SFP comenzó investigación sobre compra de ventiladores a hijo de Bartlett desde el 1 de mayo

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La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que investiga la compra de 20 ventiladores que el IMSS-Hidalgo hizo a la empresa del hijo de Manuel Bartlett, director de la CFE.

A través de un comunicado, la dependencia a cargo de Irma Eréndira Sandoval, dijo que desde el 01 de mayo pasado se pidió información del caso al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo y advirtió que habrá sanciones para los funcionarios y actores implicados en el caso que “especulan contra el Estado y el interés público”.

“La secretaria Irma Eréndira Sandoval Ballesteros informa que, desde el viernes 01 de mayo, a través del Organo Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), inició un expediente de investigación en torno a la adquisición de ventiladores por parte de la Delegación de esa institución en el estado de Hidalgo”, señaló la SFP.

“Por lo que, de ser necesario, se dará vista penal, para lo que se espera la colaboración de las fiscalías General de la República y Especializada en Combate a la Corrupción”, añadió.

El viernes pasado, la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, dio a conocer que la Delegación del IMSS en Hidalgo asignó a Cyber Robotics Solutions, propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez, hijo del director de la CFE, un contrato por 31 millones de pesos por 20 ventiladores respiratorios.

Cada equipo fue vendido en 1 millón 550 mil pesos, que es el precio más alto desde que se declaró la emergencia sanitaria por COVID-19, según la publicación.

“Durante el fin de semana se realizaron ya los primeros requerimientos de información al IMSS, e incluso, la propia secretaria Sandoval Ballesteros giró un oficio al Director General del Instituto (Zoé Robledo) para contar con mayores elementos para resolver este caso con celeridad”, afirmó la SFP.

(Fuente: El Mañanero Diario)

Revelan que administración de EPN desvió fondos destinados para insumos médicos

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Durante la Administración de Enrique Peña Nieto se desviaron recursos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que debieron ser utilizados para adquirir ventiladores, uniformes y medicamentos para la institución.

Entre 2014 y 2018, el IMSS contrató a 133 empresas fantasma a las que les pagó 320.9 millones de pesos por 15 ventiladores, 250 mil uniformes quirúrgicos, 80 mil 377 batas para aislamiento, 114 mil 746 colchas y sábanas para camas hospitalarias, así como cientos de equipos médicos, instrumental quirúrgico y miles de artículos como agujas, gasas y medicinas.

De acuerdo con datos proporcionados por Impunidad Cero y Justicia Justa en el estudio Facturas falsas: la epidemia en el sector Salud, de 2014 a 2018, los sectores de Salud federal y estatales desviaron 4 mil 179 millones de pesos a empresas fantasma.

El IMSS fue la segunda institución con el mayor desfalco.

En los años analizados los directores del IMSS fueron: José Antonio González Anaya (2012-2016), Mikel Arriola (2016-2017) y Tuffic Miguel Ortega (2017-2018).

Uno de los contratos se firmó en 2017 con la empresa Interacción Biomédica por 4.7 millones de pesos para supuestamente adquirir nueve ventiladores pediátrico-adulto-neonatal, después de un proceso de licitación.

Cada ventilador, se lee en el fallo de compra realizada por la delegación Tamaulipas, costó 532 mil 652 pesos y según las especificaciones, es un equipo electromecánico controlado por microprocesador y de soporte de vida para apoyo ventilatorio”.

El contrato se firmó el 28 de noviembre de 2017, cuatro meses después de que la empresa fuera señalada de forma definitiva por el SAT como fantasma y su nombre apareciera publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Un año después, se le otorgó otro contrato por 2.3 millones para surtir a la delegación del Instituto en Michoacán de gasas, jeringas, algodón, catéteres, termómetros, jabones, antisépticos, vendas y tubos para recolección de sangre.

Entre 2017 y 2018, Biomédica vendió al IMSS más ventiladores y equipo médico para el área de urgencias por 10.7 millones de pesos, entre el que había cunas de calor radiante, electromiógrafos y monitores de signos vitales.

