La Taquería

Pasos de bebé

by Javier Scheiman Flores
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Esta semana inició la vacunación de adultos mayores en distintas regiones del país, en lo que pareciera ser el inicio de un considerable incremento de las dosis diarias que se aplican, para ya poder comenzar a hablar sobre la inmunidad de rebaño en el mediano plazo. Sin embargo, el tema de las vacunas ha traído consigo un sinfín de escándalos (como con todo en este país) y de problemas que vamos a platicar en este espacio.

Lo primero es que hasta el momento la cantidad de vacunas administradas al día es mínima o casi nula. Se avanza a pasos de bebé. Hay días donde en toda la nación se inoculan 300 personas, a veces más, a veces menos. Claro que hay que entender que este ritmo no se mantendrá para siempre (como critican algunos opositores) pues conforme se vayan cumpliendo los contratos, las dosis aumentarán. 

Sin embargo, al ver países como Chile, que inmunizó a un millón de personas en un día; Israel, con 74.4 vacunas por cada 100 habitantes; o los Emiratos Árabes Unidos con 51.1 dosis por cada 100 habitantes, nos damos cuenta que no es necesario ser una superpotencia mundial o un productor de vacunas para poder acelerar este proceso.

Si bien la población de México es varias veces superior a la de estos países, la cantidad de vacunas que estos han administrado supera también varias veces a las aplicadas en nuestro país. Muestra de que, hasta el momento, la estrategia no está siendo efectiva en lo absoluto. 

Por otro lado, la figura de los “servidores de la nación” ha causado más problemas que soluciones. En un acto de gandallismo, se saltan la espera para aplicarse las dosis ellos mismos antes que el personal médico, y de paso incluir a sus familias y más cercanos. 

Sumémosle que ya en más de una ocasión se les ha visto recopilando datos personales portando los chalecos de Morena, lo cuál en cualquier lugar se interpreta como acto político o “electorero”, justo cuando este partido se encuentra a cuatro meses de jugarse su mayoría en la Cámara de Diputados. El descaro es a costa de las y los mexicanos.

Por último, celebro que al fin se comience a vacunar a los adultos mayores, pues es necesario y es urgente. Aún así, considero que es igual de importante terminar de vacunar al personal de salud de primera línea, y priorizar las vacunas que vayan llegando por profesión y riesgo, y no únicamente por edad. ¿Por qué no vacunar a médicos de consultorios privados, que también se arriesgan? ¿Por qué no vacunar a policías, bomberos, trabajadores de limpieza de las ciudades, trabajadores esenciales, aquellos que mantienen en pie a México y que se exponen todos los días?

Hay que diversificar y agilizar la aplicación de las vacunas para que tanto grupos de riesgo como grupos esenciales puedan vencer al virus. Es por el bien de México y de las y los mexicanos.

¿Qué opinas al respecto?

Las Mañaneras y la equidad en la competencia electoral

by Samuel Ramírez Mejía
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Es realmente incomprensible que el Presidente López Obrador no respete las reglas constitucionales destinadas a proteger la equidad en la competencia electoral. Sobre todo, porque dichas normas fueron incluidas en nuestra constitución justamente para impedir que servidoras y servidores públicos influyeran en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. Pero lo que sí limita con lo cínico es que las conductas ahora prohibidas tuvieron como víctima al mismo AMLO durante su primera campaña presidencial del 2006. 

Aunque ahora parece ya muy lejano, fueron las campañas negativas y la intervención mediática del presidente Fox lo que llevó, primero, a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenara al Consejo General del entonces llamado IFE instrumentar un procedimiento especial, abreviado, para que se pudieran depurar las conductas que estaban afectando la libertad del sufragio del electorado mexicano; y, además, a que la Sala Superior del TEPJF, en su dictamen de validez de la elección de 2006, concluyera que las intervenciones del presidente pusieron en riesgo la validez de la autenticidad de toda la elección.

Las campañas de dos mil seis pusieron en evidencia varios problemas que nuestra joven democracia electoral cargaba en su equipaje: 1) El acceso a radio y televisión basado en quién contaba con mayores recursos directos, por medio de financiamiento público o privado, o indirectos, en razón de las campañas veladas o expresas de sujetos privados a favor o en contra de los contendientes. 2) La intervención que los gobernantes podían realizar en la autenticidad de las campañas por medio de mensajes disfrazados de propaganda gubernamental. 3) La clara promoción personalizada que realizaban las y los servidores públicos por medio de la propaganda difundida bajo cualquier modalidad de comunicación social con la consecuente afectación a la equidad en la elección.

