INEGI informa que PIB cae 8.5% en 2020

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De acuerdo con la estimación oportuna del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicada este viernes, la economía de México se contrajo 8.5% en 2020.

La pandemia de Covid-19, aunada a la falta de respuesta en cuanto a medidas contracíclicas, provocó que el Producto Interno Bruto (PIB) a tasa anual ligara dos caídas de forma consecutiva, luego de que en 2019 la economía mexicana bajara 0.1%. 

México no pasaba por algo similar desde principios de la década de los 2000. En 2001, el PIB se contrajo 0.4% y al año siguiente cayó 0.03%; o entre los años de 1982 y 1983 cuando cayó 0.01% y 4.36% respectivamente.

La estimación oportuna del Instituto Nacional se ubica ligeramente por debajo de lo que pronosticó la Secretaría de Hacienda, quien había previsto una caída de 8%. 

El cálculo de instituciones internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional o la Comisión Económica para América Latina y el Caribe habían calculado un impacto que haría caer la actividad económica en México en por lo menos 9%.

Si bien el rebote que se vio en el tercer trimestre fue de 12.1%, el desplome le superó y no fue suficiente para retomar el rumbo en los últimos tres meses del año. 

Se destaca que México lleva seis trimestres consecutivos sin crecer a tasa anual, y a pesar de que expertos apuntan a que el primer trimestre del 2021 confirmará la mala racha con una caída más, pareciera que pese a ello este año la situación finalmente pueda dar un giro.

La recuperación de la Economía mexicana dependerá directamente de factores como la vacunación, el desarrollo de la pandemia así como el desempeño de países como el vecino Estados Unidos en cuanto a la misma reapertura y vacunación.

Con información de El Financiero

 

Exhibe INEGI subregistro de Salud

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108 mil 658 son los mexicanos que murieron por Covid-19 de enero a agosto del 2020, esto de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Dichos datos mostrarían el subregistro de la Secretaría de Salud de 44 mil 839 defunciones, en comparación con las 63 mil 819 decesos reportados por coronavirus en el mismo periodo.

El instituto dio a conocer sus resultados preliminares sobre defunciones en México, siendo que hasta agosto del año pasado, el Covid-19 fue la segunda causa de muerte, solo por detrás de enfermedades del corazón (141 mil 873 personas); teniendo en tercer lugar a la diabetes, con 99 mil 733 decesos.

El pasado julio, diversos medios dieron a conocer el informe del Registro Nacional de Población, en donde ya se podría observar un subregistro en las muertes por Covid-19; donde la contabilidad de la Secretaría de Salud arrojaba 18 mil 421 muertes menos que las reportadas por el RENAPO.

Respecto a los datos del INEGI, se indicó que las entidades federativas donde se presentó un mayor número de muertes respecto al año anterior son el Estado de México, Ciudad de México, Veracruz y Jalisco.

Descontando las actas extemporáneas, el INEGI indicó que las defunciones ocurridas entre enero y agosto del 2020 fueron 673 mil 260. No obstante, se esperaba, con base datos del 2019 que ocurrieran 488 mil 343 decesos por lo que el exceso de mortalidad fue de 184 mil 917 personas, un 39.9%.

Con información de La Silla Rota

8 de cada 10 hogares en México no tienen servicios de streaming, revela INEGI

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De acuerdo con los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020 que el INEGI dio a conocer este lunes, ocho de cada 10 viviendas particulares habitadas en México no disponen de Netflix, Spotify u otros servicios de películas, música o videos de paga por internet.

De 35.2 millones de viviendas que hay en el país, 28.5 millones no contaron con estos servicios el año pasado y equivalen a 81% del total.

El Estado de México es la entidad con más inmuebles sin acceso a estas plataformas, con 3.7 millones de viviendas; seguida de Veracruz con 2.1 millones; Ciudad de México con 1.8 millones; Jalisco con 1.7 millones, y Puebla con 1.5 millones.

El censo del INEGI reveló que casi la mitad del total de viviendas particulares que hay en el país no disponía de servicio de internet en 2020, el equivalente a 48%, mientras que en una década atrás eran 78% de los inmuebles sin acceso a la red.

El ejercicio también mostró que 88% de las viviendas contaban con al menos un teléfono celular el año pasado, mientras en 2010 la proporción fue de 66%.

Un 91% de las viviendas particulares habitadas disponen de televisión, 88% de refrigerador, 73% de lavadora, 47% cuentan con automóvil o camioneta propia, 38% poseen computadora, laptop o tablet y 37.5% tiene línea telefónica fija.

