, aquellos delitos como secuestro o trata de personas, en los cuales, si bien son materia local, la Ley General establece el tipo y las sanciones que la Ley General establezca el tipo de feminicidio y las sanciones correspondientes. Obviamente, la investigación y los procesos, serán a nivel local“, señaló.

En el marco de la Agenda Legislativa para la Prevención de la Violencia contra la Mujer y el Feminicidio, el ministro Zaldívar se pronunció por abrir el diálogo y construir soluciones para resolver este “problema tan grave que son los feminicidios”.

No pueden seguir matando impunemente a las niñas y mujeres mexicanas, y las autoridades no podemos seguir mirando hacia otro lado ante los feminicidios que se registran en el país“, sostuvo.

Afirmó que el país vive una tragedia colectiva, en la cual entre 10 y 11 mujeres son asesinadas de manera violenta todos los días.

Tenemos un compromiso con la gente, sobre todo, con las mujeres y niñas de México. (…) Me parece que un asunto de tal gravedad, que llena de dolor y sufrimiento a miles de familias mexicanas, todos los poderes del Estado debemos estar del mismo lado, aquí no debe haber intereses partidistas, personales, no debe haber ninguna otra razón sino simplemente el avanzar a revertir este mal que no podemos seguir tolerando“, agregó.

Indicó que uno de los problemas estructurales que tiene el feminicidio es que no está definido de manera adecuada y uniforme, debido a que cada estado lo conceptualiza de una forma diferente y generando múltiples inconvenientes, entre ellos:

Normalizar protocolos de investigación ya que los tipos son distintos, dificultad para la aplicación de una doctrina jurisprudencial que sea aplicable a todos los tipos y, en ocasiones, algunos de estos tipos penales son mal elaborados, por lo que resultan inoperantes y un obstáculo para la investigación.

El también presidente del Consejo de la Judicatura, precisó que la ley no es solamente punitiva, pues establece medidas de prevención, reglas especiales para la investigación, así como medidas de asistencia, protección y reparación integral. Indicó también que esta ley establece un Protocolo Nacional de Investigación de Feminicidios.

Dijo que para generar una reflexión colectiva y visibilizar este fenómeno, la SCJN produjo la serie El Caníbal de Atizapán, que se transmitió recientemente y tuvo un enorme éxito en la población, con un alcance de 27.6 millones de personas.

Reconoció que con esta serie se logró el objetivo de “generar una reflexión, de conmocionar a la sociedad y de hacer entender que la única manera de avanzar es con una alianza entre las autoridades y la sociedad“.

En entrevista, se refirió al tema de usos y costumbres que aparece en su propuesta y aclaró que se deben respetar, “pero no pueden estar por encima de los derechos humanos“.

Por otra parte, Olga Sánchez Cordero, presidenta del Senado, declaró que ninguna sociedad puede aspirar a la justicia cuando se permite que el feminicidio, que es la más extrema de las violencias contra las mujeres, niñas y adolescentes, se normalice.

Por ello, propuso la creación de una Comisión Nacional Anti-Homicidios y Anti-Feminicidios, que permita superar las limitaciones que actualmente tiene el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), así como la homologación del feminicidio en todas las entidades federativas.

Asimismo, Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, se comprometió a socializar con la bancada de Morena y las demás fuerzas políticas en San Lázaro la propuesta del ministro Arturo Zaldívar, para que se analice, discuta y, en su caso, se apruebe.

(Fuente: Luis Cárdenas MX)

SCJN anula recorte de 4,913 mdp al INE.

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Por unanimidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anuló este miércoles el recorte presupuestal de 4 mil 913 millones de pesos que la Cámara de Diputados aplicó al Instituto Nacional Electoral (INE) para 2022, debido a que los diputados no dieron explicaciones objetivas y justificadas para imponerlo.

La Primera Sala de la Corte declaró fundada la controversia constitucional presentada por el INE a finales de 2021, contra el decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2022.

Los ministros determinaron que el ajuste presupuestal hecho al INE comprometió sus funciones constitucionales, lo que podría traducirse en una violación de los derechos fundamentales de carácter político-electoral.

La Sala dio un plazo de 30 días hábiles, a partir de la fecha de notificación de la resolución, para analizar y aprobar en sesión pública, de nueva cuenta, el presupuesto 2022 del órgano electoral.

En caso de que la Cámara de Diputados insista en aplicar el recorte, deberá ofrecer una motivación reforzada y con rigor técnico, es decir, tendrá que presentar argumentos serios, de fondo y razonados, o bien, en caso de estimar procedente la autorización de recursos adicionales, tendrá que tomar las medidas indispensables para que se haga la transferencia efectiva de los recursos al INE.

Asimismo, la Primera Sala rechazó que, por haberse celebrado la consulta de revocación de mandato el pasado 10 de abril, ya no se pueda reasignar al INE el presupuesto que solicitó.

Actualmente la Cámara de Diputados se encuentra en periodo de receso por lo que el asunto deberá analizarse en la Junta de Coordinación Política para determinar si solicita convocar a un periodo extraordinario de sesiones a través de la Comisión Permanente del Congreso de La Unión.

Por su parte, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, celebró el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y consideró que sienta un precedente importante para el fortalecimiento de la democracia constitucional.

