La justicia necesaria

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En días recientes y por todos los medios de comunicación así como redes sociales, se habló y analizó el paquete de iniciativas en materia de Justicia del Fiscal General de la República, la Consejería Jurídica y el Senador Ricardo Monreal. Esta supuesta iniciativa filtrada a medios de comunicación, fue sumamente criticada por académicos, especialistas y analistas debido a su contenido que iba en sentido contrario al nuevo sistema de justicia penal del año 2008, la reforma en 2011 en materia de derechos humanos, y su naturaleza de respeto a los derechos humanos de todas las personas (partes) involucradas  en el proceso de justicia. Sin la intención que analizar a profundidad dicho paquete de iniciativas, la realidad es que este hecho abrió la puerta para discutir y reflexionar sobre una situación de trascendencia y relevancia para nuestro país: el sistema de justicia mexicano.

En esencia, un sistema de justicia es un factor determinante para la consolidación del Estado de Derecho, instituciones y una vida democrática ,  generando una mayor satisfacción confianza y educación ciudadana con los aparatos del Estado; en ese sentido, si verdaderamente queremos combatir la corrupción, la impunidad, la desigualdad, tenemos que apostarle a transformar nuestro sistema de  procuración de impartición de justicia. Sin embargo, una modificación tan ambiciosa y con  una  supuesta de  intención de cambiar las cosas de fondo, obliga a incluir a los diversos actores involucrados como Universidades, activistas, Centros de Investigación, Colegios Profesionales, el mismo Poder Judicial, etc, cuyas opiniones y aportaciones son necesarias y fundamentales para realizar una reforma integral. En segundo término, hay que entender la realidad social para conocer los flagelos del sistema judicial.

De acuerdo con la organización World Justice Project en su Índice de Estado de Derecho 2019, México ocupa el puesto 99 de 126 países evaluados, lo que representa una caída de 2 posiciones en comparación con las evaluaciones 2017-2018; siguiendo el mismo Índice, una de las mayores preocupaciones de la organización, es el deterioro general del Estado de Derecho y  los controles al poder gubernamental. Los datos anteriores resultan alarmantes, ya que el apego a la ley y a las arbitrariedades del poder, son imperativos para poder soluciones los problemas de la sociedad. Como afirmar una destacada constitucionalista : “la justicia es un instrumento de pacificación”, y en esa lógica, debemos fortalecer estos mecanismos de pacificación cotidiana o extraordinaria. También, existen temas urgentes como el expuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya que en México el 98% de de los delitos permanecen en total impunidad, lo que reduce la confianza de los ciudadanos con los aparatos del Estado, incrementaron aún más la cifra negra de delitos no denunciados, generando un circulo vicioso de injusticia sistemática. De igual manera, para aquellos dentro del sistema penitenciario, existe una violación sistemática del debido proceso y  presunción de inocencia, así como otros  derechos humanos, ya que en el 2016, el 35% de las personas en cárceles no ha sido sentenciado . Sumando los datos anteriores, vemos que en nuestro país solo se resuelven el 5% de los homicidios y 5 condenas por cada 100 víctimas. Vemos que realmente existe un  sistema deficiente, cuando la alta carga de casos en los Ministerios Públicos llega a ser inquietante cuando en lugares como en Guerrero cada fiscal tiene 900 casos pendientes y en términos generales son 102 crímenes sin respuesta por cada policía de investigación; lo que nos hace afirmar que “esclarecer un homicidio en México es una excepción y no una regla” en donde somos el penúltimo lugar (58 de 59) de países evaluados en impunidad en torno a seguridad, justicia y derechos humanos. Cómo podemos ver analizando datos generales y de una fracción del universo de problemas relacionados al comportamiento del aparato de justicia mexicano, estamos pasando una crisis identificada y urgente. Por ello, resulta ser de toda trascendencia, sin embargo, necesitamos abordarlo desde la realidad y no de la realidad política. En palabras de la Dra. Ana Laura Magaloni en el Senado de la República: “Nunca en México ha existido una reforma a la justicia que se llame y apellide acceso. Nunca nos hemos propuesto seriamente derribar las enormes barreras de acceso a la justicia de los millones de personas que viven en pobreza y exclusión. Una cuestión tan básica como darles abogados a quienes no pueden pagar uno ha sido, hasta ahora, un asunto invisible, irrelevante o, quizá, amenazante. Una sociedad que limita el acceso a la justicia a millones de personas es por definición un sociedad desigual”.