El 43% de las viviendas disponen de servicio de televisión de paga y 12% cuentan con al menos una consola de videojuegos.

(Con información de El Universal)

Prevención, la respuesta a la inseguridad

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El INEGI compartió los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU). Los resultados en percepción de seguridad muestran lo que se vive día a día en la calle de nuestra ciudad: una creciente inseguridad. La estrategia de la administración actual ha fallado. 

Al recorrer las calles del Distrito 4 me he dado cuenta de que el reclamo principal es la inseguridad, los robos, asaltos y hasta asesinatos. La Francisco Naranjo, 10 de marzo, Garza Nieto, Industrial, Independencia, Centro y Mitras siguen sufriendo la falta de estrategias integrales que aseguren una vida digna. 

Este reclamo tiene eco con las estadísticas de procuración de justicia de la Fiscalía de Nuevo León, las cuales muestran que, si bien la incidencia delictiva en Monterrey ha bajado un 13%, los delitos de alto impacto y aquellos que dañan el tejido social se han incrementado. Los casos de abuso sexual, violación, violencia familiar, robo, homicidio y narcomenudeo aumentaron en promedio un 30% del 2017 a la fecha.

La estrategia actual se ha enfocado en la reacción, es decir, una vez que ocurre el delito se le da atención. Este enfoque evidentemente ha rebasado a la actual administración. Se ha invertido una cantidad histórica en patrullas, policías, equipamiento y armamento, pero los resultados son mínimos. Urge cambiar de enfoque. Más balas no nos han dado más seguridad. 

El tener la oportunidad de participar en la propuesta de diseño de las unidades de prevención municipales, me ha permitido constatar que es necesario que la estrategia prioritaria se enfoque ahora en la prevención. 

La prevención es sólo el primer paso para asegurar un sistema de seguridad que sí funcione para todos. Después de capacitar a más de 1,300 policías estatales y municipales en derechos humanos y en protocolos de primer respondiente, sé de primera mano que las estrategias de prevención se deben complementar con la profesionalización policial. Es necesaria una carrera policial que sí opere y un sistema de evaluación y seguimiento operativo, así como contar con los perfiles adecuados para la atención a víctimas y realizar actividades de investigación y coordinación con la Fiscalía para el esclarecimiento de los hechos. 

Tenemos que desarrollar una estrategia de seguridad basada en la prevención de la violencia y el delito. Esto se logra a través de estrategias conjuntas en el ámbito laboral, educativo, psicológico y social.

  • En lo laboral se deben realizar convenios con empresas para vincular a las y los jóvenes con oportunidades de desarrollo profesional y económico.
  • En lo educativo se debe implementar una cultura de prevención y de no violencia desde los niveles básicos y fortalecer el desarrollo de habilidades en adolescentes y adultos con cursos técnicos y de oficio para su crecimiento personal y económico.
  • Se deben detectar tempranamente comportamientos antisociales en las familias y jóvenes para tener un acompañamiento psicológico y lograr atender estas alertas. 
  • En lo social tenemos que construir comunidad: escuela, gobierno, empresa y sociedad. Hay que revivir los centros comunitarios para que se vuelvan el núcleo de desarrollo comunitario, familiar y social. 

Cambiemos la ilusión de seguridad por la realidad de una ciudad segura. 

Kristian Macías es aspirante a candidato independiente por el distrito 4 local en Monterrey.

Conoce más en www.kristianmacias.com

Será Tatiana Clouthier nueva secretaria de Economía

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Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó este lunes que habrá movimientos en el gabinete siendo que propondrá a Graciela Márquez Colín, actual secretaria de Economía, para la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). En su lugar, dijo López Obrador, entrará Tatiana Clouthier Carrillo, quien fuera la coordinara de su campaña a la Presidencia. Se destaca que el nombramiento de Márquez Colín tiene que ser ratificado por la Cámara de Senadores.

El titular del ejecutivo afirmó que los cambios no tienen que ver con “una cuota de género.” Sino que con “la necesidad de tener en el servicio público a hombres y mujeres caracterizados por la honestidad“.

Refiriéndose a la nueva secretaria de Economía aseguró: “En el caso de Tatiana, es una mujer con principios, con integridad, honesta y va a ayudarnos para que se siga promoviendo la actividad económica en el país y se tenga buenas relaciones con el sector empresarial, con el sector obrero; se siga fomentando el comercio exterior. Ese fue el motivo por el que decidí nombrarla secretaria de Economía“.

Otro de los movimientos explicados por el presidente, afirmó que propuso a Galia Borja para ocupar el puesto de subgobernadora del Banco de México (Banxico).

