La Taquería

#EspacioPúblico: “Banquetas ¿para todos?”

by Eduardo Quintanilla
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Recorrer la ciudad caminando puede ser una carrera de obstáculos entre la gran cantidad de defectos que encontramos en sus calles y banquetas.  Escalones, banquetas dañadas, cruces mal señalados, mobiliario urbano inútil y objetos obsoletos olvidados son algunas de las principales barreras para una movilidad peatonal ágil y segura. Si no estás acostumbrado, es complicado, cansado y frustrante caminar unas cuadras. Ahora imaginemos la misma situación siendo una persona con algún tipo de discapacidad. 

En días recientes acompañé a personas con discapacidad motriz por las recién ampliadas banquetas de la calle Juárez en el centro de Monterrey. En solo tres cuadras de recorrido nos dimos cuenta de que, a pesar de la ampliación de banquetas, las características necesarias para hacer un espacio público accesible no se cumplen. Las rampas en las esquinas no cuentan con una pendiente adecuada para que una persona en una silla de ruedas pueda subir y bajar sin sobrepasar el esfuerzo que regularmente significa esta acción. Los semáforos no tienen fases adecuadas y no ayudan a generar espacios seguros al cruzar las calles en las que los conductores olvidan que la preferencia en el espacio público es de peatones. 

Nos topamos con la sorpresa que la pendiente natural de la calle en algunos tramos es tan pronunciada que requiere de espacios de descanso que no fueron planeados y hacen peligroso el recorrido para alguien en silla de ruedas e incluso para quienes lleven una carriola con un bebé y que por alguna razón la dejen de sujetar. 

Esto es solo lo que detectamos en caso de personas con discapacidad motriz, en el caso de invidentes y persona con discapacidad auditiva también se encuentran fallas que pueden poner en riesgo su integridad al circulan por esa calle. 

Con este ejercicio nos dimos cuenta de que no solo basta con realizar un proyecto que cambie el contexto urbano. Es necesario hacerlo bien. Existen manuales, documento, reglamentos y normas para construir espacios accesibles, pero parece que siguen siendo letra muerta en la construcción de calles y banquetas en esta ciudad. 

En algún punto entre la planeación y la ejecución de obra algo está fallando que el resultado no es el correcto.

Quiero pensar que organismos como el Consejo para Personas con Discapacidad no son invitados a dar su opinión en el proyecto y mucho menos en el momento de supervisar una obra que dará servicio a toda la ciudad.
Y también asumo que muchas fallas de ejecución se deben a desconocimiento de las verdaderas necesidades de los usuarios y se resuelven los problemas de la manera más simple para cuidar un presupuesto, sin una supervisión y tratando de cumplir con tiempos de entrega. 

Reconozco el esfuerzo y el trabajo en la ampliación de banquetas, era algo que se pedía a gritos, pero también hay que recalcar que este cambio en la forma de hacer calles aún requiere de mejores prácticas para que se cumpla con el objetivo de ser accesible para cualquier usuario. 

Planear y construir una ciudad con accesibilidad universal no solo beneficia a personas con discapacidad, las hace más sencillas para todas las personas.
Hacer una ciudad dando preferencia a los más vulnerables, es más útil y menos costoso que sobre la marcha hacer adecuaciones. 

La ciudad es una fiesta a la que se invita a todas las personas que la habitan y debe contar con los espacios y facilidades necesarias para que cualquiera la disfrute. Hoy las condiciones de la ciudad hacen que algunas personas no se sientan invitadas a la fiesta.

#Kleroterion: “Hogar, triste hogar”

by Waldo Fernández
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El patrimonio más grande que tiene cualquier familia es su casa. Para muchas de estas familias la única forma de obtener un crédito para hacerse de una casa es por medio del Infonavit, institución que por décadas ha sido la encargada de ofrecerle a la clase trabajadora un crédito hipotecario que les permita forjar su patrimonio.

Sin embargo en las pasadas dos décadas y especialmente durante los últimos 2 sexenios empezaron a darse fenómenos que afectaron a la clase trabajadora que posee un crédito Infonavit y ello derivó en una ola de desalojos, en su mayoría orquestados por mafias (los casos están documentados en la prensa y en diversos medios de comunicación) que se aprovechan de la gente, de las circunstancias adversas que enfrentan y de las condiciones en que firmaron el crédito de su vivienda.