Prevención, la respuesta a la inseguridad

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El INEGI compartió los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU). Los resultados en percepción de seguridad muestran lo que se vive día a día en la calle de nuestra ciudad: una creciente inseguridad. La estrategia de la administración actual ha fallado. 

Al recorrer las calles del Distrito 4 me he dado cuenta de que el reclamo principal es la inseguridad, los robos, asaltos y hasta asesinatos. La Francisco Naranjo, 10 de marzo, Garza Nieto, Industrial, Independencia, Centro y Mitras siguen sufriendo la falta de estrategias integrales que aseguren una vida digna. 

Este reclamo tiene eco con las estadísticas de procuración de justicia de la Fiscalía de Nuevo León, las cuales muestran que, si bien la incidencia delictiva en Monterrey ha bajado un 13%, los delitos de alto impacto y aquellos que dañan el tejido social se han incrementado. Los casos de abuso sexual, violación, violencia familiar, robo, homicidio y narcomenudeo aumentaron en promedio un 30% del 2017 a la fecha.

La estrategia actual se ha enfocado en la reacción, es decir, una vez que ocurre el delito se le da atención. Este enfoque evidentemente ha rebasado a la actual administración. Se ha invertido una cantidad histórica en patrullas, policías, equipamiento y armamento, pero los resultados son mínimos. Urge cambiar de enfoque. Más balas no nos han dado más seguridad. 

El tener la oportunidad de participar en la propuesta de diseño de las unidades de prevención municipales, me ha permitido constatar que es necesario que la estrategia prioritaria se enfoque ahora en la prevención. 

La prevención es sólo el primer paso para asegurar un sistema de seguridad que sí funcione para todos. Después de capacitar a más de 1,300 policías estatales y municipales en derechos humanos y en protocolos de primer respondiente, sé de primera mano que las estrategias de prevención se deben complementar con la profesionalización policial. Es necesaria una carrera policial que sí opere y un sistema de evaluación y seguimiento operativo, así como contar con los perfiles adecuados para la atención a víctimas y realizar actividades de investigación y coordinación con la Fiscalía para el esclarecimiento de los hechos. 

Tenemos que desarrollar una estrategia de seguridad basada en la prevención de la violencia y el delito. Esto se logra a través de estrategias conjuntas en el ámbito laboral, educativo, psicológico y social.

  • En lo laboral se deben realizar convenios con empresas para vincular a las y los jóvenes con oportunidades de desarrollo profesional y económico.
  • En lo educativo se debe implementar una cultura de prevención y de no violencia desde los niveles básicos y fortalecer el desarrollo de habilidades en adolescentes y adultos con cursos técnicos y de oficio para su crecimiento personal y económico.
  • Se deben detectar tempranamente comportamientos antisociales en las familias y jóvenes para tener un acompañamiento psicológico y lograr atender estas alertas. 
  • En lo social tenemos que construir comunidad: escuela, gobierno, empresa y sociedad. Hay que revivir los centros comunitarios para que se vuelvan el núcleo de desarrollo comunitario, familiar y social. 

Cambiemos la ilusión de seguridad por la realidad de una ciudad segura. 

Kristian Macías es aspirante a candidato independiente por el distrito 4 local en Monterrey.

Conoce más en www.kristianmacias.com

El populismo y su desprecio por la técnica

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El gobierno actual, así como el pensamiento colectivo, vinculan la técnica con el modelo llamado neoliberal. El mismo presidente ha denotado a los datos y a su interpretación como un mecanismo vil propio de los conservadores neoliberales.