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional aseguró que: “Voy a proponer el día de hoy al Senado de la República dos nombramientos para subgobernadora del Banco de México y miembro de la Junta de Gobierno del mismo Banco, estoy proponiendo a Galia Borja Gómez. A finales de este año se concluye el periodo de un subgobernador y va a ser sustituido por Galia Borja Gómez, (que) es actualmente la tesorera de la Federación“.

Con información de El Financiero

Confirma INEGI que economía repuntó 12.1% durante tercer trimestre del 2020

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Tras un desplome de 18.7%, en el segundo trimestre del año, la economía mexicana presentó un repunte de 12.1% durante el tercer trimestre, confirmó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Este incremento, respecto al periodo anterior, es el más alto del que se tenga registro para un trimestre, según datos ajustados por estacionalidad del Producto Interno Bruto (PIB).

Esta tasa fue ligeramente superior al 12% de la estimación oportuna realizada por el INEGI previamente.

El repunte de 12.1% en el tercer trimestre del año, se dio tras la caída de 18.7% en el segundo trimestre, debido a las medidas restrictivas tomadas para frenar la epidemia de COVID-19 en el país.

El desempleo de la economía en México fue mejorado por varios factores, entre ellos, la reapertura de actividades económicas, el relajamiento de medidas de distanciamiento, la fortaleza de la demanda externo y las ganancias adicionales del empleo y confianza del consumidor.

También influyó la fortaleza de las remesas, lo que ayudó al avance de la masa salarial y el ingreso de las familias.

El crecimiento de las actividades industriales fue el principal motor de la recuperación, al reportar un avance de 21.7% en el tercer trimestre, que aunque se trata de una tasa menor al 22% calculado inicialmente, contribuyó al avance de la economía en México.

Un mayor dinamismo en manufacturas y minería, el cual podría impulsar los servicios de transporte de carga, compensó la disminución en el sector de la construcción.

Los servicios como transporte y comercios presentaron un alza de 8.8%. Este sector fue beneficiado con el relajamiento de las medidas de distanciamiento social.

Las actividades agropecuarias también presentaron un ligero crecimiento de 8%, la tasa mayor del periodo anterior fue 7.4.

En su comparación anual el PIB tuvo un retroceso de 8.6% en el tercer trimestre.

Participación ciudadana y supervisión civil en las instituciones policiales

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La eficacia, profesionalismo y vigilancia en el actuar de las corporaciones policiacas, son unos de los grandes pendientes en las instituciones de seguridad pública en nuestro país. Actualmente, dichas instituciones enfrentan diversos retos importantes en su desempeño; de acuerdo con datos de la ENVIPE 2019 realizada por el INEGI, el 52.8% de la población percibe a los policías municipales como poco o nada confiables, y el 67.9% de los encuestados percibe a dichas policías como corruptas. Estos datos estadísticos demuestran que dichas corporaciones sufren de amplios márgenes de desconfianza ciudadana, y ello tiene como consecuencia una falla sistemática en los esfuerzos de preservar la paz social, y resulta preocupante dada la naturaleza y relevancia de las tareas de los elementos de seguridad pública. 

En un país como el nuestro, donde el Estado de Derecho y la democracia son elementos en un estado aún de consolidación, incrementar la confianza y legitimidad de las instituciones es un imperativo social, jurídico y político, aún más, cuando hablamos del ius puniendi o poder punitivo del Estado. Cuando analizamos la actuación de los elementos de seguridad pública, lo hacemos desde dos dimensiones; la primera sería el actuar particular ante un caso concreto, ejemplo de esto es cuando una persona solicita ayuda ante la comisión de un delito. En segundo término, existe la dimensión global o colectiva, el cual se enfoca en el desempeño generalizado de una institución policiaca, ya sea desde sus estrategias internas así como las políticas públicas en materia de seguridad pública. Es en esta segunda, donde encontramos los controles externos ciudadanos o de participación civil. Por ello, impulsar una vida democrática-participativa al interior de este tipo de instituciones dedicadas a la seguridad, determinará en gran medida el éxito en sus tareas.