En respuesta a ello el gobierno federal lanzó una serie de programas para atender esta problemática. De manera puntual el Presidente ordenó detener los desalojos que se están llevando en contra de quienes por una u otra razón han incumplido con el pago de sus créditos. Este programa  tiene un objetivo muy noble, pero además incide directamente en el entorno de las personas que habitan alrededor de una vivienda que ha sido desalojada. Me explico: por principio de cuentas se trata de preservar el ideal por el que fue creado. Que los trabajadores tengan acceso a un crédito para adquirir una vivienda, que el crédito sea accesible a pagar y que la gente pueda preservar su patrimonio. Poner un alto a los desalojos es anteponer ante todo a los trabajadores y sus familias por encima de cualquier lógica de mercado, el Infonavit es una institución social, no una financiera del ámbito privado.

Por otro lado, detener esos desalojos también incide en la seguridad de las personas que viven alrededor. Sólo en Nuevo León hay más de 8 mil viviendas abandonadas, en su mayoría por desalojos que ya fueron llevados a cabo, o porque son viviendas construidas en lugares apartados y en condiciones pocos dignas (este tema merece por si mismo una columna e investigación aparte), estas viviendas se convierten en focos de inseguridad que afectan a las personas que viven en esas colonias. Esa situación degrada aún más el tejido social.

En definitiva la orden del Presidente por poner un alto a los desalojos responde a una necesidad del pueblo que muchas veces quienes no vivimos en ese entorno no podemos ver, tampoco estoy diciendo que el fenómeno ya está resuelto, como ciudadanos hay que organizarnos y exigir que la orden presidencial se cumpla, que se le den alternativas a la gente y que se propongan soluciones. Por mi parte, he emprendido una cruzada para que quienes enfrentan un caso de este tipo conozcan las opciones para solucionarlo. Si tú eres uno de esos casos o conoces a alguien que esté en esa situación, dale mi WhatsApp: 8118001357, organicémonos para impedir que nadie vuelva a pasar de un “hogar, dulce hogar” a un “hogar, triste hogar”.

¿Qué esperamos del 9M?

by Alejandra Treviño Arias
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El Paro Nacional convocado por la colectiva “Brujas del Mar” y que se volvió viral en un par de días, ha dado mucho de qué hablar.

Encontramos debate entre mujeres y hombres sobre los pormenores de la convocatoria, así como instituciones que han alzado a la voz para expresar su solidaridad por el movimiento.

Pero, ¿realmente qué estamos esperando las mujeres mexicanas que suceda?

Esperamos empresas que vayan más allá del discurso y trasladen sus palabras de solidaridad a la acción. Es decir, queremos empresas en donde se haga todo lo necesario para erradicar el acoso sexual y laboral y cualquier forma de violencia y discriminación hacia las mujeres. Para ello es necesario la aplicación de protocolos efectivos, que den respuesta inmediata a las posibles víctimas, que no las re-victimicen en el proceso y que se apliquen sanciones transparentes. Necesitamos también directivas y directivos que dejen claro que no se tolerará ningún caso, y dejen de encubrir a quienes son señalados. Necesitamos empresas que le otorguen el mismo valor al desarrollo y carrera de sus hombres y mujeres, con salarios iguales, con igualdad de oportunidades de ascenso, con igualdad de escaños en los consejos, en los puestos directivos.

Esperamos también un cambio en las respuestas institucionales, un giro que nos permita visualizar que la garantía y protección de la vida de las mujeres es una prioridad. Un cambio que incluya un esfuerzo real de capacitación en perspectiva de género a quienes atienden víctimas, a quienes juzgan, a quienes escriben las políticas públicas que enmarcan nuestra vida cotidiana. Necesitamos que la norma de igualdad y no discriminación para espacios laborales deje de ser algo aspiracional, para convertirse en algo obligatorio. 

Esperamos partidos políticos que más allá de aprovechar el momento de manera mediática, lo utilicen para reformar sus institutos, reforzando sus políticas anti-acoso, creando espacios seguros para quienes quieran contender en la política, sancionando cualquier expresión u acción de violencia política basada en género en campañas. Urgen partidos que destinen de manera eficaz su 3% del presupuesto para actividades que impulsen las carreras políticas de las mujeres y siembren un piso de igualdad, y se dejen de realizar actividades que perpetúan estereotipos de género. 