Igualmente, un conjunto de la sociedad atribuye la capacidad de análisis al grupo denominado como tecnócratas, quienes se cree erróneamente que ascendieron en el sexenio de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, provenientes de universidades como el ITAM y el Tecnológico de Monterrey y con estudios de posgrado en prestigiosas universidades de Estados Unidos. Sin embargo, la tecnocracia no se vincula necesariamente a un modelo económico en específico, en este caso con un programa que iza las banderas de la desregulación del mercado y el fomento de la inversión privada.

La tecnocracia, entendida como el gobierno de los técnicos, implica el ascenso de una élite política que se distingue del político tradicional -carrera en la burocracia y poco acercamiento con el electorado- pero también del técnico que a mediados del siglo pasado su función se reducía al análisis y factibilidad de las políticas públicas, sin ninguna incidencia en su orientación.

Esta nueva élite política no asciende a los altos mandos de poder en la época del modelo neoliberal, sino en el del desarrollo compartido de Luis Echeverría. Siendo el primer presidente en no haber ocupado previamente un puesto sujeto a elección popular y con el objetivo de romper con el ala de Díaz Ordaz, buscó rodearse de un grupo de jóvenes técnicos al que les ofreció el mando de las secretarías financieras.

Durante este sexenio y el de López Portillo, las formas del quehacer de la política pública, en general, y de la política económica, en específico, se transformaron, priorizando la formación de un cuerpo de funcionarios letrados en el ámbito económico en tanto disciplina científica: Hugo B. Margáin, Mario Ramón Beteta, David Ibarra, Jesús Silva-Herzog, Miguel de la Madrid, Carlos Tello, Francisco Javier Alejo, José Andrés Oteyza, entre muchos otros.

El modelo desarrollista, al igual que el Estado de Bienestar en Europa, exigía rigurosidad analítica y evaluación minuciosa de los programas políticos, en tanto que el gobierno participaba activamente en la economía. Muchos de estos funcionarios, en su mayoría economistas, cursaron posgrados en universidades extranjeras, aunque el destino predilecto no era Estados Unidos como sí lo fue para los funcionarios del periodo de la liberalización económica, sino en Europa, especialmente Cambridge, un bastión keynesiano.

Fue el populismo económico de Echeverría y López Portillo y no el programa desarrollista el que generó los desajustes en la estabilidad macroeconómica del país: discrecionalidad de la política monetaria, incremento del déficit fiscal y de la deuda pública, petrolización de la economía, etc. Ya fue el caso que Margáin fue destituido por oponerse a la espiral de endeudamiento del gobierno de Echeverría, quien lo sustituyó por López Portillo.

La errónea creencia acerca del inseparable binomio neoliberalismo-tecnocracia ha legitimado el menosprecio por la técnica. Para el presidente son los datos y no las políticas las que deben de ajustarse a la realidad; una realidad que cree transformar a partir de su voluntad y virtud.

No hay nada más peligroso que un mandatario se guíe ciegamente por sus ideales sin constatar su plausibilidad en la realidad. Las utopías que ha enarbolado el populismo en distintas latitudes conllevan a desenlaces desastrosos, como el que seguramente ocurrirá en el sistema de salud pública. Sin un diagnóstico previo, sin considerar aquello que sí funcionaba, como el Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos, desechándolo por simplemente haberse construido en época del neoliberalismo, el gobierno federal comienza un retroceso de más de treinta años: la recentralización conlleva a la ineficiencia en la asignación de los recursos y la cobertura universal que promueve es financieramente inviable.

El populismo lopezobradorista es crítico acérrimo de la técnica en tanto la considera un correlato del modelo neoliberal. Como señaló Schumpeter en el caso de la ciencia económica, las teorías pueden verse influidas por elementos ideológicos, pero la técnica es una herramienta que no se encuentra atada a la predisposición política del sujeto que la aplica, sino a la realidad fáctica. Al igual que la democracia, la técnica se encuentra vaciada de sesgos ideológicos; tal es el caso que ambos pueden funcionar en agendas políticas diametralmente opuestas. 

La última oportunidad: Evo Morales

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Este fin de semana el expresidente Evo Morales, actualmente con asilo político en Argentina, anunció que su partido político, el Movimiento al Socialismo – Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), finalmente cuenta ya con un binomio de cara a las elecciones del próximo mes de mayo: se trata del exministro de Economía Luis Arce (para presidente) y el exministro de asuntos exteriores, David Choquehuanca (para la vicepresidencia).

