Detienen por narcotráfico a Salvador Cienfuegos, ex titular de la Sedena en el Gobierno de Peña Nieto

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El ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el sexenio de Enrique Peña Nieto, Salvador Cienfuegos, fue detenido en los Estados Unidos.

De acuerdo a una revisión histórica hecha por este medio de comunicación, se trata de la primera ocasión en la historia de las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos, que un general de Ejército mexicano es detenido por autoridades estadounidenses.

Cienfuegos fue detenido, por petición de la DEA, en el Aeropuerto de Los Ángeles, California, bajo cargos de conspiración criminal, lavado de dinero y narcotráfico.

El General mexicano viajaba con su familia, cuyos integrantes no fueron revelados, aunque sí se dijo que fueron dejados en libertad.

Cienfuegos, de 72 años, fue pieza clave en la estrategia de seguridad de Peña, que intentó distinguirse de la de su antecesor, Felipe Calderón, con la disminución de enfrentamientos y con la presunción de que privilegiaban operaciones de inteligencia sobre las de la fuerza.

Cabe señalar que con Cienfuegos fueron capturados capos como los hermanos Miguel Omar Treviño, líderes de los Zetas, detenidos en el 2013 y el 2015, y Servando Gómez “La Tuta”, de la Familia Michoacana, arrestado en febrero del 2015.

En el 2013, florecieron los grupos armados de autodefensa en al región de Tierra Caliente, en Michoacán, que presuntamente se levantaron contra los cárteles de la droga y que eran auspiciados por fuerzas militares.

En el sexenio de Peña Nieto el capo más importante del país, el jefe del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, fue capturado en febrero del 2014 en Mazatlán por efectivos de la DEA y un cuerpo especial de la Marina mexicana, sin embargo, un año después “El Chapo” se fugó del penal de alta seguridad del Altiplano para ser detenido en el 2016 por policías federales. en ninguna de las acciones contra “El Chapo” destacó el Ejército.

Cabe mencionar que durante el paso de Cienfuegos por la serena, el Cártel Jalisco Nueva Generación, identificado como uno de los mayores generadores de violencia en México adquirió mayor fuerza hasta convertirse en la segunda organización de tráfico de drogas más poderosa de México, según el último reporte anual de la DEA.

Por otro lado, la gestión del General en la Sedena estuvo marcada por la corrupción, pues de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se detectaron irregularidades en 88 de los 93 contratos de la dependencia por un monto de 603 millones de pesos.

También fueron señaladas irregularidades en las compras de equipos de espionaje, equipo militar y armas.

Otro de los temas graves durante la gestión de Cienfuegos fueron las violaciones a derechos humanos, como el caso de Tlatlaya, en el sur del Estado de México, donde 22 personas fueron ejecutadas en junio del 2014 por militares.

Cienfuegos también rechazó la solicitud de familiares de los 43 normalistas desparecidos de Ayotizinapa, quienes pedían poder ingresar a los cuarteles del Ejército para buscar a sus hijos.

(Con información de Grupo Reforma)

Dejan Administraciones de Calderón y EPN huecos en fideicomisos por 32mmdp

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Informes camerales y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revelan que las Administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto dejaron entre 2006 y 2018 un hueco de 32 mil millones de pesos en materia de fideicomisos.

De ellos, 21 mil 566 millones de pesos, corresponden a recursos destinados a afrontar los daños ocasionados por emergencias o desastres naturales como huracanes y los sismos de 2017 que afectaron el sur y centro del país.

Mientras que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar) y diferentes fideicomisos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) recibieron observaciones de la Auditoría por 11 mil millones de pesos.

Entre los aspectos que destaca la Auditoría, está la falta de normatividad para la entrega de apoyos tras los terremotos de 2017, pues, por ejemplo, no se contó con un mecanismo de control que permitiera a las autoridades comprobar que no hubo duplicidades en el otorgamiento de financiamiento para la reconstrucción.

Para la cuenta pública de 2018, la ASF se remitió a años previos y concluyó que con relación a la gestión financiera de los recursos autorizados al Fonden 2003, en términos generales las secretarías de Hacienda y Crédito Público, Gobernación, y Comunicaciones y Transportes, así como la Comisión Nacional del Agua, los institutos de Infraestructura de Chiapas, Oaxaca y Morelos, coordinados por la SEP y Banobras no cumplieron con las disposiciones legales y normativas aplicables a la materia”.

Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) tuvo entre 2012 y 2018 una partida de 14 mil 448 millones de pesos para la reconstrucción de viviendas afectadas por desastres naturales, pero de acuerdo con revisiones en terreno, no se pudo comprobar la reparación total de las casas dañadas por algún siniestro en ese periodo.

Durante la Administración del priista Enrique Peña Nieto, se cuenta con algunos ejemplos de observaciones al dinero depositado en fideicomisos como la construcción del proyecto Playa Espíritu, en Sinaloa, en el cual el Fonatur invirtió 1 mil 400 millones de pesos y hasta la fecha no se ha podido vender ni un solo lote.

Aunado a ello, de acuerdo con los argumentos presentados por los diputados de Morena en San Lázaro, no existe información disponible sobre los rendimientos, uso o destino de 9 mil 646 millones de pesos que realizó el Conacyt mediante operaciones bancarias.

Esta semana, en la Cámara Baja se concretó la extinción de 109 fideicomisos cuyos recursos darán a la Federación una bolsa de más de 60 mil millones de pesos.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que en 10 días exhibirá a las personas que se beneficiaron de los fideicomisos que se están desapareciendo y aseguró que, de configurarse un delito, se presentarán las denuncias correspondientes.

Los legisladores que avalaron la extinción de dichos fondos y fideicomisos aseguran que se busca eliminar la opacidad y discrecionalidad en el uso de recursos públicos y fomentar la transparencia y rendición de cuentas.

La determinación de eliminarlos ha generado un descontento en los sectores afectados (científicos, deportistas, víctimas de delitos, artistas y demás), a quienes se les ha afirmado que continuarán recibiendo los recursos con los que se beneficiaban, sólo que ahora sin intermediarios.

(Fuente: El Mañanero)

Tribunal ratifica sanción por compra de acero de la Estela de Luz, mejor conocida como la “suavicrema”

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A más de ocho años de su inauguración, la polémica Estela de Luz, sigue dando de qué hablar.

Este miércoles, la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) ratificó la responsabilidad resarcitoria fincada en marzo de 2019 por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) contra dos responsables de la compra de acero a un mayor precio para la construcción del monumento conmemorativo del bicentenario del inicio de la Guerra de Independencia.

Se trata de Andrés León Reguera, residente de obra a quien la ASF fincó responsabilidad de 216.3 millones de pesos, y de Juan Alberto Bravo Hernández, asesor técnico administrativo, quien debe responder por un daño de 230 millones de pesos a la Hacienda Pública federal.

Ambos trabajaban para la paraestatal III Servicios, que fue la encargada de contratar a las empresas privadas que ejecutaron la obra.

León y Bravo aparentaron un cambio de acero inoxidable para el proyecto que incrementó el costo en 316.5 millones de pesos.

No obstante que el TFJA confirmó que éste era igual al original.

León y Bravo pueden impugnar la sentencia del TFJA mediante amparo directo ante un tribunal colegiado de circuito en materia administrativa.

De ser confirmadas en definitiva, las resoluciones de la ASF se convertirán en créditos fiscales, que corresponderá al SAT ejecutar.

 

Revelan que administración de EPN desvió fondos destinados para insumos médicos

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Durante la Administración de Enrique Peña Nieto se desviaron recursos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que debieron ser utilizados para adquirir ventiladores, uniformes y medicamentos para la institución.

Entre 2014 y 2018, el IMSS contrató a 133 empresas fantasma a las que les pagó 320.9 millones de pesos por 15 ventiladores, 250 mil uniformes quirúrgicos, 80 mil 377 batas para aislamiento, 114 mil 746 colchas y sábanas para camas hospitalarias, así como cientos de equipos médicos, instrumental quirúrgico y miles de artículos como agujas, gasas y medicinas.

De acuerdo con datos proporcionados por Impunidad Cero y Justicia Justa en el estudio Facturas falsas: la epidemia en el sector Salud, de 2014 a 2018, los sectores de Salud federal y estatales desviaron 4 mil 179 millones de pesos a empresas fantasma.

El IMSS fue la segunda institución con el mayor desfalco.

En los años analizados los directores del IMSS fueron: José Antonio González Anaya (2012-2016), Mikel Arriola (2016-2017) y Tuffic Miguel Ortega (2017-2018).