Esta empresa también celebró contratos con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y otros organismos de salud estatales, como el del Estado de México, al que le vendió mil 474 millones de pesos.

En materia de construcción, la empresa fantasma que facturó el monto más alto fue Tradeco Urbana, filial de Grupo Tradeco, uno de los consorcios más beneficiados en el gobierno de Felipe Calderón y que estuvo a cargo de importantes obras, como la construcción del Puente Baluarte Bicentenario, el más alto de Latinoamérica.

A finales de 2013, Tradeco Infraestructura en conjunto con Tradeco Urbana, ganó un contrato por 447.6 millones de pesos para la construcción de un hospital en el municipio de Jesús María, Aguascalientes, pero ante al retraso en la obra, en octubre de 2015 el IMSS le revocó el contrato y encargó la obra a otra empresa.

En noviembre de ese año el ISSSTE, que le había otorgado a Tradeco Infraestructura y Grupo IGSA otro contrato para la construcción de un hospital, también se lo revocó y comenzó un procedimiento administrativo que culminó con una inhabilitación por 30 meses para Tradeco Infraestructura.

Ahora se sabe que entre 2014 y 2015, el IMSS le pagó 147 millones de pesos a Tradeco por los incipientes trabajos en el hospital de Aguascalientes. En octubre de 2017 el SAT determinó de forma definitiva que Tradeco Urbana había emitido comprobantes fiscales, entre ellos los del IMSS, que amparaban operaciones inexistentes.

Otra empresa fantasma que supuestamente realizó trabajos de conservación de unidades médicas rurales en Oaxaca fue Arquitectura e Ingeniería Celsus, que ganó tres contratos por 690 mil pesos, mientras que Ax Servicios y Concesiones remodeló los quirófanos del Hospital General de Zona en Ciudad del Carmen, Campeche.

Entre los insumos que es muy probable que no hayan llegado a los hospitales porque se compraron a empresas fantasma hay 12 reanimadores de asistencia ventilatoria para pacientes adultos, pediátricos y neonatales, cuatro aspiradores portátiles, sillas de ruedas, nebulizadores, camas, incubadoras, anteojos y gafas protectoras.

Entre los recursos desviados a compañías fachada hubo al menos 14.6 millones de pesos que iban para compra de equipo, en su mayoría aparatos médicos para el área de Urgencias.

Diversas empresas expidieron al IMSS 7.2 millones de pesos en facturas que terminaron siendo inválidas para adquirir instrumental médico y quirúrgico, como fórceps, espátulas, pinzas, separadores de tejido, charolas, vasos metálicos, tijeras y cánulas. También se destinaron 3.5 millones de pesos para la supuesta compra de medicamentos y material de curación, como jeringas, compresas, alcohol, gasas absorbentes, algodón, vendas elásticas, parches, antisépticos y cubrebocas.

Se desviaron 33.1 millones de pesos que serían para la compra de ropa hospitalaria, 21.7 millones de pesos para adquirir colchas y sábanas para camas, y tres millones para abastecerse de colchones y colchonetas.

Los contratos más cuantiosos de ropa para el personal médico se los llevó Hinfra.

En 2017, el IMSS le pagó 24.7 millones de pesos por uniformes quirúrgicos en tallas mediana, grande y extra grande, así como 11.7 millones para batas de aislamiento. Un año antes, en 2016, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) había advertido que la empresa simuló operaciones con beneficiarios de subsidios. Además, Hinfra está involucrada en un presunto desvío de 12 millones de pesos en Chihuahua, donde también se investiga al ex Gobernador César Duarte Jáquez.

La Fiscalía General del Estado reveló que Jesús Manuel Esparza Flores, ex auditor del estado y acusado de peculado, otorgó un contrato a la compañía para simular servicios de asesoría que nunca se llevaron a cabo,

Hinfra, constituida en Puebla en 2013, es la segunda empresa fantasma que más facturó al IMSS.