Para quienes no los conocen, Arce estuvo en su cargo desde 2006 y prácticamente hasta el la reciente salida del expresidente. Durante los primeros años, y por encargo de Morales, estuvo altamente involucrado en las empresas estatizadas desde el gobierno y a él se le atribuye el “milagro boliviano”: desde 2006 y hasta la fecha, la economía boliviana ha crecido ha ido siempre en crecimiento y tan sólo en 2015 tuvo un pequeño revés en términos de PIB per cápita. Por su parte, Choquehuanca acompañó desde 2006 y hasta 2017 y fue Secretario General de la ALBA, organismo internacional de entre cuyos miembros destacan Cuba, Nicaragua y Venezuela; países con fuerte sentimiento antiimperialista y con gobiernos de izquierda originarios de la revolución.

Otros nombres como el de Andrónico Rodríguez, considerado como el hijo político de Morales, también fueron propuestos por grupos al interior del partido. A pesar de su cercanía con el expresidente, no fue tomado en cuenta. En cambio, tanto Arce como Choquehuanca fueron de los miembros que más tiempo permanecieron dentro de los distintos gabinetes de Evo.

La clave de su designación podría tener una triple vertiente. En primer lugar, y la más sencilla, por la cercanía con Morales. Después de que el mandatario ocupó la presidencia por más de una década -y tomando en cuenta la manera en la que se produjo su salida- el designar a este binomio podría, hasta cierto punto, garantizarle condiciones para su regreso al país.

En segunda instancia, por las áreas en las que anteriormente operaban. Un país como Bolivia que es altamente dependiente de sus recursos naturales (más del 80% de las reservas mundiales de litio se encuentran en territorio boliviano) y con un gasto público “alto” (debido a la nacionalización de empresas y servicios), requiere de un buen administrador. Además, y de manera tradicional, una de las áreas que siempre es prioritaria para un gobierno es la relación que tiene con sus similares. El reconocimiento de las soberanías entre estados siempre es una prioridad. Si no, que les pregunten a los escoceses, los québecois, los catalanes o a Guaidó y Maduro.

Y, finalmente, por la necesidad de una apuesta moderada en tiempos convulsos. Si bien el objetivo de Morales es que su partido se mantenga en el poder, sabe que existe un riesgo de que no sea así. Por lo cual, y en caso de que la derecha se mantuviera en el gobierno (y da muestras de ello al Jeanine Áñez haber ampliado su mandato recientemente), la única alternativa que tendría el MAS sería negociar con el nuevo gobierno y así buscar la manera de, desde la oposición, mantenerse relativamente vigente y no perder todo su poder político, particularmente Arce, quien es conocido por ser de un ala menos radical dentro del partido.

El panorama para el más MAS es complicado de cara a la cita electoral de mayo y se enfrenta a una prueba importante. Es la última oportunidad para Morales de conservar algo de poder. “El hombre propone y Dios dispone”, o más bien “Evo propone y Jeanine dispone” porque, así como hay mecanismos en contra de Morales, ¿por qué no pensar que también podrían ser activados en contra de Arce y Choquehuanca? Habrá que esperar.

En busca de la Dictadura Perfecta

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La semana pasada hubo mucha controversia en el gremio jurista. Se planteó una posible reforma a nuestro Sistema Penal en México, misma reforma que contenía muchas leyes retrogradas a nuestro Sistema Penal actual.

Esta reforma, es una prueba más de que la cuarta transformación quiere controlar los tres poderes de gobierno, imponiéndose sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre el Consejo de la Judicatura y sobre la autonomía de los Congresos Locales.

Dentro de la propuesta, se busca crear un Tribunal Especializado en materia de Responsabilidades Penales, con la finalidad de que los integrantes del Poder Judicial Federal puedan ser juzgados en caso de que incurran en delitos relacionados con su responsabilidad. 

