México pide a Reino Unido la detención y extradición de Karime Macías

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El encargado de despacho de la Procuraduría General de la República (PGR)Alberto Elías Beltrán, informó que existe una orden de detención provisional con fines de extradición en contra de Karime Macías, esposa del ex gobernador de VeracruzJavier Duarte.

Durante una reunión de trabajo con diputados de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, el funcionario federal precisó que hace unas semanas se formuló dicha petición a la cancillería británica y se espera la respuesta de las autoridades judiciales de ese país.

Indicó que sí se investiga a Karime Macías por presuntos delitos fiscales, razón por la que se solicitó la orden de extradición a la Secretaría de Relaciones Exteriores, dependencia que le está dando el curso correspondiente.

El pasado 9 de julio se hizo la solicitud a la cancillería mexicana y en octubre se realizó la petición formal ante la instancia de justicia de Reino Unido, país donde se valora si existen las condiciones para efectuar ese trámite.

Elías Beltrán indicó que por cuestiones de secrecía no se pueden proporcionar más datos, pero que si hay una investigación abierta contra otras personas cercanas al exgobernador de Veracruz.

El encargado de despacho de la Procuraduría General de la República (PGR) aseguró que Karime Macías y otras personas presuntamente involucradas en este caso se les indaga por presuntos delitos fiscales. Que continúa robusteciéndose el proceso para las órdenes de aprehensión y las solicitudes con fines de extradición como es el caso de Karime Macías.

La esposa del ex gobernador de Veracruz radica en Londres desde 2007, donde de acuerdo con las indagatorias presentó una solicitud de asilo político luego de que en México se le acusa de un presunto fraude por alrededor de 122 millones de pesos.

CNDH responsabiliza a la SCT por socavón en Paso Exprés

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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) es la principal responsable de todas las irregularidades derivadas de la planeación y ejecución del Paso Exprés en la autopista México-Cuernavaca.

La CNDH determinó que la SCT es responsable de las irregularidades en el socavón donde murieron dos personas, por lo cual entregará los resultados de sus investigaciones a la Procuraduría General de la República (PGR).

De acuerdo con la investigación, la negligencia y posible corrupción fueron el origen de la tragedia en el libramiento Paso Exprés de la autopista México Cuernavaca, atribuibles a la SCT y al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras).

“Además, con motivo de dichas irregularidades y por la relación entre autoridad y empresas en un posible esquema de manipulación y fragmentación de contratos, solicitará a la Secretaría de la Función Pública investigue el caso de manera integral y no dispersa”, dijo en un comunicado.

Según la CNDH, salvo 9 servidores públicos sancionados en materia administrativa, el hecho continúa impune al no haber responsables penalmente ni por falta de rendición de cuentas.

Por lo anterior, la CNDH emitió la Recomendación 34/2018, dirigida a Gerardo Ruiz Esparza, Secretario de Comunicaciones y Transportes y a otros servidores públicos.

 

INAI pide a PGR dar a conocer video sobre asesinato de Colosio

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El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) dar a conocer el videocasete identificado como “Atentado a Lic. Colosio”.
El comisionado Joel Salas Suárez destacó que la difusión de este material no pone en riesgo las investigaciones sobre este caso, ya que no dan cuenta de las líneas que sigue la indagatoria.

Agregó que los mexicanos esperan respuestas sobre el asesinato de Colosio y de otros personajes como el ex secretario general del PRI José Francisco Ruiz Massieu y del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, ya que la opacidad puede generar suspicacias.

Salas Suárez mencionó que la PGR decidió reservar el expediente de la investigación del caso Colosio en noviembre de 2000 y el último fiscal de la entonces Subprocuraduría Especial cerró el caso y turnó al Archivo General de la Nación, advirtiendo que debía ser clasificada hasta 2035.

En ese sentido, afirmó que el Instituto ha propugnado por la máxima publicidad: en 2011, el entonces IFAI ordenó a la PGR dar a conocer los 13 videos del momento exacto del atentado y, en agosto de 2018, el INAI instruyó al mismo sujeto obligado dar a conocer los informes de las investigaciones sobre el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, hechas durante la gestión de Diego Valadés.

