AMLO presentará memorándum para ordenar que no se aplique ley educativa de EPN

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El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el día de mañana presentará un memorándum en el que instruirá a las Secretarías de Educación, Gobernación y Hacienda que la reforma educativa del expresidente Enrique Peña Nieto quede sin efecto.

“Mañana les voy a dar a conocer un memorándum que voy a enviar a la SEP, Segob y Hacienda, donde les instruyo para que busquen la manera de que quede sin efecto la mal llamada reforma educativa, en tanto se llega a un acuerdo con los maestros, los padres de familia, con la sociedad en su conjunto y se presenta una reforma constitucional aceptada por todos que garantice la educación pública, obligatoria, laica, pluricultural de calidad y gratuita en todos los niveles de escolaridad”, dijo López Obrador en su conferencia de prensa matutina.

“Lo único que vamos a evitar es el tráfico de plazas. Eso lo va a definir la SEP y Hacienda va a manejar la nómina para evitar aviadores, evitar que se les pague a los maestros y desterrar la corrupción”, detalló el mandatario.

Por otro lado, ordenó la liberación y reinstalación de loas maestros que fueron despedidos por las evaluaciones educativas.

“En ese memorándum estoy instruyendo también a los servidores públicos para que se agilice el trámite y se libere a maestros que fueron encarcelados injustamente. Les voy a pedir que se reinstale de inmediato a todos los maestros despedidos que fueron víctimas de las llamadas evaluaciones punitivas”.

De igual manera dijo que se van a destinar recursos para indemnizar a familiares de maestros y luchadores sociales que perdieron la vida por oponerse a la reforma.

Partidos y ex candidatos independientes deben regresar 55.5 mdp

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El Consejo General del INE aprobó un acuerdo en el que establece que a partir de esta fecha los partidos políticos y ex candidatos independientes tienen cinco días para devolver a la Federación 55.5 millones de pesos, correspondientes a recursos públicos que se les entregaron para las campañas de 2018 y no los ejercieron.

De no hacer el reintegro a la Tesorería de la Federación, el Instituto Nacional Electoral (INE), con base al reglamento, hará las deducciones de acuerdo con el financiamiento público.

Lo mismo pasa con los ex candidatos independientes, quienes tienen cinco días y en caso de que no lo hagan se dará vista al Servicio de Administración Tributaria para que se abra un crédito fiscal y se cobre por la vía de la Secretaría de Hacienda, explicó Benito Nacif Hernández, presidente de la Comisión de Fiscalización del INE.

En sesión extraordinaria, informó al Consejo General que los ex  candidatos independientes cometieron irregularidades correspondientes a cuentas por pagar, es decir, servicios que contrataron y no saldaron, por 20.8 millones de pesos.

Recomendó que en el caso de las cuentas por pagar, es decir, saldos que quedaron sin pagar, el Consejo General tome cartas en el asunto para determinar cómo sancionar esas infracciones.

Informó que los remanentes de financiamiento público de campaña tienen un total de 51.5 millones de pesos, que en su conjunto todos los partidos tienen que reintegrar a la Federación, de los cuales 1.5 corresponde a institutos políticos nacionales y el resto, 50 millones de pesos, son a la acreditación local de los partidos nacionales y locales.

Respecto a los ahora ex candidatos independientes, tras presentar las aclaraciones pertinentes quedaron 3.1 millones de pesos de remanentes que tienen que devolver a las tesorerías públicas, con lo cual este ejercicio da un total 54.6 millones de pesos, de excedentes de financiamiento no ejercido para las campañas y que tienen que regresar a la Tesorería de la Federación, expuso.

Sobre las cuentas por pagar de los candidatos independientes, indicó que se tiene un saldo de 20.8 millones de pesos y ahora esta comisión analizará la situación con su unidad técnica para proponer al Consejo General una sanción de estas infracciones.

La autoridad electoral detectó que 638 ex candidatos independientes no ejercieron 3.1 millones de pesos, y de los 20.8 millones de pesos de saldo para ese tipo de candidaturas, 17.6 millones son pasivos del ex candidato a la presidenciaJaime Rodríguez Calderón.

