Mario Marín se reserva derecho a declarar en audiencia; le niegan seguir proceso en arraigo domiciliario

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El exgobernador de Puebla, Mario Marín, se reservó el derecho a declarar durante su audiencia en el Cereso de Cancún.

En la comparecencia, Marín conoció la acusación que presentó en su contra la Fiscalía General de la República (FGR) como presunto responsable del delito de tortura en agravio de la periodista Lydia Cacho.

De acuerdo con los primeros reportes, la defensa de Marín pidió al juez la duplicidad del término constitucional, que son 144 horas, para resolver su situación jurídica.

Marín solicitó seguir su proceso en arraigo domiciliario por una enfermedad del riñón, peligro de contagio de COVID-19 y su edad, sin embargo esa petición le fue negada.

Cabe señalar que el delito del que está acusado el exgobernador está tipificado como grave y no albana libertad bajo fianza.

Marín fue trasladado al Cereso de Cancún, en Quintana Roo, tras su detención por parte de elementos de la FGR en Acapulco, Guerrero.

Marín era buscado desde hace caso dos años, después de que en abril de 2019 una jueza de Quintana Roo emitiera una orden de aprehensión contra cuatro personas: el exgobernador, el empresario José Kamel Nacif, el exjefe de la policía estatal, Adolfo Karam, y su director de mandamientos judiciales, Juan Sánchez.

El empresario y el exgobernador Marín habrían pactado detener a la periodista Lydia Cacho por el delito de difamación y calumnia tras una investigación relacionada con la pederastia.

Pide Sánchez Cordero presunción de inocencia para Mario Marín

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Esta mañana, la titular de la Secretaría de gobernación, Olga Sánchez Cordero, pidió un juicio imparcial para Mario Marín, exgobernador de Puebla, luego de que este fuera detenido el día de ayer.

Declaró al respecto: “El caso del ex gobernador tiene que entrar en esta dinámica de ir contra la impunidad, tener juicio imparcial, que los tribunales realmente hagan su trabajo y los fiscales y avancen hacia el tema de disminuir, en lo más posible, los índices de impunidad“.

La funcionaria afirmó en la mañanera que la justicia es primordial para que exista un debido proceso, y en un futuro se evite que este tipo de casos queden impunes. Por ello, pidió respetar la presunción de inocencia, pues es “una garantía de audiencia“.

Comentó que a pesar de que en redes sociales exista controversia “tenemos que hacer realidad estos principios, la imparcialidad, la objetividad de los tribunales, si no, no podemos avanzar en la impartición de justicia“, indicó.

Respecto a la periodista Lydia Cacho, quien cuenta en testimonios que fue víctima de tortura bajo las órdenes de Marín, la secretaria de gobernación recordó que se le ha ofrecido disculpas.

El exgobernador fue detenido el día de ayer en Acapulco, Guerrero, tras el cateo en un inmueble y en cumplimiento de una orden de captura, acusado de tortura en agravio de la periodista Lydia Cacho. 

Con información de Milenio

Ingresa al Cereso de Cancún el exgobernador Mario Marín tras su detención en Acapulco

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El exgobernador de Puebla, Mario Marín, fue trasladado al Cereso de Cancún, en Quintana Roo, tras su detención por parte de elementos de la Fiscalía General de la República en Acapulco, Guerrero.

Previamente, Marín había arribado a Quintana Roo procedente de Acapulco, a bordo de un avión pequeño que aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Cancún.

A su llegada, elementos de la Fiscalía General de la República lo recibieron y lo trasladaron, inmediatamente, a las instalaciones del Cereso.

Marín era buscado desde hace casi dos años, después de que en abril de 2019 una jueza de Quintana Roo emitiera una orden de aprehensión contra cuatro personas: el exgobernador, el empresario José Kamel Nacif, el exjefe de la policía estatal, Adolfo Karam, y su director de mandamientos judiciales, Juan Sánchez.

El empresario y el exgobernador Marín pactaron detener a Lydia Cacho por el delito de difamación y calumnia.