PGR reconoce mala integración del caso Duarte

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La Procuraduría General de la República  (PGR) reconoció que la investigación del caso Javier Duarte, originalmente planteada por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada tuvo errores importantes de inicio, pero sostuvo que la sentencia de 9 años dictada al ex gobernador evitó que el caso quedara en la impunidad, riesgo que además existía por la posibilidad de que el juez invalidara los datos bancarios.

En una reunión con medios de comunicación el subprocurador de Delitos Federales de PGR, Felipe Muñoz Vazquez, dijo que este caso contra Duarte iniciado en 2016 (aún en la gestión de la procuradora Arely Gomez) y relacionado con la compra de parcelas a sobreprecio con dinero proveniente de empresas fantasma y prestanombres, tuvo que ser corregido en el camino.

“Cuando nosotros llegamos en esta administración (con el procurador Raúl Cervantes) nos encontramos una carpeta de investigación mal integrada. Lo digo así: mal integrada y en la que ya había una orden de aprehensión por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y cuando digo mal integrada es porque me sorprende que el juez incluso librara las órdenes de aprehensión eh, pero bueno la perfeccionamos” señaló.

El pasado lunes la organización TOJIL Estrategia contra la Impunidad presentó una denuncia penal ante la PGR por posibles hechos de corrupción en el procedimiento penal contra el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, argumentando que hubo “discrepancias entre las acusaciones de la investigación” y calificando la pena de 9 años como “desproporcional” para los delitos que se le imputan.

“La negociación realizada por el Ministerio Público de la Federación resulta desproporcional a los hechos que eran investigados, por lo que se advierte la existencia de una posible colusión con el imputado a cambio de una cantidad de dinero, bienes o beneficios que dieran lugar a la solicitud de una pena totalmente inadecuada”, se lee en la denuncia penal.

Aunado a la sentencia de 9 años, Javier Duarte de Ochoa aun enfrentará otros dos procesos en su contra que ya están en curso, promovidos por la Fiscalía de Veracruz por el uso ilegal de un helicóptero y el presunto desvío de 200 millones de pesos que estaban etiquetados para obras hidráulicas. Además pesan sobre él dos órdenes de aprehensión que no se han podido ejecutar por delitos electorales y desaparición forzada.

Osorio Chong pide a PGR pensar más en las víctimas del caso Iguala

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El ex secretario de GobernaciónMiguel Ángel Osorio Chong pidió a la Procuraduría General de la República (PGR), que acredite de mejor manera sus acusaciones en contra de los implicados en la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, Guerrero y a los jueces les pidió considerar también los derechos de las víctimas del crimen.

Ante la liberación de ocho implicados, así como del auto libertad que un juez federal dictó a favor de Erick Uriel Sandoval, conocido como “La Rana”; en conferencia, el coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se dijo intranquilo de que en México se preocupen más por los derechos de los delincuentes que por los de las víctimas.

Por ello hizo un llamado a la PGR “para que acredite mejor las cosas”. “Piensen en el dolor de muchas personas y ya nos los me refiero a los 43. Algunos de ellos fueron parte de la comisión de diferentes delitos. Así se les acreditó. Así se les señaló y por eso los detuvimos… Ojalá se pueda pensar antes de dictar la liberación de estos delincuentes”, refirió.

Aunque se pronunció en contra de los excesos, advirtió que no hay manera de detener con cortesía a los acusados de los abusos.

“Si hay que sancionar a algún servidor que se excedió en el uso de sus facultades hay que hacerlo, pero protejamos también a las víctimas que son los padres de los jóvenes (desaparecidos) para que alguien que tiene información relevante, porque así se destacó en los expedientes, no pueda salir libre. Es a lo que yo me refiero, simplemente a cuidar a las víctimas“, enfatizó.

Osorio Chong señaló que espera que no dejen salir a los otros implicados a partir de acreditar que todo se realizó bajo el debido proceso.

Sigue creciendo la lista de empresas fantasma implicadas en presuntos desvíos en Sedesol y Sedatu

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El número de empresas que participaron en los presuntos desvíos en la Sedesol y Sedatu, entre 2014 y 2016, y que ya fueron denunciadas por la autoridad tributaria como sociedades fantasma va en aumento.

