¡Lo cumple! Nicolás Maduro instala la Asamblea Constituyente

La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela se instaló este viernes en un salón del Palacio Federal Legislativo aledaño al hemiciclo en que tiene su sede el Parlamento en el centro de Caracas.

Tras las controvertidas elecciones del pasado domingo las cuales fueron desconocidas por la oposición, por gobiernos internacionales y por la comunidad misma, el día de hoy se instaló la ANC con 545 miembros los cuales se reunieron para dar inicio a sus labores.

La ex canciller Delcy Rodríguez será la encargada de presidir el organismo, un supra poder que tiene como función redactar una nueva Constitución para el país.

Rodríguez afirmó que el objetivo de la ANC no es cambiar la Constitución de 1999 sino “apartar del camino todos los obstáculos que han impedido su materialización”.

Con la Constituyente, los retratos de Simón Bolívar y de Hugo Chávez regresaron al Palacio Federal Legislativo, donde presidirán las sesiones en el Salón Elíptico, donde se guarda el Acta de Independencia y están representados los próceres del país y las batallas históricas de la independencia.

“La ANC estará regida de forma provisional por el mismo reglamento de funcionamiento que utilizó la Constituyente electa en 1999“, afirmó Soto Rojas.

Antes de la elección de la Directiva, Cabello leyó el artículo 349 de la Constitución venezolana en la que se establece que los poderes constituidos no podrán oponerse a las decisiones de la ANC, afirmando que esta tendrá poderes plenipotenciarios.

Tras la instalación, la presidenta de la ANC, Delcy Rodríguez, lanzó duras acusaciones en contra de la oposición. “Ellos son violadores masivos de los derechos humanos”, dijo.

“A esa derecha le decimos que si no toma el camino democrático y de la acción política se impondrá la justicia. El pueblo de Venezuela no va a entregar su destino a una minoría violenta”, afirmó.

La primera sesión de trabajo de la ANC está prevista para hoy sábado a las 10 de la mañana.

Delcy Rodríguez es elegida presidenta de la Asamblea Constituyente.

Delcy Rodríguez, la beligerante ex canciller de Venezuela, fue elegida este viernes presidenta de la Asamblea Constituyente. Como ministra de Relaciones Exteriores, un cargo que ocupó hasta el 21 de junio pasado y que dejó para ser candidata, defendió con firmeza la iniciativa del Gobierno ante las numerosas críticas de la comunidad internacional

La ex canciller pertenece al grupo chavista más vinculado a los negocios. En público mantiene un discurso más radical, pero en privado su postura es más suave. De hecho, Rodríguez y su hermano están más abiertos a las negociaciones y así se ha mostrado, por ejemplo, en las conversaciones para excarcelar a Leopoldo López y concederle arresto domiciliario (una medida que fue revertida esta semana) en las que ambos participaron.

Las potencias latinoamericanas no pudieron con Venezuela en ese cónclave. La OEA sufrió un nuevo revés en su intento de condenar de manera unánime la actuación del régimen de Maduro. La declaración promovida por México y auspiciada por los principales Gobiernos de la región necesitaba 23 votos a favor para ser aprobada, pero solo contó con 20 aprobaciones, 5 votos en contra y 5 abstenciones. La entonces canciller, que asistió a la Asamblea en Cancún, pese a que había asegurado que nunca mas regresaría a la OEA, celebró el resultado.

El discurso de la flamante presidenta de la Constituyente fue similar al de su etapa de canciller: rechazó la “interferencia extranjera” y fustigó a Estados Unidos, que impuso sanciones a Maduro y otros 13 funcionarios, acusados de quebrantar la democracia, corrupción o violación de derechos humanos.

 

Estados Unidos impone sanciones económicas directas a Nicolás Maduro.

Estados Unidos ha declarado una guerra diplomática a Venezuela. El Departamento del Tesoro impuso este lunes sanciones al presidente venezolano, Nicolás Maduro, al que acusa de socavar la democracia al día siguiente de la votación de una Asamblea Nacional Constituyente.

