Podrían penalizar contagios de COVID-19 en Nuevo León

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El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón “el Bronco”, planteo que alista una iniciativa para sancionar penalmente a quienes, sabiendo que son portadores del COVID-19, salen de su casa y contagian a más personas.

Rodríguez Calderón señaló que al vivir con el coronavirus es necesario tener reglas más claras.

“Sabiendo lo que puede pasar, necesitamos tener reglas más claras. Esta iniciativa estoy por firmarla, se está trabajando en ello, y convocaré al Congreso que tome una decisión urgente. Para modificar el Código Penal: una personas contagiada no puede ir a contagiar a otra persona, cuando sabe que es positivo al COVID y sale de su casa y va y contagia a otras personas está cometiendo un delito o puede cometer un delito y debe ser sancionado”, indicó en rueda de prensa.

Por otro lado, anticipó que también buscaran sancionar a las empresas que no permitan ausentarse del trabajo a empleados con síntomas de COVID-19.

“También aun negocio que uno0 de sus empleados tiene los síntomas y no le permite estar en su casa, también ese negocio tiene que ser sancionado”, agregó.

El mandatario dijo que la sociedad debe ser responsable en un momento en que el virus está activo y se incrementan los contagios, pero igual consideró que es necesario retomar las actividades económicas.

En cuanto a la iniciativa no detalló las sanciones económicas o penales que aplicarían.

Votarían destituir a Manuel González

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Este viernes los Diputados locales votarán un dictamen sobre la destitución inmediata de Manuel González, Secretario General de Gobierno del Estado, y su inhabilitación para ejercer cargos públicos por seis años.

El Congreso local votará en un periodo extraordinario con el fin de cumplir un mandato de la autoridad electoral federal, que ordenó sancionarlo por desvío de recursos públicos para la campaña presidencial del Gobernador Jaime Rodríguez.

De ser sancionado, el segundo al mando de la Administración estatal quedaría fuera de la Administración de Jaimes Rodríguez y de las posibilidades de ser candidato a un cargo de elección en el 2021.

El acuerdo para realiazar este dictamen se tomó ayer en una sesión virtual de la Comisión de Coordinación y Régimen Interno (Cocri), en la que se definió que la Comisión Anticorrupción, circule hoy el proyecto de dictamen junto con la convocatoria para sesionar el viernes a las 9:00 horas y que pueda votarse en el Pleno en el extraordinario de ese día a las 11:00 horas.

El 25 de julio del 2019, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Congreso local cumplir con una sentencia emitida un año antes y sancionar a González por desviar recursos para el acopio de firmas para la candidatura presidencial de “El Bronco”.

 

(Con Información de El Norte) 

De la protesta al voto

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Las protestas de los últimos días han pasado de ser internacionales a nacionales, internalizando el racismo y clasismo que hemos ignorado por siglos y levantando la voz para tener un diálogo urgente y necesario al respecto.

Nuestro tejido social está resquebrajado y las instituciones responsables de nuestra protección son nuestros verdugos. Contamos con una cifra negra enorme, donde 93% de los delitos no se denuncian, y los que se llegan a denunciar se topan con pared en una investigación sin resultados o en “trámite”. En 2019 a nivel nacional se registraron más de 2 millones de delitos del fuero común y en 2018 más de 5.9 millones de intervenciones policiales. Toda esta carga de trabajo recae sobre las policías locales (municipales y estatales) siendo los delitos de robo, lesiones, violencia familiar y homicidio los de mayor incidencia. 

Tuve la oportunidad de capacitar policías municipales y estatales. Trabajé con ellos en campo, y viví largas jornadas de sus turnos de 12×24 o 24×48 (horas trabajadas por horas de descanso). Fui testigo del esfuerzo para salir adelante y que se saben responsables de la defensa y protección de la ciudadanía. Pero también me tocó ver una clara falta de capacitación y conocimiento de derechos humanos de quienes juraron proteger. Una falta de sensibilidad y conciencia en el uso de la fuerza. Falta de habilidades y entrenamientos para deescalar los conflictos, para asegurar la escena y las evidencias, o para entrevistar a los testigos. No hay lectura de derechos y hay desconocimiento de las acciones legales durante la detención. La situación es tan grave que Nuevo León sólo 6.3% de los detenidos llega al MP, parte esencial para probar la legalidad de la detención. Además el análisis y seguimiento del resultado de las estrategias policiales es muy limitado. Los indicadores, mediciones, confianza ciudadana y análisis del desempeño es prácticamente inexistente. 