La reforma constitucional en materia electoral del 13 de noviembre del 2007 incorporó al texto fundamental algunas normas que me interesa resaltar: i) La obligación de todos los poderes y órganos de suspender la difusión de toda propaganda gubernamental durante las campañas electorales y hasta la conclusión de la jornada (art. 41, fracción III, Apartado C). ii) La obligación de todos los servidores públicos de aplicar en todo tiempo de forma imparcial los recursos públicos y sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos (art. 134, párrafo 7º). iii) La obligación de que la propaganda gubernamental, en todo tiempo, sea institucional, informativa, educativa o de orientación social y, además, la prohibición de que dicha propaganda incluya signos o imágenes que impliquen promoción personalizada de las y los servidores públicos (art. 134., párrafo 8º).

Estas reglas de rango constitucional fueron incorporadas justamente después de la poco limpia campaña electoral presidencial de dos mil seis y, como puede evidenciarse, buscaron alcanzar uno de los fines que están presentes en todo el entramado electoral nacional: la equidad en la competencia. Más claro aún, estas reglas se crearon como una consecuencia de las campañas negativas en contra de AMLO en ese año. Ahora, quince años después, parece ser que es el mismo presidente quien desea desconocer el alcance de estas normas por medio de sus mensajes de corte electoral en las Mañaneras.

Nadie podría desconocer que las y los servidores públicos gozan de derechos y libertades como la expresión política, y que, desde luego, las personas tenemos derecho a saber lo que nuestros gobiernos están realizando. Estas premisas justifican las novedosas Mañaneras, sin embargo, una mínima cultura constitucional debería concluir que las conferencias de prensa matutinas del Presidente también están sometidas a las reglas que describí. Y tampoco podemos negar que si el titular del Ejecutivo incumple con estas reglas constitucionales se afectará la equidad en la competencia entre los partidos durante las campañas electorales que están por iniciar.

En este mismo sentido, las Mañaneras deben ser tomadas como propaganda gubernamental, porque indudablemente son un instrumento de comunicación desde el poder. Recordemos, como afirma Castells (2012), que “en nuestro contexto histórico, la política es fundamentalmente una política mediática” y que “las relaciones de poder se basan en gran medida en la capacidad para modelar las mentes construyendo significados a través de la creación de imágenes”. Más allá de la libertad de expresión del Presidente y del derecho a estar informadas de las personas, ¿no es esto lo que construye todos los días AMLO en las Mañaneras? ¿No es esto lo que pretende construir al referirse en las Mañaneras a partidos políticos y coaliciones?

Justo con motivo de estas expresiones el Consejo General del INE, por orden de la Sala Superior del TEPJF, tuvo que conocer en pleno una solicitud de medida cautelar en contra del Presidente por las referencias electorales que hiciera en una Mañanera de diciembre pasado. Para tutelar la equidad en la competencia, el INE ha ordenado a AMLO que “en el mecanismo de comunicación gubernamental se abstenga de realizar conductas que involucren manifestaciones cuyo contenido pueden ser de naturaleza electoral, en apego a lo dispuesto por el párrafo séptimo del artículo 134 de la Constitución”. Esta determinación preventiva de carácter inhibitorio, como era de esperarse, fue impugnada por el partido del Presidente y por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

Paradojas de la vida: Quince años después de aquella campaña de 2006 López Obrador es quien ahora ejerce el poder. El Presidente es ahora quien construye su política por medio de las Mañaneras. Ahora, el presidente pasó de ser una víctima del poder mediático a un actor que debe ceñirse a las reglas que prohiben abusar del poder para beneficio propio o del partido en el gobierno. Aunque algunos pensemos que deberíamos privilegiar la libre circulación de las ideas y las opiniones, no podemos desconocer el alcance de las normas constitucionales. Sólo esperemos que el Tribunal Electoral logre otorgar más peso a la equidad en la contienda que al inmenso poder mediático del Presidente de la República.

#ElNidoDelGavilán: “La Guerra Civil del PAN y el Draft electoral 2021”

by José de Jesús Galindo
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En este espacio se había comentado la simulación política de imponer a Larrazábal como candidato a gobernador para zanjarle el camino al PRI. Lo que vive hoy el PAN Nuevo León es una terrible crisis interna justo antes de los comicios en 2021 donde el objetivo es/era minar la fuerza de Morena.

En tanto, Víctor Fuentes y ahora Felipe de Jesús, enojados y visiblemente enemistados con las decisiones políticas de la empresa Zeferino-Gracia & Friends S.A que gerencia al albiazul, decidieron romper con sus militancias de muchos años para unirse al proyecto de Clara Luz.

Mauro Guerra y la dirigencia ya hicieron el cálculo político y tendrán los argumentos para defender sus decisiones, el problema es el riesgo que presenta el hecho de no solo competir con las estructuras priistas de Escobedo operadas por Abel Guerra y el advenimiento de MC, sino contra el propio PAN.

Es cierto, la crisis del PAN no es nueva, tiene el acostumbrado nepotismo para elegir candidaturas, pero ahora incorpora nuevos elementos. En un intento de “renovación” y negociación, entraron en matrimonio con el PRI y ahora se suma una alianza algo inesperada, con el Bronco y algunos de sus funcionarios como Manuel González.