Este tribunal especializado estaría conformado por Jueces y Magistrados, que serían designados por el mismísimo Senado, de igual forma, el Senado tendría la facultad de observar, vigilar y controlar las intenciones de investigación que el Tribunal Especializado realice, sustituyendo la labor que realiza el Consejo de la Judicatura Federal.

En la misma propuesta, se busca la creación de un Código Nacional Penal, con la finalidad de que el Congreso de La Unión sustituya la facultad de establecer y tipificar delitos a los Congresos Locales.

Actualmente los Congresos Locales tienen autonomía para establecer y tipificar delitos, por ejemplo, cada Congreso Local tiene la facultad de definir como conducta delictiva o no delictiva la interrupción voluntaria del embarazo; de proceder la iniciativa, esa facultad que tienen los Congresos Locales quedaría únicamente en manos del Congreso de la Unión.

Éstas sólo son unas de las pocas propuestas de reforma que se plantean para la modificación del Sistema Penal en el año 2020. Es increíble el descaro del Gobierno Federal de querer controlar todo, así mismo es lamentable que teniendo actualmente un Sistema Penal garantista, regresemos a un Sistema Penal con muchas fallas y violaciones a los derechos humanos, sin olvidar todo el gasto que se ha hecho para implementar el Sistema Penal actual.

Una vez más, bienvenidos a la cuarta transformación. 

#ElNidoDelGavilán: “La Línea 3 que no llega”

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6 años han pasado desde que la construcción de la Línea 3 de Metrorrey empezó. 6 años de promesas de término, de cambio de gobernador, de presidente, de financiamientos que no llegaron, de trenes que siguen sin llegar y de un nuevo acuerdo, ahora con China, para la compra de vagones.

Una obra que debió inaugurarse en 2015, ahora El Bronco promete su operación para 2021, si bien nos va. Un gobierno como el de Jaime que se recordará como inconsistente, débil en el tema de la seguridad y sin obras de infraestructura importantes, asegura que en los últimos meses de su gobierno estará lista.

El Plan Maestro de 1987 proyecta a la Línea 3 con un término sobre la avenida López Mateos llegando a los límites entre San Nicolás y Apodaca. Sin embargo, la obra civil sólo llegó hasta el Hospital Metropolitano.

De acuerdo con dicho plan, para el año 2000, Monterrey debió tener 4 líneas (La cuarta hacia Santa Catarina), sin embargo, en pleno 2020 se hace una línea 3 incompleta y que es insuficiente ante la expansión de la ciudad. Es increíble que Metrorrey siga operando con un proyecto de ciudad basado en 1987 cuando la ciudad cambió en mayor medida a lo esperado… y sigue.

La Línea 3 es un proyecto que no movilizará a gran parte de la ciudad, pues va del centro hacia el Hospital Metropolitano. Esta zona se pudo atender mediante otro sistema de transporte como Ecovía, priorizando el Metro hacia las zonas realmente densas del área metropolitana como Escobedo, Juárez o García.

El área metropolitana de Monterrey cada día se va atrasando en opciones de movilidad a nivel latinoamericano frente a ciudades como Medellín, La Paz o Caracas con poblaciones semejantes.

Mientras tanto, lo único que tenemos -completo– de la Línea 3 es la réplica en Minecraft de dicha línea que se viralizó en Facebook y prensa hace un par de días.

Lo dicho, dicho está.

#Kleroterion: “¿Por qué antes no corrigieron el fraude del Seguro Popular?”

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Hoy quienes nunca se interesaron por la seguridad social de los más pobres cuestionan el esfuerzo titánico de la Cuarta Transformación por consolidar un modelo de seguridad social universal comparable a los mejores del mundo. Las críticas sobran, pero esos  mismos críticos nunca alzaron la voz ante las irregularidades detectadas en el Seguro Popular. 

De acuerdo con datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) entre 2015 y 2016 los gobiernos estatales desviaron recursos millonarios del Seguro Popular,  las irregularidades encontradas sumaron más de 19 mil 500 millones de pesos. A esta cantidad deberían añadirse otros 13 mil millones que el Gobierno federal distrajo en esos mismos años del fideicomiso concentrador, donde el Seguro Popular guardaba sus recursos.