Washington avisó el domingo, tras el polémico voto, que tomaría “medidas fuertes y expeditivas” contra Caracas. EE UU ha impuesto en los últimos años sanciones individuales a altos cargos venezolanos, pero hasta ahora se había resistido a golpear a la máxima autoridad del país.

La penalización supone la congelación de activos de Maduro bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de que ciudadanos o entidades estadounidenses puedan hacer transacciones con él. El Tesoro evitó revelar si Maduro tiene activos en EE UU. Pero, al margen de que los tenga o no, la penalización limita el acceso del ex vicepresidente de Hugo Chávez a los sistemas bancarios internacionales.

El Tesoro enmarca las sanciones en una orden ejecutiva que le permite castigar a altos funcionarios actuales y pasados de Venezuela por el deterioro democrático en el país caribeño. Maduro es el cuarto jefe de Estado sancionado por EE UU. Se suma a la lista negra que integran el presidente de Zimbawe, Robert Mugabe; Siria, Bachar el Asad; y Corea del Norte, Kim Jong-un.

Washington impuso la semana pasada nuevas sanciones a 13 altos cargos venezolanos y reveló que ascienden a “cientos de millones de dólares” los activos congelados al entorno del vicepresidente venezolano, Tareck El Aissami, a quien sancionó en febrero por sus vínculos con el narcotráfico.

El Gobierno de Donald Trump avanzó, además, que, en caso de celebrarse la votación de la Constituyente, podría imponer por primera vez penalizaciones sectoriales a Caracas, como en el comercio petrolero. Pero eso por ahora sigue sin ocurrir.

El secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, explicó este lunes que se siguen revisando “todas las opciones” y advirtió de que cualquier persona que integre la Constituyente puede ser objeto de represalias estadounidenses. Pero pareció alejar la posibilidad de sanciones petroleras al asegurar que el “objetivo es no hacer nada que afecte a la gente de Venezuela“.

Pese a los ataques cruzados, ambos países mantienen un estrecho comercio petrolero. Estados Unidos es el primer destino de las exportaciones petroleras de Venezuela, que es el tercer suministrador para EE UU. El petróleo es el único sustento de la paupérrima economía venezolana.

México pide a gobierno de Venezuela suspender Constituyente.

El gobierno de México reiteró su absoluta disposición de apoyar por la vía diplomática y con estricto respeto a la soberanía del pueblo de Venezuela, cualquier esfuerzo sincero en la búsqueda de una solución negociada, pacífica y democrática.

A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el gobierno mexicano hizo un llamado a la presidencia de Nicolás Maduro a suspender la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente y “abra así la puerta a una negociación que lleve a resolver la grave crisis democrática por la que atraviesa Venezuela”.

Aseguró que los resultados de dicha consulta han evidenciado que la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente no hace sino profundizar la división y violencia que ha costado ya la vida a más de un centenar de personas.

“El gobierno de Venezuela y el presidente Maduro tienen la oportunidad histórica de abrir un nuevo camino de reconciliación y paz reconsiderando la convocatoria a la Constituyente y creando las condiciones para iniciar un proceso genuino de negociación política entre todos los venezolanos”, apuntó.

La cancillería sostuvo que al hacer este petición, el gobierno de México reitera su absoluta disposición de apoyar por la vía diplomática, y con estricto respeto a la soberanía del pueblo venezolano, cualquier esfuerzo sincero en la búsqueda de una solución negociada, pacífica y democrática.

¡Venezuela dice SÍ SÍ y SÍ!

Miles de venezolanos acudieron el domingo al llamado de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en una consulta popular que buscaba el rechazo del pueblo a la llamada Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que intenta llevar a cabo el presidente estrella, Nicolás Maduro. Dentro de la consulta, se respondían tres preguntas: el rechazo de la constituyente, el cumplimiento de la Fuerza Armada a la Constitución actual y la aprobación de un gobierno de unidad nacional.