Dijo que para los pasivos de los ex candidatos independientes que no se liquidaron, se instruye en el acuerdo a la Unidad Técnica de Fiscalización, para que inicie los procedimientos sancionadores por aportaciones en especie de ente prohibido.

En este punto, sobre los remanentes se reportan que Nueva Alianza fue el único partido que dejó de ejercer el recurso que recibió; en tanto que Morena y el Partido Acción Nacional (PAN) acumularon la mayor cantidad de recursos que deberán ser devueltos a la federación, con 16.52 millones y 16.48 millones de pesos, respectivamente.

Ello, seguido muy por debajo por el Partido del Trabajo (PT) con 4.69 millones de pesos.

Mientras que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) reportó el remanente más bajo con 170 mil pesos; Movimiento Ciudadano quedó por debajo del millón de pesos; en tanto que Encuentro Social (PES) regresará 1.6 millones de pesos.

En 2018, ningún estado usó recursos para buscar desaparecidos; Comisión Nacional gastó 1.4% de presupuesto

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La Comisión Nacional de Búsqueda de personas desaparecidas sólo ejerció el año pasado 6.6 millones de pesos de los 468.9 que se le habían asignado, es decir, el 1.4%, y casi todo fue para el pago de personal eventual, según el reporte de gasto del Presupuesto de Egresos al último trimestre del año pasado.

Más de la mitad de lo presupuestado, que era para dar subsidios a las entidades, se quedó intacto por la falta de Comisiones de Búsqueda estatales. Nadie solicitó el dinero.

La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) se instaló en marzo de 2018. Por ello, en el Presupuesto de Egresos (PEF) de ese año apenas se estipulaba su creación, y el dinero para ello se consignó en un artículo transitorio del decreto de PEF. Se asignaron 186.3 millones de pesos para que la Secretaría de Gobernación creara un órgano nacional encargado de realizar acciones de búsqueda de personas, y otros 282.6 millones, a cargo de la misma Secretaría, para otorgar subsidios a búsquedas en los estados.

A un año de distancia y con un nuevo gobierno, el actual subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, acusó al gobierno pasado de hacer una simulación en el tema de desaparecidos por el poco dinero que usó realmente. Aunque todavía faltan las cifras definitivas de la Cuenta Pública 2018, el avance de gasto al cuarto trimestre, publicado por la Secretaría de Hacienda, confirma que la Comisión gastó únicamente 6 millones 649 mil 615 pesos.

La mayor parte de este dinero se destinó a la partida de “remuneraciones al personal eventual”: 6 millones 322 mil 978, y en “Impuestos sobre nómina” se pagaron 186 mil 405 pesos. Todo el personal de la Comisión fue eventual, ya que nunca se crearon las plazas ni se definieron los perfiles, una tarea que correspondía tanto a Segob como a la Secretaría de Función Pública (SFP) para dejar claro qué nivel salarial y de responsabilidades tendría cada servidor público contratado.

Incluso esta cantidad usada en remuneraciones, es la mitad de lo que se tenía presupuestado originalmente, cerca de 12 millones de pesos, y se pagó hasta el último trimestre del año. Un ex funcionario de Gobernación que pidió no ser citado confirmó que los primeros seis meses desde que se instaló la Comisión, la gente que llegó a trabajar ahí no cobró, ni siquiera el propio comisionado.

La actual titular de la CNB, Karla Quintana, explicó en entrevista que cuando ella llegó al cargo, el 9 de febrero pasado, se encontró con sólo 12 personas trabajando, y que aunque ya estaban definidas 43 plazas, ella ha tenido que buscar a la gente para ocupar esos puestos.

El reporte de gasto de Hacienda también muestra que el año pasado hubo una partida con 3.1 millones asignados a materiales y útiles de oficina, que se quedó completamente sin gastar. Los primeros dos meses de creada la Comisión, no tuvo oficinas, y hasta mayo de 2018 le asignaron un espacio del edificio del Consejo Nacional de Población (Conapo), donde actualmente está ubicada, aunque sigue sin haber letreros o insignias de que ahí funciona la CNB, que a la fecha tampoco tiene página de internet.

