Asegura Rocío Nahle que fue buen negocio comprar refinería de Deer Park

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La secretaria de Energía (Sener), Rocío Nahle, manifestó su alegría por la compra de la refinería Deer Park, ubicada en Texas, que junto a Dos Bocas y las otras seis refinerías existentes permitirán a México la autosuficiencia en materia de combustibles.

En entrevista con el periodista Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, Nahle dejó en claro que se necesitaba “asegurar el consumo de gasolinas en México”, sin embargo, aseguró que el país seguirá hacia su transición a energías más limpias.

“Fue un buen momento de compra y una buena negociación con esta refinería sumámoos ocho refinerías y nos darían el volumen de gasolina para abastecer a México”, dijo la funcionaria.

“Deer Park está produciendo 110 mil barriles de gasolina y 90 mil de diésel. dos Bocas va a producir 170 mil barriles de gasolina, con eficiencia energética y mejor tecnología. No hay muchas refinerías como Deer Park que las estén dando en 600 millones dólares”, argumentó.

En #LaMañanera de este miércoles, el Gobierno de México anunció la adquisición del 50.005% de participación de Shell en la refinería de Deer Park, con una inversión de 596 millones de dólares.

La titular de la Sener afirmó que las negociaciones con Shell para la compra de Deer Park, de la cual ya se tenían la mitad del las acciones, comenzaron en agosto de 2020 y que finalizaron en buenos términos para Pemex para abonar a la producción de gasolinas.

“Esta refinería se construyó en 1920 (…) tuvo una reconfiguración y Pemex en tiempo de Carlos Salinas de Gortari compra el 50 por ciento de las acciones e invierte para la reconfiguación de la refinería”, señaló.

Nahle apuntó que actualmente existe en México un parque vehicular de 50 millones que utilizan combustibles fósiles en México y solamente hay 26 mil automóviles híbridos o eléctricos.

“La transición energética a la que va todo el mundo, va a la velocidad y tecnología de cada país, nosotros tenemos un parque vehicular amplio. En el 2034 la proyección es tener 3.5 millones de vehículos eléctricos, ojalá fueran más, pero eso es lo que calculamos”, reiteró.

“Es una realidad que hoy la humanidad todavía hasta 2050 va a depender de combustibles fósiles esa es la realidad, eso te dice qué tiempo se van a utilizar los combustibles, pero vamos caminado hacia la transición energética”, declaró.

Por otro lado, Nahle dejó en claro que la refinería de Deer Park solo tuvo pérdidas el año pasado.

“No tuvo pérdidas a excepción del año pasado, en el 2020. Las ganancias de Pemex se reinvertían en esa refinería en los últimos nueve o diez años, no es que la refinería estuviera en números rojos, sino que se reinsertan en reconversiones y mantenimiento”, detalló.

La UIF revisó cuentas a Salinas, Calderón y Peña Nieto

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La Fiscalía General de la República (FGR) le está poniendo lupa a Carlos Salinas de Gortari, presidente de México entre 1988 a 1994, a Felipe Calderón quien gobernó el país de 2006 a 2012 y a Enrique Peña Nieto, quien dejó Los Pinos en 2018, por la denuncia presentada por Emilio Lozoya, quien dirigió Pemex en el sexenio peñista.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) revisó las finanzas de estos tres personajes, así como otros funcionarios en activo y de administraciones pasadas que fueron denunciados por Lozoya, a petición de la FGR, y la información obtenida por el Ministerio Público es integrada a la investigación que está actualmente en curso.

Desde noviembre de 2020, la FGR solicitó información a la UIF sobre 19 de los 70 denunciados por Lozoya.

Además de Salinas, Calderón y Peña, la lista de Lozoya la conforman Luis Videgaray, José Antonio Meade, Miguel Barbosa, Roberto Gil y Ricardo Anaya.

Las fuentes consultadas indicaron que solamente Meade y Barbosa no registran irregularidades en sus finanzas.

La FGR también solicitó información sobre David Penchyna, Ernesto Cordero, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Francisco Domínguez Servién, Francisco Olascoaga y Carlos Treviño.