Pero, ¿de qué se trata la ANC? Dentro del marco general, se trata de un nuevo Congreso integrado por 500 diputados (de 200 a 250 son elegidos “por la clase obrera”, mientras que el resto se dividirían por un sistema territorial con voto directo y secreto) cuyas funciones será redactar una nueva Carta Magna que reemplazaría a la elaborada por el difunto Hugo Chávez en el año 1999. Cabe recalcar que este método no es nada nuevo para Venezuela; con la llegada de Chávez en el 99 se convocó a una votación (que por supuesto ganó) para redactar una nueva Constitución.

Hasta las 11:00 de la noche del domingo con el 95% de los votos contados, se recababa un aproximado de 7.186.170 votos, de los cuales 6.492.381 fueron dentro del territorio nacional y 693.789 en diversos países del mundo donde la comunidad venezolana es bastante considerable. En México, fueron 33 las ciudades que se prestaron para la consulta popular.

Muchos pensarán que se trata de una cifra mínima en comparación con el descontento que parece tener dentro y fuera del país el mandato Nicolás Maduro, pero hay que tomar en cuenta que en una votación normal organizada con meses de anticipación por el Consejo Nacional Electoral (CNE) se cuenta con más de 14.000 centros de votación en todo el país; mientras que para esta consulta que tomó solo 2 semanas de planeación habrían 2.300 puntos, es decir 7 veces menos mesas de votación.

Es evidente que la violencia no se mantuvo alejada: colectivos armados dispararon contra una sede de consulta en el oeste de Caracas, asesinando a una mujer de 61 años e hiriendo a 4 personas más. La Fiscalía General condenó los hechos y recalcó que se hará una “investigación objetiva” al respecto.

La consulta albergó la necesidad de que observadores internacionales supervisaran los centros de votación e incluso hasta el conteo final de votos; diversas organizaciones internacionales llegaron al país para el acto, pero adicional se recibieron a 5 expresidentes latinoamericanos: Laura Chinchilla y Miguel Ángel Rodríguez de Costa Rica, Andrés Pastrana de Colombia, Jorge Quiroga de Bolivia y Vicente Fox de México. Cabe recalcar que, a la entrada de los exmandatarios al país, se les cobró una “multa” de 1 millón de bolívares a cada uno por llevar “equipo electrónico que no se permitía dentro de las normas aduanales de Venezuela”. Asimismo, el expresidente Fox se vio obligado a salir del país el domingo en la tarde por ser declarado como persona non-grata por el gobierno venezolano por referirse a Maduro como un “dictador”.

Es importante resaltar que toda esta crisis institucional se lleva a cabo bajo un marco de más de 100 días de protesta, desde que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) eliminara de facto las competencia de la Asamblea Nacional (de mayoría opositora); a pesar de que la medida fue retirada por el propio Maduro, las calles siguen llenas de gente descontenta no solo con la perpetuación del presidente estrella en el poder, sino también por la gran inflación, la increíble escasez y la creciente inseguridad que acecha día a día a los venezolanos. Hasta el momento, se cuentan más de 100 muertos en los días de protesta, la mayoría asesinados por armas de fuego, bombas lacrimógenas y objetos contundentes provenientes de las propias Fuerzas Armadas.

Lo cierto es que Venezuela entra en una etapa más de incertidumbre, quedando en expectativa cuál será la respuesta del gobierno ante los resultados, si la ANC se llevará a cabo el 30 de julio como estaba programada y si por primera vez en los 4 años que tiene Maduro en el poder, la opinión del pueblo venezolano será escuchada.

Venezuela rechaza la resolución de la OEA

Monterrey (19 de junio de 2017).- La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmo que su país no aceptara ninguna resolución sobre su situación, esto durante la reunión de la OEA en Cancún.

Delcy Rodríguez, antes de iniciar la votación del proyecto de resolución, tomo palabra en el evento e indico que no reconocerán ni aceptaran la resolución indicada.

“Nosotros no reconocemos esta reunión como tampoco lo que de ella devenga” mencionó Rodríguez.

La canciller responsabilizó a Luis Almagro, Secretario General de la Organización y a Estados Unidos de intervenir en Venezuela, y denunció una alianza que existe con la Oposición que le da vida a la violencia.

“Pido que miren también a la otra Venezuela, y se los pido con humildad, que se despeguen del liderazgo opositor, irresponsable y violento” dijo Rodríguez.