Y es que como dicen, a río revuelto, ganancia de pescadores, la profunda crisis interna del PAN avivó el Draft electoral posibilitando una inusitada flexibilidad de cuadros. Panistas en Morena, Priistas y Bronquistas en el PAN, Petistas en el PRI, figuras de la TV en el PRI y otras combinaciones, mostrando el poco interés que tienen en la institucionalidad, la ideología y hasta el proyecto político… lo importante es salir en la boleta, no importa cómo y ni con quién.

Sin ser vidente, se observa que el PAN está al borde de ser relegado a tercera fuerza del estado, cada día más arrinconado en sus bastiones.

Lo dicho, dicho está.

Nuevo León 21: derecho a la ciudad

by Jesús Antonio López Escobedo
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En los espacios anteriores de esta columna de opinión hemos hablado sobre la importancia de las próximas elecciones en Nuevo León, debido a que el contexto actual representa una gran oportunidad para transitar hacia un Estado que sea más sostenible y resiliente. 

Un tema toral para el futuro de Nuevo León es el que tiene que ver con el desarrollo urbano. En los últimos años, la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM) se ha convertido en un espacio urbano de gran insostenibilidad en términos sociales, ambientales y de movilidad. Las y los candidatos deben ser sensibles ante esta realidad y proactivos, proponiendo soluciones creativas y factibles que puedan conducirnos hacia una Zona Metropolitana con mayor bienestar para toda su población.

Uno de los principales retos que enfrenta la ZMM se relaciona con el crecimiento de la mancha urbana. De acuerdo con la OCDE (con base en datos del INEGI), la zona periférica de Monterrey se ha vuelto más densa en un 40% entre 2000 y 2010, mientras que la zona céntrica se ha despoblado en un 15%, durante el mismo período (CONL, 2016). 

Esto va en contra de la sostenibilidad de la Zona Metropolitana ya que, una de las condiciones necesarias para que una ciudad sea sostenible es que esta tenga un desarrollo urbano compacto y no disperso, como lo muestra la tendencia en Monterrey. A su vez, esto afecta directamente la vida de las y los neoloneses debido a que, al haber una organización urbana dispersa, las distancias se alargan, los tiempos de viaje se incrementan, el uso de medios de transporte motorizados se intensifica y la calidad del aire se deteriora aún más. 

Por ejemplo, de acuerdo con los resultados de la encuesta Cómo Vamos Nuevo León 2019, el lugar de trabajo es uno de los sitios menos cercanos a la vivienda. San Nicolás y San Pedro son los únicos municipios con mayor accesibilidad a comercios y servicios. 

Existen casos ejemplares alrededor del mundo sobre los beneficios de un desarrollo urbano compacto y con mayor densidad poblacional. Cabe mencionar que este tipo de desarrollo se traduce en un aumento en la productividad y eficiencia del gasto público, al ser este más concentrado; asimismo, se acortan los tiempos de viaje y se promueve el uso de medios de transporte no motorizados, lo cual tiene un impacto directo en la mejora de la salud pública y la calidad del aire (CONL, 2016).  

Además de ser compacto, el desarrollo urbano de Nuevo León debe de tener una perspectiva de Derecho a la Ciudad. Este tipo de derecho implica que todas las personas, sin discriminación de género, edad, condiciones de salud, ingresos, nacionalidad, etnia, condición migratoria, orientación política, religiosa o sexual, tienen derecho a disfrutar de todos los beneficios de la ciudad (Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, 2004). 

Sería bueno preguntarnos, en Monterrey y su Zona Metropolitana, ¿quiénes tienen su derecho a la ciudad garantizado?… Es interesante ver lo que pasa, por ejemplo, en el caso de las mujeres. De acuerdo con el trabajo de Zúñiga Elizalde (2014), la configuración espacial y social de las ciudades afectan el derecho a la ciudad de las mujeres debido a que, en la mayoría de las ocasiones, los espacios públicos propician la violencia verbal y/o física hacia ellas. 

Si las mujeres, para hacer uso de la ciudad, tienen que hacerlo de forma privada y/o dependiente, porque para viajar deben hacerlo preferiblemente en automóvil o si es en transporte público deben hacerlo acompañadas de alguien más, de preferencia un familiar masculino, ¿realmente es garantizado su derecho a la ciudad? 

¿Qué pasa con las y los migrantes? Quienes arriesgan sus vidas en una Zona Metropolitana repleta de calles y avenidas diseñadas principalmente para los automóviles. 

¿Realmente existe el derecho a la ciudad en la ZMM?  