De acuerdo con los datos recabados por Impunidad Cero, vendió al Instituto insumos por más de 60 millones de pesos.

El Instituto también desvió al menos 44.6 millones de pesos que serían destinados a diversos trabajos de mantenimiento a sus instalaciones hospitalarias y de conservación a su infraestructura, a diversas empresas que sólo existían en el papel.

En 2014 desembolsó 5.6 millones de pesos supuestamente para que la Comercializadora Radchen le prestara diversos servicios de mantenimiento. Uno de ellos era para la limpieza de ductos de aires acondicionados en la delegación del IMSS en Tamaulipas.

La delegación del IMSS en Nuevo León le otorgó a Grupo Global de Negocios un contrato por 2.3 millones de pesos en 2016 para que le diera mantenimiento a unos montacargas. Otro rubro al que se destinaron 8.5 millones de pesos fue al de compras de artículos terapéuticos y playeras deportivas.

Cabe mencionar que, de acuerdo con un comunicado difundido por la Secretaría de la Función Pública, desde el 01 de mayo pasado inició una investigación en torno a la adquisición de ventiladores por parte del IMSS, desde su delegación en Hidalgo.

La dependencia agregó que durante el pasado fin de semana se requirió información al IMSS y se giró un oficio al director de la Institución, Zoé Robledo, para contar con mayores elementos para resolver el caso con celeridad.

Los Pinos hospedará a personal médico que atienda COVID-19

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Los Pinos abrirán sus puertas para hospedar a personal médico que esté atendiendo a pacientes con COVID-19.

Así lo dio a conocer esta mañana el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, quien en conferencia de prensa desde Palacio Nacional detalló que será a partir de este lunes cuando la ex residencia oficial hospede a médicos y enfermeros.

Según dijo, hay 80 lugares con posibilidad de crecer a 100.

La medida derivó de un sondeo interno en el que 86 por ciento de los consultados manifestó su interés por obtener alojamiento durante el curso de la pandemia, debido a factores como el tiempo y la forma de traslado a los centros de trabajo y para evitar contagios en sus domicilios.

“Hicimos una encuesta interna y el 86 por ciento del personal nos dijo que sí está interesado en hospedaje durante el curso de la pandemia, algunos que por las horas de traslado a sus domicilios desde su centro de trabajo, horas que ocurren en la gran mayoría de los casos en transporte público y hay personal nuestro que vive muy lejos.

“Nos manifestaban que ellos también están preocupados porque en sus casas pudieran vivir familiares que son parte de los grupos vulnerables y estaban preocupados de no generar contactos y demás, pero también el tema de la seguridad, tener una cercanía y poder llegar rápido al lugar de descanso a partir de la seguridad”, señaló Robledo.

El director del IMSS refirió que hoy ingresarán 58 médicos de hospitales como La Raza, Siglo XXI y General de Zona Tlatelolco al Complejo, el cual contará con servicios como alimentación, lavandería, dormitorios, abasto de insumos, espacios recreativos, internet y transporte.

Los espacios habilitados en el complejo, son: la Casa Miguel Alemán (para personal médico femenino), la Cabaña Número Dos (para médicos y enfermeros) y tres dormitorios del extinto Estado Mayor Presidencial (el uno y el dos para varones y el tres para mujeres).

Por su parte, Alejandra Frausto, titular de la Secretaría de Cultural federal, informó a través de su cuenta de Twitter que la adecuación de Los Pinos se realizó en coordinación con el IMSS.

Hemos dispuesto que una parte del @CC_LosPinos se convierta en residencias médicas para el personal del sector salud. Un espacio digno para la atención y el descanso de nuestros héroes y heroínas cotidianos”, señaló la funcionaria.

(Fuente: El Mañanero Diario)

AMLO instruye a la SFP a investigar contrato a hijo de Manuel Bartlett

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Esta mañana, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, señaló que la Secretaría de la Función Pública (SFP) tendrá que investigar si el contrato otorgado por el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) a Cyber Robotics Solutions, propiedad de León Manuel Bartlell Álvarez, es irregular.