Hizo un llamado a respetar el proceso de la conformación de una nueva Asamblea Nacional Constituyente.

“No necesitamos ningún tipo de intervención o tutelaje para que podamos resolver nuestros problemas. Las decisiones de los poderes públicos de Venezuela se ejecutan sin ningún tipo de mandato foráneo”, mencionó.

Antes de que la reunión diera fin, la canciller Delcy Rodriguez, abandono la sala y dijo que lo que aprueben los cancilleres de la OEA podría sentar un precedente de lo que podría pasar en el futuro.

“Piensen en las consecuencias terribles que la historia ha contado cuando esta organización se ha sumado a la intervención”, comentó.

#ElTalónDeAquiles: Hasta luego Venezuela

Se cumplen varias semanas de movilizaciones contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro. En marzo, catorce países de las Américas solicitaron a Caracas liberar sus presos políticos, permitir la creación de un canal humanitario para luchar contra la escasez, respetar la autonomía del Parlamento, y establecer un calendario electoral. Al 15 de mayo, más de 30 muertos y de quinientos heridos eran el saldo provisorio de este nuevo ciclo de conflicto social.

La situación venezolana viene degradándose desde hace tiempo, en una inexorable pero certera descomposición de la llamada revolución bolivariana. La trama es la misma: el proceso revolucionario bolivariano se enfrenta a una guerra económica, a un golpe continuado y fascista al poder para imponer por la fuerza una contrarrevolución de derecha. O, dicho al revés, la oposición democrática continúa resistiendo el avance de la cubanización de Venezuela dirigido por una trasnochada revolución que es todo menos progresista. Polarización. Hoy, en Venezuela, las instituciones, en vez de distribuir el poder, lo concentran, y por ello su control se convierte en el mayor baluarte de este juego de ajedrez en donde no existe posible ganador.

La crisis empeoró a fines de marzo de 2017, cuando el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en manos del oficialismo, intentó adjudicarse las funciones del Legislativo, en manos de la oposición. Se comprueba así, según la oposición, el reino de una dictadura comunista disfrazada en el país. Además de solicitar que se reanudara el calendario electoral que preveía elecciones de gobernadores en 2016, se exigió entonces elecciones presidenciales anticipadas (las próximas están previstas para 2018). La oposición está envalentonada: siete de cada diez venezolanos no apoyan el gobierno de Maduro.

El Palacio de Miraflores (Casa Presidencial) reaccionó de tres formas. Primero, decretó medidas paliativas, como el aumento del salario mínimo mensual de 150,000 a 200,000 bolívares. Se trata de una medida cosmética, pues es Venezuela el país con la inflación más elevada del mundo (el FMI estima que para el 2017, será de 720%). Segundo, planteó la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, lo cual sorprende pues admite que la Carta Magna bolivariana de 1999 debe ser sustituida. Para la oposición, que sólo parece concebir la derrota como desenlace, esta “Asamblea Nacional Prostituyente” no es un chance para revertir el declive, sino un paso en la consolidación del golpe de Estado oficialista iniciado con la suspensión a la elección de gobernadores y el intento de anulación de poderes al poder legislativo. En fin, en medio de fuegos pirotécnicos diplomáticos dignos del chavismo en su apogeo, Venezuela anunció su separación de la Organización de Estados Americanos (OEA). Para Caracas, el ente practica, por medio de su defensa al régimen democrático, una inaceptable injerencia en asuntos soberanos internos.

Argentina, Bahamas, Barbados, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, EE.UU. Honduras, Jamaica, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, y Uruguay, solicitaron al Consejo Permanente de la OEA, desde el 26 de abril, una reunión de cancilleres de las Américas para evaluar la situación. En medio de varios esfuerzos y de mucha decepción, el ente no ha logrado concretizar la reunión (al 15 de mayo, se esperaba que la misma tuviera lugar el último día del mes). Claro, la salida de Venezuela de la organización está lejos de ser un hecho, no solo porque Maduro no puede tomar esa decisión, al menos no en el marco constitucional actual, sino también porque en los 24 meses que tarda el proceso, mucho puede suceder, incluyendo el colapso del gobierno.