El único rubro que aparece con gastos constantes es el de pasajes aéreos de servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales. Al segundo trimestre tiene un ejercicio de 62 mil pesos; al tercero, de 68 mil; y al cuarto, de 140 mil.

Piden dar recursos de Sedena a estancias

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La senadora panista Alejandra Reynoso pidió a la Secretaría de Hacienda reasignar al programa de Estancias Infantiles recursos etiquetados a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), así como el presupuesto ahorrado por el Senado por las medidas de austeridad.

La suma total de recursos disponibles sería de casi 2 mil 400 millones de pesos, cifra superior al recorte de 2 mil millones de pesos al programa.

En un punto de acuerdo, la legisladora del Partido Acción Nacional (PAN) planteó la transferencia de 280 millones de pesos ahorrados por el Senado, mismos que fueron devueltos a la Tesorería de la Federación.

Por otro lado, sostuvo, a las estancias se les podría reasignar hasta 2 mil 100 millones de pesos que fueron previstos en el Presupuesto 2019 de la Sedena para la operación de la Guardia Nacional, cuerpo que aún no existe y cuyos recursos no han sido, por tanto, ejercidos.

“El presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional paso de 81 mil 021 millones de pesos asignados en 2018 a 93 mil 670 millones de pesos proyectados para 2019, poco más de 12 mil 500 millones de pesos extras. Si consideramos que el incremento de dicha dependencia se debió a las funciones que ahora tendría, en caso de aprobarse, a través de la Guardia Nacional, pero que estas responsabilidades aún no han sido conferidas por mandato legal, ya que se encuentra en discusión en este Poder, podríamos concluir que, de lo presupuestado, habrá un remanente presupuestal por lo no ejercido en este tiempo que ha transcurrido en el año fiscal”, se lee en la propuesta.

“Del incremento presupuestal a la Secretaría de la Defensa Nacional para funciones de Guardia Nacional, podrían reasignarse alrededor de 2 mil 100 millones de pesos (correspondientes a los meses de enero y febrero) para amortizar el recorte presupuestal al programa de estancias infantiles“.

En tanto, el perredista Miguel Ángel Mancera urgió al Gobierno a establecer un plan temporal de acceso inmediato para el cuidado infantil a través del IMSS, la SEP y el ISSSTE que beneficie a las familias que se hayan visto afectadas por el cierre de las estancias.

También exhortó a que se convoque al Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, a fin de atender de manera inmediata el problema y proponer acciones que eviten un daño superior a los derechos de la niñez.

“El Bronco” admite que aún no hay alternativa al ‘tarifazo’

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Tras gestionar apoyos en diversas dependencias federales, el Gobernador Jaime Rodríguez admitió que aún no existen alternativas concretas para ofrecer a los empresarios del transporte público en lugar del aumento a las tarifas.

En entrevista, el “El Bronco” dijo que en los próximos días buscarán consolidar subsidios en impuestos o el combustible, además de un posible refinanciamiento de las deudas que tienen los transportistas por la compra de camiones nuevos.

“Habrá una mesa que la Secretaría de Gobernación (Olga Sánchez Cordero) convocará,  ayer estuve en una reunión con ella, con gente de Pemex, de la Secretaría de Energía y de la Secretaría de Hacienda para que encontremos la ruta de este acuerdo”, expuso.

Manuel González, Secretario General de Gobierno, dijo que a mas tardar el sábado tendrán una nueva reunión con los transportistas para ponerlos al tanto de las negociaciones, y pedirles unos días más para ofrecerles la alternativa de su demanda de aumento de tarifas.

Con aumento de que la tarifa no ha aumentado en tres años que lleva la actual Administración estatal, los empresarios del ramo demandan un esquema que cubra el 41% de rezago que, según sus cálculos, tiene el precio del servicio.