Dicho lo anterior, la vigilancia o control externo policial es una herramienta importante para aumentar la legitimidad social, permite que las políticas y actuaciones institucionales se adecuen a las dinámicas particulares de su eje territorial de acción,  y aumenta la rendición de cuentas en las corporaciones policiacas. Desde dicha perspectiva democrática, la supervisión civil de la seguridad pública sería un mecanismo importante para acercar a estas instituciones con la ciudadanía para generar una mayor confianza y responder a las demandas que esta tenga en relación con el desempeño de la seguridad pública. En ese orden de ideas, David H. Bayley (2006) ha mencionado que los pilares de una reforma policial democrática  son: 

  • orientación a la ciudadanía 
  • Respeto a la legalidad 
  • Respeto a los derechos humanos 
  • Transparencia y Rendición de cuentas

Cómo podemos apreciar de lo anterior, desde la orientación ciudadana hasta la transparencia y rendición de cuentas, se encuentran íntimamente relacionados con la vigilancia ciudadana externa de las corporaciones, ya que esto permite que personas interesadas o especialistas puedan involucrarse y participar en las políticas y estrategias de seguridad pública. Una institución policial debe medirse, no sólo por su efectividad en la tarea de seguridad púbica, sino también, en la supervisión y rendición de cuentas por parte de la ciudadanía. Al establecer estos mecanismos externos, las corporaciones pueden atender directamente las exigencias ciudadanas sobre su comportamiento y desenvolvimiento en la sociedad, creando un binomio importante entre participación ciudadana y derechos humanos que permiten que las organizaciones civiles o colectivos ciudadanos jueguen un papel importante. De acuerdo con la organización Causa en Común basados en la experiencia internacional, estos mecanismos tiene como beneficio: 

  • incrementar la confianza ciudadana 
  • Asegura procesos claros de quejas y denuncias 
  • Promueve investigaciones exhaustivas e independientes 
  • Incrementa la transparencia y la rendición de cuentas 
  • Disuade las conductas policiales indebidas 

En primer punto, me gustaría referirme al campo normativo, y para ello es obligado analizar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la cual regula a las instituciones policiales a nivel federal, local y municipal. En dicho ordenamiento se establece en su artículo 12 último párrafo, que el Consejo Nacional de Seguridad Pública podrá “invitar por la naturaleza de los asuntos a tratar, a las personas, instituciones y representantes de la sociedad civil que puedan exponer conocimientos y experiencias las para el cumplimiento de los objetivos de seguridad pública”. En ese orden de ideas, el Título Octavo de esta Ley, en sus artículos 128, 129, 130, 131, 132 y 133, regula la participación ciudadana, su objeto y materias, sin embargo, estos preceptos normativos resultan insuficientes para lograr alcances deseables, ya que no prevé instrumentos concretos para facilitar dicha participación ni la manera de su operación a nivel local, el cuál resulta el más afectado en términos de legitimidad social y corrupción. Para ilustrar lo anterior, reproduzco de manera textual el precepto normativo relativo al artículo 128:

“Artículo 128.- El Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana establecerá mecanismos eficaces para que la sociedad participe en el seguimiento, evaluación y supervisión del Sistema, en los términos de esta ley y demás ordenamientos aplicables.

Dicha participación se realizará en coadyuvancia y corresponsabilidad con las autoridades, a través de:

I. La comunidad, tenga o no estructura organizativa, y

II. La sociedad civil organizada”.

Como se puede apreciar, este Centro Nacional será el encargado de establecer los mecanismos de participación de ciudadana en las tareas de seguridad pública, y el mismo artículo señala que esta participación puede ser para fines de supervisión del sistema nacional de seguridad pública, esto lo podemos traducir a que la ley máxima de las corporaciones policiacas permite los mecanismos externos de evaluación y control ciudadano. Aquí vemos la primera falla de diseño, ya que esta participación no será directamente con las corporaciones policiacas sino con otra institución a fines, y esto no se circunscribe a las autoridades federales, sino como bien establece el artículo 129: 

Artículo 129.- El Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana impulsará las acciones necesarias para que la Federación y las entidades federativas y los Municipios establezcan un servicio para la localización de personas y bienes, que promueva la colaboración y participación ciudadana”.

El artículo anterior, una falla en la técnica legislativa es el uso de la palabra “impulsará las acciones necesarias” omitiendo el deber u obligación para que la colaboración ciudadana sea un mecanismo obligado en todo el sistema nacional de seguridad pública. En el mismo orden de ideas, y confirmando que la ley prevé la figura de control y vigilancia externa con organizaciones o colectivos civiles, estos mecanismos pueden versar en los términos del artículo 131: 

I. Participar en la evaluación de las políticas y de las instituciones de seguridad pública.

II. Opinar sobre políticas en materia de Seguridad Pública;

III. Sugerir medidas específicas y acciones concretas para esta función;

IV. Realizar labores de seguimiento;

V. Proponer reconocimientos por méritos o estímulos para los Integrantes de las Instituciones;

VI. Realizar denuncias o quejas sobre irregularidades, y

VII. Auxiliar a las autoridades competentes en el ejercicio de sus tareas y participar en las actividades que no sean confidenciales o pongan en riesgo el buen desempeño en la función de Seguridad Pública.

