Crece desempleo en primer trimestre del 2021; micronegocios perdieron 923 mil puestos de trabajo

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Durante el primer trimestre del 2021, la población ocupada en México descendió 2.4 millones de personas respecto al mismo periodo del año pasado, esto se ve reflejado en la caída de la ocupación en el comercio, restaurantes y servicios de alojamiento. Los datos fueron publicados en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Nueva Edición (ENOEN) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con esta encuesta, la población ocupada se ubicó en 53 millones de personas desde los 55.3 millones registradas de enero a marzo del 2020. La tasa de desocupación fue de 4.2% de la PEA (Población Económicamente Activa), de acuerdo con el instituto, creció 1.3% en su comparación anual.

Cancún es la ciudad con la mayor tasa de desocupación con 10.9%, seguida de Ciudad de México con 7.4% y León con 6.9%. Por otro lado, las ciudades de Tijuana con 2%, Cuernavaca con 2.2% y Reynosa con 2.6%, reportaron las tasas de desocupación más bajas en el primer trimestre del 2021.

El sector terciario, con una participación de 61.1%, registró una disminución en términos absolutos de 1.9 millones de personas respecto al primer trimestre del 2020.

La población informal ocupada, que comprende tanto a los ocupados que son laborales vulnerables por la naturaleza de la unidad económica para la que trabajan, como aquellos cuyo vínculo o dependencia laboral no es reconocido por su fuente de trabajo, en el primer trimestre de 2021 fue de 29.2 millones, 1.6 millones menos comparada con igual trimestre de 2020.

La tasa de informalidad en las localidades rurales fue de 77.3% en el primer trimestre de 2021, mientras que en las localidades más urbanizadas fue de 42.5%.

Con información de El Financiero

El virus de la desigualdad

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A principios de los 70s, Eduardo Galeano escribió en su obra Las Venas abiertas de America Latina que el desarrollo desarrolla la desigualdad y que es un viaje con más náufragos que navegantes. El intelectual uruguayo argumentaba que desde los orígenes latinoamericanos, ha existido una fuerte y arraigada desigualdad económica y fáctica. El conocido comúnmente como Coronavirus o COVID-19 por su nombre científico, viene a quitar nuevamente y de manera abrupta la venda en los ojos de todos sobre esa mortal desigualdad. Este virus que se esparce de manera rápida por nuestro territorio, viene a recordarnos que la desigualdad puede matar de muchas maneras, y una emergencia de salud pública es una de ellas. 

El escenario de posible propagación, forzó a empresas y gobierno a instar a todos a quedarnos en nuestros respectivos hogares, el paro de actividades económicas y la disminución de cualquier asunto no esencial. Sin embargo, esta medida puede sonar razonable en un país con ingresos justos, con una economía incluyente sin pobres y sin informalidad o para aquellos privilegiados que pueden hacer uso de las nuevas tecnologías para continuar sus labores. Sin embargo, esto es una realidad para sólo un pequeño grupo de la sociedad mexicana; porque vivimos en un plugar donde el 10%  más rico concentra el 64.4% de todo la riqueza del país (Esquivel 2015, pág. 16), porque vivimos en un país donde el 60% de la población laboral se encuentra en el empleo informal. Porque como país nos desarrollamos, pero como escribió Galeano, también  desarrollamos una desigualdad que sigue viva, que continúa creciendo, que late y late fuerte en  un  momento de suma vulnerabilidad.

Aquellos que no pueden encerrarse, no lo hacen por gusto sino por necesidad, porque el país no creció para ellos; el país no procura un sistema de salud para ellos; el país no procura un ingreso justo y las mismas oportunidades y una educación de calidad y servicios básicos. Porque aquellos que no sufrirán por el contagio del Coronavirus, sí sufrirán por el contagio del virus de la desigualdad. Esto no es nuevo, pero debido a su estructural origen, como sociedad lo hemos normalizado, porque México del periodo de 2008 a 2015, los ingresos de la clase media se redujeron en un 2% (OCDE, 2016). Esta desigualdad también tiene un componente de género, ya que las mujeres en México perciben 60% menos que los hombres  y esta brecha tardará 257 años en cerrarse (FEM, 2019).  Este problema es grave, no sólo por las implicaciones económicas y de crecimiento que esto conlleva, sino porque vemos que es una doble vulnerabilidad, ya que en esa situación de una disminución de consumo y contingencia,  las personas del sector informal y que vivan en situación de pobreza, serán las más afectadas, a pesar de que por cada 100 pesos generados en el país, 23 pesos provienen el sector informal (INEGI, 2019), lo cual nos deja ver la magnitud de esta afectación. Con esto no incentivo medidas contrarias a las señaladas por las autoridades, sin embargo, debemos dejar de normalizar la desigualdad y ver  las múltiples formas en cómo esta puede matar a millones de mexicanos. 