A las siete empresas que participaron en los presuntos desvíos y que ya tenía en la lista negra en agosto, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) incluyó en su último reporte del 21 de septiembre a siete más, porque comprobó que no tienen infraestructura real, personal, ni activos.

Además, el SAT reportó a otras cinco más como presuntas fantasma por el mismo motivo: simular operaciones comerciales para cometer presuntos delitos como evasión de impuestos, desvío de recursos, o lavado de dinero.

Suman ya 19 empresas consideradas fantasma por el SAT, y que fueron subcontratadas por 825 millones de pesos para darle supuestos servicios de comunicación social a Sedesol y Sedatu.
En total, suman 19 empresas boletinadas como fantasma, que fueron subcontratadas por 825 millones de pesos para darle supuestos servicios de comunicación social a Sedesol y Sedatu, aunque en realidad se trata de departamentos abandonados, lotes baldíos, o tienditas de reparación de teléfono en colonias populares.

Estas empresas fantasmas fueron beneficiadas gracias a un esquema de desvío en el que se utilizó como intermediarios a universidades públicas y a tres medios de comunicación estatales: Radio TV Hidalgo, Televisora de Hermosillo y el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social.

Tal y como documentó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en informes forenses de la Cuenta Pública, estos entes públicos debían dar los servicios a Sedesol y Sedatu, pero no tenían la capacidad para ello, y subcontrataron de manera arbitraria y sin pasar por ninguna licitación a estas empresas fantasma, violando además la ley federal de adquisiciones.

Es el mismo esquema documentado en la investigación La Estafa Maestra, donde más de 4 mil 600 millones de pesos de 11 dependencias de Gobierno acabaron, entre 2012 y 2014, en 146 empresas fantasma o irregulares a través de ocho universidades públicas.

Según la ASF, los desvíos en Sedesol y Sedatu entre 2014 y 2016 se produjeron cuando Rosario Robles era titular en la Sedesol, primero, y luego en la Sedatu. En entrevistas y notas informativas, tanto Robles como ambas dependencias de gobierno a nivel institucional, han rechazado que cometieran irregularidades en los convenios con universidades públicas y medios estatales.

Su postura, en resumen, es que los convenios son legales. Que las dependencias no hicieron directamente ninguna contratación de empresas. Y que cuentan con los entregables que demostrarían que se cumplieron los servicios contratados a las universidades y a los medios estatales.

No obstante lo anterior, la ASF lleva presentadas 18 denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el presunto desvío de 2 mil 824 millones de pesos solo en Sedesol, entre 2013 y 2015. Mientras que, según información proporcionada por la Auditoría al Senado de la República, presentará otras cinco denuncias más a finales de octubre por presuntos desvíos en Sedatu por mil 529 millones de pesos.

Avala Senado citar a titular de la PGR por caso Javier Duarte

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Tras enfatizar que la sentencia para Javier Duarte es un incentivo nacional al saqueo y una carta abierta a la impunidad, los diputados federales citaron al encargado de la Procuraduría General de la República (PGR)Alberto Elías Beltrán, para que hable de las pruebas que presentó contra el ex gobernador de Veracruz e informe sobre las medidas para recuperar los recursos públicos desviados.

Por unanimidad, los diputados aceptaron un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución que presentó el PAN, para que el encargado de despacho de la PGR se reúna con un grupo de diputados y explique por qué laspruebas que presentó contra Duarte desencadenaron una condena de nueve años de prisión y multa de 58 mil 890 pesos.

Qué venga y rinda cuentas el encargado de despacho de la PGR y nos explique a los diputados y a las diputadas las razones por las que Duarte tiene esa raquítica sentencia. Que venga el encargado de despacho a hablarnos de frente, de cara a la nación y nos informe sobre las acciones de extinción de dominio y de recuperación de activos que se han realizado respecto a los bienes relacionados con las conductas ilícitas en este caso”, exclamó el panista Jesús Guzmán.

El punto de acuerdo incluso fue apoyado por el PRI. Héctor Yunes, ex candidato a gobernador de Veracruz, afirmó que si bien es un juez quien dicta las sentencias, también está claro, que lo hace con base en los elementos que le aporta la PGR.