Además de Guillermo Gutiérrez Badillo, Jorge Luis Lavalle, José Antonio González, Rafael Caraveo y Salvador Vega Casillas.

En su denuncia, Lozoya Austin acusó que cuando Jorge Luis Lavalle fue senador por el PAN, formó parte de un grupo de legisladores que lo extorsionaban, para recibir sobornos a cambio de votar a favor de la reforma energética.

Actualmente, Lavalle Maury está vinculado a proceso por lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa y es el único de la famosa lista de Lozoya encarcelado por los dichos del amigote de Peña Nieto.

Además de la denuncia de Lozoya, la UIF también ha presentado ante la FGR denuncias contra Lavalle Maury por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Asimismo, pese a que en su denuncia Lozoya señaló al gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca como uno de los legisladores que lo extorsionaban para votar a favor de la reforma energética, las autoridades no han procedido en su contra por estos dichos.

Sin embargo, derivado de una denuncia distinta presentada por la UIF, la FGR logró que un juez federal en el Estado de México emitiera una orden de aprehensión contra el gobernador, por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

Fuentes ministeriales precisaron que la FGR investiga los dichos de Lozoya contra cerca de 70 servidores públicos, tanto activos como pasados, pero hasta el momento únicamente ha pedido información financiera sobre 19 de ellos para integrarla a la carpeta de investigación.

Con esta denuncia, el extraditado de España busca que la FGR le otorgue un criterio de oportunidad, que es una figura de terminación del proceso penal a través de la cual pretende que la fiscalía desista de acusarlo por los casos de Odebrecht y Agro Nitrogenados. 

Para ello, la FGR deberá determinar si la información que ha aportado es suficiente para llevar a juicio y obtener sentencias condenatorias contra alguno de los denunciados.

(Fuente: El Mañanero Diario)

El populismo y su desprecio por la técnica

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El gobierno actual, así como el pensamiento colectivo, vinculan la técnica con el modelo llamado neoliberal. El mismo presidente ha denotado a los datos y a su interpretación como un mecanismo vil propio de los conservadores neoliberales.

Igualmente, un conjunto de la sociedad atribuye la capacidad de análisis al grupo denominado como tecnócratas, quienes se cree erróneamente que ascendieron en el sexenio de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, provenientes de universidades como el ITAM y el Tecnológico de Monterrey y con estudios de posgrado en prestigiosas universidades de Estados Unidos. Sin embargo, la tecnocracia no se vincula necesariamente a un modelo económico en específico, en este caso con un programa que iza las banderas de la desregulación del mercado y el fomento de la inversión privada.

La tecnocracia, entendida como el gobierno de los técnicos, implica el ascenso de una élite política que se distingue del político tradicional -carrera en la burocracia y poco acercamiento con el electorado- pero también del técnico que a mediados del siglo pasado su función se reducía al análisis y factibilidad de las políticas públicas, sin ninguna incidencia en su orientación.

Esta nueva élite política no asciende a los altos mandos de poder en la época del modelo neoliberal, sino en el del desarrollo compartido de Luis Echeverría. Siendo el primer presidente en no haber ocupado previamente un puesto sujeto a elección popular y con el objetivo de romper con el ala de Díaz Ordaz, buscó rodearse de un grupo de jóvenes técnicos al que les ofreció el mando de las secretarías financieras.

Durante este sexenio y el de López Portillo, las formas del quehacer de la política pública, en general, y de la política económica, en específico, se transformaron, priorizando la formación de un cuerpo de funcionarios letrados en el ámbito económico en tanto disciplina científica: Hugo B. Margáin, Mario Ramón Beteta, David Ibarra, Jesús Silva-Herzog, Miguel de la Madrid, Carlos Tello, Francisco Javier Alejo, José Andrés Oteyza, entre muchos otros.