En septiembre, el Consejo Estatal de Transporte aprobó un esquema que implica el aumento inmediato de un peso a la tarifa, más un deslizamiento que llevaría el costo a $19.00 al final del sexenio, en 2021.

Esa propuesta fue frenada por el Gobernador, que desde entonces dijo que buscaría alternativas para evitar un impacto fuerte a los usuarios.

INE va en contra de PEF; pide 619 mdp más

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El Instituto Nacional Electoral (INE) presentará en las próximas horas una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del presupuesto que le otorgó la Cámara de Diputados para 2019.

Los consejeros Ciro Murayama y Marco Baños señalaron que la reducción de 950 millones de pesos que los diputados le impusieron al INE pone en riesgo la autonomía y las funciones constitucionales del organismo, entre ellas la organización de las elecciones locales de este año.

“Es una controversia con base en el Artículo 105 constitucional para solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que pueda reponerse el presupuesto del Instituto Nacional Electoral, que compromete sus funciones constitucionales y su autonomía”, aseveró Murayama.

“Nosotros enviamos el Presupuesto más bajo, con una disminución del 37 por ciento frente al año pasado, y el Presupuesto de Egresos de la Federación creció en 45 por ciento; es decir, había más recursos disponibles para la Federación y a pesar de eso nosotros sufrimos el mayor recorte de la historia, que compromete nuestra posibilidad de cumplir con las tareas que la Constitución nos mandata”.

Los consejeros electorales, incluido el consejero presidente, sostuvieron hoy una reunión privada para abordar el tema de los ajustes y medidas que el INE tendrá que aplicar ante el recorte de recursos como el postergar el pago a Hacienda de 761 millones de pesos de Impuesto Sobre la Renta para poder obtener los recursos necesarios para organizar los comicios de este 2019.

Murayama confió en que el Instituto pueda llegar a un acuerdo con la Secretaría de Hacienda y obtener 619 millones para poder organizar las elecciones de Tamaulipas, Durango, Aguascalientes, Baja California y Quintana Roo.

Adelantó que, por ello, mañana el Consejo General del INE aprobará formalmente solicitar a Hacienda una ampliación presupuestal por el citado monto.

Por su parte, el consejero Baños añadió que, si Hacienda les llega a dar la ampliación, se desistirán de la controversia constitucional.

Por el momento, dijo, el INE está en una situación delicada en la que está comprometida su autonomía como institución.

“Se ha afectado por la falta de las previsiones presupuestales, se afectó severamente la autonomía institucional, no podemos cumplir con nuestras atribuciones, ese es el tema”, mencionó el consejero.

Hacienda confirma compra de parte de deuda de NAIM

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La Secretaría de Hacienda confirmó la compra de una parte de la deuda del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).

La dependencia a cargo de Carlos Urzúa precisó que la transacción dirigida a tenedores internacionales es parte de un plan integral para atender los derechos contractuales de todas las partes interesadas en el desarrollo de infraestructura aeroportuaria en el área metropolitana de la Ciudad de México.

Mediante un comunicado señaló: “a la luz de las modificaciones propuestas por el gobierno de MéxicoGrupo Aeroportuario de la Ciudad de México evalúa el plan estratégico del desarrollo del Proyecto del Aeropuerto de Texcoco.

Ante ello, se dijo que MEXCAT realizará una oferta pública de recompra en efectivo por una porción de los bonos y solicitará el consentimiento de los tenedores de los valores para hacer ciertas modificaciones a los convenios de emisión y otros documentos relacionados”.

Además, coomo lo había adelantado el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, el objetivo principal de la oferta de recompra y de la solicitud de consentimiento será proporcionar flexibilidad a MEXCAT en el caso de que se presenten cambios por parte de la nueva administración.

Así, se buscará comprar una parte de la deuda vigente, con lo cual se prevé “reducir el apalancamiento del Fideicomiso de forma significativa, y modificar los convenios de emisión de cada uno de los valores, así como los acuerdos relacionados con éstos para eliminar ciertas obligaciones y eventos de incumplimiento relacionados con el proyecto del aeropuerto de Texcoco, y liberar el gravamen sobre la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA) y otros activos relacionados”.