Instagram/Twitter @toniuniversal 

Los chapulines y su Congreso

by Kristian Macías
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Se acerca la época electoral y empiezan a darse los saltos de los chapulines legislativos. La mayoría de los diputados locales ya saltaron o están a punto de buscar su nuevo puesto. Algunos, sin resultados tangibles, buscan una reelección. Otros tantos buscan alcaldías alineadas a los intereses de los partidos que representan. Otros más, de plano, se cambian de partido. Todos con el mismo objetivo: obtener un hueso a costa de nuestros impuestos.

Buenos para seguir en el “servicio” público, pero malos para servirle al público. Las principales problemáticas de la ciudad y de nuestro estado siguen sin resolverse. Nos dejan una ley de movilidad incompleta que no propone infraestructura ni planes integrales para que el peatón sea la prioridad en una zona metropolitana, la cual está cada vez más congestionada y sin alternativas de movilidad.

Vivimos con una creciente inseguridad de la cual el poder legislativo se ha desentendido. Los homicidios dolosos, los feminicidios y la violencia familiar siguen en aumento. No hay seguimiento a una carrera profesional de los policías, ni una mejora operativa de los y las agentes de seguridad municipales como primeros respondientes. Y ni hablemos de la asignación presupuestal a estrategias integrales de prevención, que esto aún no es prioridad de nuestros representantes.

Tampoco hay resolución en la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción, proceso que se ha convertido en un circo de señalamientos. Todos fuimos testigos de las acusaciones entre un Congreso parsimonioso y funcionarios que no asumen el nivel ni la responsabilidad de su encargo. Mientras, seguimos con auditorías a medias tintas, licitaciones opacas y una falta clara de transparencia y rendición de cuentas a nivel estatal y municipal. 

A todo esto hay que sumar la falta de respuestas a la creciente contaminación de nuestra ciudad. No sólo se le dio rienda suelta a las industrias y empresas contaminantes, sino que no hay presión por parte de nuestros representantes para contar con un órgano que sancione e impulse políticas de aire limpio y reducción de contaminantes. 

Estos serios problemas, y tantos más, llevan años sin respuestas profundas por parte del Congreso local. Sumémosle una justicia cívica que aún no opera, un sistema tributario que no atiende la informalidad y la falta de inclusión, una falta de paridad en la elección de funcionarios, jueces y magistrados, y una política basada en los intereses de los partidos. 

Muchos exdiputados y exdiputadas saldrán a pedir de nuevo el voto. Repitiendo las mismas actitudes de aparecerse cada elección y dejar a las vecinas y vecinos en el olvido otros tres años. Saldrán a decir que cuentan con la experiencia, dejando de lado su falta de resultados. Saldrán a presumir que han buscado atender problemáticas, cuando su “respuesta” es otro parche más al mismo sistema quebrado de representación. Este sistema donde una de las principales responsabilidades, la administración y auditoría de nuestros recursos, lleva décadas siendo ignorada. 

Hemos visto de primera mano que las vecinas y vecinos de nuestra ciudad no conocen a sus diputados y diputadas. La respuesta es sencilla, se deben a los partidos. ¿A quien le rinden cuentas? ¿Por quién votan? ¿A nombre de quién discuten? Todo es para y por los partidos, realidad evidente ante su falta de soluciones. 

Es momento de un Congreso que sí represente a las vecinas y vecinos de nuestra entidad. Un Congreso que entregue resultados tangibles, que nuestro presupuesto se enfoque en resolver los problemas de nuestras comunidades. Un congreso con diputados que se deban a las colonias y a su gente, no a los mismos partidos de siempre. 

Kristian Macías es profesor universitario y especialista en seguridad, justicia y políticas públicas. 

Página: www.kristianmacias.com

Podcast: https://open.spotify.com/show/5nqhB8OTYOj5fwe9RKxNBl?si=VOEzSUaSS8GWjUXX3vVSpQ

El Espacio nos pertenece a todos

by Verónica Lozano Prianti
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¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar en lo importante que es para una ciudad contar con espacios públicos de calidad? Honestamente yo no, por lo menos no tanto como debería hacerlo. 

La semana pasada tuve la oportunidad de asistir a un evento donde se habló del espacio público y una de las ponentes, Ximena Peredo, dijo una idea que me dejó marcada pues no había reflexionado en que entre dos factores que me rodean existe una relación. La cito a continuación:

“Creo que si dignificamos nuestro espacio público vamos a atender todo. Para mi, arreglar las banquetas es un problema que va a afectar positivamente la percepción de seguridad; vamos a volver a salir, vamos a discriminar menos, porque el espacio público es donde todos valemos igual. En el mall no todos valemos igual. En el espacio público otra vez volvemos a ser sociedad, en el parque donde no pagamos para entrar”. 

Antes de continuar daré un contexto para que ustedes, mis lectores, se den una idea del impacto que me causó esa frase. ONU-Hábitat definió en 2015 el espacio público como: “lugares de propiedad pública o de uso público, accesibles y agradables por todos de forma gratuita y sin afán de lucro. Esto incluye calles, espacios abiertos e instalaciones públicas.”