El modelo desarrollista, al igual que el Estado de Bienestar en Europa, exigía rigurosidad analítica y evaluación minuciosa de los programas políticos, en tanto que el gobierno participaba activamente en la economía. Muchos de estos funcionarios, en su mayoría economistas, cursaron posgrados en universidades extranjeras, aunque el destino predilecto no era Estados Unidos como sí lo fue para los funcionarios del periodo de la liberalización económica, sino en Europa, especialmente Cambridge, un bastión keynesiano.

Fue el populismo económico de Echeverría y López Portillo y no el programa desarrollista el que generó los desajustes en la estabilidad macroeconómica del país: discrecionalidad de la política monetaria, incremento del déficit fiscal y de la deuda pública, petrolización de la economía, etc. Ya fue el caso que Margáin fue destituido por oponerse a la espiral de endeudamiento del gobierno de Echeverría, quien lo sustituyó por López Portillo.

La errónea creencia acerca del inseparable binomio neoliberalismo-tecnocracia ha legitimado el menosprecio por la técnica. Para el presidente son los datos y no las políticas las que deben de ajustarse a la realidad; una realidad que cree transformar a partir de su voluntad y virtud.

No hay nada más peligroso que un mandatario se guíe ciegamente por sus ideales sin constatar su plausibilidad en la realidad. Las utopías que ha enarbolado el populismo en distintas latitudes conllevan a desenlaces desastrosos, como el que seguramente ocurrirá en el sistema de salud pública. Sin un diagnóstico previo, sin considerar aquello que sí funcionaba, como el Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos, desechándolo por simplemente haberse construido en época del neoliberalismo, el gobierno federal comienza un retroceso de más de treinta años: la recentralización conlleva a la ineficiencia en la asignación de los recursos y la cobertura universal que promueve es financieramente inviable.

El populismo lopezobradorista es crítico acérrimo de la técnica en tanto la considera un correlato del modelo neoliberal. Como señaló Schumpeter en el caso de la ciencia económica, las teorías pueden verse influidas por elementos ideológicos, pero la técnica es una herramienta que no se encuentra atada a la predisposición política del sujeto que la aplica, sino a la realidad fáctica. Al igual que la democracia, la técnica se encuentra vaciada de sesgos ideológicos; tal es el caso que ambos pueden funcionar en agendas políticas diametralmente opuestas. 

Tiene Morena 48 horas para recolectar las 800 mil firmas para consultar juicio a expresidentes

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Morena tiene 48 horas para reunir las 800 mil firmas para poder solicitar, por la vía ciudadana, el proceso para la consulta popular que decida enjuiciar o no a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

La senadora morenista, Citlalli Hernández, quien participara en las labora de coordinación de la campaña, dijo al periódico El Universal, que hasta el último conteo se había recabado un millón de firmas, es decir que a 48 horas de se cumpla el plazo legal para entregarlas esquematizadas y foliadas, la iniciativa ciudadana tenía un avance de 55%.

Hernández consideró que la iniciativa logrará cumplir este requisito, pues el plazo para presentar las firmas vence el martes.

“Hasta el conteo que teníamos anteayer había cerca de 800 mil firmas y en estos últimos dos días han estado llegando a todo el país: 150 mil Tabasco; 40 mil de Chihuahua, y una persona de Los Ángeles. A lo menos un millón de firmas sí se han juntado”, dijo en entrevista con El Universal.

Por otro lado, confió en que lograrán juntar los 2 millones de firmas, las cuales se seguirán entregando hoy y mañana: “Hay altas posibilidades de lograr los 2 millones de firmas necesarias. Hubo tres promoventes de la consulta en el Senado y los tres llegaron al acuerdo de utilizar la misma pregunta. Dos esfuerzos han estado caminando de manera conjunta (…) Con todos organizados se completa el otro millón”.

Detalló que la estructura partidista de Morena en la capital estará entregando firmas hoy, así como la estructura de la Unidad de las Izquierdas.

Una vez recabadas, se le notificará al Senado que se reunieron, éste acusará de recibido y las enviará al Instituto Nacional Electoral (INE) para verificar que sean reales, contactando de manera aleatoria a los firmantes.

Si el INE determina que las firmas son reales y las valida, entonces las enviará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que determinará su la pregunta es o no constitucional. El siguiente paso será regresar la consulta al Senado para la dictamine y luego se le enviará al INE para que la aplique.