Se aclaró que seguirán siendo garantizados por los derechos al cobro de la TUA y otros activos derivados del Aeropuerto Benito Juárez.

Las ofertas de recompra y las solicitudes de consentimiento forman parte de un plan exhaustivo para atender los acuerdos y compromisos relacionados con el Aeropuerto de Texcoco con diversos inversionistas, contratistas y otros accionistas, incluyendo los tenedores de certificados emitidos por la Fibra E del Aeropuerto de la Ciudad de México.

Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México pretende atender a los derechos contractuales de estas partes interesadas y asegurar un trato justo de acuerdo con las prácticas de mercado para estas situaciones, señaló Hacienda.

8 de cada 10 programas sociales fallaron durante el gobierno de EPN

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Durante los seis años del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, de 2012 a 2018, solo 2 de cada 10 programas de desarrollo social cumplieron su función. La mayoría de los que debieron atender a la población más pobre y marginada, en problemas como la falta de empleo, el acceso a la vivienda digna, la educación y la salud de calidad, no sirvieron, ya sea porque no alcanzaron a un porcentaje relevante de sus grupos objetivo, porque no lograron sus metas o porque su diseño no fue el adecuado, entre otros factores.

Así lo reporta el balance que hace la Agencia para el Desarrollo AC (Gesoc), un centro de investigación del gasto social que presenta cada año, desde 2009, el Índice de Desempeño de los Programas Públicos Federales (Indep). En la edición más reciente, la de 2018, la organización aprovecha para comparar los resultados de los últimos seis índices y concluye que 81.45 % de los programas y acciones federales de desarrollo social evaluados durante el periodo presentan problemas en términos de su desempeño.

Alfredo Elizondo, coordinador de Proyectos de Gesoc, afirma que fue un sexenio perdido en materia de política social. “De 2012 a 2018 solo 16.6 % de los programas tuvieron un desempeño destacado. Con estos números es poco probable que pueda disminuir la pobreza”.

El investigador señala que no se utilizó la evidencia, ni siquiera la que genera la propia Secretaría de Hacienda para hacer modificaciones y mejoras. A los programas que fueron la excepción por su desempeño óptimo o de alto potencial, el gobierno solo les destinó 45.3 % del total del presupuesto, ni siquiera la mitad de los recursos. Mientras que programas que no cumplieron con su función tuvieron 44 %. Más aún, hubo una tendencia a aumentar los recursos de programas con un desempeño dudoso.

En términos generales, señala el estudio, es posible observar que la tendencia entre la calidad de la asignación presupuestaria y el desempeño de los programas se encuentra contrapuesta. Desde el ejercicio fiscal 2014 se han asignado cada vez una menor cantidad de recursos a los programas con un Nivel de Desempeño Optimo y Alto potencial.

Persiste una dispersión importante de recursos hacia programas y acciones federales de desarrollo que deberían, más que tener presupuesto, rediseñarse para poder funcionar.

Gesoc presentó la más reciente edición del Indep, la 2018, este martes en la Cámara de Diputados, ahí frente a un grupo de legisladores, la mayoría de Movimiento Ciudadano, Elizondo subrayó que el enfoque de asignación presupuestaria del Congreso de la Unión debe obedecer a criterios de desempeño y de transparencia de los programas sociales, de lo contrario se seguirán vulnerando los derechos de las poblaciones más pobres del país.

“Pero el gran problema que tuvimos con las dos legislaturas pasadas -afirmó- es que los legisladores, por la conformación de fuerzas políticas en la cámara, no atendieron a la evidencia y mantuvieron los presupuestos para los programas con bajo desempeño pese a sus resultados. Hay entonces una oportunidad en esta legislatura para corregir”.

En representación de los diputados presentes a quienes se les entregó el estudio, entre ellos Tonatiuh Bravo Padilla y Fabiola Loya Hernández, ambos del partido Movimiento Ciudadano, Martha Tagle (del mismo grupo parlamentario) dijo que el legislativo no debe pasar por alto este tipo de recomendaciones sobre la política del gasto social y mencionó que en efecto no se deben perder de vista los programas con mal desempeño, sobre todo los que están en la caja negra y los que reflejan la dispersión de la política social federal.