Esperamos también un cambio en lo cotidiano, en lo privado. Buscamos “traidores del patriarcado” (como diría Catalina Ruiz Navarro) que se atrevan a incomodar a los amigos al repudiar sus chistes machistas o sus acciones violentas y acosadoras. Hombres que reinventen lo que significa la masculinidad, que busquen un mejor mundo.

Esperamos un movimiento que solidifique el significado de sororidad entre mujeres, que logre permear en la sociedad detonando el cambio. 

Esperamos una sociedad que pase del discurso a la acción. 

Populismos legislativos: “La pena de muerte en México”

by Rene Ramírez
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El debate público de nuestro país está centrado en estos momentos, en la violencia contra la mujer y con principal énfasis en los feminicidios. Los colectivos feministas han logrado posicionar el tema como una prioridad urgente en las políticas públicas nacionales, generando que partidos políticos, asociaciones, empresas y sociedad en general, compartan la urgencia de combatir el panorama de inseguridad contra las  mujeres en México. Sin embargo, dentro de esta discusión y debate público, resurgió un tema que parecía (al menos dentro aspecto jurídico) sobrepasado o superado: la pena de muerte como pena para sentenciados por delitos de índole sexual. Amnistía Internacional la define cómo: “una pena capital que es la negación más extrema de los derechos humanos: consiste en el homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado y en nombre de la justicia. Viola el derecho a  la vida, proclamado en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es el castigo más cruel, inhumano y degradante”. (Mendoza Octavio, 2006, p.  78)

Diversos partidos en la Cámara de Diputados, así como en Congresos Locales, posicionaron propuestas al respecto, llegando incluso a presentar iniciativas para insertar dichas penas en códigos penales. Los proponentes argumentan que este tipo de medidas son las “proporcionales y suficientes para disminuir el índice de delitos sexuales”. Sin embargo, los legisladores solo necesitaban buscar un poco de información sobre la inconstitucionalidad y su contradicción a los diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos, e incluso. Este tipo de iniciativas pertenecen a algo denominado: populismo legislativo. A populismo legislativo me refiero a medidas que “proponen” los legisladores utilizando contextos sin resolverlos; iniciativas que no solucionan problemas sino los politizan, con medidas irreales que se nutren de clamores populares inoperantes. 

Ante el panorama de exigencia de justicia y seguridad para las mujeres en México, estos legisladores populistas, intentan sacar una ventaja política al puro estilo de las épocas precolombinas e inquisición española. Hay que recordarles a los legisladores que la abolición de la pena de muerte inició en Puebla en 1891 y posteriormente a nivel federal en 1929, siendo en 2005 cuando es completamente eliminada de la Constitución Federal en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos. También tenemos que recordar la Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derecho Humanos, y en específico el artículo 4 párrafo tercero del Pacto de San José, donde el Estado Mexicano se compromete a que una vez abolida la pena de muerte, no se puede restablecer, esto en respeto al principio de progresividad de los derechos humanos. Dichos legisladores que proponen este tipo de medidas, desean que nuestro país se una a otros países como Irán, Arabia Saudí, China, Irak, Pakistán y Estados Unidos, los cuales tienen en común sistemas de justicia “profundamente injustos, con circunstancias turbias y poco claras con muchas condenas basadas en confesiones obtenidas mediante torturas”(Pérez Salvador, 2019, p. 6). De igual manera y conectando el  tema con el populismo penal, el derecho penal no es un disuasivo social sino una forma de proteger los bienes jurídicos fundamentales para la sociedad, que impone penas cuando estos son vulnerados, y existe suficiente evidencia sobre  las penas de muerte, ya que no disminuyen la incidencia en el crimen. Otro argumento es que especialistas afirman que se usa de manera discriminatoria, ya que “si eres pobre o perteneces a una minoría racial, étnica o religiosa, tienes más probabilidades que el resto de personas de ser condenado a muerte, debido a la discriminación que existe en el sistema de justicia”(Pérez Salvador, 2019, p. 11). 

