Asegura Ernesto Canales que jueces cuidan a medinistas

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El subprocurador anticorrupción del Estado de Nuevo León, Ernesto Canales, aseguró que los jueces y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), protegen a ex funcionarios del la administración de Rodrigo Medina, puesto que han cambiado de forma ilegal varios criterios.

“Los jueces de Nuevo León no están respondiendo a la demanda de la sociedad que es hacer justicia en contra de los que abusaron del patrimonio del Estado. La buena fama que han tenido los jueves de Nuevo León, se derrumba de una manera estrepitosa con aplicaciones realmente fuera de toda base y de toda dignidad judicial.”, comento Canales.

El periodico El Norte, hizo notar el domingo que desde la llegada de Francisco Mendoza al TSJ, se han ido modificando los criterios en los procesos contra medinistas. El Norte menciona que desde agosto que entro Mendoza, las audiencias de ex funcionarios de Medina han sido pospuestas hasta por 8 meses, cuando el criterio legal del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que solamente se puede por un máximo de 15 días.

“Están postergando audiencias que no tienen razón. Son jueves que están tomando decisiones ilegales para beneficiar y proteger a alguien que la ciudadanía quiere que sea sancionando. El Poder Judicial está en una actitud totalmente autista: no escucha lo que quiere la sociedad. Además lo está haciendo con medios que no son legales. Es una desgracia para el Estado.”, acusó Canales.

Por último, el subprocurador anticorrupción aseguró que los jueces están atrasando las audiencias en lo que entra el Fiscal Anticorrupción, que será puesto por el Congreso local, por lo que Canales aseveró que ni el Congreso ni los jueves quieren acabar con la corrupción.

(Con información de El Norte)

¡Venezuela dice SÍ SÍ y SÍ!

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Miles de venezolanos acudieron el domingo al llamado de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en una consulta popular que buscaba el rechazo del pueblo a la llamada Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que intenta llevar a cabo el presidente estrella, Nicolás Maduro. Dentro de la consulta, se respondían tres preguntas: el rechazo de la constituyente, el cumplimiento de la Fuerza Armada a la Constitución actual y la aprobación de un gobierno de unidad nacional.

Pero, ¿de qué se trata la ANC? Dentro del marco general, se trata de un nuevo Congreso integrado por 500 diputados (de 200 a 250 son elegidos “por la clase obrera”, mientras que el resto se dividirían por un sistema territorial con voto directo y secreto) cuyas funciones será redactar una nueva Carta Magna que reemplazaría a la elaborada por el difunto Hugo Chávez en el año 1999. Cabe recalcar que este método no es nada nuevo para Venezuela; con la llegada de Chávez en el 99 se convocó a una votación (que por supuesto ganó) para redactar una nueva Constitución.

Hasta las 11:00 de la noche del domingo con el 95% de los votos contados, se recababa un aproximado de 7.186.170 votos, de los cuales 6.492.381 fueron dentro del territorio nacional y 693.789 en diversos países del mundo donde la comunidad venezolana es bastante considerable. En México, fueron 33 las ciudades que se prestaron para la consulta popular.

Muchos pensarán que se trata de una cifra mínima en comparación con el descontento que parece tener dentro y fuera del país el mandato Nicolás Maduro, pero hay que tomar en cuenta que en una votación normal organizada con meses de anticipación por el Consejo Nacional Electoral (CNE) se cuenta con más de 14.000 centros de votación en todo el país; mientras que para esta consulta que tomó solo 2 semanas de planeación habrían 2.300 puntos, es decir 7 veces menos mesas de votación.

Es evidente que la violencia no se mantuvo alejada: colectivos armados dispararon contra una sede de consulta en el oeste de Caracas, asesinando a una mujer de 61 años e hiriendo a 4 personas más. La Fiscalía General condenó los hechos y recalcó que se hará una “investigación objetiva” al respecto.

La consulta albergó la necesidad de que observadores internacionales supervisaran los centros de votación e incluso hasta el conteo final de votos; diversas organizaciones internacionales llegaron al país para el acto, pero adicional se recibieron a 5 expresidentes latinoamericanos: Laura Chinchilla y Miguel Ángel Rodríguez de Costa Rica, Andrés Pastrana de Colombia, Jorge Quiroga de Bolivia y Vicente Fox de México. Cabe recalcar que, a la entrada de los exmandatarios al país, se les cobró una “multa” de 1 millón de bolívares a cada uno por llevar “equipo electrónico que no se permitía dentro de las normas aduanales de Venezuela”. Asimismo, el expresidente Fox se vio obligado a salir del país el domingo en la tarde por ser declarado como persona non-grata por el gobierno venezolano por referirse a Maduro como un “dictador”.

Es importante resaltar que toda esta crisis institucional se lleva a cabo bajo un marco de más de 100 días de protesta, desde que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) eliminara de facto las competencia de la Asamblea Nacional (de mayoría opositora); a pesar de que la medida fue retirada por el propio Maduro, las calles siguen llenas de gente descontenta no solo con la perpetuación del presidente estrella en el poder, sino también por la gran inflación, la increíble escasez y la creciente inseguridad que acecha día a día a los venezolanos. Hasta el momento, se cuentan más de 100 muertos en los días de protesta, la mayoría asesinados por armas de fuego, bombas lacrimógenas y objetos contundentes provenientes de las propias Fuerzas Armadas.

Lo cierto es que Venezuela entra en una etapa más de incertidumbre, quedando en expectativa cuál será la respuesta del gobierno ante los resultados, si la ANC se llevará a cabo el 30 de julio como estaba programada y si por primera vez en los 4 años que tiene Maduro en el poder, la opinión del pueblo venezolano será escuchada.

“Reformas que busca aprobar el Congreso Local, impugnables…”: Arenas

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El Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Carlos Arenas Bátiz, afirmó el día de hoy que las reformas que quiere aprobar el Congreso local a la Ley Político-Electoral del Estados son impugnables.

Arenas, considera que las acciones de inconstitucionalidad que establece la Constitución del Estado de Nuevo León, pueden plantearse contra las leyes electorales, entre ellas las que busca aprobar el Congreso local del estado. Por lo tanto, las reformas a la Ley Electoral que esta tarde esta analizando en pleno el Congreso local, son totalmente impugnables.

Tanto las bancadas del Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional aprobaron la noche de ayer en comisiones la reforma a la Ley Estatal Electoral, misma que las bancadas de Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México y la bancada de diputados independientes, consideran que dan ventaja a los partidos grandes y deja a un lado a los candidatos independientes o ciudadanos.