Estas son dos categorías que utiliza el Indep para señalar a los programas opacos o que solo fragmentan y desperdician recursos. En la caja negra se ubican los que no transparentan información que permita conocer su nivel de desempeño. De 970 programas que se evaluaron a lo largo del sexenio, 233 estuvieron en la caja negra, con un total de presupuesto de 458 mil 293 millones de pesos.

Si bien es cierto que a lo largo de los últimos seis años, el número de programas opacos bajó, en 2012 había 50 en esa categoría y para 2018 quedan ahí solo 5, aún tienen 6 mil 503 millones de presupuesto, el de mayores recursos es el de Investigación científica, desarrollo e innovación, cuya unidad responsable es el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, y que tuvo un presupuesto aprobado para 2018 de 5 mil 53 millones de pesos.

En la categoría de dispersión programática y presupuestal, en la que Gesoc coloca a los programas con una orientación similar a otros y que, por lo tanto, solo fragmentan esfuerzos y recursos, en 2012 había 16, para 2018, el año de cierre de Peña Nieto, hay en este rubro 39, lo que representa el 32.77% del total de los 119 programas evaluados este año por la organización.

Frente a este panorama, lo que Gesoc recomienda es una reingenieria del gasto social. Elizondo dijo que es indispensable para la reestructuración del presupuesto considerar los resultados y eliminar la inercia que permea en las asignaciones presupuestarias.

El investigador señaló que hay dos programas en la actual administración, Pensión para adultos mayores y Subsidio a programas para jóvenes de Sedesol, con un presupuesto aprobado en 2018 de 39 mil 509 millones de pesos, que podrían caer en duplicidad con los programas insignia de la nueva administración para apoyar a jóvenes y a personas de la tercera edad.

También advirtió que hay más de 50 programas con un presupuesto aprobado en 2018 de 147 mil 477 millones, sobre las que se pueden hacer modificaciones para mejorar la eficiencia del gasto, entre estos están: el de Concurrencia con las Entidades Federativas y el de fomento ganadero de Sagarpa, el de Apoyo a la Vivienda y de Consolidación de Reservas Urbanas de Sedatu y el de Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).

Sobre los programas insignia de la siguiente administración, como Jóvenes Construyendo el Futuro, Elizondo señaló que aunque se ha dicho que se requieren 22 mil millones de pesos para cubrir a los 2.3 millones de jóvenes (que se planea vincular con empresas), en realidad se necesitan 99 mil millones de pesos. “Habría que ver si se hará una cobertura paulatina o qué se hará porque hay una brecha de 77 mil millones”.

En el caso de la pensión para adultos mayores la brecha es de 9 mil millones de pesos, “pero acá la cuestión es que esto no toca de fondo el gran problema que se tiene en cuanto al sistema de pensiones. Hacia el futuro, no va a bastar con este subsidio sino que habría que entrarle a la discusión de cómo se va a modificar el sistema de pensiones para no depender solo de este programa”.

Respecto al programa de atención a personas con discapacidad, la brecha no es muy significativa entre lo anunciado y lo que se requiere, “pero habría que ver qué pasaría si se quisieran hacer estos programas de carácter universal y ahí la brecha se incrementa significativamente, para el de jóvenes sería de 146 mil millones, en adultos mayores 78 mil, y en el caso de personas con discapacidad (que son 7.7 millones) de 105 mil millones de pesos”.

(Con información de Animal Político)

Es designado Santiago Nieto al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP

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Santiago Nieto, ex fiscal de Delitos Electorales, ha sido nombrado como el próximo responsable de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, desde donde el nuevo gobierno combatirá la corrupción y la delincuencia.