Cuando encontré esa definición e intenté trasladarla a mi vida obtuve resultados prácticamente nulos. Tengo carro, y normalmente me desplazo en él, por lo que pocas veces tengo la necesidad de caminar. Cuando se trata de hacer ejercicio pago un gimnasio, por lo tanto, mi conocimiento de parques cercanos a mi casa es casi inexistente. Siempre estudié en escuelas privadas y cuando debía ir a la biblioteca asistía a las de esas instituciones, por esa razón no tengo conocimiento de la calidad de las instalaciones de escuelas públicas o de si cerca de mi hogar hay alguna biblioteca del municipio. 

Que mal me sentí cuando caí en cuenta de que yo, definiéndome como una persona que busca la igualdad de derechos, de oportunidades y una sociedad unida que pueda hacer cambios positivos, no me he dado la oportunidad de convivir con mi comunidad más que cuando realizo voluntariados y actividades con la parroquia a la que asisto.

Y es que Ximena tiene toda la verdad diciendo que en el espacio público valemos igual y nos convertimos en sociedad. No todas las personas tienen la oportunidad de asistir al cine o a un concierto, o de ir a un centro comercial a comprar. Incluso en las personas que asisten hay diferencias pues algunos tienen mayor poder adquisitivo que otros y se nota en las bolsas de compras que cargan. 

Pero cuando vas al parque, cuando caminas por la calle, todos somos iguales. ¿Acaso un niño en los juegos infantiles excluye a los demás por su forma de vestir o de hablar? No, porque el hecho es que están ahí jugando, igual que él. ¿O acaso al caminar para tomar el metro o el camión una persona le dice a otra que se retire porque no pertenece a ese lugar? No, porque justo en ese sitio, en ese presente, son iguales y se enfrentan a lo mismo. 

Sin espacios públicos nos convertimos en ciudades segregadas, con líneas divisorias claras que van desde el género o la situación económica hasta la religión o la raza. Sin espacios públicos se limita la movilidad de los ciudadanos, crece la tensión social, aumenta la delincuencia, se promueve la inequidad, disminuye el desarrollo económico y se deja de pensar en problemas del medio ambiente como la calidad del aire.

Es cierto que el reto de mantener los espacios públicos le toca a los municipios, pero nosotros también tenemos un papel primordial en su cuidado. Salgamos a la calle para observar cómo estamos, pensar en cómo queremos estar y reclamar lo que nos toca. Asistamos a actividades que nos ayuden a reconstruir los parques y las calles. No seamos indiferentes cuando no nos afecta porque la ciudad nos pertenece a todos, no a unos cuantos. 

#Kleroterion: “Falso que se reducirán las pensiones”

by Waldo Fernández
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El lunes amanecimos con la noticia de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una contradicción de tesis entre tribunales federales que establece que los trabajadores de la llamada “generación de transición”, los que cotizaban en el IMSS antes del 1 de julio de 1997 y que decidan pensionarse con la ley de 1973, tendrán un tope de 10 salarios mínimos en su pensión y no de 25, que es lo que concede la ley de 1997 a quienes se pensionen con esa ley.

Esta tesis de la Suprema Corte generó una serie de noticias falsas en redes sociales, principalmente acusando al poder ejecutivo de promover una reducción en las pensiones de los trabajadores. Increíblemente muchas personas la empezaron a compartir sin investigar la VERDAD del tema. Esto es falso. Te explico por qué:

1. La división de poderes: El Presidente no le da órdenes al Poder Judicial, éste es autónomo.

2. El Presidente NO pidió a los ministros de la corte la reducción de pensiones. De hecho 9 de los 11 ministros fueron asignados por los presidentes anteriores, así que en todo caso tienen compromiso con ellos.

3. El director del IMSS Zoé Robledo ya aclaró que la controversia de tesis que emitió la SCJN sobre el recálculo en las pensiones no es una sentencia para las instituciones de seguridad social, sino “un criterio para los juzgados y los tribunales colegiados de menor jerarquía”.

4. Los 25 salarios mínimos siguen vigentes para quienes se pensionen con la ley de 1997, pero esa misma ley establece que recibirán esa pensión hasta que se termine lo que tienen ahorrado en su Afore.

Te explico OTRA VEZ qué fue lo que determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el criterio que emitió desde el 2010 y que ratificó en días pasados. Los trabajadores de la “generación de transición” al pensionarse tienen las siguientes opciones:

1.- Si el trabajador decide acogerse al régimen de 1973, el tope aplicable es el de 10 veces el salario mínimo a su pensión que obtiene de manera vitalicia.

2.- Si el trabajador opta por el régimen de 1997, actualmente vigente, le aplicará el tope de 25 veces el salario mínimo a su pensión, hasta el límite de lo ahorrado en su cuenta individual, es decir, de lo acumulado en su Afore.