Uno de los contratos se firmó en 2017 con la empresa Interacción Biomédica por 4.7 millones de pesos para supuestamente adquirir nueve ventiladores pediátrico-adulto-neonatal, después de un proceso de licitación.

Cada ventilador, se lee en el fallo de compra realizada por la delegación Tamaulipas, costó 532 mil 652 pesos y según las especificaciones, es un equipo electromecánico controlado por microprocesador y de soporte de vida para apoyo ventilatorio”.

El contrato se firmó el 28 de noviembre de 2017, cuatro meses después de que la empresa fuera señalada de forma definitiva por el SAT como fantasma y su nombre apareciera publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Un año después, se le otorgó otro contrato por 2.3 millones para surtir a la delegación del Instituto en Michoacán de gasas, jeringas, algodón, catéteres, termómetros, jabones, antisépticos, vendas y tubos para recolección de sangre.

Entre 2017 y 2018, Biomédica vendió al IMSS más ventiladores y equipo médico para el área de urgencias por 10.7 millones de pesos, entre el que había cunas de calor radiante, electromiógrafos y monitores de signos vitales.

Esta empresa también celebró contratos con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y otros organismos de salud estatales, como el del Estado de México, al que le vendió mil 474 millones de pesos.

En materia de construcción, la empresa fantasma que facturó el monto más alto fue Tradeco Urbana, filial de Grupo Tradeco, uno de los consorcios más beneficiados en el gobierno de Felipe Calderón y que estuvo a cargo de importantes obras, como la construcción del Puente Baluarte Bicentenario, el más alto de Latinoamérica.

A finales de 2013, Tradeco Infraestructura en conjunto con Tradeco Urbana, ganó un contrato por 447.6 millones de pesos para la construcción de un hospital en el municipio de Jesús María, Aguascalientes, pero ante al retraso en la obra, en octubre de 2015 el IMSS le revocó el contrato y encargó la obra a otra empresa.

En noviembre de ese año el ISSSTE, que le había otorgado a Tradeco Infraestructura y Grupo IGSA otro contrato para la construcción de un hospital, también se lo revocó y comenzó un procedimiento administrativo que culminó con una inhabilitación por 30 meses para Tradeco Infraestructura.

Ahora se sabe que entre 2014 y 2015, el IMSS le pagó 147 millones de pesos a Tradeco por los incipientes trabajos en el hospital de Aguascalientes. En octubre de 2017 el SAT determinó de forma definitiva que Tradeco Urbana había emitido comprobantes fiscales, entre ellos los del IMSS, que amparaban operaciones inexistentes.

Otra empresa fantasma que supuestamente realizó trabajos de conservación de unidades médicas rurales en Oaxaca fue Arquitectura e Ingeniería Celsus, que ganó tres contratos por 690 mil pesos, mientras que Ax Servicios y Concesiones remodeló los quirófanos del Hospital General de Zona en Ciudad del Carmen, Campeche.

Entre los insumos que es muy probable que no hayan llegado a los hospitales porque se compraron a empresas fantasma hay 12 reanimadores de asistencia ventilatoria para pacientes adultos, pediátricos y neonatales, cuatro aspiradores portátiles, sillas de ruedas, nebulizadores, camas, incubadoras, anteojos y gafas protectoras.

Entre los recursos desviados a compañías fachada hubo al menos 14.6 millones de pesos que iban para compra de equipo, en su mayoría aparatos médicos para el área de Urgencias.

Diversas empresas expidieron al IMSS 7.2 millones de pesos en facturas que terminaron siendo inválidas para adquirir instrumental médico y quirúrgico, como fórceps, espátulas, pinzas, separadores de tejido, charolas, vasos metálicos, tijeras y cánulas. También se destinaron 3.5 millones de pesos para la supuesta compra de medicamentos y material de curación, como jeringas, compresas, alcohol, gasas absorbentes, algodón, vendas elásticas, parches, antisépticos y cubrebocas.

Se desviaron 33.1 millones de pesos que serían para la compra de ropa hospitalaria, 21.7 millones de pesos para adquirir colchas y sábanas para camas, y tres millones para abastecerse de colchones y colchonetas.

Los contratos más cuantiosos de ropa para el personal médico se los llevó Hinfra.