Avala Corte aborto en caso de violación a menores sin necesidad de autorización de padres

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El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la Norma Oficial Mexicana (NOM) que ordena a los hospitales públicos a practicar abortos en casos de violación a menores de 12 a 17 años de edad incluso sin autorización de sus padres.

Por mayoría de votos los ministros avalaron la modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-190-SSA1-1999, Prestación de servicios de salud. 

Criterios para la atención médica de la violencia familiar, para quedar como NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención.

En dicha modificación, se facilitó el acceso de mujeres y niñas a la interrupción voluntaria del embarazo cuando hayan sido víctimas de violación sin necesidad de autorización judicial o, en el caso de menores de edad, sin previo aval de sus padres.

El proyecto fue realizado por el ministro Luis María Aguilar Morales y con el aval de la Corte, la NOM ya puede ser aplicada en todos los hospitales públicos del país.

(Fuente: Luis Cárdenas MX)

Corte avala constitucionalidad de ‘superdelegados’ del gobierno federal

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la constitucionalidad de la figura de superdelegados, creada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La semana pasada, el Pleno del máximo tribunal del país analizó y discutió este asunto, cuya votación quedó empatada, pues cinco ministros se pronunciaron por la invalidez de las denominadas Delegaciones de Programas para el Desarrollo; mientras que otros cinco votaron a favor de esta figura adscrita a la Secretaría de Bienestar.

Esta votación ya mantenía vigente la figura de superdelegados, al no alcanzar la mayoría calificada de ocho ministros para eliminarla; sin embargo, el voto de la ministra Loretta Ortiz –quien no estuvo presente en la sesión del martes pasado por una comisión oficial- determinaría si se declaraba constitucional o se desestimaba el asunto.

Durante la sesión pública de este lunes, la ministra Ortiz Ahlf se sumó al grupo de togados que determinaron la constitucionalidad del artículo 17 Ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, al concluir que no transgrede el principio constitucional de federalismo.

(Fuente: Luis Cárdenas MX)

Figura de ‘superdelegados’ se mantendrá; no alcanzan votos en Corte para invalidarla

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La constitucionalidad de los superdelegados, figura creada por el actual gobierno federal, dividió a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN),pero los votos no alcanzaron para declararla inválida.

Durante la sesión pública del Pleno del máximo tribunal del país, cinco ministros se pronunciaron por la invalidez de las denominadas Delegaciones de Programas para el Desarrollo; mientras que otros cinco ministros votaron a favor de esta figura adscrita a la Secretaría de Bienestar. 

La ministra Loretta Ortiz no estuvo presente en la sesión de este martes debido a que se encontraba de “comisión oficial”, por lo que votará sobre este asunto el próximo lunes, a fin de determinar si se desestima o se declara la validez de los superdelegados.

No obstante, esta figura se mantendrá debido a que se requerían ocho votos para que fuera declarada inconstitucional, cantidad que no alcanzó.

(Fuente: Luis Cárdenas MX)

Corte oculta datos sobre compra de vacunas hasta 2025

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El día de hoy, por amplia mayoría, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia reservó durante cinco años los datos sobre las condiciones esenciales de contratación, así como los comprobantes de pago, de la compra de vacunas contra Covid-19 de Pfizer-BioNtech, AstraZeneca y Cansino. El organismo añadió que difundir esta información implica un riesgo para la seguridad nacional, pues se violarían cláusulas de confidencialidad de los contratos y se pondría en peligro el suministro de vacunas puesto que las tres empresas mencionadas han surtido casi 80 por ciento de los 225 millones de dosis recibidas por México.

La Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) ha difundido versiones públicas de los contratos, con censura de párrafos que detallan pagos, responsabilidades, garantías, datos personales, propiedad intelectual y los términos de las propias cláusulas de confidencialidad, mismos que seguirán sellados.

Se destaca que en diciembre de 2020, la Secretaría de Salud (Ssa) reservó la información por cinco años, el Instituto Nacional de Acceso a la información (INAI) redujo el plazo a dos años, pero la Corte lo volvió a extender a cinco años, el máximo que permite la ley, que se cuentan precisamente a partir de diciembre de 2020.

Los ministros argumentaron a favor de prolongar la reserva y dentro de sus argumentos aseguran que es necesario, porque se desconoce el periodo de duración de la inmunidad que proveen las vacunas, la pandemia no ha terminado, el virus es impredecible, y no se sabe si México tendrá que negociar de nuevo con las farmacéuticas para incrementar el abasto.

En la minoría, dentro del grupo de los ministros contra esta moción, Norma Piña cuestionó que sean cláusulas contractuales, y no la naturaleza de la información, las que determinen que no se deben difundir datos sobre uso de recursos públicos. Destacó que, en los contratos con AstraZeneca y Cansino, está permitido divulgar información si lo prevén las leyes, o por procedimientos administrativos o judiciales. Por su parte, Alberto Pérez Dayan dijo que UNICEF ya ha publicado que México paga cuatro dólares por dosis de vacuna AstraZeneca, entre otros datos.

Entre 2021 y lo que va de 2022, la Consejería Jurídica del Ejecutivo ha promovido al menos 27 recursos ante la Corte para frenar resoluciones del INAI sobre acceso a la información sobre compra y aplicación de las vacunas.

Con información de Grupo Reforma