Al presentar a su futuro colaboradorCarlos Urzúa, postulado para la Secretaría de Hacienda en el nuevo gobierno, destacó que la Unidad de Inteligencia Financiera “se encargará de seguirle la pista al lavado de dinero y con ello combatir de manera frontal a la corrupción. Se va a encargar de uno de los asuntos más delicados de cualquier nación”, detalló.
Santiago Nieto adelantó que la estrategia contra el lavado de dinero ya no pasará exclusivamente por tácticas policíacas, sino también por acciones de inteligencia financiera.
“Si no golpeamos las estructuras financieras de la delincuencia organizada, el avance será mucho más lento”, advirtió Santiago Nieto. En esa línea señaló que entrará en contacto con los actuales responsables de la Unidad de Inteligencia Financiera para realizar un diagnóstico y afinar la estrategia de combate al lavado de dinero con información actual.
Al resaltar que México ocupa el lugar 135 de 180 naciones en materia de corrupción, Nieto alertó que la desviación y el desfalco con el dinero público, “inicia en los procesos electorales, a partir de la entrega de recursos en efectivo y transferencia ilícitas, en varios espacios; desde personas en el servicio público, con contratistas hacia los candidatos y autoridades“.
Al plantear la necesaria mejora del marco normativo, Nieto resaltó una revisión al artículo 19 constitucional para establecer a los que se determinen como delitos graves y esto “requiere de una coordinación estrecha entre la UIF y la futura Fiscalía de la República.
Por otra parte, el futuro secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, señaló que la elaboración de la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos 2019 va “requete bien, hay más margen de maniobra de lo que se piensa. Se trata de reencauzar programas, consolidar compras y combatir la corrupción. En el caso de la universalización del programa de pensión para adultos mayores, Urzúa afirmó que “mucha gente con toda razón lo puede pedir, aún los más ricos de México“, finalizó.
Santiago Nieto es Doctor en Derecho por la UNAM, especialista en temas electorales y de combate a la corrupción, en particular financiamiento ilícito a partidos políticos, peculado y condicionamiento de programas sociales.
Fue coordinador de asesores y secretario particular de la contadora mayor de Hacienda de la ALDF, que se encarga de la revisión de la cuenta pública de la ciudad.
En fue 2015 titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.
Durante su gestión se enfatizó el combate al financiamiento ilícito a las campañas electorales y uso de recursos con fines electorales.

Terminará el sexenio con finanzas públicas débiles: CEESP

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El Gobierno del Presidente mexicano Enrique Peña Nieto “concluirá con una mayor debilidad en las finanzas públicas respecto a los tres sexenios previos”, es decir, en cuatro sexenios contando el propio, aseguró hoy domingo el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

Por ello, el organismo dependiente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la cúpula del empresariado mexicano, señaló que “es fundamental insistir en un fortalecimiento de las fuentes de recursos recurrentes y una revisión al ejercicio del gasto”.

Además, dijo que esto “se debe complementar con un fortalecido estado de derecho y reglas del juego claras que inhiban la corrupción e impunidad que ha propiciado que nuestro país se sitúe entre los peor calificados en materia de desvío de fondos públicos“.

El CEESP resaltó que en el mejor de la casos 2018 concluirá dentro de los parámetros estimados en los Criterios Generales de Política Económica y que la tendencia que llevan los ingresos totales del sector público avisora que se concluirá el presente ejercicio con una cifra ligeramente superior al total reportado en 2017, pese a la ausencia de los remanentes del Banco de México (Banxico).

La administración del Presidente Peña Nieto concluirá el 30 de noviembre próximo.

De acuerdo con las cifras más recientes de la gubernamental Secretaría de Hacienda, los ingresos totales del sector público cayeron 10.3 por ciento en el primer semestre del año interanual.

El Gobierno del Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, asumirá el próximo 1 de diciembre, con el objetivo de acabar con la arraigada corrupción y con los altos índices de violencia y de desigualdad social.

El futuro mandatario ha propuesto revisar millonarios contratos públicos de la administración de Peña Nieto, así como eliminar parte de algunas de las reformas estructurales.

El CEESP dijo que hacia adelante la salud de las finanzas públicas será un factor determinante para dar fortaleza interna a la economía, y así poder hacer frente a los eventuales desequilibrios del exterior.