En 2017, el IMSS le pagó 24.7 millones de pesos por uniformes quirúrgicos en tallas mediana, grande y extra grande, así como 11.7 millones para batas de aislamiento. Un año antes, en 2016, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) había advertido que la empresa simuló operaciones con beneficiarios de subsidios. Además, Hinfra está involucrada en un presunto desvío de 12 millones de pesos en Chihuahua, donde también se investiga al ex Gobernador César Duarte Jáquez.

La Fiscalía General del Estado reveló que Jesús Manuel Esparza Flores, ex auditor del estado y acusado de peculado, otorgó un contrato a la compañía para simular servicios de asesoría que nunca se llevaron a cabo,

Hinfra, constituida en Puebla en 2013, es la segunda empresa fantasma que más facturó al IMSS.

De acuerdo con los datos recabados por Impunidad Cero, vendió al Instituto insumos por más de 60 millones de pesos.

El Instituto también desvió al menos 44.6 millones de pesos que serían destinados a diversos trabajos de mantenimiento a sus instalaciones hospitalarias y de conservación a su infraestructura, a diversas empresas que sólo existían en el papel.

En 2014 desembolsó 5.6 millones de pesos supuestamente para que la Comercializadora Radchen le prestara diversos servicios de mantenimiento. Uno de ellos era para la limpieza de ductos de aires acondicionados en la delegación del IMSS en Tamaulipas.

La delegación del IMSS en Nuevo León le otorgó a Grupo Global de Negocios un contrato por 2.3 millones de pesos en 2016 para que le diera mantenimiento a unos montacargas. Otro rubro al que se destinaron 8.5 millones de pesos fue al de compras de artículos terapéuticos y playeras deportivas.

Cabe mencionar que, de acuerdo con un comunicado difundido por la Secretaría de la Función Pública, desde el 01 de mayo pasado inició una investigación en torno a la adquisición de ventiladores por parte del IMSS, desde su delegación en Hidalgo.

La dependencia agregó que durante el pasado fin de semana se requirió información al IMSS y se giró un oficio al director de la Institución, Zoé Robledo, para contar con mayores elementos para resolver el caso con celeridad.

Muere el exsecretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza

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El ex secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza murió este miércoles luego de sufrir un infarto cerebrovascular.

A través de su cuenta de Twitter, el ex Presidente Enrique Peña Nieto confirmó la noticia y envió un mensaje expresando sus condolencias.

“Lamento profundamente el fallecimiento de mi amigo y ex colaborador, Gerardo Ruiz Esparza, gran ser humano y servidor público de excelencia; responsable de importantes proyectos de infraestructura en todo México. Mi más sentido pésame y abrazo solidario a su familia y amigos. QEPD”, tuiteó el ex Mandatario.

Ruiz Esparza tenía 70 años de edad y sus últimos días los pasó en el área de terapia intensiva del Hospital ABC de Observatorio, en la Ciudad de México, al cual llegó el lunes pasado.

Durante su trayectoria, ocupó puestos en el Banco de México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Infonavit, el IMSS, Aeropuertos y Servicios Auxiliares y el Gobierno del Estado de México, como secretario de Comunicaciones con el Gobierno de Peña Nieto en la entidad entre 2005 y 2011.

De 2012 a 2018 fungió como secretario de Comunicaciones y Transportes a nivel federal, con una gestión muy cuestionada.

Entre otras cosas, fue acusado de haber incurrido en presuntos actos de corrupción para favorecer a la empresa española OHL con concesiones de carreteras y permitirles aumentar artificialmente el peaje en vialidades como el Circuito Exterior Mexiquense y el Viaducto Elevado Bicentenario.

El ex secretario también enfrentó en su Administración señalamientos por el socavón del Paso Exprés en Cuernavaca, donde dos hombres perdieron la vida a causa de la mala calidad de la vialidad.

Recientemente, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó el último paquete de auditorías de la Cuenta Pública 2018. La Secretaría encabezada por Ruiz Esparza fue el sector que acumuló más irregularidades, con observaciones por más de 8 mil millones de pesos.

(Fuente: El Mañanero Diario)

UANL simuló obras en el NAIM

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La Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló que la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) no acreditó que se hayan realizado trabajos vinculados al proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), por lo que determinó un probable daño al erario de 14.6 millones de pesos por parte de la Uni.