Va Morena por 2 millones de firmas para enjuiciar a expresidentes

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El Consejo Nacional de Morena determinó por unanimidad realizar una movilización nacional, con el objetivo de recabar las firmas necesarias para solicitar una consulta popular en busca de que los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto sean sujetos a juicio penal por corrupción.

El líder interino de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar dijo que buscarán recolectar 2 millones de firmas, y no un millón 800 mil como los requiere la ley, “para que no haya pretextos”.

Mientras que el partido tomaba esta decisión, militantes y simpatizantes de Morena en diversas plazas del país y hasta en Nueva York, Estados Unidos, colocaron mesas receptoras en plazas y parques públicos para comenzar a recabar las firmas.

Por otro lado, en redes sociales también promovieron la consulta y habilitaron el portal www.juicioexpresidentes.mx para descargar los formatos de recolección de firmas. En el Zócalo de la CDMX se instalaron dos mesas de recepción, una en la esquina de Madero y Plaza de la Constitución y la segunda en la esquina de 5 de Mayo e Isabela Católica.

Con camisetas de color blanco que tiene impreso el mensaje: “Juicio a expresidentes ¡Ya!”, los activistas dijeron que hubo muy buena participación, pues alcanzaron a recolectar más de 300 firmas en nueve horas.

“Nosotros somos activistas, por eso lo haremos los fines de semana”, declaró Enrique Calles, quien agregó que desde hace años quieren llevar a juicio a los expresidente, pero no se había podido hacer, ahora, comentar, van a cumplir con el requisito legal de juntar más de un millón y medio a 2 millones de firmas, labor que consideró titánica.

Según la Constitución, sólo se puede solicitar la consulta popular del 1 al 15 de septiembre próximo, esa es la fecha límite o de lo contrario tendrán que esperar hasta la siguiente elección.

No descarta AMLO promover consulta para juzgar a expresidentes

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El presidente Andrés Manuel López Obrador no descartó promover la consulta para enjuiciar a sus antecesores, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto por temas de corrupción, una idea que ha planteado desde antes de asumir la presidencia en 2018.

El mandatario ha insistido en responsabilizar a estos mandatarios “del periodo neoliberal”, de gran parte de los problemas que enfrenta su administración, como es el caso de la corrupción y la inseguridad. En ese sentido, ha propuesto realizar este ejercicio para el año próximo.

López Obrador explicó que la consulta se podrá realizar al mismo tiempo que la Fiscalía General de la República (FGR) y el Poder Judicial resuelven la responsabilidad de los expresidentes en casos de corrupción, como es lo referente a Peña Nieto, quien ha sido implicado en el pago de sobornos para el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, y de Felipe Calderón, cuyo secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, se encuentra preso en Estados Unidos acusado de trabajar con el crimen organizado.

“Al mismo tiempo se puede hacer una consulta ciudadana para que la gente sea la que decida. No quiero yo ser verdugo, que lo decidamos todos”, dijo durante #LaMañanera.

El mandatario dijo que, de acuerdo a la ley, para hacer una consulta solo se puede solicitar del 1 al 15 de septiembre. Por lo que recordó, que quienes pueden solicitarla son el presidente de la República, una tercera parte de los legisladores de una cámara o el 2% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral.

¿Politización de la justicia o judicialización de la política?

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Desde tiempos inmemorables, en nuestro país se ha afirmado que existe una politización de la justicia, por este término referencia a un viejo vicio en el sistema político mexicano que consiste en utilizar los aparatos del Estado para señalar, perseguir o sentenciar atendiendo a incentivos meramente político-partidistas sin importar los fines de la justicia y el derecho, y son sólo para construir narrativas ad hoc a la situación política del momento. Desde Cárdenas, Salinas, Peña Nieto a López Obrador, en distintos episodios históricos y ante periodos complejos y plagados de corrupción, los sucesores de diversos ámbitos ideológicos, han utilizado los efec tos naturales de políticas un asunto para aumentar legitimidad pública y mediática, que no resuelve el fondo del asunto. Esto contraviene la constitución y tratados internacionales en la materia, ya que el ánimo es una rentabilidad en lugar de la búsqueda de la justicia sustantiva. 

