Se podría decir que uno de los lemas emblemáticos de la actual administración morenista quedó en el pasado tras la conferencia mañanera del presidente de hace una semana. La estrategia de seguridad pública de AMLO de los últimos años, “abrazos, no balazos”, pasó a segundo plano cuando nuestro mandatario anunció su decisión de colocar a la Guardia Nacional bajo el mando de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).

Bajo la premisa de que la única manera honesta de investigar y responder ante el crimen organizado es la contestación por parte de cuerpos militares, se pretende que sean ahora las Fuerzas Armadas quiénes lleven a cabo las labores de salvaguardar el orden y la seguridad pública. Para muchos analistas políticos esta decisión no ha sido novedad. 

Remontémonos a épocas de campaña electoral, cuando “sacar” al ejército de las calles era uno de los cometidos de AMLO, si es que él llegaba a Palacio Nacional. Para infortunio de muchos (o bueno, pocos, según los índices de aprobación del presidente), sí llegó. Sin embargo, en los últimos cuatro años ha sucedido todo lo opuesto a una “desmilitarización”. La nueva reestructuración de la Sedena parece ser solo la continuación de la estrategia comenzada hace 15 años en el sexenio de Calderón, permeando el enfoque militarista que ha ganado poder y terreno a lo largo de distintas administraciones. 

El riesgo de militarización del país se ha acrecentado paulatina y sigilosamente delante de nuestros ojos. 

Creada en el 2019, la Guardia Nacional, fue instaurada bajo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana como una organización de carácter civil, ya que fue solo así como el Congreso llegó a aprobar el proyecto. No obstante, poco después, las Fuerzas Armadas avanzaron también como agente económico. Al día de hoy, el Ejército y la Marina manejan los puertos, las 49 aduanas que hay en el país y son los encargados de los proyectos insignia de esta administración: el Tren Maya y el Aeropuerto de Santa Lucía. Ahora, se está tratando de militarizar una fuerza civil (¿o de disfrazar de civiles a las Fuerzas Armadas?) a través de vías legales paralelas y la emisión de un acuerdo, debido a que no se puede llevar a cabo una reforma constitucional. 

¿Por qué esta decisión es tan perjudicial? En una encuesta de El Financiero, el 46% de los encuestados están en desacuerdo de que se militarice la seguridad pública y el 59% opina que lo más apropiado es que la propuesta se discuta y vote en el Congreso. Desde donde yo lo veo, el principal argumento en contra de esta resolución es simple: se trata de una decisión inconstitucional que no solo viola la propia naturaleza bajo la cual se creó a la Guardia Nacional, sino que también viola la postura de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que manifiesta que la seguridad pública debe de ser obligatoriamente de carácter civil.

En un país con pésimos antecedentes en materia de derechos humanos, nos debería de preocupar este nuevo nivel de involucramiento por parte de los cuerpos militares. Las implicaciones son muchas y las cifras son igualmente trágicas. Una mayor participación por parte de las Fuerzas Armadas normalmente muestra una correlación directa con un alza en las violaciones de los derechos humanos, a la par de un alto índice de impunidad hacia estas. 

En el caso de México, estas no son noticias nuevas. Ha sido la misma Corte IDH, quién ha emitido seis sentencias condenatorias hacia el Estado mexicano por violaciones graves en materia de derechos humanos por parte del Ejército. Tan solo hace falta recordar el caso de Rosendo Radilla, quien fue víctima de tortura y desaparición forzada en manos del Ejército. O el caso de Inés Fernández, quien fue una de las mujeres dentro del 40% que son violadas mientras son detenidas por Ejército, según lo muestra la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad del 2016. 

Después de las noticias y el barullo de los últimos días respecto al tema, me restan muchas preguntas. ¿De qué manera se enjuiciará a la Guardia Nacional en dado de cometerse una falta? ¿Dentro de la jurisdicción militar? Y, ¿en qué momento se va a pintar la raya dentro del fuero militar? Si es que siquiera se hará esa distinción.

Dentro de las buenas noticias que se anunciaron en una de las más recientes conferencias mañaneras, el presidente mencionó su jubilación y alejamiento de la política en el 2024. ¿La mala? Que busca que la decisión de reestructuración de la Sedena sea su legado y que sea heredada a las administraciones que lo preceden. 

Que se quede en la historia, que la misma semana que Gustavo Petro, presidente de Colombia, presentó su proyecto de Seguridad Humana desenfocándose en la fuerza militar como eje céntrico de su estrategia de seguridad fue la misma semana que AMLO propuso trascender como el presidente mexicano que busca militarizar una institución civil de seguridad pública. ¿Irónico?, ¿no?