Es claro que los legisladores a favor de la pena de muerte no entienden que el fondo del asunto es la impunidad, los claroscuros de la procuración e impartición de justicia mexicano y la situación generalizada de inseguridad para las mujeres. La pena de muerte en ningún sentido soluciona la violencia de género y desvía la atención donde realmente debe estar. Es un país sumamente injusto en su sistema de justicia, pensar en la pena de muerte es aumentar una injusticia más.

La ilusión de la pena de muerte, un engaño más del populismo penal

by Carlos Osoria Polo
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El pasado 25 de febrero el diputado federal Arturo Escobar y Vega, junto con integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Verde y de MORENA presentaron una iniciativa de ley en la Cámara de Diputados para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución Mexicana. La iniciativa busca que se establezca -nuevamente- la pena de muerte en nuestro país, específicamente contra los delitos de:

  1. Violación. Cuando los violadores asesinen a su víctima y ésta sea menor de edad.
  2. Feminicidio. Cuando la víctima sea menor de edad.
  3. Homicidio doloso. Cuando la víctima sea menor de edad.

Además, la propuesta plantea que México denuncie los tratados internacionales que obligan a nuestro país a abolir la pena de muerte, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y sus protocolos facultativos. Es decir, que estos tratados internacionales ya no sean aplicables para nuestro país. En el continente únicamente dos Estados han denunciado la Convención Americana sobre Derechos Humanos: Trinidad y Tobago en 1998 y Venezuela en el año 2012. 

Para justificar la idoneidad de la pena capital, en la iniciativa se mencionan estudios de dos universidades estadounidenses que entre los años 2003 y 2006 afirmaron que la pena de muerte tiene efectos disuasorios en delitos como el asesinato. Lo que no toman en cuenta los legisladores es que en ese mismo país, 20 estados han abolido la pena de muerte, 7 de ellos después del año 2007.

La propuesta de reforma constitucional responde a algo conocido como populismo penal, el cual consiste en proponer penas más duras y de mayor duración como respuesta inmediata al aumento de índices delictivos. Sin embargo, este tipo de iniciativas no atacan el problema de fondo y no representan una solución real, ya que dejan de lado medidas integrales para atender deberes como la prevención, investigación y sanción de delitos.

En un país como el nuestro en el que impera la impunidad, donde el 98% de los delitos no son castigados, la propuesta presentada no solo es inviable, sino preocupante, ¿de qué sirven mayores penas cuando las que existen difícilmente se aplican?

Además, en México la justicia no está al alcance de todas las personas por igual, por lo que dicha iniciativa terminaría por criminalizar a quienes menos tienen. Vale la pena recordar las palabras de Ndume Olatushani, quien estuvo condenado a muerte en Estados Unidos por un crimen que no cometió y finalmente obtuvo su libertad en el año 2012: “con demasiada frecuencia, es la gente que no tiene voz la que es sometida [a la pena de muerte]… Durante todo el tiempo que estuve allí, nunca conocí a nadie que tuviera dinero, nunca conocí a una persona rica condenada a muerte.”

Ernesto López Portillo, académico de la Universidad Iberoamericana y experto en seguridad lo ha dicho incansablemente, “incrementar las penas, según el conocimiento aceptado por siglos, no tiene el menor efecto para reducir la delincuencia”. La solución está en la prevención, en la profesionalización, en aplicar efectivamente las sanciones que ya existen y en atender los vicios históricos de nuestras instituciones.

Independientemente de su inviabilidad constitucionalidad y convencionalidad, la iniciativa no representa solución alguna a los problemas del país; las soluciones reales no son las más rápidas, ni las más aceptadas mediáticamente. 

Solo en la medida en la que las autoridades dejen de aprovecharse del dolor de las víctimas para lucrar políticamente y comiencen a atender áreas como la procuración de justicia, la prevención del delito, la investigación diligente y el juzgar con perspectiva de género, solo en esa medida podremos aspirar a un mejor país para todos y para todas. 

México y la inmigración

by Daniel Butruille
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El principal problema que enfrenta la humanidad en este inicio del siglo XXI es la migración de pueblos destrozados. Producto del desequilibrio del desarrollo industrial, de una colonización mal enfocada y de agresiones bélicas por materias primas y riquezas naturales, la migración de comunidades étnicas enteras ha provocado dolor y sufrimiento, porque al desarraigo se han sumado la explotación de una criminalidad internacional desalmada que no tiene límite en sangrar la pobreza hasta provocar su muerte, después de haberla extorsionado. 