Las anomalías detectadas incluyen servicios y entrega de bienes que no fueron comprobados; irregularidades en la contratación de personas físicas, así como en los choques y cobro de los cismo para el pago de estímulos, y comprobantes de gastos menores que no coinciden con las actividades, entre otras.

Los 14.6 millones de pesos son el total de pagos que la UANL recibido en el 2018 de un convenio firmado un año antes por 26.2 millones de pesos con el Grupo Aeroportuario de la CDMX (GACM), para ejecutar, a través de su Facultad de Arquitectura, el salvamento arqueológico al interior del Lago de Texcoco en su zona oriente, proyecto que incluía labores de supervisión, vigilancia y excavación.

Pese a que aseguró contar con capacidad para ello, la UANL subcontrata personal que no cumplía con el perfil, por 3.1 millones de pesos, así como a la empresa Gonvicgar, que recibió pagos por 2.3 millones, y cuyos trabajos y servicios no fueron acreditados.

“Se determinó que existieron inconsistencias e irregularidades relativas al pago de las personas físicas que se integraron para la comprobación de los recursos, así como no existe evidencia de que se haya realizado la prestación del servicio”, se lee en el dictamen de la ASF.

De acuerdo a la información proporcionada por la ASF, 36 personas físicas contratadas por la UANK, sólo siete tenían relación con la carrera de Arqueología y 29 no se vinculaban a los trabajos.

Otras anomalías reportadas es la entrega no corroborada de suministro astros y equipo, inconsistencias en los recibos de pago y en las firmas de las pólizas, cheques que no fueron entregados a sus beneficiarios y fueron cobrador por otras personas o depositados a la empresa subcontratada.

La ASF informa que a partir de visitas y entrevistas al personal al que se reportaron pagos, hubo quien rechazó haber realizado trabajos para la UANL.

La ASF determinó también dar vista al SAT para auditar a la UANL, a Gonvicgar y a tres personas físicas.

(Con información de Grupo Reforma)

#Kleroterion: “¿Por qué antes no corrigieron el fraude del Seguro Popular?”

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Hoy quienes nunca se interesaron por la seguridad social de los más pobres cuestionan el esfuerzo titánico de la Cuarta Transformación por consolidar un modelo de seguridad social universal comparable a los mejores del mundo. Las críticas sobran, pero esos  mismos críticos nunca alzaron la voz ante las irregularidades detectadas en el Seguro Popular. 

De acuerdo con datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) entre 2015 y 2016 los gobiernos estatales desviaron recursos millonarios del Seguro Popular,  las irregularidades encontradas sumaron más de 19 mil 500 millones de pesos. A esta cantidad deberían añadirse otros 13 mil millones que el Gobierno federal distrajo en esos mismos años del fideicomiso concentrador, donde el Seguro Popular guardaba sus recursos.

Eso es sólo en esos dos años y si usted busca pronunciamientos de la oposición denunciando la situación será difícil que las encuentre porque básicamente guardaron un SILENCIO COMPLICE ¿por qué?

Quizás la respuesta a esa pregunta se encuentre en los millones de pesos que cada gobierno estatal dispuso y en las muchas irregularidades documentadas. Hubo gobiernos que recibieron dinero y lo ejercieron con opacidad, que no elevaron el nivel de atención y que antes JAMÁS pusieron un peso más de su bolsa, como ahora anuncian que lo harán, para cubrir la atención en enfermedades que el Seguro Popular no cubría.

Pero incluso si les damos el beneficio de la duda, la pregunta es: ¿por qué se niegan a apoyar al INSABI? ¿por qué critican el nuevo modelo en lugar de ser pro activos y colaborar para perfeccionarlo?  ¿Por qué hoy sí “les interesa” la salud de los que menos tienen si antes volteaban la vista y dejaban todo a cargo del Seguro Popular? Otra vez quizás la respuesta se encuentre en los millones que dejarán de recibir, en los contratos de medicinas y construcción de hospitales que ya no podrán asignar, en la nómina que ya no podrán controlar a su antojo y beneficio.

Durante el fin de semana los gobernadores del PAN anunciaron la creación de una alternativa al INSABI que “garantice el servicio gratuito, cobertura y calidad en los servicios de salud para todos los mexicanos” y  que mantenga los beneficios del seguro popular.