Derivado de lo anterior, si bien, las fracciones I, II, III y IV del artículo 131 preven que exista una coordinación y participación por parte de organizaciones civiles o la comunidad sin estructura organizativa, la Ley no mandata a las entidades federativas para que necesariamente existe un mecanismo de vigilancia y control ciudadano, lo cual contradice la naturaleza misma de estos mecanismos de supervisión ciudadana. Este título no define lo que se entiende cómo sociedad civil o colectivo ciudadano, y tampoco enuncia las formas con las cuales puede participar, no siendo específico con las formas o incidencias locales para permitir esto. Cuando hablamos de mecanismos de supervisión o control externo ciudadano, no puede limitarse a simplemente contemplar la figura en la ley sin dotarlo de facultades que permitan su efectividad, ya que no se logran los alcances de rendición de cuentas. En términos institucionales, en México tenemos órganos de supervisión al interior de las corporaciones policiacas, el primero son las Unidades de Asuntos Internos y las ONGs especializadas en temas de seguridad pública, sin embargo, “estos organismos carecen de uno o dos factores que consideramos indispensables para la supervisión policial efectiva: 

  1. autonomía, 
  2. competencia, y
  3. exhaustividad”.

En virtud de lo anterior, la actual administración federal ha creado e impulsado el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica aprobado por elConsejo Nacional de Seguridad Pública el 8 de julio de 2019, sin embargo, también resulta insuficiente respecto a las formas o mecanismos para implementar la participación ciudadana efectiva a nivel local, si bien, dicho documento menciona que el objetivo del Modelo es el “fortalecimiento de las policías municipales y estatal ” para “mejorar la percepción de seguridad e incrementar la confianza en las instituciones policiales (SESNSP, 2019, p. 55), esta política pública no profundiza ni realiza un análisis a fondo sobre los principios y figuras para que la sociedad pudiera participar desde el ámbito colectivo en las estrategias de seguridad pública o aquellos procesos internos como la capacitación y formación policial. Esta supervisión civil no se contempla como un mecanismo clave en el actuar de la seguridad pública, ya que como bien ha señalado Antia Mendoza citando a Dash sobre las funciones principales de los sistemas de supervisión civil en las instituciones policiacas, se encuentran:

“- Supervisar los procesos de queja en contra de los cuerpos policiales

– Atender y satisfacer la queja ciudadana

– Documentar, analizar e interpretar patrones de abuso o violaciones a los

derechos humanos por parte de los servicios policiales

– Detectar necesidades de carácter técnico, estructural o de gestión en las

instituciones policiales

– Evaluar prácticas y desempeño policial

– Emitir informes y recomendaciones para fortalecer y mejorar la práctica

policial

– Participar en la construcción de políticas públicas que contribuyan a la

modernización y democratización de la policía”

Tanto el Modelo Nacional de Policía y justicia cívica como la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública no concretan mecanismos, alcances y consecuencias de la participación de la sociedad civil en las funciones de la seguridad pública, esta falla en el diseño jurídico-institucional tiene cómo consecuencia que todo la vigilancia o control externo policiaco quede completamente a la potestad de la voluntad política, y aquí tenemos un punto débil que debe ser tomado en cuenta ante los altos índices de violencia y desconfianza ciudadana a las instituciones. Cuando se permite que exista una participación ciudadana en aras establecer un control externo, las policías pueden aprovechar la información que las organizaciones y/o colectivos pueden aportar a su laborar, abonando a una mejor capacitación así como entender la perspectiva de la ciudadanía, convirtiéndose en aliado de las exigencias ciudadanas. Es importante que estos mecanismos puedan contemplar medidas coercitivas o instrumentos de sanción cuando derivado de los ejercicios de control ciudadano, se perciban actos u omisiones contrarios a la ley y el desempeño de sus laborales, y como resultado tendremos instituciones legitimadas y profesionalizadas. Contemplar y fomentar los controles externos policiales permitirá transitar a un modelo de seguridad pública cerrado y opaco a uno abierto que permita una vigilancia constante de su actuar, democratizando el ejercicio de la seguridad pública en nuestro país. 

Referencias 

INGEI. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2019. 

INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2019. 

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

González Reyes, Pablo Jesús. (2003). Participación ciudadana en la evaluación de la política de seguridad pública: el caso de Baja California. Estudios fronterizos, 4(8), 57-72. Recuperado en 24 de octubre de 2020, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-69612003000200003&lng=es&tlng=es

SESNSP. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. 