Las causas de este problema son la codicia y la ceguera. Codicia por la búsqueda de riquezas naturales que la misma naturaleza puso  en mano de los pueblos devastados, ceguera en la imposibilidad de asociar los pueblos devastados a la prosperidad resultante de sus riquezas naturales. 

La migración afecta por igual a todas las partes del planeta. Algunas por fuentes (inagotables) de migrantes desamparados, otras por ser objeto del deseo de estos pueblos hacía una prosperidad imaginaria y que no muestran capacidad para absorber la miseria exportada por sus propias políticas y prácticas comerciales y bélicas. México está inmerso en el problema. 

Después de haber expulsado a millones de migrantes por haber sido incapaz de ofrecer alternativas de prosperidad, México se ve ahora en el doble dilema de absorber miles de migrantes devueltos y de servir de amortiguador entre la ola migratoria de América Central y el muro de rechazo que estableció Estados Unidos, por su política racial negativa y de ostracismo nacional. 

La propuesta del diputado Muñoz Ledo de establecer ciudades refugio es muy generosa pero implica una política de desarrollo social que el gobierno actual es incapaz de ofrecer por su negativa en aceptar que la inversión privada sea el motor del desarrollo del país. México podría crecer a una velocidad mayor a la de su vecino del Norte si estuviera dispuesto a absorber para fines productivas esta inmigración centroamericana. 

Para esto, falta que el caudillo en turno acepte que el capital privado pueda ser fuente de integración social y no solamente de rechazo y de explotación de los trabajadores. Al dificultar la inserción del capital privado en la economía nacional, impide que sus ideales socialistas se transformen en realidades prosperas para cientos de miles de inmigrantes (y de pobres mexicanos) que tocan a la puerta de su sueño y que por el rechazo del diablo anaranjado, podrían encontrar aquí en México la solución de su expectativa y una respuesta de nuestro país  a tanta demanda de justicia. 

El socialismo de AMLO necesita un mejor enfoque y mayor realismo económico. Debería dejar a un lado una ideología que solamente ha traído miseria y pobreza. Y que la seguirá trayendo. El México del futuro será socialista y entenderá el rol positivo y generador de riqueza de la inversión privada.     

Nosotros y los otros

by Adrian Flores
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En el documental “The Pharmacist”, Dan Schneider relata que cuando escuchaba noticias sobre personas que habían sido asesinadas mientras compraban drogas, su pensamiento inmediato era que las víctimas no tendrían por qué haber estado ahí; todo cambió el día que quien perdió la vida fue su hijo. 

Lamentablemente, cuando un problema no nos afecta directamente parece difícil encontrar motivación para entenderlo a profundidad y el atajo casi instintivo es sentenciar fríamente que las circunstancias son consecuencias lógicas de alguna torpeza o ineptitud. 

Te roban por idiota, te violan por puta, te matan por haber sido imbécil al elegir y soportar a tu pareja, asesinan a tu hija porque no tuviste los cuidados suficientes, te golpean porque te lo buscaste, o en terrenos menos tétricos, te engañan por tu estupidez, te traicionan por inocente, te abandonan por insoportable, eres pobre porque quieres y un largo etcétera. 

Porque mucho más fácil que intentar comprender realidades complejas y problemas multifactoriales de los que quizá participamos en su perpetuación, es rápidamente señalar que a nosotros jamás nos hubiese pasado. Porque menospreciar a los otros es un vehículo muy sencillo para mostrar tanto nuestra valía artificial como nuestras supuestas virtudes: “Yo en tu lugar hubiera hecho otra cosa”, “A mí eso no me habría pasado”, “¿En qué estabas pensando?”. 

Hacemos como si la causa y solución a las angustias y desgracias de los demás fuera obvia y como si nosotros nunca nos hubiéramos visto o fuésemos a ver en situaciones similares y entre más enérgicas sean nuestras condenas y desprecio a los otros, más creemos que estamos confirmando nuestra condición de personajes inquebrantables, llenos de civismo y dureza. 