No obstante, la tesis emitida por la SCJN no es de aplicación obligatoria, es decir, no es una jurisprudencia de aplicación general, sino que aplica sólo para los trabajadores que demanden al IMSS al estar inconformes con el cálculo de su pensión.

No te dejes llevar por las noticias falsas. Hay quienes buscan seguir dañando al país desinformando a la población. Si tienes alguna duda escríbeme a mi WhatsApp: 8118001357 y con gusto resuelvo tus dudas para que juntos combatamos las mentiras y la falsa información.

#ElNidoDelGavilán: “La privatización del espacio público: Caso Cumbres”

by José de Jesús Galindo
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Vivir en cualquier ciudad involucra convivir. Desde el inicio de la humanidad, las plazas y parques han funcionado como lugares en los que las comunidades se encuentran y se construyen. Dichos espacios públicos dan identidad de la ciudad a la que pertenecemos.

Desde finales del siglo pasado, el concepto del “sueño regio” impulsó al automóvil, el consumismo y la creación de plazas comerciales como insignias de la ciudad. Avenidas como Gonzalitos y Constitución se volvieron reflejo de esta realidad. A su vez, la expansión horizontal desmedida del área metropolitana de Monterrey generó que en un par de décadas, la ciudad vaya desde la salida a Saltillo hasta la refinería de Cadereyta, impulsándose un modelo inmobiliario de densidad habitacional baja y una privatización desmedida del espacio público.

En sintonía con esto, los gobiernos del área metropolitana de Monterrey por años, han abandonado la construcción de espacios públicos masivos y han outsourceado a los privados por medio de las plazas comerciales. Es por eso que sigue promoviendo el desarrollo de megaproyectos de usos múltiples que incorporan comercios, oficinas y departamentos. Nuevo Sur, Esfera y Punto Valle, los conceptos más icónicos de ello. se han convertido en ciudades dentro de la ciudad. 

En el caso de Cumbres, un boom demográfico a finales de los 90s y principalmente en los 2000s, lo que en algún momento terminaba en Plaza Cumbres se expandió hasta llegar a García. El gobierno de Monterrey se encargó de lotear todo, incluso partes restringidas del Cerro de las Mitras, la tierra se vendió a discreción a inmobiliarias que ahora son propietarias de una parte importante de la ciudad. Se repartió a granel, sin regulación, sin límites y sin un plan de ordenamiento urbano.

Se hizo de Paseo de los Leones una especie de corredor comercial-residencial totalmente anti-peatonal, eliminando todo transporte público de la zona y especulando con cada centímetro. En contra parte, se dejó a Lincoln en franca saturación como única posibilidad de llegar a García, generando caos vial en una carretera que se urbanizó inapropiadamente. Ahora co-existen terrenos baldíos, talleres y moteles con zonas residenciales y un tianguis de automóviles atrapado en el tiempo.

Los gobiernos de Monterrey y García no reservaron un metro cuadrado para generar un parque público verde, ni siquiera de evidencia de la vegetación original de la zona que aun permanece en algunos lotes baldíos. El gobierno estatal también brilló por su ausencia, sin construcción de hospitales, centros de salud, recintos deportivos, bibliotecas y centros comunitarios. Se ha dejado que los privados llenen de plazas comerciales y de casas dejando que la convivencia social se dé adentro de un HEB o un Costco.

La manera en que se ha talado y desmontado el terreno en toda la zona ha sido indiscriminado. Incluso hay ejemplos extremos, como Avenida La Reserva del lado de García, a unos metros de la frontera con Monterrey, donde el gobierno permitió una avenida que cruza un amplio terreno sin una sola construcción. Es una avenida fantasma con luminarias, señalética, pavimentación y bancas que se hizo para en un futuro lejano empezar a construir alrededor de esta, mientras se especula con los precios de los terrenos. A tal grado es el entreguismo de los gobiernos locales a las inmobiliarias.

No hay que olvidar que el mall no es una plaza pública pues no todos pueden costearse el lujo de consumir o vivir en esos espacios.

Lo dicho, dicho está.

Tenemos lo que democráticamente merecemos

by Luis Carlos Torre Garza
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En el Estado Mexicano, tal y como lo establece el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 3, fracción XXV de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se reputan servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial, funcionarios, empleados y, en general, toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso o en la Administración Pública (local o federal).

Ciertamente, el servicio público es un privilegio, el cual no debe ser entendido como una posición social de mando para determinado individuo, sino por el contrario, debe conceptualizarse como la oportunidad de ser parte de una estructura para el servicio comunitario.

Esto, pues el fin fundamental de cualquier Estado, no puede ser otro más que el bien común de su población.

Ahora bien, para cumplir con su finalidad, el Estado necesariamente debe allegarse de recursos, a través de impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, aportaciones de seguridad social, etc. que le permitan sufragar el gasto público, conforme lo disponga su presupuesto de egresos.