Mendoza Atia, (2008), Supervisión de la policía por sociedad civil ¿transición hacia la reforma policial democrática?, Instituto para la Seguridad y la Democracia A.C. (Insyde). México: junio de 2018.

Bayley, D. (2006). Changing the Guard. Developing Democratic Police Abroad.Oxford, Press, USA. 

Una consulta más

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Nuevamente les vengo a escribir del mecanismo de consulta en México. Un mecanismo que emocionó al legislarse pero que ha perdido credibilidad por la manera en la que se aplica en nuestro país; una manera que simplemente no se apega a lo que establecen las leyes para su debida formulación. 

He escrito antes sobre la consulta popular de las elecciones de 2018 y la “consulta” que hubo del NAICM, pero ahora nos enfrentamos a otro escenario: una consulta ciudadana en Nuevo León sobre el tema fiscal. Primero, es importante destacar que sí hay una diferencia entre consulta popular y ciudadana: Según la Ley de Participación Ciudadana para el estado de Nuevo León, la popular se realiza únicamente en jornadas electorales federales y en conjunto con la Comisión Electoral Estatal, la cual valora que la pregunta en cuestión no sea tendenciosa o contenga juicios de valor y que no sea referente a temas tributarios, administración pública interna y regulación del Congreso del Estado o el Poder Judicial. Por otro lado, la consulta ciudadana la realiza independientemente el poder ejecutivo estatal o municipal y no existen restricciones en cuanto a los temas. 

Entonces el Congreso del Estado no fue nada ingenuo en plantear esta consulta como ciudadana y no como popular, porque eso les permite realizarla antes de la jornada electoral y también que fuera sobre el tema fiscal que tanto ha causado división entre los ciudadanos y gobernadores. Técnicamente, sí se está cumpliendo con todos los requisitos de forma para utilizar este mecanismo de participación ciudadana. 

Pero hay algo más, que es lo que me llevó a escribir este artículo, y es sobre el tema y la pregunta en sí. El Poder Ejecutivo y Legislativo de Nuevo León ya se pusieron de acuerdo y determinaron que la pregunta para la consulta será la siguiente: “Hoy por cada peso que Nuevo León aporta al gobierno federal solamente se le devuelven 29 centavos. ¿Estás de acuerdo en que se modifique el mecanismo de distribución para que Nuevo León reciba más recursos a favor de sus habitantes?”. 

Sinceramente, ¿quién en su sano juicio diría que no a esa pregunta? ¿Me estás preguntando que si quiero más dinero para que nos vaya mejor? ¡Pues claro que sí! Aquí se puede ver otra buena decisión del Congreso para hacer esta consulta una consulta ciudadana, porque es una pregunta totalmente tendenciosa y con juicios de valor. Es impactante que mencionen la cifra sobre como Nuevo León solo recibe 29 centavos por cada peso que contribuye (y es la única cifra que usan para respaldar su postura para recibir más dinero), pero lo que los impulsores de esta consulta no te cuentan es que aún con esto, Nuevo León es el quinto mayor estado en recibir participaciones federales (lo pueden revisar en el cuadro 7 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5603570&fecha=27/10/2020). Los impulsores también dicen que como Nuevo León es el tercer estado en aportar al PIB nacional (que sí es), por eso se nos debería de regresar más, pero tampoco te cuentan que el cálculo para las participaciones y aportaciones federales para los estados no solo se basa en el PIB sino también en la cantidad de población que se tiene, la cantidad de impuestos locales que recaudan y otros factores como carencias sociales para algunos fondos del ramo 33. Recapitulando: en Nuevo León, sí somos la tercera entidad con mayor aportación al PIB y sí se nos regresa 29 centavos por cada peso, pero aún así somos el quinto mayor estado con participaciones federales y hay más factores sobre el PIB para recibir este dinero. 

Ahora, otra cuestión sobre esta consulta ciudadana es que se va a llevar a cabo electrónicamente entre el 6 de diciembre y 28 de febrero. Según la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2018 del INEGI, en Nuevo León, solo 66.5% de la población cuenta con acceso a internet desde sus casas. Entonces hace falta que el gobierno defina cómo es que toda la ciudadanía del estado va a poder participar en esta consulta.

No se pueden andar diciendo verdades a medias para obtener más dinero. El gobierno primeramente debería de tener una planeación estratégica sobre sus recursos y transparentar qué es lo que hace con el dinero que ya recibe antes de andar pidiendo más. Y si van a realizar la consulta tienen que asegurar que todas y todos puedan participar, sino solo va a ser una consulta más para que las clases sociales medias y altas que cuentan con internet en sus hogares y dispositivos electrónicos puedan ejercer su participación ciudadana. 