Nos disfrazamos con narrativas burdas, vacías y tan artificiales que rayan lo inalcanzable, idealizando el no escuchar y el jamás aceptar la vulnerabilidad o falibilidad propia como si de una logro se tratase, sin darnos cuenta que sólo estamos perpetuando un contexto de negligencia emocional y falta de empatía que no es más que un atajo a conclusiones que nos ahorran la molestia de pensar o de sentirnos incómodos al hacer un ejercicio de autocrítica y de abandonar el tan confortante maniqueísmo.  

En ese contexto, que una mujer haya sido asesinada con un sadismo inenarrable y que las imágenes hayan sido compartidas como un meme más o que una niña desaparezca en la puerta de su escuela, produce casi automáticamente una normalización de la situación: “Así es el país y así es la gente de morbosa” acompañada de una condena a las fallecidas o a sus familiares al paso en que solapamos a las autoridades y a los victimarios, aseverando que la ocasión hace al ladrón y que el descuido o confianza de una mujer hace al feminicida casi como si estuviésemos diciendo que uno más uno da igual a dos. 

Porque es mucho más fácil decir que el mundo no es color de rosa ni es la sala de tu casa y que eso les pasa por estúpidas, que detenernos a entender algo tan simple como que las víctimas no son culpables y que en todo caso las consecuencias de los errores nunca deberían ser tan espantosas; ir a un casino no debería significar que morirás en llamas, una mala pareja no tendría por qué torturarte y asesinarte o tardarte en recoger a tu hija no debería terminar con su cuerpo en una zanja. 

Por el contrario, mucho más incómodo es aceptar que en este país a los asesinos matar les sale muy barato, que existe un 98.86% de impunidad de acuerdo con datos publicados por Impunidad Cero en 2019, que 10 mujeres son asesinadas a diario de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que no es lo mismo ser mujer, indígena, homosexual o persona de escasos recursos que ser hombre blanco de clase acomodada y que las disposiciones igualitarias contenidas en las leyes o la constitución podrán ser derecho vigente pero no derecho positivo, precisamente por nosotros y nuestra minimización de los problemas de los otros.

Y lo más difícil: no son los otros quienes están matando sino nosotros. No están matando a los otros sino a nosotros. Compartimos responsabilidad por diversos factores sociales y culturales y así también deberíamos compartir la rabia y el dolor. Aunque no sea a ti, aunque nunca te haya pasado o vaya a pasar y aunque en tu burbuja de tungsteno reforzado nada de esto parezca estar presente.  

Pero con esa terrible ausencia de empatía y viciados con los atajos que evitan poner en riesgo nuestra superioridad moral ficticia y comodidad, la indignación sigue adormecida así como la comprensión de los problemas como realidades complejas y por lo tanto, el panorama se oscurece haciendo que las soluciones se perciban distantes.   

Seguridad, ¿cuándo responder el país?

by Verónica Lozano Prianti
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Hablar del Sistema de Justicia Penal Mexicano algunas veces parece broma y es que la prensa, y los mismos informes de gobierno, nos dejan ver inconsistencias entre los hechos y las repercusiones. O, según sea el caso, los protocolos necesarios no se llevan a cabo correctamente por lo que una sentencia puede ser derogada y los criminales liberados. 

¿De dónde viene la idea de hablar de este tema? Esta semana los medios de comunicación y las redes sociales tuvieron su lupa en varios casos, entre ellos dos de los que hablaré a continuación: la reapertura del caso del “asesino de Cumbres” Diego Santoy, homicida de los hermanos Peña Coss de 3 y 7 años, y la tortura, violación y asesinato de la niña Fátima de 7 años. 

El 14 de febrero los neoleoneses y el país entero amaneció con la noticia de que los abogados de Diego Santoy Riveroll ganaron un amparo que anula la condena de 138 años que recibió por los crímenes de asesinato de los hermanos Peña Coss, intento de asesinato de su exnovia Erika Peña Coss y secuestro de Catalina Bautista, la trabajadora del hogar de la colonia Cumbres. 

¿Por qué el caso de un criminal convicto será reabierto y se dictará una nueva sentencia? Porque no existe constancia de que al realizar los careos del caso estuviera presente la defensa de Santoy, por lo que se habría violado su derecho previsto en el artículo 20 Constitucional a un debido proceso. 

Eso quiere decir que después de casi 14 años del crimen y nueve de la sentencia alguien se percató de un error en los interrogatorios cara a cara por lo que se tendrán que realizar nuevamente. Esto podría afectar la sentencia que ya de por si se había reducido a 71 años por buena conducta. Siete careos están programados para el próximo 28 de febrero a partir de las 09:00 horas. 

