En el año de 1944, se celebró un Tratado de Aguas entre los Estados Unidos y México. En este, se pretendía puntualizar el aprovechamiento relativo a los cuerpos de agua que comparten ambas naciones. Como era de esperarse, al paso de los años, el hecho de no adecuar un tratado una vez mas ha traído consigo notables consecuencias y por ende, puntos controvertidos. A medida que se incrementan las diferencias y las afectaciones a los productores no cesan, en Chihuahua se está viviendo lo que en otras décadas pudiera haber sonado surrealista. Hoy en día una realidad: una guerra por el agua. 

El acuerdo previamente mencionado, detallaba que México debería entregar año tras año un total de 432 millones de metros cúbicos de agua y mientras tanto, Estados Unidos lo correspondiente a 1,850 millones. Sin embargo, en fechas recientes se declaró que México había acumulado una deuda por 426 millones de metros cúbicos. Cabe destacar, que como término final después de 5 años de prórroga, para el cumplimiento de esta obligación se fijó el próximo 24 de octubre.  Acercándose la fecha y en una situación bastante complicada, pese a que se ha sugerido en innumerables ocasiones renegociar el tratado ya que este carece de actualización alguna, esta idea ha sido rechazada por la actual Administración Pública Federal. 

Por su parte, los productores afectados por esta decisión se han visto en la forzosa necesidad de incurrir en múltiples movilizaciones a propósito de ser escuchados. Desgraciadamente, el pasado 8 de septiembre, esto llevó a un incidente en el cual una mujer perdió la vida y múltiples civiles se vieron afectados por parte de la Guardia Nacional. Los campesinos denunciaban que sus cosechas se verían afectadas por el consecuente desabastecimiento de agua y por lo tanto, el siguiente ciclo estaría en riesgo. En el marco de una pandemia, estos sucesos no son para nada alentadores. 

El Presidente López Obrador, declaró la mañana del 25 de septiembre que estos movimientos eran de carácter oportunista y que se encontraban fundados en intenciones de opositores corruptos. Lo anterior, no dejando de señalar cómo delincuentes a los respectivos líderes del movimiento. Sin embargo, los agricultores recalcaron que su intención es dialogar, a fin de poder contar con el agua necesaria para seguir trabajando el campo. Después de todo, ellos únicamente quieren tener la certeza de qué podrán salir adelante y que efectivamente, sus inquietudes serán resueltas. La falta de empatía por parte de la Federación es evidente. 

Mas allá de cumplir con una simple obligación, estamos ante una decisión que pone en riesgo el sustento de miles de campesinos y por ende la estabilidad económica de sus mismos hogares. Por otra parte, esto puede dañar el ecosistema que les rodea. Las aguas de la nación nos conciernen a todos, en estos momentos, antes de que se pretenda cumplir con una obligación es necesario pensar en la responsabilidad que hay por parte de Gobierno Federal hacia los productores que año tras año contribuyen con sus ingresos. 

A fin de poder resolver esta problemática el diálogo por parte de la Administración Pública Federal con expertos en la materia y ciudadanos afectados será crucial. No hay forma de poder dar respuesta a esta problemática sin que se tengan por contempladas las opiniones de los productores que tanto han aportado a nuestra nación. Si es necesario renegociar, esas son las facultades para las cuales deberían estar preparadas nuestras autoridades. Poniendo por delante las necesidades del pueblo mexicano y después las de otros países. Ahora más que nunca, debemos luchar porque a los mexicanos se les escuche y no a que se les repriman o quiten recursos.