Muestra Ensenada, Baja California interés en modelo de seguridad de Escobedo

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La Alcaldesa Clara Luz Flores Carrales recibió a su homólogo en la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Justicia Cívica, donde éste le expresó su admiración por el arduo trabajo que ha realizado en 10 años para el bienestar de los ciudadanos. 

Durante el recorrido, el ensenadense conoció los inicios de la estrategia de seguridad, conformada actualmente dentro del sistema Seguridad Integral para los Ciudadanos (SIC), que se integra de los modelos de Proximidad, Justicia Cívica, Análisis e Investigación, Puerta Violeta, Movilidad y Medio Ambiente. 

La Edil le explicó que en la Policía de Proximidad se han enfocado en que los elementos sean parte de la solución de los problemas, que trabajen por sectores con identificación de incidencias delictivas y que tengan reuniones vecinales. 

Ahondó en el plan y trabajo integral aplicado a los ciudadanos con la Justicia Cívica y Análisis e Investigación, donde se les da seguimiento para evitar reincidencias y sacarlos de sus círculos de violencia.

Dichas medidas han permitido una mejora en las evaluaciones de Escobedo dentro de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), elaborada por el INEGI, donde el Municipio ha incrementado la confianza en la corporación policial, el desempleo de autoridades y ha disminuido la percepción de inseguridad. 

Sinergía en la reactivación económica

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Es claro el panorama económico que no solo México, sino el mundo entero está viviendo. Innumerables negocios han tenido que cerrar sus puertas por la imposibilidad de mantener los gastos fijos de sus empresas. El desentendimiento de empatía de los dueños de los locales en condonar rentas en apoyo e impulso a los pequeños negocios, quienes brindan empleo y estabilidad económica al país y un gobierno federal que ha dado la espalda al apoyo de las PyMes, quienes más necesitan de ese brazo de estabilidad en estos momentos de crisis, han tenido repercusiones impresionantes en el rubro económico.

Si bien es cierto, que al tercer trimestre de 2020 la economía refleja que podría estar en la senda de recuperación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mencionó que, si no se logra contener la pandemia no habrá confianza para mantener este ritmo de reactivación económica. Así mismo, el INEGI mostró que el país efectivamente está en gráficas de recuperación económica, en especial en el número de empleos que se han recuperado tras la tasa más grande de desempleo que se ha tenido registrada en el país, sin embargo, un posible rebrote trae consigo un panorama que empeora la situación y las proyecciones de crecimiento económico.

Ahora, es vital que el gobierno diseñe políticas públicas con perspectiva estratégica, con visión a futuro. Si bien, el Fondo Monetario Internacional (FMI) indica que los países afectados tardarán 2-3 años en recuperar la pérdida o el declive económico, así como el aumento en la desigualdad económica-social, causadas por el COVID19. El gobierno mexicano debe tener visión en el diseño de programas o acciones que garanticen la reactivación económica con un ritmo inevitablemente “lento pero constante“. Es clave que el liderazgo del gobierno sea empático y pueda garantizar unidad entre los diferentes actores, para lograr un desarrollo económico y un impulso de la economía nacional, salvaguardando las medidas de distanciamiento social, pero poco a poco generando la trillada “nueva normalidad” para comenzar a recuperar lo que se ha perdido en estos últimos meses.

Después, con base a la situación que se vive en Europa y Estados Unidos, así como en México en los últimos días… de un rebrote significativo en el número de casos de personas contagiadas por el virus, el gobierno mexicano debe prever y no cometer el mismo error de “esperar” a que la tormenta llegue, así como lo hizo a principios de año al subestimar el virus del COVID19. Actuar de manera oportuna y evitar que este rebrote llegue a empeorar la situación actual es imperativo. Es clave que el gobierno mexicano actúe y fortalezca las medidas de distanciamiento social y accione en pro de la salud, sin embargo, pensando y actuando de manera empática en la situación económica que se está enfrentando, tomando un liderazgo político y social en todos los sentidos, sumando a la reactivación a todos los actores de la cadena productiva para trabajar de manera integral ¿suena complicado, cierto?, como anteponer la economía, antes de la salud, o viceversa. 