La periodista señaló en su libro “Los demonios del Edén”, publicado en 2005, que el empresario Kamel Nacif asistió a las fiestas del pederasta Jean Succar Kuri en Cancún, Quintana Roo.

Un juez liberó la orden de aprehensión contra la periodista, ejecutada a través de la Policía Judicial, dirigida entonces por Adolfo Karam Beltrán.

Fueron grabaciones las que revelaron el acuerdo alcanzado entre el gobernador y otros personajes, particularmente Kamel Nacif.

Los días 16 y 17 de diciembre de 2005, la periodista fue víctima de tortura con connotación sexual y de género, durante su traslado del estado de Quintana Roo a Puebla.

Por órdenes de Karam Beltrán, policías trasladaron por tierra desde Cancún a Puebla a Cacho. En el camino, los agentes la amenazaron y torturaron psicológicamente.

Por el traslado, la periodista sufrió enfermedades respiratorias y finalmente logró su liberación tras pagar una fianza de 106 mil pesos.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó en 2007 que no se violaron “de forma grave” las garantías individuales de Cacho.

En el 2018 el Comité de los Derechos Humanos de la ONU aprobó un dictamen que declaró al Estado mexicano responsable de varias violaciones de derechos humanos en contra de Lydia Cacho y otorgaba 180 días para implementar las medidas correspondiente.

A comienzos de 2019, el Gobierno de México, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció disculpas a la periodista al reconocer que se violaron sus derechos humanos al ser detenida.

Nueve

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Griselda Álvarez (Colima, 1979), Beatriz Paredes (Tlaxcala, 1987), Dulce María Sauri (Yucatán, 1991), Rosario Robles (D.F., 1999), Amalia García (Zacatecas, 2004), Ivonne Ortega (Yucatán, 2007), Claudia A. Pavlovich (Sonora, 2015), Martha Erika Alonso (Puebla, 2018), Claudia Sheinbaum, (Ciudad de México, 2018). Sólo ellas, en toda la historia mexicana, han ocupado el cargo de gobernadoras en nuestro país.

Un camino minado de prejuicios, estereotipos y obstáculos es a lo que las mujeres se han enfrentado en México para acceder a los puestos de toma de decisión. Se han necesitado reformas legislativas, lineamientos y sentencias para quitar algunos de estos obstáculos de su paso (aunque aún muchos permanecen). 

Sin embargo, en aquellos puestos en donde no hay reglas de postulación en materia de género, los institutos políticos olvidan sus discursos y compromisos, para voltear a ver de manera casi exclusiva a sus militantes hombres, tal es el caso de los cargos a las gubernaturas de las entidades. 

Sociedad civil, academia, activistas del país han alzado la voz para solicitar la inclusión de lineamientos en materia de paridad de género en gubernaturas para derribar las puertas cerradas que mantienen los institutos políticos a estos cargos. El INE, por su parte, se encuentra trabajando en criterios al respecto para que la mitad de los cargos que se disputarán en este proceso electoral (7 u 8 de las 15 gubernaturas) sean destinados a las mujeres. 

Sin embargo, en los medios se han vertido ya posturas de resistencia por parte de algunos partidos políticos, recargados en argumentos sobre la imposibilidad de acatar estas posibles nuevas reglas por los “tiempos”, cuando desde siempre debieron contar con procesos con igualdad de oportunidades y más ahora en el tiempo de #ParidadEnTodo. 

Recordemos, además, que los partidos cuentan con presupuesto etiquetado específicamente para el impulso de liderazgos de sus mujeres militantes. Mujeres hay, obstáculos para que lleguen, más. Las resistencias por alcanzar una verdadera democracia incluyente continúan. El machismo en los institutos políticos persiste al oponerse una y otra vez a la llegada de mujeres al poder. 

8 de cada 10 hogares en México no tienen servicios de streaming, revela INEGI

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De acuerdo con los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020 que el INEGI dio a conocer este lunes, ocho de cada 10 viviendas particulares habitadas en México no disponen de Netflix, Spotify u otros servicios de películas, música o videos de paga por internet.