En caso de que así sea, el hijo del funcionario deberá ser sancionado, así como el responsable de dicho contrato.

“En este caso, la Secretaría de la Función Pública tiene que hacer su trabajo y hacer la investigación. Y si resulta responsable esta persona, tiene que ser sancionada, igual que el funcionario que entregó este contrato”, declaró durante su conferencia.

Esto luego de que Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) dio a conocer que, “la delegación del IMSS en Hidalgo asignó a Cyber Robotics Solutions, propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez, un contrato por 31 millones de pesos por 20 ventiladores respiratorios.” Este, aseguran, es el precio más alto desde que se declaró emergencia sanitaria.

Ante el señalamiento, el presidente de México recordó que desde el inicio de su gobierno dijo que no toleraría acto de corrupción alguno, ni de su familia.

Con información de Radio Fórmula

Hijo de Bartlett admite venta de ventiladores al IMSS

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El hij0 de Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), León Manuel Bartlett Álvarez, confirmó que su empresa vendió ventiladores al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pero rechazó que estos se hayan ofrecido por arriba de su precio en el mercado, como lo marco en su reportaje Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

“Niego rotundamente la afirmación de @MXvsCORRUPCION en la que mencionan que vendimos equipos arriba de su precio de mercado. El proceso de compra se realizó de forma transparente y a precios razonables”, se lee en el tweet publicado por Bartlett Álvarez.

MCCI reveló en una investigación que la delegación del IMSS en Hidalgo presuntamente asignó un contrato por 31 millones de pesos por 20 ventiladores respiratorios a la empresa Cyber Robotics Solutions, de la cual es propietario el hijo del director de la CFE.

León Manuel explicó que tiene más de 10 años de ser proveedor y distribuidor de material y equipo médico para el sector público y privado, “con independencia y autonomía absoluta”.

 

IMSS compró ventiladores a hijo de Manuel Bartlett

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Una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Hidalgo presuntamente asignó un contrato por 31 millones de pesos por 20 ventiladores respiratorios a la empresa Cyber Robotics Solutions, de las cual es dueño León Manuel Bartlett Álvarez, hijo de Manuel Bartlett, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En la revisión de contratos públicos se detectó que “cada quiero fue vendido por un millón 550 mil pesos”, se lee en el reportaje de MCCI.

La asignación se hizo el pasado 17 de abril, cuando el IMSS “pagó 880 mil pesos a otro proveedor llamado Conduit Life”, por un ventilador simular, pero importado de Eslovaquia.

Cabe mencionar en el mes de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto para que su gobierno pudiera adquirir equipo médico sin la necesidad de hacer licitaciones.

Por el momento el gobierno de AMLO ha realizado 30 procedimientos de asignación para adquirir ventiladores. Apenas el 17 de abril, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, garantizo mil ventiladores a México para atender a los pacientes con COVID-19, después de que el López Obrador le pidiera ayuda para conseguirlos y adquirirlos.

Advierte INE promoción indebida en cartas de entrega de créditos del Gobierno de México

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El Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador promovió indebidamente su imagen en medio de la emergencia sanitaria por COVID-19, a través de la difusión de una carta con su nombre y firma dirigida a los beneficiarios de los créditos a la palabra que está otorgando el Gobierno federal para hacer frente a la pandemia.

Por mayoría de votos, la Comisión de Quejas y Denuncias del organismo electoral instruyó al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a detener la entrega de las misivas.

Lo anterior, en respuesta a las medidas cautelares solicitadas por el PAN, el PRI y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), quienes argumentaron que para ese fin se estaban utilizando indebidamente recursos públicos y se estaba haciendo promoción personalizada del Presidente contraviniendo el artículo 134 constitucional.

“El INE dictó medida cautelar para que el IMSS detenga la entrega y difusión de cartas firmadas por el Presidente de la República a beneficiarios de créditos por COVID-19. Ello porque se viola el art. 134 constitucional que prohíbe promoción personalizada de servidores públicos”, informó el organismo electoral en sus redes sociales.