Armando Regil Velasco escribió en el 2015: “México es un país de muchas leyes y poco estado de derecho”, y esto viene a colación ante la constante selectividad de la rendición de cuentas. El caso Lozoya es ejemplo de esto, a pesar de las reformas que generaron el Sistema Nacional Anticorrupción así como diversas modificaciones jurídicas e institucionales para su operación, esto ha tenido pocos resultados. En este asunto de gran trascendencia nacional, al estar ante un innegable caso de corrupción de la empresa Odebrecht y su influencia en reformas que la habrían beneficiado,  somos testigos de cómo las redes sociales, los medios de comunicación y el debate público, se han convertido en el lugar donde se están señalando involucrados, construyendo presuntas teorías del casos, desahogando pruebas y dictando sentencias. 

Filtraciones de documentos, filtraciones de videos de exfuncionarios recibiendo fajos de miles de pesos en efectivo y hasta de familiares del mismo presidente Andrés Manuel, demuestra cómo esta oportunidad de llevar ante la justicia a individuos y redes de corrupción del más alto nivel, está siendo desperdiciada por la Administración Federal actual y la Fiscalía General de la República, tal y como escribieron los profesores Juan Jesús Garza Onofre y Javier Martín Reyes “las filtración no busca una exitosa judicialización del caso, sino su mera politización”. 

Es fundamental que un gobierno que aspira a ser democrático, pueda tener en cuenta la importancia de encauzar asuntos cómo el caso Lozoya ante las instituciones de procuración e impartición de justicia, ya que la argumentación para llegar a una determinación judicial (sentencia, autos, etc) requieren de una formación lógica basada en evidencia y construcción fáctica, cuestión distinta a una índole política que responde a intereses específicos. Como bien escribió Francesc de Carreras en el diario español El País: “[…]Politizar la Justicia no significa que los políticos sean juzgados por incumplir las leyes sino que los jueces, en el ejercicio de su cargo, tomen decisiones que son propias de los políticos, de los representantes del pueblo, vulnerando así un principio clave del Estado de derecho, el de la independencia judicial, según el cual la función judicial consiste únicamente en aplicar la ley y sólo así puede justificarse que el poder de los jueces es democrático” (2017). 

Estas viejas y tan arraigadas prácticas de evitar una verdadera búsqueda de la justicia ante casos que involucren políticos mexicanos, nos permite reflexionar sobre la necesidad de transitar a una nueva forma de concebir la justicia ante este tipo de casos. Esto es muy importante para establecer precedentes y detectar flagelos en las instituciones públicas para garantizar una no repetición de hechos de corrupción, pero es igual de relevante exigir desde la sociedad que estos asuntos no se queden en la “justicia mediática” que erosionan los argumentos y la esperanza de construir una verdadera democracia y estado de derecho. 

Investiga FGR filtración de denuncia de Lozoya

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La Fiscalía General de la República informó que inició una investigación por la filtración de una copia certificada de la denuncia que Emilio Lozoya presentó por diversos actos de corrupción que involucran a Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Carlos Salinas de Gortari, Ricardo Anaya, Luis Videgaray y José Antonio Meade, entre otros.

En un comunicado, la Fiscalía rechazó que algún miembro de dicha institución proporcionara el documento a medios de comunicación, por lo que inició formalmente la carpeta de investigación correspondiente.

“La copia de la denuncia presentada por Emilio ‘L’ ante esta Fiscalía que está circulando en los medios de comunicación, no fue proporcionada a ninguno de ellos por esta Institución; se ha iniciado la carpeta de investigación correspondiente”, se lee en el mensaje de la FGR en redes sociales.

Cabe recordar que la denuncia de Emilio Lozoya señala a al menos 16 exfuncionarios, entre ellos 3 expresidentes y varios exsecretarios de Estado, que participaron en diversos ilícitos relacionados a los casos Odebrecht, la compra de la planta Agronitrogenados y la entrega de sobornos para la aprobación de la Reforma Energética.