Precisando, que el gasto público debe realizarse atendiendo a los principios del artículo 134 Constitucional y definiciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a saber:

– Eficiencia: alcanzar los fines propuestos con el uso más racional de los medios existentes.

– Eficacia: obtener el resultado práctico deseado.

– Economía: se relaciona con la administración recta y prudente de los bienes, a efecto de lograr las mejores condiciones de contratación.

– Transparencia: consiste en hacer del conocimiento público el ejercicio del gasto.

– Imparcialidad: el funcionario debe mantenerse ajeno a los intereses de las personas que participan en los procedimientos licitatorios.

– Honradez: implica la rectitud de ánimo e integridad en el obrar.

Para lograr lo anterior, resulta imperativo que los mexicanos contemos con servidores públicos de primer nivel, honestos, capacitados, con vocación de servicio, sometidos a la legalidad y conscientes del alcance de sus decisiones en relación con el correcto ejercicio del poder público.

Esto, pues solamente a través de una correcta administración de recursos y gasto, el Estado puede cumplir con sus objetivos.

De esta forma, es que los partidos políticos juegan un papel fundamental en el correcto ejercicio de la Administración Pública, pues únicamente impulsando candidatos pertinentes es que los mexicanos podremos aspirar a tener servidores públicos de primer nivel y en consecuencia alcanzar el utópico bien común.

No obstante, la realidad es que hoy los partidos políticos buscan candidatos “populares” que produzcan votos, lo cual a su vez se traduce en mayor presupuesto para el siguiente ejercicio, anteponiendo intereses económicos prácticamente al bienestar de la población.

Afirmo lo anterior, pues nos han llenado de candidatos/funcionarios nescientes, sibaritas y nefelibatas, a saber, Irma Serrano ex diputada y senadora, Carmen Salinas ex diputada, Manuel Negrete alcalde, Ana Guevara senadora, Sergio Mayer diputado, Xicoténcatl González alcalde, Hilario Ramírez “Layin” ex alcalde, etc.

Los cuales, son más conocidos por sus dislates y trascordarse que por conducirse con la probidad inherente al cargo que ostentan o han ostentado.

Por lo anterior, considero imprescindible que los partidos políticos entiendan la trascendencia de sus decisiones al elegir candidatos y la importancia de que estos últimos tengan capacidad de materializar un correcto ejercicio de la administración pública.

Finalmente, a nosotros como ciudadanos nos corresponde ejercer de manera responsable el derecho y obligación del voto, pues solo así tendremos posibilidad de alcanzar la anhelada idea del bien común.

Política anticorrupción en México y derechos humanos

by Samuel Ramírez Mejía
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El treinta de agosto del año pasado se publicó el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024 del Presidente López Obrador. Por su parte, el veintinueve de enero pasado el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción aprobó finalmente la Política Nacional Anticorrupción. Por su parte, el pasado seis de diciembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aprobó un documento denominado Corrupción y derechos humanos: Estándares interamericanos.

Esta colaboración se centrará, en primer lugar, en hacer una breve descripción del contenido de ambos documentos; y, posteriormente, en delimitar cuál debe ser un enfoque de derechos humanos en cualquier política anticorrupción, según el referido documento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El Programa del Ejecutivo se sustenta en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y parece delimitar su problematización con los siguientes elementos: Por una parte, identificando a la corrupción como el principal problema del país, pero también subrayando a la impunidad como su principal; además, las consecuencias de la corrupción se describen en el sentido de que afecta a la sociedad, debilita la credibilidad en las instituciones estatales, disminuye el Estado de derecho y propicia  inseguridad jurídica, injusticia e incapacidad para garantizar y ejercer derechos fundamentales.

El Programa cuenta con cinco objetivos prioritarios y dos de ellos son: combatir frontalmente las causas y efectos de la corrupción y combatir los niveles de impunidad administrativa en el Gobierno Federal. Respecto de estos dos objetivos prioritarios, el Programa se desagrega en 11 estrategias prioritarias y 91 acciones específicas; asimismo, se propone alcanzar 6 metas que denomina de bienestar.

La Política Nacional Anticorrupción (PNA), por su parte, pone el foco del problema en la “incapacidad para controlar la corrupción en México, esto es, prevenirla, detectarla y sancionarla eficazmente, que favorece a unos cuantos en detrimento de la mayoría.”

Entre las causas de la corrupción, según la PNA, están: (i) altos niveles de impunidad, (ii) discrecionalidad excesiva y arbitrariedad, (iii) débil participación social y (iv) distorsión de puntos de contacto entre instituciones gubernamentales y la sociedad.

Como consecuencias de la corrupción se menciona que propicia formas de intercambio particulares, arbitrarias y excluyentes; fomenta el ejercicio ineficiente del gasto público y restringe el acceso a bienes y servicios públicos, particularmente a la población en situación de vulnerabilidad.