No obstante, sostiene que la determinación no implica de ninguna manera la suspensión o cancelación del citado programa o plan de apoyo financiero, sino únicamente la modificación de la manera en que se comunica y da a conocer a la ciudadanía dicha medida gubernamental.

Asimismo”, refiere el INE, se vinculó a la Presidencia de la República y a la Secretaría de Economía para que, en el ámbito de sus atribuciones, coadyuven en el cumplimiento de las medidas cautelares”.

La crisis que se ignora y el enemigo invisible

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La emergencia sanitaria por el covid-19 tomó el control de la agenda pública global, y no es para menos, pues lo que esta en riesgo es la vida de todos los seres humanos. Sin embargo, esta situación inédita ha desencadenado otras 2 crisis (económica y social), ambas con el mismo grado de importancia y vinculadas entre sí. 

En México, a principios del mes de marzo, cuando se presentaron los primeros casos de covid-19, la emergencia sanitaria alteró los planes del Gobierno Federal, pues una pandemia merece una reestructuración de prioridades -sobre todo en el tema presupuestal-. Sin embargo, en semanas recientes, el tema económico empezó a dominar la conversación, esto a raíz de la decepción generada por la presentación del plan económico emergente del Presidente, que siendo coherente con el guion que lo llevó a la Presidencia de “primero los pobres” dejó relegado a un sector importantísimo de la economía mexicana: las micro, pequeñas y medianas empresas, mismas que según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) generan el 72% de los empleos en el país.

Lo anterior cobra relevancia porque según datos de la Secretaría de Economía (SE), entre el 13 de marzo y el 6 de abril se han perdido 346,878 empleos y el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que serán 3 millones de empleos los que se perderán en el país este año -más plazas laborales que todas las creadas en 2019, que fueron 342,077 de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)-.

El enemigo invisible, como algunos llaman al coronavirus, además de estas dos crisis, (sanitaria y económica) arrastra otra más de la que pocos hablan: La social; misma que dependerá de lo que hagan o dejen de hacer los gobiernos durante la emergencia sanitaria, no obstante, la tendencia al alza en la comisión de varios delitos, son síntomas que nos hacen presumir que podríamos estar entrando a una crisis social, provocada entre otras cosas por el desempleo y el confinamiento. Explico el por qué:

La Jornada Nacional de Sana Distancia implementada por el Gobierno Federal, apuesta principalmente a la responsabilidad ciudadana de los habitantes como factor clave que posibilita la dilatación de la propagación del virus, dependiente de los comportamientos sociales individuales y no a medidas coercitivas. Dicha estrategia, tiene a una buena parte del país aislada en sus hogares, bajo la premisa de que es necesario el confinamiento para prevenir que el número de contagios se disparen, se pierdan vidas y se sature nuestro inoperante sistema de salud. Sin embargo, el confinamiento no es positivo para todos, si bien salvaguarda tu salud al no estar expuesto, para algunas mujeres, adultos mayores o menores de edad, esta condición significa estar 24/7 conviviendo con sus agresores.

Expertos en la materia pronostican que durante esta cuarentena se podría elevar hasta en un 95% la violencia intrafamiliar en el país. En el caso de Nuevo León, de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado, este mismo delito incrementó 32%, al pasar de 1,258 denuncias en Febrero a 1,670 en marzo. El Consejo Cívico ha señalado que la ansiedad, el hacinamiento, el consumo de sustancias adictivas, la pérdida de empleo, entre otros, son factores que podrían agravar la violencia en los hogares en las próximas semanas.

Con ese panorama, algunos gobiernos subnacionales (estados y municipios) han venido realizando esfuerzos con el objetivo de intentar desactivar los riesgos de violencia en los hogares, ejemplo de ello han sido la apertura de líneas de auxilio, redoblar los esfuerzos desde los sistemas DIF municipales y ministerios públicos para la atención efectiva a víctimas, acondicionamiento de refugios, coadyuvar esfuerzos con organizaciones de la sociedad civil en temas de concientización y prevención, entre otros. Sin embargo, estos han sido esfuerzos aislados y no sistemáticos que permitan incidir en un marcado descenso de estos delitos.

