La impunidad es la inexistencia de responsabilidad y sanción legal cuando se cometen delitos o violaciones de derechos humanos. Generalmente surge como consecuencia de la falta de prevención, investigación y sanción por parte de la autoridad, lo que termina por afectar a las víctimas, quienes muchas veces no obtienen una reparación integral del daño.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe sobre la situación de Derechos Humanos en México (2015), asentó que la crisis de graves violaciones de derechos humanos que atraviesa el país es, en parte, consecuencia de la impunidad, la cual alcanza más del 98% de los delitos cometidos en México. En otras palabras, solo se sanciona el 2% de los delitos o violaciones de derechos humanos cometidas en el país. 

Por ejemplo, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH), menciona que en el país se han abierto 15,848 averiguaciones previas y carpetas de investigación por el delito de tortura desde diciembre de 2006, no obstante, solamente se tiene registro de 8 sentencias condenatorias desde 1991 por ese delito. La CMDPDH también menciona que, en México, han sido desaparecidas de manera forzada más de 35,000 personas en los últimos años, sin embargo, se tiene conocimiento de que el poder Judicial Federal solamente ha emitido 9 sentencias por ese delito.

En nuestro país la impunidad tiene sus orígenes, por una parte, en la falta de denuncia de delitos, la cual es consecuencia directa de la falta de confianza en las instituciones. Por otra, la falta de procesos claros y transparentes, así como las barreras en el acceso a la justicia para todas las personas hace que las estadísticas se disparen, convirtiéndonos en uno de los países con mayor índice de impunidad. Al final, quien sufre las consecuencias es la sociedad y las víctimas. 

Si bien se han empezado procesos importantes de reformas legislativas y fortalecimiento de distintas instituciones para disminuir los índices de impunidad, es necesario que esos mismos esfuerzos se conjuguen con políticas públicas que generen más confianza en las instituciones y, además, impacten integralmente en la prevención, investigación, sanción y reparación de delitos y violaciones de los derechos humanos.