Dos signos preocupantes, creo, sin embargo, deben ser resaltados. Primero, la OEA sigue siendo fiel a su persistente incapacidad a constituirse en foro político interregional. Aplicar el artículo 19 de la Carta Democrática Interamericana de nada ayudaría a Venezuela e impondría una auto-exclusión del organismo del escenario nacional (como le sucedió con el caso hondureño en 2009). Segundo, si bien lo sé, hay que evitar ser marioneta de intereses privados (sobre todo en marcos tan polarizados como el venezolano), y soy el primero en argumentar que el primer creador del chavismo fue la miope y egoísta élite venezolana del Pacto de Punto Fijo, que vendió un proyecto de “democracia representativa” que con costos fue tal, se debe tener la lucidez de aceptar que la situación hoy no está bien en ese país: por poco no hay división de poderes, la economía es hoy más dependiente que nunca del petróleo, y el respeto de los derechos de las minorías no parece estar garantizado. ¿Hasta luego Venezuela? Esperemos que no.

Fernando A. Chinchilla

Lima (Perú) y Cholula (México), mayo de 2017

PAZ EN COLOMBIA: ¿COLOMBIA EN PAZ? EL CONFLICTO ARMADO EN SU PRIMERA FASE

El 23 de junio de 2016 se firma en la Habana, Cuba, el cese al fuego entre el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP).

¿Estamos siendo testigos del fin de un conflicto armado interno de más de medio siglo de existencia (54 años para ser exactos)? Para entender el significado de dicho acuerdo, conviene recordar las raíces históricas del conflicto y hacer un repaso de las intentos (abortados y “exitosos”) para alcanzar la paz en Colombia.

Solo así podremos evaluar sus prospectos de éxito. Naturalmente, esta labor no se puede realizar en un corto artículo de opinión, por lo que dedicaré varias columnas al tema. Este mes muestro las particularidades históricas de la primera fase de este conflicto. Más adelante, revisaré los obstáculos a la paz, analizaré la historia de este proceso, y disertaré sobre sus probabilidades de “exito”.

Las particularidades del conflicto armado colombiano

Durante la Guerra Fría, se desarrolla en el “Tercer Mundo” lo que se identifica como “Guerras de Baja Intensidad”. Se trata de enfrentamientos militares entre grupos armados patrocinados por las superpotencias – los Estados Unidos (EEUU) y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) – y Estados soberanos, pero cuyos efectos se limitan a nivel local.

Para algunos, estas son guerras idealistas, sobre todo si se compara con la violencia étnica, la cual parece a primera vista irracional (los genocidios en la antigua Yugoslavia y Ruanda son dos claros ejemplos al respecto), y a la “narco-violencia”, alimentada supuestamente por la codicia y el egoísmo individual de criminales que buscan enriquecerse a toda costa.




En los “años dorados”, señala la versión romántica del guerrillero asociada al Che Guevara, se defendían ideales progresistas solidarios ligados entre otros a la justicia social.

En América Latina, la mayoría de esfuerzos revolucionarios fueron de “izquierda” (contra dictaduras “de derecha”), aunque también hubo esfuerzos contrarrevolucionarios, es decir de grupos armados apoyados por la derecha, que se levantaron contra gobiernos de izquierda ajenos a la definición convencional de democracia. Esta imagen es, por supuesto, reduccionista.

Se ignora, por ejemplo, que en la mayoría de los casos latinoamericanos, la URSS no tuvo un rol directo en el expansionismo revolucionario (la influencia de Fidel Castro es más significativa). Además, esta imagen desatiende factores internos como pobreza, injusticia, desigualdades, y represión, que han alimentado legítimamente reivindicaciones sociopolíticas en la región.

En fin, desconoce que movimientos revolucionarios de izquierda iniciaron guerras contra gobiernos de centro-izquierda elegidos democráticamente, como lo hizo Sendero Luminoso en el Perú. Es decir, cada actor armado en América Latina es particular, y en ese sentido, los actores armados colombianos no son la excepción.

