Un claro síntoma del estado de la democracia mexicana es que el primer tema que surge al respecto suele ser el dinero: el que se le da a los partidos, el que financia la organización de las elecciones, el que pasa por debajo del agua, el dinero negro que amenaza, el dinero que compra voluntades.

Que la democracia mexicana es onerosa, no hay quien lo niegue. De acuerdo a un estudio reciente de México Evalúa, el costo de las elecciones en México es dieciocho veces mayor al promedio de América Latina. Apenas hace algunos meses atestiguamos el oleaje de dinero en la elección de gobernador del Estado de México, donde el tope de campaña fue equivalente al 86% del tope de gasto de campaña establecido para las presidenciales de 2012. Cada candidato a la gubernatura pudo gastar hasta 4.7 millones de pesos al día.

Sin embargo (o a pesar de) tanto dinero, nos encontramos en una lamentable paradoja: tenemos elecciones carísimas que de todos modos acaban siendo cuestionadas. Esto lleva necesariamente a uno de los problemas raíz: el desencanto y decepción sobre la democracia que existe en México. Latinobarómetro, que mide desde hace poco más de 20 años las opiniones y actitudes en la región respecto a la democracia, en 2016 registró un promedio de 54% de apoyo a la democracia en la población de la región. México se encuentra por debajo del promedio, registrando 48%.

Una segunda variable es qué tan satisfecha se encuentra la gente con la democracia, cifra que ha venido a la baja: apenas el 34% de los latinoamericanos se sienten satisfechos con este sistema de gobierno. Nuestro país tiene una larga historia simulando la democracia, y una muy corta practicándola. ¿Por qué fuimos capaces de organizar y respetar la elección presidencial que dio paso a la alternancia en el 2000, y en las últimas dos hemos tenido avalanchas de irregularidades e impugnaciones?

Hay que echar mano del instrumento de la memoria pública: el IFE (hoy INE) se crea en 1990 tras la polémica caída del sistema en 1988. No solo se trataba de una reacción del oficialismo ante la cuestionada legitimidad del triunfo de Salinas de Gortari, sino de sacar la organización de las elecciones del aparato presidencial, pues hasta entonces dependían de la Secretaría de Gobernación. Después vendrán las reformas electorales de 1996-97 que darán al IFE el carácter ciudadano, expresado en la composición de su consejo, que logrará no solo conducir al país con éxito en la alternancia del 2000, sino poner al Instituto como una de las instituciones públicas que mayor confianza inspiraban en México. Pareciera que aquello es historia antigua, pero realmente ha pasado poco tiempo. Entre otros factores, el Instituto perdió credibilidad ante la clara partidización del Consejo General, que fue borrando la esencia ciudadana que le dio fortaleza en el crepúsculo del Siglo XX.

La indignación ciudadana ante un sistema electoral caro y poco confiable es más que entendible, sin embargo, habrá que tener cuidado en tomar la puerta falsa del financiamiento privado, pues se presta a diversos problemas, desde la presencia del dinero negro hasta el financiamiento de candidatos para empujar agendas particulares de grupos de interés. El dinero público tiene la principal característica de que puede y debe ser vigilado, por tanto el debate debería centrarse en cuánto y por qué es justo y adecuado financiar a los partidos y operación electoral, no en “privatizar” el proceso que, por definición, es el más público de todos: el elegir quienes nos gobiernan.

(P.D. Este espacio estará fuera del aire por algunos días a partir del 7 de septiembre, pero volverá pronto para atormentar a las buenas conciencias)