Eso es sólo en esos dos años y si usted busca pronunciamientos de la oposición denunciando la situación será difícil que las encuentre porque básicamente guardaron un SILENCIO COMPLICE ¿por qué?

Quizás la respuesta a esa pregunta se encuentre en los millones de pesos que cada gobierno estatal dispuso y en las muchas irregularidades documentadas. Hubo gobiernos que recibieron dinero y lo ejercieron con opacidad, que no elevaron el nivel de atención y que antes JAMÁS pusieron un peso más de su bolsa, como ahora anuncian que lo harán, para cubrir la atención en enfermedades que el Seguro Popular no cubría.

Pero incluso si les damos el beneficio de la duda, la pregunta es: ¿por qué se niegan a apoyar al INSABI? ¿por qué critican el nuevo modelo en lugar de ser pro activos y colaborar para perfeccionarlo?  ¿Por qué hoy sí “les interesa” la salud de los que menos tienen si antes volteaban la vista y dejaban todo a cargo del Seguro Popular? Otra vez quizás la respuesta se encuentre en los millones que dejarán de recibir, en los contratos de medicinas y construcción de hospitales que ya no podrán asignar, en la nómina que ya no podrán controlar a su antojo y beneficio.

Durante el fin de semana los gobernadores del PAN anunciaron la creación de una alternativa al INSABI que “garantice el servicio gratuito, cobertura y calidad en los servicios de salud para todos los mexicanos” y  que mantenga los beneficios del seguro popular.

Habría que preguntarse ¿beneficios para quien?, pero en última instancia el tema de fondo aquí es: si tanto les importaba, como hoy dicen, la salud de los más pobres, ¿por qué no le pusieron un alto a las irregularidades del Seguro Popular documentadas en las tres administraciones anteriores? ¿por qué no hicieron los ajustes de presupuesto y las leyes necesarias para que desde hace décadas México tuviera un sistema de salud universal? ¿por qué prefirieron mantener un sistema que los beneficiaba a ellos y permitieron que la calidad del sistema de salud disminuyera año con año? ¿Por qué a pesar de las pruebas documentadas y de los señalamientos de organismos internacionales nunca corrigieron EL FRAUDE DEL SEGURO POPULAR?

Tres años antes

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Comenzamos esta semana con otro de los videos de Ricardo Anaya, de alta producción, hablándole a México. Esta vez anuncia que rechazará ser diputado federal plurinominal por el Partido Acción Nacional para recorrer todo el país, empezando con mil municipios, escuchando a la gente de cara a la elección presidencial de 2024.

A poco más de tres años, ya tenemos al primer destapado.

Su plan de caminar por México, sus montañas y sus valles, recuerda un poco a la estrategia que usó Andrés Manuel López Obrador durante varios años para ganarse la simpatía de la gente. Fácilmente se puede confundir por ambición de poder, aunque el ex candidato presidencial lo anuncia como una fuerte necesidad de un verdadero cambio.

En la Cámara de Diputados, es probable que Anaya hubiera encabezado al Grupo Parlamentario del PAN o alguna comisión notable, pues es conocido que es una de las voces más fuertes en contra del actual gobierno de la 4T, incluso desde antes de las campañas de 2018. Famoso por los argumentos que presentaba en los debates presidenciales y las confrontaciones que tenía con López Obrador, Ricardo ha ido ganando terreno desde su reaparición pública hace meses después de dedicarse a su familia por dos años.

Es de suponerse que si eligió este camino es porque el apoyo a su candidatura existe, más aún por la notable ausencia de líderes en Acción Nacional. Este partido, que en algún momento fue el más fuerte de México, sufre de una crisis interna derivada de la triste gestión de Marko Cortés, de la ruptura de antiguos líderes y de la falta de perfiles fuertes que den la cara por la oposición mexicana.

Ahora, esta estrategia de Anaya Cortés deja ver claramente que, si bien si es posible que tenga genuino interés por el bienestar de México, es un personaje muy ambicioso. 