Un factor más, es el miedo a adquirir el virus, lo cual lleva a la población a ejecutar conductas antisociales y asumir actitudes irracionales. Si bien es cierto, en nuestro país se han mostrado distintas expresiones de solidaridad con el personal médico, en contraste, contrario a lo que acontece en otros países -como en Francia con el homenaje de aplausos diarios al personal médico a las 8pm desde los balcones-, en algunos municipios del país, se les ha discriminado, insultado y en algunas ocasiones hasta atentado contra su integridad física; y aquí es importante apuntar que si bien esta emergencia global reavivó un debate antiguo pero necesario sobre ¿Cuál debe ser el rol del Estado?, no todo le compete al poder público, pues hay una responsabilidad de todos los ciudadanos que la frustración y psicosis frente al enemigo invisible merma su capacidad racional y no les permite asumirla.

Es necesario reajustar prioridades, cuestionar paradigmas y asumir responsabilidades, pues hoy el Gobierno de la República afirma que las medidas tomadas se basan en el asesoramiento científico, pero este poco servirá para atender la serie de efectos sociales negativos que se pueden salir de control no solo durante la cuarentena, sino en los meses post-coronavirus. Como toda crisis, producirá cambios positivos o negativos una vez superada la pandemia y esta tercer crisis en particular va a ser clave para evaluar la eficacia de los gobiernos locales, pero dependerá en cierta medida, de lo que se haga o deje de hacer desde la Federación en el tema de salud pública y sobre todo económico, pues como lo señaló el Presidente Ronald Reagan alguna vez: “El mejor programa social es el empleo”.

El debate enriquece la mente, se vale discrepar.

Pacto Fiscal

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La semana pasada, los gobernadores Jaime Rodríguez Calderón de Nuevo León, Francisco García Cabeza de Vaca en Tamaulipas y Miguel Ángel Riquelme Solís de Coahuila manifestaron su intención de realizar una revisión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (en adelante SNCF).

Posteriormente, se sumó a esta iniciativa el gobernador Enrique Alfaro de Jalisco, afirmando que de no modificarse el pacto fiscal se plantearía abandonarlo.

Todos, bajo las premisas falaces de que lo justo es que se otorguen mayores recursos a los Estados que más aportan a la Federación y, que reciben menos dinero del que recaudan sus respectivas Entidades federativas; pasando por alto el funcionamiento del SNCF.

El SNCF, tal y como fue señalado en su exposición de motivos, no impide que los Estados recauden sus propios impuestos, sino por el contrario, supone que tanto el Congreso de la Unión y las Legislaturas locales actúen con prudencia a efecto de no superponer gravámenes sobre el contribuyente.

Prácticamente, se trata de un acuerdo entre la Federación y Estados, en el cual las Entidades federativas reciben participaciones a cambio de abstenerse de gravar la misma fuente de riqueza, esto es, abstenerse de tener un impuesto federal y local sobre el mismo concepto.

Ahora bien, a efecto de fijar las participaciones se creó un Fondo General, el cual se constituye con el 20% de la recaudación que obtenga la Federación en un ejercicio fiscal.

Es decir, del monto total recaudado el 80% es para la Federación y el 20% para los Estados.

No obstante, lo anterior no quiere decir que únicamente el 20% sea invertido en las Entidades como erróneamente lo hacen ver las declaraciones de los gobernadores, pues ese 80% que conserva la Federación se trata de recursos utilizados para la creación y mantenimiento de tribunales, hospitales, escuelas, IMSS, ISSSTE, INFONAVIT, carreteras, seguridad pública, puentes internacionales y puertos, la rehabilitación de la refinería en Madero, la creación de la línea 3 del tren ligero en Jalisco, la presa libertad en Nuevo León, etc. prácticamente inversión en todo el País.