De 35.2 millones de viviendas que hay en el país, 28.5 millones no contaron con estos servicios el año pasado y equivalen a 81% del total.

El Estado de México es la entidad con más inmuebles sin acceso a estas plataformas, con 3.7 millones de viviendas; seguida de Veracruz con 2.1 millones; Ciudad de México con 1.8 millones; Jalisco con 1.7 millones, y Puebla con 1.5 millones.

El censo del INEGI reveló que casi la mitad del total de viviendas particulares que hay en el país no disponía de servicio de internet en 2020, el equivalente a 48%, mientras que en una década atrás eran 78% de los inmuebles sin acceso a la red.

El ejercicio también mostró que 88% de las viviendas contaban con al menos un teléfono celular el año pasado, mientras en 2010 la proporción fue de 66%.

Un 91% de las viviendas particulares habitadas disponen de televisión, 88% de refrigerador, 73% de lavadora, 47% cuentan con automóvil o camioneta propia, 38% poseen computadora, laptop o tablet y 37.5% tiene línea telefónica fija.

El 43% de las viviendas disponen de servicio de televisión de paga y 12% cuentan con al menos una consola de videojuegos.

(Con información de El Universal)

Particular de AMLO contrató empresas fantasma en la campaña de 2018: MCCI

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El actual secretario particular del presidente Andrés Manuel López Obrador y uno de sus hombre de mayor confianza, Alejandro Esquer Verdugo, contrató a proveedoras fantasma durante la campaña electoral de 2018 cuando aún era secretario de Finanzas de Morena.

 De acuerdo con El Universal, se cuenta que Esquer contrató a Ligieri de México S.A. de C.V. para proporcionar servicios de logística en 15 eventos políticos que encabezó Obrador en Puebla, y a ENEC Estrategia de Negocios y Comercio S.A. de C.V. para la colocación de propaganda de campaña en 10 espectaculares en aquella entidad. Ambos proveedores fueron incluidos este año en el listado definitivo de personas morales que simulaban operaciones comerciales con fines de evasión fiscal, lo que se conoce como empresas fantasma. Se resalta que este listado es elaborado por el propio gobierno federal.

El pasado 7 de septiembre del 2020 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) resolvió y publicó en el Diario Oficial de la Federación que Ligieri de México era una simuladora de operaciones, mientras que ENEC Estrategia de Negocios y Comercio S.A. de C.V. fue publicada el 16 de abril del mismo año.

Prueba de los sucedido es que en la página oficial de Morena existía hasta hace unos días el vínculo de los contratos de Esquer Verdugo firmó con las dos empresas. No obstante, dichos documentos fueron eliminados, pero todavía pueden consultarse en una versión de los mismos en la copia de seguridad.

Por su parte, el Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó la inclusión de ambas empresas en su lista de proveedores (requisito para que Morena las haya contratado), no obstante al no haber gestionado su refrendo, fueron dadas de baja. Adicionalmente, durante el monitoreo que ejecutó la misma institución, los espectaculares colocados para la precampaña de Puebla, en 2018, no aparecen en los contratos de Morena con la empresa fantasma mencionada anteriormente.

Solicitud de postura

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad solicitó desde el martes 3 de noviembre una entrevista con Esquer Verdugo y una postura del área de Comunicación de Presidencia, no obstante no hubo respuesta.

Los eventos referidos

El primero de febrero del 2018, Esquer Verdugo firmó como representante de finanzas del Comité Ejecutivo Nacional de Morena un contrato con Ligieri, en el que se comprometió a proporcionar el servicio de logística, alquiler de equipo y lona impresa para 15 mítines políticos que se realizaron en mismo número de municipios en Puebla.

Dichos mítines se llevaron a cabo entre el 2 y el 6 de febrero, periodo correspondiente a la precampaña electoral de aquél año. Se destaca que el entonces candidato a la gubernatura Miguel Barbosa, encabezó aquellos actos políticos, incluyendo en ellos la presencia de López Obrador. 