¿Recuerdan cuando en 2018 se impuso como candidato de su partido y como consecuencia Margarita Zavala renunció y con eso el PAN se fragmentó? Eso fue por la ambición de Ricardo. Consiguió una considerable cantidad de votos y se posicionó como un importante opositor, pero también se le recuerda por dañar a un partido con tal de poner su proyecto personal por encima de todo lo demás.

Anunciar una intención presidencial con tres años de adelanto no es nuevo, pero ya conocemos bien qué características tienen aquellos personajes que lo hacen. 

Tiene mucho tiempo para ganarse la confianza de las y los mexicanos. Pero también, en un instante sus aspiraciones prematuras se pueden venir abajo. Habrá que estar pendientes de su recorrido y quienes desde ahora suenan para ocupar Palacio Nacional el siguiente sexenio.

¿Qué opinas al respecto?

Sometimiento ineludible

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Todos los mexicanos, tenemos el derecho y la obligación de votar en las elecciones populares.

A través del ejercicio del referido derecho, en nuestro País elegimos al Presidente de la República, a quien se le deposita el ejercicio del Poder Ejecutivo de la Unión.

Cada uno de los Presidentes electos tienen su propio proyecto y visión, respecto de hacia donde quieren llevar a nuestra Nación, para lo cual organizan un sistema de planeación democrática, que imprime solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y democratización política, social y cultural del País, al que se le denomina Plan Nacional de Desarrollo y al que deben sujetarse los programas de la Administración Pública Federal.

Para poder materializar su visión, es necesario proponer al Congreso de la Unión reformas a disposiciones secundarias e incluso en ocasiones a la Constitución.

Sobre el particular, durante el mandato de Vicente Fox se reformaron 31 artículos, con Felipe Calderón 110 artículos, Peña Nieto 155 artículos, mientras que durante la administración del Presidente López Obrador se han reformado 42 artículos, todos los anteriores de nuestra Constitución.

La facilidad y cantidad de reformas me parece deplorable, pues se trata de la Norma Fundamental en la que descansa la totalidad del sistema jurídico mexicano, el federalismo, la división de poderes, etc.

Máxime, que en cualquier Estado Constitucional lo conducente es que la actuación de las autoridades, incluyendo al Presidente, se subordinen a la Magna Carta y no, que ésta se subordine a su visión de la Nación.

Sobre este punto, una de las cuestiones que me parecen más alarmantes respecto a las modificaciones del texto Constitucional, es que cualquiera de sus preceptos puede ser reformado con la misma facilidad, pues su artículo 135 únicamente establece que las adiciones a nuestra Norma Fundamental requieren que el Congreso con el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes acuerden las reformas y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México, pero sin distinguir entre tipos de normas.

A efecto de ejemplificar la gravedad de la situación, hoy esta en análisis la pertinencia de reformar la Constitución para desaparecer algunos Organos Constitucionales Autónomos. De realizarse la referida reforma, debemos dimensionar que con la misma facilidad con la que pueden desaparecer dichos Organos podría llegar otro Presidente y Congreso, proponiendo y aprobando una reforma para modificar el sistema federal, subordinar al Poder Judicial, entre otras, pues insisto, el artículo 135 de nuestra Norma Fundamental no distingue entre los preceptos que pueden ser sujetos de modificación.

En atención a ésta problemática, ante sociedades y Constituciones cada vez más flageladas por sus gobernantes, considero oportuno que nuestro máximo ordenamiento reconozca algunas disposiciones como normas pétreas, esto es, disposiciones rígidas inmutables o con mayores requisitos que las demás para su modificación, a efecto de salvaguardar las instituciones prioritarias y la identidad nacional.

Un ejemplo de las normas que estimo deberían catalogarse como pétreas, son: la progresividad de los derechos humanos (artículo 1º), la nación única e indivisible (artículo 2º) principio de legalidad (artículos 14 y 16), derecho al voto (artículo 35), soberanía nacional (artículo 39), sistema republicano y federal (artículos 40), división de poderes (artículo 49), periodo de seis años y no reelección para los presidentes (artículo 83), independencia del poder judicial (artículo 94), medios de control constitucional (artículos 103, 105 y 107), responsabilidad de servidores públicos (artículo 108), obligación de los gobernadores para cumplir leyes federales (artículo 120), separación iglesia – estado (artículo 130), Supremacía Constitucional (artículo 133) y finalmente inviolabilidad de la Constitución (artículo 136).