Máxime, que además existen fondos de aportaciones federales a los que pueden acceder los Estados, condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de objetivos.

Así, en primer término es claro que las Entidades federativas reciben menos de lo que aportan a la federación, pues únicamente el 20% de la recaudación es participable y en consecuencia de libre administración por los Estados; sin embargo esto no quiere decir que ese 20% sea la única inversión realizada en la entidad, pues insisto, el otro 80% de la recaudación se ocupa para el funcionamiento de áreas que competencialmente le corresponden a la federación.

Por otra parte, es cierto que históricamente los Estados con mayor actividad económica reciben menos ingresos que los más rezagados, sin embargo, esta situación per se no implica una actuación arbitraria por parte de la federación o un maltrato hacia las Entidades Federativas.

Esto, pues por mandato constitucional, a la Federación le corresponde fomentar el desarrollo regional y redistribuir la riqueza, a efecto de permitir el pleno ejercicio de la libertad y dignidad de los individuos.

Así, la idea de otorgar mayores porciones de participaciones a los Estados que más recaudan aunque sea lo “debido”, produce el inconveniente de que las Entidades rezagadas no obtengan recursos que auxilien su desarrollo económico. 

Por lo anterior, califico de falaces las premisas de justicia sobre el reparto de las participaciones aducido por los gobernadores, pues pasan por alto el funcionamiento del SNCF, el gasto para el mantenimiento de áreas que competencialmente le corresponden a la federación y la obligación de fomentar el desarrollo regional y redistribuir la riqueza.

Finalmente, aunque comparto la idea de revisar el SNCF que data de 1978, estimo que la discusión debe darse en la Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales, tomando en consideración los puntos señalados en el párrafo anterior y no de manera incendiaria en declaraciones de prensa.

De los 5 mil 847 contagios de COVID-19 en México, 9% son médicos

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De acuerdo a información proporcionada por el Gobierno Federal, de los 5 mil 847 casos confirmados de COVID-19, 535 contagios, es decir, el 9%, son de personal de salud sólo del IMSS.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), es el que está atendiendo casi la mitad de la población de México y enfrenta la contingencia con unos 24 mil trabajadores menos: 4 mil aislados temporalmente por ser casos sospechosos y 2 mil, entre ellos 9 mil médicos y enfermeras, que, por ser adultos mayores o padecer alguna enfermedad crónica, fueron retirados de sus labores.

Proporcionalmente, entre los médicos del IMSS habría 175 veces más contagios que entre la población de todo México.

Considerando que el Instituto tiene en total un equipo de unos 77 mil médicos, los 533 contagios equivalen a siete por cada mil personas.

Con una población de 130 millones, los 5 mil 847 casos reportados ayer oficialmente equivalen a 0.04 por cada mil mexicanos.

Hasta el momento en Nuevo León, no se ha informado de personal contagiado en el IMSS, y ayer la Secretaría de Salud estatal dio a conocer que un médico que operaba en hospitales públicos y privados se encuentra hospitalizado y en estado grave.

Aunque hay un alto riesgo que corren los trabajadores de la salud y en pleno ascenso a la fase epidémica, delegaciones y hospitales del IMSS todavía buscan proveedores, de manera desesperado y cada uno por su cuenta, de todos los insumos necesarios para proteger a su personal.

El pasado lunes y martes, varias delegaciones convocaron a adjudicaciones directas para comprar cientos de miles de máscaras N95, cubrebocas, batas quirúrgicas, gorros, gafas protectoras y demás equipos que desde marzo han intentado adquirir, en caso todos los casos sin éxito.

Por otro lado, médicos y enfermeras del instituto han acusado en cada protesta en diferentes Estados que los contagios de personal se deben a la falta de equipos de protección y capacitación.

Cabe señalar que en España e Italia la proporción de personal sanitario contagiado ronda el 15% de los casos confirmados.

(Con información de Grupo Reforma)