En este sentido, la cadena productiva se conforma por proveedores, productores, transformadores, distribuidores y al final, el consumidor. En México al parecer, hace falta empatía en esta cadena; es decir, nadie quiere aportar, ni sacrificar un poco para lograr la reactivación económica. La mayoría de la gente espera que “papá gobierno” solucione todo y al ser una pandemia mundial, algo inesperado y nuevo, sin precedente alguno que pueda darnos ese respiro y esperanza de una fecha estimada de recuperación económica y social… estamos buscando en cómo lograr esa recuperación lo antes posible y a costa de que el único afectado, sea el cliente final. Si bien es cierto que, el gobierno debe tomar una postura de apoyo y estímulo fiscal hacia los negocios, la parte de la iniciativa privada debe tomar en cuenta que el gobierno tiene gastos primordiales, como lo es la salud; entonces de manera empática y con sinergia, se debe colaborar para que tanto gobierno (Nacional, Estatal y Municipal) aporte su granito de arena, pero también las empresas y PyMes, deben trabajar en conjunto para lograr una reactivación económica integral en la cual se beneficie el cliente, la propia PyME y la economía en general vaya tomando fuerza y vaya recuperando los miles de empleos que se han perdido, así como el porcentaje tan elevado de millones de mexicanos que pasaron de pobreza a pobreza extrema, debido a la situación actual. 

Por otro lado, el FMI publicó una mejora del 8.1% sobre la contracción económica esperada a este año; es decir, la reactivación económica si tiene un efecto positivo en la economía mundial, en la generación de empleo, en el impulso de pequeños y medianos negocios. La reactivación económica depende del control que el gobierno llegue a tener sobre el esparcimiento del virus; por ello no hay que aflojar en las medidas de distanciamiento social, ni las medidas de salud. Sin embargo, reitero, hay que trabajar de manera integral, iniciativa privada y gobierno, tomando en cuenta y salvaguardando la salud tanto social, como económica de nuestros clientes. Si al cliente no le garantizas bienestar y tranquilidad de que se estás llevando a cabo todas las medidas de salud, no te va a comprar. Y aunado a esto, si buscas la reactivación económica oportuna y de manera rápida; sin ofrecer algún tipo de descuento o apoyo hacia el cliente, tampoco te va a consumir. Hay que tener en cuenta que la pandemia afectó a todas las carteras (gobierno, empresas y cliente final), de manera conjunta debemos colaborar para contribuir a una reactivación económica más rápida y eficaz que traigan consigo beneficios económicos y sociales a nuestro país.

Por consiguiente, el Banco de México (Banxico) enfatizó hace unos días que el Paquete Fiscal de México para el 2021 comprometerá el crecimiento potencial de la economía nacional. En este sentido, afirma que la asignación de recursos y la rentabilidad social de los proyectos que se desean financiar representa un riesgo para la economía. Así mismo, mencionan la necesidad de considerar una reorientación del gasto gubernamental y fortalecer los ingresos públicos de una manera empática y constante. En este sentido, considero que la falta de estímulos fiscales en apoyo a las PyMes garantiza un ambiente desfavorable para el crecimiento económico y la tasa de empleabilidad. Sin embargo, como emprendedores y empresarios no debemos esperar a que el gobierno haga todo, debemos dar ese primer paso de empatía y ser considerados con el cliente, buscando su salud física y económica. ¿Cómo? sacrificando un poco del porcentaje de la utilidad, pero garantizando una fidelidad de un cliente que te va a consumir constantemente al recordar que sacrificaste un poco para lograr esta reactivación social y económica durante tiempos difíciles. Y aunque parezca paradójico… “A veces es necesario perder para ganar“.

Finalmente, el tema de un posible re encierro podría ser fatídico para el sector económico del país. Es imperativo que el gobierno controle de manera efectiva y eficiente la pandemia y estimule fiscalmente a los negocios y empresas, para evitar una caída y una pérdida económica que comprometa al país a un declive y una recuperación que pueda llegar a tardar más de 10 años (Banxico, 2020). Y en este sentido, como empresas seguir esta cadena de valor, pensando no en el beneficio propio, al contrario, en el beneficio de todos. Pensar en mantener la nómina, aunque sea con menos sueldo garantizas la estabilidad económica de las familias mexicanas. Pensar en mantener los ingresos de la renta, aunque sea con un 50% de condonación, garantizas flujo y estabilidad a familias mexicanas. Todos somos mexicanos y es hoy, cuando debemos de actuar en equipo, siempre con sinergia y empatía, buscando el bien económico y social de todos. No debemos de esperar a un terremoto, o una pandemia para ser empáticos, debemos de apoyarnos e impulsarnos entre nosotros mismos día con día, ya que, si no trabajamos juntos y nos apoyamos como mexicanos, nadie más lo vendrá a hacer.