Respecto al gasto de campaña, también se comenta que partidos como Acción Nacional habrían emitido ya una queja ante el Instituto Nacional Electoral por el supuesto rebase de gastos de precampaña de Morena; de acuerdo a sus estimaciones, cada mitin contratado a Ligieri habría costado al menos 398 mil pesos, cifra que no reportó Morena, sino 36 mil pesos.

El Instituto desestimó la acusación y validó los montos sobre las facturas emitidas por la proveedora que, hasta ahora se sabe, simulaba operaciones.

 Lonas y Anuncios

Durante el mismo año, Verdugo también firmó para la precampaña un contrato con la empresa EMEC Estrategia de Negocios y Comercio S. A. de C.V., otra de las compañías que simulaba operaciones.

Con esta empresa se firmó contrato el 24 de enero y correspondió un pago de 348 mil pesos para el arrendamiento de 10 anuncios espectaculares en la ciudad de Puebla, cada uno con valor promedio de 34 mil pesos. En dicho contrato se enlistó la ubicación de cada uno. Dicho proveedor se comprometió a entregar el producto bajo las características ordenadas manteniendo un buen estado del 2 al 11 de febrero del 2018. Los anuncios estaban supuestamente colocados principalmente en avenidas y bulevares de la ciudad de Puebla. No obstante, estos anuncios no aparecen en los resultados del monitoreo de espectaculares realizado por la Institución.

Creación de las empresas fantasma

Ligieri

Para la creación de dichas empresas se utilizó como identidad a personas de condición humilde. Ligieri de México, por su parte, fue creada el 14 de abril del 2016 ante notario público Mario Alberto Montero Serrano, en Puebla. La supuesta dueña mayoritaria (con 80% de las acciones) y administradora única de la empresa, es una mujer que también aparece en el padrón de beneficiarios de Liconsa, un programa de abasto de leche para las familias de bajos recursos.

Se destaca que la empresa tendría por objeto 86 actividades, desde asesoría jurídica, fiscal y contable; hasta organización de eventos; adquisición de inmuebles, presentaciones; servicios de audio y video, entre otras tantas.

Justamente después de haber dado servicios a Morena, Ligieri fue disuelta y  liquidada. En febrero del 2019 ante notario público en Zacatecas. Se destaca que la liquidadora era una estudiante de 19 años, igualmente beneficiaria de programas sociales.

ENEC Estrategia de negocios y Comercio S.A. de C.V. 

Esta empresa fue creada el 21 de octubre del 2015 ante notaria pública de Puebla, su objeto social era comercialización de todo tipo de artículos, maquila de impresión y organización de eventos. El aparente dueño era el el empleado de un despacho contable y la administradora una mujer que residía en una colonia en la periferia de la ciudad.

Las oficinas fiscales de la compañía se encontraban en un edificio en el centro de Puebla, en el que se rentan oficinas virtuales por día o por semana. Cuando la autoridad fiscal llegó en busca de la empresa esta había desaparecido.

A los nueve meses de haber suscrito contrato con Morena, la empresa fue liquidada, en octubre del 2018 en Tlaxcala, ante notario.

Con información de El Universal

 

Senado aprueba Ley Olimpia: hasta 6 años de cárcel por acoso sexual digital

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El Senado aprobó este jueves la llamada Ley Olimpia para tipificar diversos delitos relacionados de acoso digital, en particular en lo referido a la difusión de contenido íntimo y sexual, con penas de hasta 6 años de cárcel.

Por unanimidad, con 87 votos a favor, la Cámara alta aprobó con algunas modificaciones el dictamen propuesto por la Cámara de Diputados, a donde ahora volverá el texto para extender a nivel federal una ley que la mayoría de estados del país ya habían aprobado con diferentes sanciones.

El texto votado por los senadores califica como violencia digital “toda acción dolosa realizada mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, por la que se exponga, distribuya, difunda, exhiba, transmite, comercialice, oferte, intercambie o comparta” imágenes, audios o videos decontenido íntimo sexual de una persona “sin su consentimiento, sin su aprobación o sin su autorización”.