El quedarse en casa para combatir al Coronavirus está demostrando ser también un tema de clases, un tema de pocos contra uno de muchos, porque hablar de porcentajes es hablar de millones de mexicanos que no pueden darse ese lujo de parar porque viven día a día, porque la sociedad los ha olvidado, los ha normalizado. Vimos en un México donde 3 de cada 4 personas que hablan una lengua indígena o pertenecer a un pueblo originario, son pobres; ¿ellos como combatirán el COVID-19? ¿si el 38%  de la población indígena vive en pobreza extrema, como podrán quedarse en sus casas sin poder tener su día a día para sobrevivir y no para vivir? Como dicen vecinos del asentamiento La Guadalupana en Mérida, Yucatán: “aquí no hay compras de pánico, ni siquiera tenemos dinero”. Estos días deben de servir para que como sociedad, y en especial, para que los involucrados en la toma de decisiones públicas, reflexionen sobre cómo la desigualdad mata; cómo la desigualdad es un factor de riesgo importante en diversos escenarios como el actual. La ausencia de justicia (hasta la justicia económica) es la gran deuda de este país.

Mercados: Orden y Planeación

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No es secreto que en México la informalidad representa una parte importante la nuestra actividad económica nacional. Los mercados rodantes son desde hace muchísimos años, un mecanismo donde comerciantes de diversos rubros pueden vender sus productos y servicios de manera accesible en colonias populares y zonas con mucha concentración poblacional. Lamentablemente este sistema se ha visto corrompido y ha presentado fallas desde hace muchos años, en especial en las últimas semanas en nuestro estado, donde se han registrado diversos conflictos entre sindicatos, autoridad y los propios oferentes. Un ejemplo es la riña que se desenvolvió la semana pasada entre cetemistas y oferentes de un mercado en el norponiente de Monterrey donde resultaron varios heridos y se afectó el patrimonio de quienes se dedican a vender en estos lugares. Según testigos, integrantes de la CTM NL que dirige Ismael Flores arribaron al mercado soltando golpes y lanzando objetos contra los oferentes quienes grabaron todo con sus teléfonos celulares dejando evidencia de los hechos en redes sociales y en los propios medios de comunicación que lo retransmitieron.

La Ley Estatal para Regular el Uso de la Vía Pública en el Ejercicio de la Actividad Comercial da la atribución de regular y administrar el tema de los mercados a cada municipio por medio de sus respectivos reglamentos. En esta ley se contempla en su artículo 4º que los permisos pueden ser otorgados de manera colectiva en el caso de mercados rodantes pero también menciona que los permisos deben otorgarse salvaguardando el bienestar del municipio y de la actividad comercial de los vendedores, además de que en el caso de los mercados rodantes nadie puede obligarlos a pedir permiso de manera colectiva ya que la ley  establece que en primera instancia pueden ser solicitados de manera personal y directa, además de que son autorizados de manera individual por cada comercio.

No nos confundamos, una cosa es que la ley permita cobrar de manera colectiva y otra muy distinta es que haya una central obrera como la CTM NL que obligue a todos los oferentes de un municipio a pagarles cuotas injustificadas, extorsionándolos y quedándose con el dinero que debería ir a las arcas municipales. Inclusive esta central roba y luego cobra a los oferentes por el uso de los servicios públicos como la luz y el agua que deberían pagarse de manera individual.

La mayoría de los reglamentos municipales del estado son muy claros y buscan proteger al comerciante, en ningún lado dice que se les puede obligar a pagarle piso a una central obrera ni mucho menos condiciona su trabajo. Por citar algunos ejemplos, el artículo 21 del reglamento municipal de mercados rodantes de San Nicolás de los Garza menciona las obligaciones de los oferentes donde se establecen los lineamientos que deben de cumplir y que no está cumpliendo la central obrera antes mencionada. El artículo 22 del reglamento de mercados municipales del municipio de Monterrey menciona en su apartado XII la obligación de los oferentes de cumplir con el pago de cuotas al municipio, cosa  que a veces no ocurre por ser recolectado por una central que cobra de más y por cosas que no debería. El artículo 43 del reglamento de mercados del municipio de Escobedo menciona que el pago de cuotas deberá realizarse por los locatarios directamente en las oficinas recaudadoras, esto con el fin de evitar que intermediarios innecesarios cobren de más y/o no hagan llegar los recursos.

El tema de los abusos por parte de la CTM en los mercados rodantes no es exclusivo en este rubro. Taxistas y transportistas han abandonado la central denunciando extorsiones y el cobro indiscriminado de cuotas, inclusive los propios paqueteritos de algunos supermercados han sido víctimas de estas prácticas por parte de la central obrera. El problema de los mercados rodantes no obedece a colores en los municipios, la culpa en si no es de los alcaldes, pero si hay que reconocer que varios munícipes han asumido su responsabilidad y  han metido orden para hacer cumplir la ley con el fin que los recursos del cobro lleguen al municipio y evitar que intermediarios innecesarios abusen de la necesidad de la gente.

Aunque hay argumentos a favor y argumentos en contra, la realidad de las cosas es que el cobro colectivo solo se ha prestado a intereses personales y a extorsiones contra los comerciantes. Nadie debería lucrar con la necesidad de la gente, los mercados son una parte importante de la economía popular de nuestro estado y son los municipios quienes deben tomar su papel como defensores de los derechos de estos oferentes. Con el tiempo más personas se han ido sumando a la iniciativa de poner orden en los mercados rodantes y estoy seguro tarde que temprano se logrará dejar atrás esas prácticas que no caben en el México del siglo XXI.