En la PNA se delinean cuatro ejes estratégicos: (1) combatir la corrupción y la impunidad, (2) combatir la arbitrariedad y el abuso de poder, (3) promover la mejora de la gestión pública y de los puntos de contacto entre gobierno y sociedad, y (4) involucrar a la sociedad y al sector privado. Como ejes transversales se aprobaron la coordinación, los derechos humanos, el gobierno abierto y la participación social, y la inteligencia y las tecnologías.

Para lograr su implementación, en la PNA se fijan 10 objetivos específicos y 40 prioridades de política, de las cuales 16 son de corto plazo (tres años o menos); 15, de mediano plazo (entre tres y seis años) y 9, de largo plazo (más de seis años). Además, se identifican los vínculos de coordinación que deberán existir entre todos los integrantes del Comité Coordinador del SNA al efecto de que se emitan los programas de implementación con sus objetivos específicos, estrategias, líneas de acción e indicadores para su evaluación. Por lo que hace a las políticas estatales anticorrupción que deben emitirse en los estados, en la PNA se expresa claramente que, si bien las políticas locales deben estar alineadas a los contenidos estratégicos  de la política nacional, también deberán contextualizar sus propios temas, diagnósticos y prioridades.

Por otra parte, en lo que hace al enfoque de derechos humanos de una política anticorrupción,  la Comisión Interamericana de derechos Humanos parte de la premisa de que “no sólo la corrupción viola derechos humanos, sino que se debe prestar atención a la forma en que diversos contextos de corrupción facilitan y/o fomentan la vulneración de derechos humanos.”

Específicamente, para la CIDH se debe prestar atención al impacto y afectación de la corrupción en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), como son el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación y al agua. Con relación a estos derechos, no solo puede existir una violación directa, sino que, incluso, al desviarse recursos públicos se estarían evitándose el desarrollo progresivo de los mismos porque no se hace alcanza el máximo de los recursos disponibles debido a los actos de corrupción.

Con relación a la prohibición de discriminación, común para todas las categorías de derechos, la CIDH subraya que los actos de corrupción pueden afectar de una manera desproporcional a las personas históricamente discriminadas y excluidas. La Comisión Interamericana también resalta el impacto que la corrupción tiene en la institucionalidad democrática, en la libertad de expresión, el acceso a la información. Resalto que para la CIDH es muy importante que “las informaciones y opiniones sobre figuras públicas con relación a hechos de corrupción deben gozar de una especial protección.”

La propuesta de la CIDH es que toda política anticorrupción con enfoque de derechos humanos coloque en su centro a las víctimas de la corrupción como principio orientador y punto de partida: “las víctimas de la corrupción deben estar en el centro de la lucha contra este fenómeno y formar parte del análisis, diagnóstico, diseño e implementación…” Esto es, “no es posible pensar la corrupción como un ilícito sin víctimas.”

La CIDH establece en su documento que, además de la centralidad de las víctimas, cualquier política anticorrupción con enfoque de derechos humanos debe tomar en cuenta los siguientes principios: (a) La igualdad y la no discriminación, para lograr enfocar esfuerzos en los grupos de personas que tienen alguna desventaja de acceso a los derechos. (b) La participación y la inclusión social, teniendo cuidado de no identificar esta participación como “la voluntad de las mayorías”. (c) Garantía de mecanismos de reclamo y acceso a la justicia. (d) La transparencia y rendición de cuentas garantizada con la producción y acceso a la información, en el sentido de información desde las dimensiones cuantitativa y cualitativa, pero también desagregada por segmentos de población que han sufrido discriminación histórica. (e) La protección prioritaria a grupos en situación de discriminación histórica. Y (f) la inclusión de la perspectiva de género y diversidad.

Adicionalmente, la CIDH considera como supuestos positivos de la política anticorrupción con enfoque de derechos humanos, una eficiente coordinación horizontal y vertical para potenciar todos los esfuerzos anticorrupción; considerar medidas dirigidas a erradicar la cultura de la tolerancia hacia la corrupción; y, por último, la relevancia de la cooperación internacional y una perspectiva que considere también la corrupción transnacional.

Hecha esta breve descripción, en la siguiente colaboración se estudiará si el Programa del Ejecutivo y la Política Nacional Anticorrupción tienen un enfoque de derechos humanos.

Fuentes consultadas.

CIDH. 2019. Corrupción y derechos humanos: Estándares interamericanos. OEA/Ser. L/V/II, doc. 236, 6 de diciembre, español.

COMITÉ COORDINADOR DEL SNA. 2020. Política Nacional Anticorrupción. Aprobada el 29 de enero.

SECRETARÍA DE ECONOMÍA. 2019. Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024. Diario Oficial de la Federación del 30 de agosto.