El Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 trajo a la luz que la Secretaría de Función Pública (SFP), organismo encargado de combatir la corrupción, presentaba irregularidades. Pero el informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no solo señala la falta de transparencia en la SFP, sino que también hay otros programas y proyectos que no tienen claridad en las cuentas.
La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) realizó adjudicaciones directas sin fundamentar el motivo ni la documentación correcta. Esto es algo gravísimo para cualquier institución; en resumen (muy simplificado): se supone que al momento de que un organismo público vaya a contratar o comprar algún bien o servicio, por una gran cantidad de dinero, tiene que cotizar con varios proveedores y hacer la contratación de aquel que sea más conveniente. Entonces, que la CONADE haga adjudicaciones directas significa que no hizo este proceso, y realizó la compra de servicios “a dedazo” por 186.7 mil millones de pesos.
Por otro lado, el proyecto estrella del sexenio, el Tren Maya, junto con el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), también tuvieron varias irregularidades. Algunos que me llaman particularmente la atención son que la FONATUR se equivocó y duplicó pagos a personal directivo y técnico, lo cual generó un pago indebido de 8.9 millones de pesos y también contrató servicios legales y financieros con costos altos cuando pudieron haber utilizado a la Secretaría de Comunicación y Transporte para no gastar tanto en las asesorías. Esto me lleva a pensar, ¿por qué no se cuida el dinero? Aunque estas cuentas son del 2019, se supone que con López Obrador entramos a una “república austera” donde ya no se gasta en cosas innecesarias y se ahorra.
Otro ente es el de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) del Programa Nacional de Reconstrucción (PNR), para rehabilitar viviendas que fueron afectadas por los sismos de septiembre del 2017 y febrero de 2018. En 2019, la CONAVI programó 36,495 intervenciones de viviendas, y a enero del 2021 donde se reportaron como concluidas 34,208 y las que restan fueron canceladas, pero aún no han reintegrado los 225.3 millones de pesos de las viviendas que fueron canceladas.
Aunque pudiera escribir una monografía sobre qué tan malos son los procesos y transacciones en cada dependencia, quiero tomar este espacio para agradecer a la ASF por su labor. Cada año demuestran las irregularidades en cada programa, proyecto o institución en su totalidad. Necesitamos que estos ejercicios sigan, pero sobre todo que los organismos y personas a las que ese les llama la atención a través de estos informes cumplan con su deber de seguir las recomendaciones y aclaraciones que le pida la ASF. Por último, también es pertinente que todas y todos sigamos con mucha atención estos resultados para verificar si efectivamente el gobierno está cumpliendo con sus obligaciones de transparencia y rendición de cuentas, pues al final el dinero que utilizan es el que nosotros aportamos, y ese dinero tiene que ser usado correctamente.