La Fiscalía de la Ciudad de México está trabajando en el caso de la niña Fátima que fue reportada como desaparecida el 11 de febrero y encontrada cuatro días después dentro de un costal. Es bien valorado lo que las autoridades están logrando sin embargo sus métodos pueden ser ampliamente cuestionados. 

¿Qué las autoridades se negaron a recibir la denuncia de desaparición? ¿Qué los videos donde se muestra el rostro de quien sustrajo a la niña de la escuela fueron revelados posterior a su muerte? ¿Qué el neoliberalismo es culpable de los feminicidios? No hay manera de borrar estas dudas, ni de cambiar lo que ya se hizo, pero sabemos que si es posible condenar a los responsables de esta muerte. 

Esta vez no se debe tomar a la ligera el asesinato de una menor. ¿Tenemos que recordar el caso Paulette? La niña de 4 años que fue reportada como desaparecida y nueve días después encontrada muerta a los pies de su cama. Sus padres y niñeras fueron detenidos como principales sospechosos, se buscó por toda la casa, más de 200 personas entraron al cuarto de la pequeña, reporteros y policías incluidos, hubo una confesión… 

Y, ¿cuál fue la resolución de este posible crimen? Cuando encontraron a la pequeña envuelta en sábanas manchadas de sangre con un pijama que se puede ver doblada en la esquina de la cama durante una entrevista se decretó que su muerte se debió a una asfixia accidental que ocurrió porque la niña cayó por un espacio entre el colchón y la estructura y no pudo pedir ayuda pues sufría de discapacidad motriz y de lenguaje.

Yo quisiera hablar del sistema de justicia y sentirme segura, sentir que nuestros niños, jóvenes, adultos y ancianos están seguros, pero esto no está sucediendo. Señor presidente, todos los mexicanos le pedimos que invierta en seguridad, que haga controles de confianza y que se modifiquen los sistemas de denuncia. Eso como mínimo… 

Quiero tener la confianza de salir a la calle y saber que voy a regresar. Quiero sentir que mis futuros hijos van a estar seguros y que nunca voy a temer al verlos alejarse de mi puerta. La seguridad es un derecho humano y una responsabilidad del Estado. ¿Acaso exigirla es demasiado?

La era irreversible del multiculturalismo

by Ana Regina Avila González
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A raíz de la campaña de Trump de “Make America Great Again” el discurso conservador extremo ha ido aumentando. En Estados Unidos se hicieron políticas estrictas de migración, separando familias en la frontera con México e inclusive no permitiendo la entrada de personas de Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen por afiliar (erróneamente) el Islam con el terrorismo. 

A partir de este movimiento y de la victoria de Trump, salió a la luz el estadounidense “puro” a defender “su tierra” de los extranjeros. No solo se vieron afectados los latinos y los musulmanes por la discriminación, sino cualquier persona que no tuviera la apariencia del estadounidense “blanco”. Empezaron a surgir videos de gente siendo acosada y violentada física y verbalmente en supermercados, parques y espacios públicos en general por el hecho de verse diferente o hablar otro idioma que no fuera el inglés.

Y así como pasa en Estados Unidos, también sucede en otros países como Gran Bretaña, Francia y Alemania. Hace 2 días hubo un tiroteo en un bar en Hanau, Alemania, con 9 muertos y ha sido confirmado como un crimen impulsado por la xenofobia por el perfil de extrema derecha del asesino y porque más de la mitad de las víctimas eran turcos. 

En verdad a mi me intriga, ¿por qué se les hace tan difícil a las personas aceptar a gente de un contexto cultural diferente al suyo? ¿Por qué les causa tanto conflicto ver a alguien con un color de piel diferente o escuchar a alguien hablando otro idioma? Nadie pide dónde y cómo nacer y nadie debería de cambiar su manera de ser por querer encajar en una sociedad y sentirse aceptado. El ser respetado debería ser intrínseco sin tener que fijarse de qué nacionalidad, género o religión es uno.