Esto, pues son los preceptos sobre los que sin lugar a dudas descansa la identidad nacional, que a toda costa debemos salvaguardar y que definitivamente ninguna visión particular debe vulnerar.

Finalmente, debo insistir, en cualquier Sistema Constitucional todas las autoridades deben actuar con sometimiento ineludible a la Norma Fundamental.

Ombudsman de la Salud

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El 29 de noviembre de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud (en adelante LGS) y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.

Lo anterior, implica uno de los cambios más trascendentales en el sistema de salud mexicano impulsado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Esto, pues se derogaron las disposiciones relativas al Sistema de Protección Social en Salud (en adelante Seguro Popular) y se implementaron las disposiciones sobre la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social, mismas que entraron en vigor a partir del 1º de enero de 2020.

Las nuevas disposiciones, tienen como objetivo que las personas que no cuenten con seguridad social tengan derecho a recibir de forma gratuita la prestación de servicios públicos de salud, medicamentos y demás insumos al momento de requerir la atención.

Para materializar lo anterior, se crea un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal cuyo fin es promover y garantizar la prestación gratuita de servicios de salud para las personas sin seguridad social denominado Instituto de la Salud para el Bienestar (INSABI) y del cual su titular es el Maestro Juan Antonio Ferrer.

Sin embargo, desde el 1º de enero y al día de hoy ha existido confusión y mal información sobre el contenido de la reforma abordada, que incluso llegó a la Bancada del PAN en el Senado.

Lo anterior, pues los Senadores Keila López Rabadán, Guadalupe Murguía, Alejandra Reynoso, Xóchitl Gálvez, Julen Rementería y Damián Zepeda del PAN anunciaron que presentarán una iniciativa de reforma a los artículos 36 y 77 de la LGS para garantizar 1) que los servicios otorgados por el INSABI sean gratuitos y 2) que se eliminen las cuotas de recuperación para sus beneficiarios.

Iniciativa, que no sería más que un acto fútil, pues los Senadores del PAN, pasan por alto primeramente que el nuevo sistema de salud para las personas que no cuentan con seguridad social garantiza el derecho de sus beneficiarios a recibir los servicios de salud de manera gratuita, pues así lo consignan expresamente los reformados artículos 77 bis 1 y 77 bis 37 de la LGS.

Máxime que incluso con el nuevo sistema, los beneficiarios ya no tendrán que realizar las aportaciones anuales que enteraban al Seguro Popular, puesto que ahora el financiamiento del INSABI será realizado únicamente por la Federación y Entidades Federativas.

También, soslayaron que el artículo 36 de la LGS que prevé las cuotas de recuperación que pueden cobrar algunos hospitales, no fue materia de la reforma de 29 de noviembre de 2019, puesto que dichas cuotas de recuperación existen desde 1987 y su última modificación se dio en 2005.

En la misma tesitura, contrario a sus manifestaciones, olvidaron que la fracción XIV, del artículo 77 bis 37 de la LGS también reformado, expresamente señala que los beneficiarios del INSABI tienen derecho a no cubrir ningún tipo de cuota de recuperación o cualquier otro costo por los servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados.

Por esto, es que la iniciativa de reforma pretendida por la Bancada del PAN resulta un acto fútil, pues las “mejoras” que pretenden implementar ya se encuentran previstas expresamente en la LGS desde la reforma de 29 de noviembre de 2019.

Así, como en otras columnas lo he mencionado lo que me parece y a la ciudadanía debe parecerle verdaderamente preocupante es la amnesia con la que se conducen nuestros legisladores, pues se olvidaron del contenido de un texto reformado que no tiene más de un mes de vigencia y que supuestamente estudiaron para ser votado.

Finalmente, lo cierto es que hoy el titular del INSABI se erige como el nuevo Ombudsman del sistema de salud nacional.