La mayoría de los policías son estatales (172,000), luego municipales (150,000), luego federales (37,000). A pesar de una clara necesidad de profesionalización y recursos en lo local las estrategias de seguridad se concentran en la federación, no hay prevención sólo reacción al delito. Así es como la solución de la 4T a una estrategia fallida de intervención militar ha sido no sólo replicarla, sino legalizarla. Fue así que se formalizó la participación del ejército y se les facultó como policías, esta es la nueva Guardia Nacional. 

No es coincidencia que llevemos 13 años en una guerra que no acaba, y no se ve que vaya a acabar pronto. Todo el enfoque ha sido de arriba hacia abajo. No se ha dado una coordinación real entre la federación, los estados y los municipios, donde las estrategias, recursos, herramientas, capacitaciones han sido variados y desproporcionados. Un claro ejemplo es el abandono de estados y municipios que siguen en la misma situación deplorable de hace más de una década donde el 82% de los policías municipales gana menos de 15 mil pesos mensuales y el 93% de los policías estatales menos de 20 mil. Los responsables de la seguridad de comunidades enteras ganan menos que el gerente de una sucursal bancaria promedio, y yo sigo sin conocer a alguien que valore su dinero más que su vida.

La sociedad ya no aguantó y estalló en protesta contra la inoperancia del sistema político particularmente por la inseguridad, la opacidad, el abuso de poder, la corrupción, la falta de resultados y los asesinatos que quedan impunes. La protesta es una forma legítima de presión social y de exigencia de cambio, ha sido una de las expresiones sociales de mayor relevancia histórica, y siempre ha dado pie a nuevas alternativas. Las marchas hacen tangible un reclamo social y demuestran el soporte que tienen en la población. Encienden pasiones y provocan discusiones, debates y análisis acerca de los modos, tiempos, razones y motivos, pero siempre serán legítimas.

Pero la trascendencia de la protesta, la marcha, el reclamo y el señalamiento será realidad cuando se plasme en las urnas con su voto. Porqué esa es la única manera de asegurar que las cosas serán distintas, reemplazando a los políticos y partidos de siempre. 

Si queremos resultados distintos, analicemos nuestras opciones, busquemos esos perfiles de ciudadanos comprometidos, humanistas, expertos, empáticos que crean en lo social y en lo público. Necesitamos personas que promuevan la transparencia, la libertad de expresión, el estado de derecho, la evaluación ciudadana y la responsabilidad social. 

Sigamos marchando, sigamos exigiendo, sigamos denunciando. Tenemos un año para pasar de las calles a las urnas, del post y el share al voto. El 2021 es el momento para reemplazarlos y empezar el cambio que queremos para nuestra ciudad y nuestro país. 

Para más información del Sistema de Seguridad escuchar episodio de “Seguridad en México” de Kristian con K

https://open.spotify.com/episode/7p4z7q3OyjiXxXZ8YfIOIe

López-Gatell señala a Nuevo León y Coahuila como entidades con mayor número de casos sospechosos.

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El Subsecretario de Salud federal, Hugo López-Gatell, advirtió ayer que Nuevo León y Coahuila son las entidades del País que cuentan con el mayor número de casos sospechosos de COVID-19 sin confirmar. 

El funcionario de Salud Reiteró que “En Nuevo León, lo que podemos ver claramente es que esta proporción (de no confirmados) va más rápido, por supuesto, que los confirmados. Esto podría ser un reto en el procesamiento de muestras”.

Según las cifras del funcionario, Nuevo León registra mil 915 confirmados y 4 mil 379 sospechosos.

Los datos federales contrastan con los estatales, ya que el Gobierno de Nuevo León reportó ayer 3 mil 729 confirmados y apenas 42 sospechosos.

La Secretaría de Salud estatal ha atribuido está discrepancia a que Nuevo León sí contabiliza los positivos que se dan en hospitales y laboratorio privados para dar la mayor atención.

Coahuila contabiliza las casos detectados por privados.

Ayer, López-Gatell afirmó que la mayoría de los servicios de laboratorio del País los realizan empresas que son oligopólicas y advirtió que esto podría estar relacionado con la urgencia de aplicar pruebas masivas. Nuevo León es el Estado líder en pruebas realizadas.

 

(Con Información de El Norte) 

Supera COVID-19 en NL muertes por AH1N1

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En sólo 63 días, la pandemia por COVID-19 superó en Nuevo León el número de muertes que la influenza AH1N1 causó en 367 días hace más de 10 años.

