El gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció un «rescate» para Pemex que, según advierte Mary Anastasia O’Grady en su columna semanal de opinión en The Wall Street Journal, no aborda la corrupción y politización prevalentes en la empresa; en cambio, podría empeorar la situación.
El director general de Pemex, Octavio Romero, anunció que el gobierno de México intervendría para refinanciar la deuda de la compañía después de la explosión ocurrida el 7 de julio en la plataforma de enlace Nohoch-A, en el campo de Cantarell, y tras la rebaja de calificación de la petrolera estatal por parte de Fitch. Moody’s también colocó a Pemex en perspectiva «negativa».
A pesar de que el rescate reducirá el costo de los préstamos de Pemex aproximadamente a la mitad, O’Grady señala que no solucionará la mala gestión, la corrupción, la ineficacia y la politización de la empresa. Por el contrario, eliminar la presión del mercado podría agravar los problemas. El artículo de O’Grady, titulado «AMLO juega al juego de timar con Pemex», destaca que Pemex no puede salir por sí mismo de su agujero de deuda de 107 mil millones de dólares.
La explosión en la plataforma de producción de gas, que provocó la muerte de dos trabajadores, generó controversia. Organizaciones como Greenpeace denunciaron un derrame de crudo que se extendía por unos 400 kilómetros cuadrados el 12 de julio, mientras que el gobierno calificó estas afirmaciones como «imprecisiones y exageraciones».
Pemex afirmó haber cerrado casi todos los pozos de la zona y haber perdido 700 mil barriles de producción de petróleo, pero también indicó que había recuperado 600 mil barriles de capacidad de producción.
Según la columnista, este accidente representa más que un simple contratiempo para Pemex, que alguna vez fue símbolo del nacionalismo mexicano.
El 14 de julio, la agencia de calificación Fitch redujo la calificación de incumplimiento del emisor de Pemex de BB- a B+. La agencia también rebajó aproximadamente 80 mil millones de dólares de las notas internacionales de Pemex en circulación a ‘B+/RR4 desde ‘BB-‘, citando el impacto ambiental y social asociado con múltiples accidentes desde febrero de 2023 y preocupaciones sobre la capacidad y voluntad del gobierno mexicano para mejorar materialmente la posición de liquidez de la empresa y la estructura de capital en los próximos dos años sin concesiones de los acreedores.
Aunque López Obrador desestimó la rebaja en la calificación de Fitch como «insignificante» y minimizó los daños causados por el accidente, O’Grady considera que el anuncio de que el Estado asumirá el papel de recaudar dinero para la empresa es una respuesta a la creciente preocupación de los inversores de que Pemex es una mala apuesta crediticia.
La columna concluye recordando que, cuando López Obrador asumió la presidencia en diciembre de 2018, Romero aseguró que la producción diaria de crudo de Pemex llegaría a más de 2 millones 624 mil barriles al final del sexenio, pero en junio la producción fue de 1.56 millones al día, incluidas las asociaciones.
López Obrador atribuye el bajo rendimiento de Pemex a la gestión de administraciones anteriores y a la reforma energética de 2014, que abrió el mercado a una competencia limitada. Su solución es llenar la empresa de leales y tratar de restaurar su poder de monopolio en la perforación y actividades derivadas, como el refinado.
(Fuente: Luis Cárdenas MX)