Las FARC no fueron, al menos en sus inicios, una guerrilla ideológica con un universo conceptual claro y un proyecto alterno de sociedad. Al contrario, son el prototipo de la guerrilla campesina que nace como grupo de autodefensa, y cuyo ideario ideológico es definido por primera vez en los años 1970s.

Además, las FARC nunca recibieron grandes sumas de dinero de patronos externos, sino que desde un inicio financian su esfuerzo de guerra de manera interna, principalmente por medio de la extorsión, los secuestros, y el pago de peajes o cuotas. El conflicto en Colombia es entonces “diferente”, pues no obedeció a factores geopolíticos internacionales.

Además, el esfuerzo revolucionario nunca se hizo en contra de una dictadura, sino más bien contra el Frente Nacional, un régimen que si bien no era democrático en el sentido liberal del término, tampoco cuadraba con el autoritarismo tradicional latinoamericano. Y a partir de 1991, la lucha fue contra lo que muchos expertos coinciden en definir como una democracia representativa.

La transformación del conflicto armado colombiano a través del tiempo

La violencia política en Colombia solo se entiende si se enmarca en un contexto histórico que, para los efectos de este ensayo, ubicaré en el periodo conocido como “La Violencia”, una guerra civil entre los partidos Liberal y Conservador que se desata oficialmente en abril de 1948, con el homicidio del José Eliecer Gaitán (líder del Partido Liberal para las elecciones de 1949).

Asesinatos, agresiones, persecuciones, y otros, son parte de ese marco de violencia perpetrado por paramilitares, reclutados por los conservadores, para defender el gobierno de Mariano Ospina Pérez (1946-50) ante la inestabilidad creada por “el Bogotazo” (turbas populares generadas por el asesinato de Gaitán).

Para poner fin a “La Violencia”, liberales y conservadores acuerdan en 1956 la creación del “Frente Nacional” (el cual entra en vigencia en 1958), un pacto que distribuye equitativamente los puestos administrativos estatales entre ambos partidos (Poderes Ejecutivo, Legislativo, y Judicial) y determina previamente los resultados electorales (alternancia entre los dos partidos tradicionales) durante 16 años (1958-76).

El acuerdo permitió poner fin al único gobierno que ha llegado al poder en Colombia por medio de Golpe de Estado en el siglo XX, el del General Gustavo Rojas Pinilla (1953-57), respetando la despolitización de la policía por él iniciada y la desmovilización de algunas de las guerrillas liberales activadas durante “La Violencia”. Pero el pacto también generó resistencia.

En 1962, el gobierno de Guillermo León Valencia (1962-66) atacó una de las “Repúblicas Independientes” (que no reconocían la autoridad estatal), bajo control de una comunidad de campesinos que se habían negado a entregar las armas, y que se habían refugiado en esa zona para escapar del acoso de las autoridades. Este es el inicio de ataques destinados a “pacificar” el país y a extender el imperio de la ley del Estado colombiano en su territorio.

En 1964, estos grupos se reagruparon en el denominado “Bloque Sur”, y en 1966 se convirtieron en las FARC. Un origen igualmente contestatario ante el Frente Nacional tiene el Movimiento 19 de Abril (M-19), una guerrilla urbana que se levantó en 1974 ante el “fraude electoral” cometido en 1970 sobre el General Rojas Pinilla (candidato presidencial que perdió frente al del Frente Nacional).

Comunidades indígenas también se armaron en 1984 para defenderse de los ataques de militares, terratenientes, Gobierno, y otros grupos, creando el Movimiento Armado Quintín Lamé (MAQL). Orígenes más ideológicos tienen el Ejército de Liberación Nacional (ELN), un grupo fundado en enero de 1965 por sacerdotes armados (Teología de la Liberación) y estudiantes universitarios recién llegados de Cuba (adeptos al “foquismo” del Che), y el Ejército Popular de Liberación (EPL), una guerrilla originalmente maoísta, fundada en julio de 1967, que en 1975 viró hacia la línea marxista-leninista. Pero estos modelos “socialistas” sirvieron, en el mejor de los casos, tan solo como marcos de referencia.