Según reportes de las autoridades respecto a la llamada influenza porcina, la primera muerte se registró el 9 de mayo de 2009, mientras que la última reportada públicamente, el deceso número 116, se registró hasta el 10 de mayo del año siguiente, esto quiere decir que existía un promedio de dos muertes por semana. 

En contraste, los efectos de la pandemia por coronavirus se han presentado de forma mucha más acelerada.

El primer muerto se reportó el 3 de abril y ayer, en la rueda de prensa, Manuel de la O, Secretario de Salud estatal, informó que la cantidad de fallecidos va ya en 129.

Los contagios llegaron ayer a 3 mil 253 casos y algo que preocupa a las autoridades es el número creciente de pacientes hospitalizados, que llegó a 269.

“Es un número impresionante, estamos en alerta, cada vez se nos van a incrementar más. Como lo hemos mencionado, todos los ciudadanos de Nuevo León debemos de tener corresponsabilidad”, señaló el funcionario.

Actualmente el nivel de ocupación hospitalaria es de 21 por ciento, señaló.

En promedio hasta ahora, 14 personas han perdido la batalla frente al Covid cada semana, siete veces más que el promedio arrojado por la AH1N1 hace más de una década.

Las cifras oficiales, revelan que el registro de contagios sigue creciendo en forma acelerada y aún no llega a su pico máximo.

La información oficial indica que en abril hubo 17 decesos y que en mayo la cifra se multiplicó para llegar 96. Tan sólo en los primeros cuatro días de junio se han reportado 16 fallecidos más.

 

 

(Con Información de El Norte)

La aprobación de AMLO baja: su partido enfrenta un escenario adverso para 2021

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Esta columna es parte del análisis que realizamos en Reporte-19, un producto de Altius Consultores para orientar en la toma de decisiones. Consulta el reporte completo en https://bit.ly/Reporte19 

El nivel de aprobación del presidente López Obrador bajó ocho puntos en mayo, para situarse en 60 por ciento, según revela la más reciente encuesta nacional de El Financiero.

El efecto rally behind que mencionamos hace un mes en Reporte-19 como uno de los factores en el incremento de la popularidad del presidente parece haber llegado a un punto de agotamiento. 

La aprobación de AMLO ha vuelto a los niveles que tenía en marzo, cuando comenzó el confinamiento. Este nivel de aprobación es el más bajo en lo que va de su presidencia.

La disminución en la popularidad presidencial se registra en el mes con más contagios y fallecimientos por COVID-19, pero también en el que las medidas de confinamiento han detenido buena parte de la actividad económica y productiva del país.

El Economista-Mitofsky también compartieron su encuesta de mayo en la que se aprecia una aprobación del 50%.  Un aspecto relevante en el estudio es la aprobación por tipo de ocupación. Los profesores y trabajadores informales son quienes más alta tienen su valoración (66% y 67%) mientras que los empresarios y personas desempleadas son quienes más lo reprueban (58% y 62%, respectivamente).

La desagregación de aprobación por Estados muestra que donde mayor incremento hubo fue en Tamaulipas, Chiapas, Zacatecas y Durango, mientras que el decremento se hizo más latente en Campeche, Nuevo León, Baja California Sur y Durango.

La probabilidad de que la aprobación del presidente continúe a la baja es alta por factores obvios: el aumento en el costo humano y económico de la pandemia y un zoom de los factores de rechazo para el presidente se encuentra en la opinión al manejo de problemáticas específicas.

De acuerdo a la encuesta de El Financiero, el 62% de la población piensa que AMLO ha manejado “mal/muy mal” el empleo y el 57% piensa lo mismo sobre la economía.

Esto configura un escenario adverso para el mandatario y su partido, pues aunque falta un año, enfilarse hacia 2021 con una percepción mayoritaria de mal manejo en la economía y seguridad podría acarrear considerables costos electorales. Es probable que el debilitamiento de la imagen presidencial sea más agudo en los estados del norte, donde históricamente la votación por AMLO siempre fue menor que en el centro y sur.

Es relevante recordar que en la elección de 2018 Nuevo León fue el segundo estado con menos votos para AMLO, solo por detrás de Guanajuato (La única entidad en la que no ganó).

UIF y DEA bloquean mil 939 cuentas de sujetos vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación

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Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), anunció el “Operativo Agave Azul”, con el que se bloquearon las cuentas de mil 939 sujetos vinculados al Cártel de Jalisco Nueva Generación.