Entre los cambios que hicieron los senadores a la minuta que recibieron de los diputados está la inclusión de la violencia digital como una modalidad que abarca todas las agresiones en contra las mujeres, niñas y adolescentes.

Además, se incorporó la violencia que se desarrolla en los medios de comunicación, así como la tipificación de estos delitos en el Código Penal Federal.

La Ley Olimpia, llamada así por el nombre de la activista del estado de Puebla que inició la lucha a nivel nacional, también castiga la violencia mediática.

Es decir, “todo acto a través de cualquier medio de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva estereotipos sexistas, haga apología de la violencia contra las mujeres y las niñas” o que permita o produzca un discurso de odio sexista.

Las penas establecidas van de los 3 a los 6 años de cárcel y una multa económica.

Las sanciones pueden aumentar hasta en una mitad cuando el delito sea cometido por el cónyuge o pareja, por cualquier persona con la que la víctima tenga o haya tenido una relación sentimental, afectiva o de confianza, o por un servidor público en ejercicio de sus funciones.

La lucha por la ley empezó en 2014 en el estado de Puebla, donde la activista Olimpia Coral Melo sufrió de violencia digital cuando en redes sociales comenzó a circular un video en el que ella, con apenas 18 años, practicaba sexo con su novio.

La propia activista, presente este jueves en el Senado, celebró y agradeció en un video en Twitter la aprobación de la ley por parte de los senadores, pero recordó “el trabajo y la rabia de todas las (mujeres) que nos ha arrebatado el machismo, el sistema”.

“Para nosotras no hay límites”, aseguró antes de advertir que la lucha por los derechos de la mujeres seguirá “hasta que la dignidad se haga costumbre”.

Coral estuvo acompañada en el video por la senadora del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena) Martha Lucía Micher, la impulsora de la ley en la Cámara alta y que consideró la aprobación como “una gran reforma, es una respuesta, es una deuda” con todas las mujeres.

“Ojalá les haya gustado (a los diputados) cómo reformulamos la ley y la aprueben y se aplique en todo el país. Y ahora, a los estados donde no esté la ley, que se reforme”, zanjó.

(Fuente: EFE)

La politización del pacto fiscal

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Tradicionalmente los estados del norte del país siempre se han sentido desconectados del resto de la República. El centralismo político y las decisiones tomadas desde la CDMX siempre se han visto con recelo en el norte del país, pues incluso en el modelo anterior (cuando se contaba con el Distrito Federal), había quienes afirmaban que directamente el dinero de la actividad industrial norteña se destinaba a subsidiar tanto a las dependencias de gobierno como al propio costo de vida de los capitalinos.

El propio PAN, o al menos lo fue así en Nuevo León, es un partido político que en sus orígenes se conformaba de empresarios y todas aquellas figuras que sentían que el gobierno federal les tenía en abandono y que, por ende, lo que fuera que se dictase desde la capital del país no era visto con buenos ojos.

No es casualidad que en vísperas de la elección más grande de nuestra historia y con un cambio drástico en el liderazgo y la forma de hacer política en nuestro país, los partidos de oposición busquen aprovechar la ventaja numérica momentánea que tienen para intentar contrarrestar el peso del presidente a nivel nacional. Los gobernadores están surgiendo como verdaderos representantes de la oposición, algo que desde el interior de los partidos no se ha conseguido, aunque seguramente lo es también con miras a 2024.

Enrique Alfaro y Javier Corral (MC y PAN, respectivamente) son las voces que más resonancia han tenido en esta discusión y tampoco es casualidad. Ambos líderes representan una apuesta ideológica contraria a Morena y son dos perfiles fuertes al interior de su partido, particularmente el primero, pues gracias a Alfaro MC tiene una cuota de votos importante en Guadalajara y en Jalisco que les vale para garantizar un peso importante en lo nacional.