Habría que preguntarse ¿beneficios para quien?, pero en última instancia el tema de fondo aquí es: si tanto les importaba, como hoy dicen, la salud de los más pobres, ¿por qué no le pusieron un alto a las irregularidades del Seguro Popular documentadas en las tres administraciones anteriores? ¿por qué no hicieron los ajustes de presupuesto y las leyes necesarias para que desde hace décadas México tuviera un sistema de salud universal? ¿por qué prefirieron mantener un sistema que los beneficiaba a ellos y permitieron que la calidad del sistema de salud disminuyera año con año? ¿Por qué a pesar de las pruebas documentadas y de los señalamientos de organismos internacionales nunca corrigieron EL FRAUDE DEL SEGURO POPULAR?

AMLO quiere instalar “placa de la corrupción” a la Estela de Luz

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Después de que los diputados del PAN no se presentaran a la sesión donde se aprobó el Presupuesto de Egresos para el 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador no perdió la oportunidad para atacar al blanquiazul.

Ahora, confesó que tiene ganas de colocar una placa en la Estela de Luz, la cual se construyó sobre el Paseo de la Reforma con motivo del Bicentenario de la Independencia, donde se especifique es es un “monumento a la corrupción”.

De esta forma, el tabasqueño puso un ejemplo para criticar cómo los gobiernos panistas utilizaban los recursos públicos.

Y abundó: “(…) nada más que revisen un poco los antecedentes. ¿Qué hacían ellos?, ¿o ya se les olvidó cómo aprobaban el presupuesto”, pues asegura que destinaban el presupuesto para gastos superfluos.

Dijo que hay documentos para comprobar cuánto iba a costar la Estela de Luz en un inicio y cuánto terminó costando.

Y recalcó: “Pero eso ya se les olvidó (a los panistas), a mí no se me olvida. Yo perdono, pero no olvido”.

La Auditoría Superior de la Federación dio a conocer en marzo de 2013 que desde la concepción hasta la conclusión de la Estela de Luz, se invirtieron 1 mil 304 millones 917.7 mil pesos.

Dio cuenta que se gastó un 192 por ciento más respecto a lo contratado originalmente.

La obra que originalmente se inauguraría el 15 de septiembre de 2010, terminó estrenándose el 07 de enero de 2012.

Revela ASF que 32% del Senado carece de perfil idóneo. 

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La Auditoría Superior de la Federación (ASF) público que el 32% de los miembros del Senado de la República carece del perfil idóneo para el puesto que desempeñan. 

Tras el segundo informe de la Cuenta Pública, la ASF presento “debilidades de control” en la gestión de recursos humanos del Senado, al presentarse puestos que no describían el número y nombre del servidor público. 

Solo el 67.7 por ciento de los 344 servidores públicos de la 63 Legislatura cumplieron con el grado de estudios requerido para el empleo.

En la 63 Legislatura se integraron 196 servidores públicos para las comisiones Legislativas, Igualdad de Género y para el Grupo Parlamentario, entre otras.

El interés de la ciudadanía se ve reflejado en las cifras recolectadas por la Encuesta Nacional sobre el Senado 2019, que es aplicada por el Instituto Belisario Domínguez, esta informó que aunque solo el 2 por ciento de sus encuestados conoce el número de integrantes del Senado, y que el 32 por ciento sabe que duran seis años en el cargo, el 49.4 por ciento aprueba el desempeño de los Senadores.

 

 

 

(Con información de Milenio) 

Abogado de Robles no presentará acta que dio a Meade… por el momento

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Julio Hernández, abogado de la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles, dio a conocer que por el momento no presentarán la copia certificada del acta de entrega-recepción que su clienta dio en 2015 a José Antonio Meade.

La decisión, informó Hernández, no se tomó por capricho, sino porque el juez Décimo de Distrito en materia de Amparo de la CDMX concedió la suspensión provisional para que el documento no sea entregado a la Fiscalía General de la República (FGR), como lo ordenó el juez de control Felipe de Jesés Delgadillo Padierna.

Delgadillo Padierna había dado un plazo de tres días para presentar la copia certificada o notariada del acta, algo que de acuerdo al defensor de Robles, viola los derechos humanos de su clienta.

La defensa de la también ex titular de la Sedatu asegura que a través de la acta se informó a Meade de las irregularidades detectadas en la Sedesol por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).