En el marco de este operativo, la UIF ejecutó acuerdos de bloqueo contra mil 770 personas físicas, 167 empresas y dos fideicomisos relacionados con el mencionado grupo criminal.

En esta operación participaron todas las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad, mismas que por meses proporcionaron a la UIF informes de inteligencia sobre los líderes, operadores financieros, familiares, empresas, abogados y diversos servidores públicos que operan redes de corrupción que han favorecido las actividades ilícitas del CJNG.

La Unidad de Inteligencia Financiera también contó con la colaboración de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos en la definición de objetivos del operativo.

El organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda analizó 2 mil 571 operaciones inusuales por un monto de 2 mil 951 millones de pesos, así como 38 mil 459 reportes de operaciones relevantes por 11 mil 478 millones de pesos; transferencias internacionales que generaron 8 mil 424 reportes por un monto de 7 mil 216 millones de pesos.

Además, se localizaron 2 mil 102 reportes por 2 millones 955 mil dólares en efectivo; así como 6 mil 507 transferencias interbancarias por 657 millones de pesos.

Las operaciones se realizaron principalmente en Jalisco, pero también se presentaron movimientos en la Ciudad de México, Michoacán, Estado de México, Baja California, Guanajuato, Nuevo León, Veracruz, Nayarit, Sinaloa, Querétaro y Colima.

Piden remoción de Karina Barrón de la Comisión de Género del Congreso Local

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Organizaciones de la sociedad civil y ciudadanas de Nuevo Leon pidieron al Congreso de Nuevo León que se remueva a la diputada Karina Barrón de su cargo como presidente de la Comisión para la Igualdad de Género.

En la petición, ponen como motivo que la labor de la diputada de Movimiento Ciudadano (MC) ha fallado en la protección a los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes”.

En un comunicado, el colectivo Mujeres+Mujeres, explicaron que la diputada preside la Comisión desde el 2016, aún cuando estaba en funciones de la legislatura pasada, con lo que acumula casi cuatro años en el cargo.

“El Congreso de Nuevo Leon, que debe en todo momento respetar su propia Ley Orgánica y Reglamento Interior, ha incumplido con su obligación expresa de rotar la Presidencia de la Comisión anualmente”, se lee la misiva.

Por otro lado explican que Karina Barrón no representa los intereses de las mujeres, niñas y adolescentes en Nuevo León, ni los principios convencionales y constitucionales, entre ellos el de progresividad y no regresividad de los derechos humanos.

“La mujeres, niñas y adolescentes de Nuevo León merecemos estar representadas por una diputada cuyo trabajo parlamentario sea con perspectiva de género, que comprenda las desigualdades y violencias que enfrentamos y defienda nuestros intereses de manera real y efectiva. La diputada Barrón dista mucho de ser la legisladora ideal para este trabajo”, agregan.

Además hacen referencia a que votó a favor de la reforma al artículo 1 de la Constitución local en marzo de 2019, en el que se reconoció el derecho a la vida “desde la concepción y hasta la muerte natural”, y su reciente postura a favor del PIN Parental.

El colectivo Mujeres + Mujeres señala en la petición para recolectar firmas a favor de la destitución de Karina Barrón que el documento será entregado en la Oficialía de Partes del Congreso del Estado de Nuevo León.

Segob solicita no aprobar “PIN Parental”

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La Secretaría de Gobernación se sumió a las voces que se oponen a las reformas constitucionales que iban a ser votadas este viernes en el Congreso de Nuevo León y que abren la puerta para el establecimiento del PIN Parental.

En su cuenta de Twitter, la dependencia federal se pronunció sobre el tema.

“La Secretaría de Gobernación exhorta al Congreso de Nuevo León a velar por los derechos de niñas, niños y adolescentes y proteger la Constitución y a no aprobar reformas que infrinjan la rectoría del Estado sobre todos los contenidos educativos”, se lee en el tweet publicado la mañana del jueves,

De acuerdo a las reformas educativas, se busca que los padres puedan tener injerencia sobre el tipo de educación que reciban sus hijos, lo que abre la puerta al la implementación del llamado PIN Parental, que obligaría a las escuelas a avisar a los padres cuando vayan a ver contenidos relacionados con asuntos morales o de educación sexual o de género.

OSCs y activistas han señalado que el PIN Parental coarta el derecho humano de los niños a recibir una educación integral y sin sesgos religiosos.