Estamos en una era irreversible de multiculturalismo. La migración no es un fenómeno de la globalización, pues éste se remonta desde los nómadas hasta las colonizaciones de nuevos continentes. Pero la globalización sí ha permitido que hoy en día el intercambio cultural se dé más fácilmente y que las personas puedan explorar y migrar a lugares que les ayuden a crecer personalmente. Esta multiculturalidad no va a ser echada atrás porque un grupo de personas sienten que sus tradiciones y privilegios están “siendo atacados”. 

Trabajemos en enseñar a los demás que haber crecido en un contexto cultural diferente no es pecado, pues todas somos personas que deberíamos ser respetadas por el simple hecho de ser humanos. Nuestros derechos terminan hasta los que los de los otros empiezan, y la violencia en cualquier contexto es inaceptable. Luchemos para que en las próximas generaciones abunde la solidaridad sobre el odio y la división.

¡No te preocupes Peña!

by Eugenio Roux Suárez
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La nota del diario estadounidense “The Wall Street Journal” está sacudiendo intensamente el panorama político mexicano y puso a temblar a más de uno del circulo cercano al ex Presidente Enrique Peña Nieto. Señalan, que un funcionario federal de la actual administración y cercano al Presidente López Obrador filtró que el ex Presidente Peña Nieto está siendo investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y como parte del expediente de investigación en curso del ex director de Pemex en ese sexenio Emilio Lozoya Austin, detenido en Málaga, España, apenas la semana pasada. 

Aunque la posibilidad de juzgar a un ex Presidente suena muy popular ante un ambiente social polarizado y la solo idea se “saborea” ante el escrutinio público, hay que tener paciencia, pues el proceso judicial apenas va comenzando y tiene muchas etapas. Primero, hay que esperar a que de inicio el largo y complejo proceso de extradición que ha caracterizado históricamente a España, y una vez en México, habrá que ver por cuáles delitos se le puede juzgar según lo que dictamine el Juez de aquel país europeo, pues no sería sorpresa para nadie, que ya instalado en una prisión mexicana no se arme bien el expediente en su contra y derive en su eventual liberación.

Este caso tiene múltiples derrames (Odebrecht, Anitrogenadados, despilfarro y excesos operados con las arcas de Pemex, el cobro por reuniones con el, etcétera) y en algún momento, va a derivar en lo político, y aunque el ex Presidente Peña Nieto no ha sido acusado formalmente en ninguna Corte, ni Emilio ha declarado en su contra, AMLO ya le mandó un mensaje vía su conferencia “mañanera”, mismo que podemos interpretar como el que hace unos años el ex titular del Ejecutivo le expresó en su momento a Rosario Robles: “No te preocupes Peña“; pues señaló de forma muy precisa, que “no le conviene al país perseguir, juzgar y encarcelar a un ex Presidente”; sin embargo, le funciona muy bien como distractor el poner sobre la mesa la idea de someter a consulta popular -como lo hacía Poncio Pilato en la plaza pública de la antigua Roma- si los ex Presidentes, por lo menos de Salinas de Gortari a la fecha, deban ser juzgados o no (misma que por cierto, expresó que el votaría en contra en la consulta). Sí, como si la aplicación de la justicia fuera selectiva y el Presidente tuviera la facultad de decidir a quien si y a quien no se le aplica la Ley. ¿Ese es el Estado de Derecho que pregonan?. Esperemos que la fuerza de los hechos lo pueda hacer modificar la postura por el bien de nuestra incipiente democracia.

La historia que comenzó a finales de 2016 y que se materializa en mayo de 2019 cuando la Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilita a Lozoya, tiene un elemento clave si en verdad existe voluntad política: la ruta del dinero, tarea que le corresponde a la UIF, es decir, a Santiago Nieto, que cabe recordar, fue el funcionario que separaron de su cargo como Fiscal Electoral en ese sexenio precisamente por indagar muy a fondo este tipo de casos de corrupción y lastimar fibras muy sensibles con el argumento de que el dinero terminaba finalmente en campañas políticas del Partido Revolucionario Institucional. ¿Habrá venganza política? No lo se, pero a Santiago voluntad política le debe sobrar; habrá que esperar a ver que línea le da el Presidente, pues si la obsesión de hacer historia se impone, que mejor que por primera vez en la historia, un ex Presidente de la República enfrente cargos de corrupción ante la justicia mexicana.

El debate enriquece la mente, se vale discrepar.