A pesar de que El Bronco también ha querido formar parte de esta discusión (aceptando el desafío del presidente y amagando con hacer una consulta popular sobre el tema), el hecho de que él es un gobernador saliente lo hace ver como una amenaza menor para el presidente; incluso también recordando que en la elección de 2018 en la que ambos se enfrentaron, AMLO obtuvo diez veces más apoyos que él. Volver a despertar el sentimiento de rechazo hacia el sur del país a través de un tema como el Pacto Fiscal, más que ser un motivo de orgullo para nosotros en el norte, debería ser un tema preocupante.

Es verdad que es impactante saber que por cada peso que “se va a México” nos regresan 28 centavos y que no es posible que otras entidades que viven del turismo (una de las principales actividades económicas del país) tradicionalmente hayan recibido muchos más recursos que en entidades donde la productividad es mayor, pero más que pensar en que si nos dan más o menos o nos quitan más o menos, es importante pensar en la politización de la problemática.

Ya salieron los gobernadores de Veracruz, Puebla, Baja California y la jefa de gobierno de la CDMX, todos morenistas, a respaldar al presidente. Queda claro que el conflicto es netamente político y que el presidente deberá prestar atención para no permitir que ni los panistas ni los emecistas se adueñen de esta bandera, pues vaya que a Morena le podría traer muchos dolores de cabeza en el futuro.

Apoyan gobernadores y Jefa de Gobierno a AMLO

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Siete Gobernadores emanados de las filas de Morena acusaron a los integrantes de la Alianza Federalista de lanzar amagos contra el Gobierno federal por su desesperación ante las próximas elecciones.

A través de un pronunciamiento, los ejecutivos estatales calificaron de irresponsable e inconstitucional el planteamiento de los Mandatarios de Oposición, quienes amenazaron con romper el pacto federal si la Federación no les entrega más recursos.

Entendemos que la dificultad electoral que enfrentan en sus estados por las elecciones del 2021 los lleve a una desesperada acción por llamar la atención“, expresaron.

En el documento, los morenistas se lanzaron contra los inconformes, que han demandado la revisión del marco legal y una nueva distribución de los recursos.

Advirtieron que no se pueden privilegiar las finanzas de los estados del norte del País y dejar en la pobreza las entidades federativas del sureste.

Tras rechazar el endeudamiento como camino para solucionar las presiones de gasto y urgir que los Gobiernos locales apliquen medidas de austeridad, los siete Mandatarios pidieron a los integrantes de la Alianza Federalista actuar con calma.

El pronunciamiento fue publicado en redes sociales por el Gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, y está acompañado por los nombres de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y los Mandatarios de Baja California, Jaime Bonilla; de Chiapas, Rutilio Escandón; de Morelos, Cuauhtémoc Blanco; de Puebla, Miguel Barbosa, y de Veracruz, Cuitláhuac García.

(Con información de Reforma)

Elba Esther Gordillo regresa; tribunal da registro a Redes Sociales Progresistas

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El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó que se le dé registro como partido político a la Asociación Civil Redes Sociales Progresistas que encabeza Fernando González Sánchez, yerno de la exlíder magisterial Elba Esther Gordillo.

Con votación mayoritaria, el TEPJF determinó revocar la determinación del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) del 4 de septiembre de 2020, en el que le negó el registro como partido a dicha agrupación por una serie de anomalías detectadas en el proceso.

El proyecto de sentencia, elaborado por el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, fue avalado y en él se propuso revocar la resolución del INE y se metiera una nueva en la que, lisa y llanamente, se le otorgue el registro a la citada Asociación.

Según el proyecto, el magistrado Rodríguez Calderón estimó que se debía invalidar la asamblea realizada en Ciudad Obregón, Sonora, al acreditarse irregularidades consistentes en la entrega de dádivas a los asistentes.

Dijo, por el contrario, que debían validarse las asambleas realizadas en Morelos, Chiapas, Ciudad de México, Durango, Guerrero, Puebla, Sinaloa, Tabasco, Veracruz y Yucatán que habían sido invalidadas por el INE.

La mayoría de los magistrados votó con el proyecto.