Ignorancia superior

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“Los que más daño le han hecho al País, son los que supuestamente tienen más conocimiento  del manejo de la economía, son los que han acabado con el País,. Hay uno de ellos, que yo le llamo el “padre de la desigualdad moderna” que estudió en Harvard…” 

Hace algunos días, despotricaba contra intelectuales y periodistas que se atrevieron a formular un llamado para derrocarlo en las próximas elecciones. Después de estos pronunciamientos del presidente, ya no cabe duda que México está en malas manos y rumbo a un abismo del cual tardará cincuenta años mínimo en reponerse y recuperar el tiempo que se está perdiendo.  Después de este vómito de odio y de resentimiento, se pregunta uno cómo pueda haber todavía egresados de universidades, ingenieros, licenciados, doctores que sigan apoyando a este individuo para que maneje los destinos de México. 

¡Cuanta frustración e impotencia revelan esta declaración de un hombre que tardó 14 años en graduarse de la UNAM, cuanto desprecio para el conocimiento que no se la ha dado entender, cuanto cinismo de un político que sentenció que gobernar no era nada complicado, que era simplemente un asunto de sentido común. 

Por esto, todo se reduce a frases demoledoras, “abrazos y no balazos”, “becario y no sicario”. Porque pretender tener más de un par de zapatos viene siendo contrario al sentido común y porque el rol de las mamás y de las abuelas para controlar los malitos es fundamental en la estrategia de seguridad pública de un gobernante que odia el conocimiento, huye del saber hasta destrozar las estructuras científicas y tecnológicas  de avanzada del CONACYT, para promover la creación de 100 universidades Benito Juárez cuyo propósito, con toda seguridad, será la destrucción del conocimiento, malo y generador de todos los problemas de desigualdad desde los tiempos de Carlos Salinas de Gortari. 

Declaraciones de este tipo, tomando en cuenta los CV de la mayor parte de los integrantes de su gabinete debería generar un éxodo masivo de seudo políticos formados en el extranjero. Mínimo, deberían eliminar las referencias a sus títulos para no incomodar a su jefe, y evitar exhibirle, sin hablar de ponerlo en vergüenza. 

Este se complace en la ignorancia . Que ahí se quede revolcándose; algún rector de las universidades Benito Juárez recibirá, algún día,  instrucciones para darle un doctorado “Honoris Causa” en ignorancia superior. Faltaba más.

Queda pendiente selección del Auditor General de la Federación

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Al no llegar la Junta de Coordinación Política (Jucopo) a un acuerdo, la Cámara de Diputados dejo pendiente la selección del nuevo Auditor General de la Federación, hasta el día de mañana o el jueves, así lo informaron los diputados en San Lázaro.

Aunque se preveía que este martes la terna fuera puesta a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, ya que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y aliados cuentan con la mayoría, no fue el caso.

Aunque la terna no paso de la Jucopo, los diputados esperan que esta sea aprobada y se haga la selección del nuevo auditor antes del 15 de diciembre, día en el que culmina el actual periodo de sesiones.

“Esperemos que mañana, a más tardar pasado mañana, ya se tenga una resolución”, afirmó la coordinadora de los diputados de Morena Rocío Nahle.

La terna de opciones para ocupar la Auditoria Superior de la Federación del 2018 a 2025, ha estado en medio e controversias, debido a que las opciones tiene nexos importantes con el PRI.

Salim Arturo Orcí Magaña, quien es actual auditor especial de Gasto Federalizado en la ASF, es militante del partido tricolor y además cercano al senador Emilio Gamboa, ademas de que trabajo en las administraciones de los ex Presidentes Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, según lo informa el periódico Reforma.

Por su parte David Colmenares, fue cercano a José Antonio Meade en el periodo de 2000 y 2006, cuando trabajaron juntos en la Secretaría de Hacienda.

Por ultimó, Ángel Trinidad Zaldívar, es ex comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información y cercano al priista Manlio Fabio Beltrones.