Sin el afán de adentrarnos en la minucia de las diferencias ideológicas de las guerrillas, deseo destacar que otros fenómenos de igual importancia para explicar la violencia en Colombia han quedado por fuera de este análisis, como lo son el financiamiento, por parte de las élites agrarias (con el entrenamiento del Ejército), de grupos de autodefensas (o paramilitares), y el surgimiento de una élite económica rural ligada al florecimiento del narcotráfico (que luego se reagrupó en los Carteles de Medellín y de Cali).

La conjunción de todos estos factores hacen que la década 1980 sea especialmente violenta en Colombia, con cinco grupos guerrilleros activos luchando contra el Estado (en esa época el país se gana la reputación de ser un “laboratorio guerrillero”), paramilitares atacando a las guerrillas, y dos carteles de droga luchando entre sí, contra el Estado, y contra las guerrillas.

El clímax de este cuadro se alcanzó a finales de la década, cuando cuatro aspirantes presidenciales, Jaime Pardo Leal (Partido Unión Patriótica), Bernardo Jaramillo Ossa (sustituto de Pardo Leal), Luis Carlos Galán (Partido Liberal), y Carlos Pizarro Leongómez (Alianza Democrática M-19) son asesinados.

Colombia está al borde del colapso, y probablemente en parte gracias a ello, se abre una oportunidad para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente que permite, entre otros, eliminar los rezagos del Frente Nacional.

Procesos de Paz de Colombia (primera parte)

Durante esta primera fase del conflicto armado (1962-90), se llevan a cabo dos procesos de paz. El primero, liderado por el Presidente Belisario Betancur (1982-86) es severamente criticado, pues se señala que consistió en un cese al fuego sin punto de llegada. Fue como detener el enfrentamiento armado en la teoría (lo cual además no sucedió en la práctica), sin discutir los términos de la paz.

El proceso, que se alarga por tres años, termina abruptamente en 1985, con la trágicamente recordada toma del Palacio de Justicia por parte del M-19. El ejército contraataca y produce un baño de sangre en donde mueren 98 personas, entre ellos once magistrados.

El segundo proceso tuvo lugar durante el Gobierno de Virgilio Barco (1986-90), y produjo la desmovilización de tres movimientos guerrilleros. El M-19 firmó un acuerdo de paz el 26 de abril de 1990, el EPL lo hizo el 16 de mayo (una parte del grupo rehusó a desmovilizarse), y en mayo de 1991, se llega pacta con el MAQL.

Se aprobó, con participación de los exguerrilleros desmovilizados, la nueva constitución política, que entró en vigencia en 1991. Pero el ELN y las FARC-EP no participaron en ese proceso. Conversaciones adicionales entre estos dos grupos y el Gobierno de César Gaviria (1990-94), tuvieron lugar en Caracas (Venezuela) y en Tlaxcala (México) en 1991 y 1992. El ELN se fragmentó y un acuerdo de paz con un sector del mismo, la denominada “Corriente Renovación Socialista” es alcanzado el 9 de abril de 1994.

Dos son los elementos que deseo rescatar aquí. Por un lado, las FARC-EP y el ELN, las guerrillas más antiguas de Colombia, han siempre sido reacias a negociar. De ahí el valor del acuerdo recientemente alcanzado en la Habana. Por el otro, el conflicto armado colombiano entra a inicios de los años 1990 en una segunda fase.

Los paramilitares crecerán y fundarán las “Autodefensas Unidas de Colombia”; las FARC-EP entran en un nuevo proceso de expansión vinculado a su incursión en la economía del narcotráfico (eso es lo que la “historia oficial” reza), y el ELN, junto a los rezagos del EPL, continúan en actividad.

Se trata de un contexto de “paz fragmentada”, es decir de un marco en donde se logró el tan ansiado cese al fuego definitivo con tres guerrillas menores, pero en donde los dos grupos revolucionarios históricamente más importantes de Colombia, el ELN, y las FARC-EP, se levantaron más fuerte que nunca. A este nuevo marco es al que le dedicaré mi atención en la próxima entrega de esta columna.

Fernando A. Chinchilla
Ciudad de México (Julio 2016)

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