No más sentencias pequeñas para grandes ladrones, que la justicia se aplique sin distingo, sin privilegios (…) Por eso urgimos a que las autoridades en la materia, en la medida en que nuestro marco jurídico lo permita corrijan, y que lo hagan muy pronto, de lo contrario, sólo en una breve fracción de tiempo veremos a Javier Duarte libre por la buena conducta que seguramente va a observar tras las rejas, buena conducta, por cierto, que no observó como gobernador de Veracruz“, resaltó.

Raquel Bonilla, de Morena, dijo que seguramente Duarte de Ochoa se está riendo de la sentencia que representa una burla al sistema de justicia.

Javier Duarte se debe de estar riendo desde prisión al recordar que durante su gobierno, él, en dos días decidió encarcelar a un par de tuiteros acusándolos de terrorismo equiparado con una pena de tres a 30 años de prisión sin derecho a fianza”, dijo.

AMLO asegura que en caso Duarte buscaron “show” y no castigo

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El presidente electoAndrés Manuel López Obrador, calificó como un circo y un show que la sentencia del ex gobernador de VeracruzJavier Duarte de Ochoa, haya sido de nueve años.

En conferencia de prensa en la casa de transición, indicó que no ha habido voluntad política para reformar las leyes y que así la corrupción se convierta en delito grave.

Afirmó que la Procuraduría General de la República (PGR), buscó dar un “espectáculo” con su actuación contra el ex gobernador veracruzano, quien el día de ayer se declaró culpable por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa.

Esa voluntad política que no ha habido, pues todo es puro circo, molesta cuando digo eso, pero es la verdad. Imagínense cuántas líneas a gatas, cuánta tinta, cuántas palabras, cuántas imágenes, cuánto cinito, cuánto show por esos asuntos para terminar en una sentencia como la que se dio a conocer”. – Andrés Manuel López Obrador.

Detalló que los acusadores no presentaron todas las pruebas porque lo que buscaban era el escándalo, la especulación, el show y también los votos en la pasada elección.

 

Condenan a Javier Duarte a 9 años de prisión y multa de 58 mil pesos

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Después de 17 meses detenido, el ex gobernador de Veracruz Javier Duarte se declaró culpable de los delitos de asociación delictuosa y de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y recibió una condena de nueve años de prisión, menor a la originalmente prevista. También se le impuso una multa por 58,890 pesos (equivalentes a 990 días) y se le decomisaron 41 propiedades, entre ellas parcelas de Campeche y departamentos en Santa Fe e Ixtapa.

Esto se debe a que Duarte ya no enfrentó cargos por delincuencia organizada, delito retirado por la Procuraduría General de la República (PGR), y a que su decisión de aceptar culpabilidad permitió que recibiera una sentencia más baja.

Duarte, su defensa y la PGR sostuvieron la tarde de este miércoles una audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal próximo al Reclusorio Norte de la Ciudad de México, donde las partes aceptaron que el ex gobernador se sometiera a un procedimiento abreviado.

“Sí, su señoría”, respondió cuando el juez Marco Antonio Forte Tapia le preguntó por la responsabilidad de los hechos que se le atribuyeron. Duarte acudió a la audiencia rapado y con la barba crecida.

La PGR presentó 47 pruebas, como testimonios y escrituras de propiedades.

Según la condena, Duarte saldría de prisión en 2026, pues se contemplan los más de 400 días que ha estado detenido desde que el 15 de abril se le detuvo en Guatemala.

Al final de la audiencia, los abogados de Duarte dijeron a medios que el equipo legal analizará si acepta o impugna la condena. “Está tranquilo”, señaló sobre su cliente el defensor Ricardo Sánchez Reyes Retana.

El ex mandatario veracruzano enfrenta señalamientos de corrupción al menos desde 2016. Ese año, un reportaje del portal Animal Político documentó cómo su administración usó una red de empresas fantasma para desviar recursos del estado. A la par, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha presentado decenas de denuncias penales por irregularidades en su gestión.

Desde entonces, Duarte (quien gobernó Veracruz de 2010 a 2016 y ya fue expulsado del PRI) negó haber encabezado un entramado para efectuar desvíos millonarios.

En octubre de 2016, a semanas de que terminara su mandato, solicitó licencia argumentando que con ello facilitaría las investigaciones en su contra. Sin embargo, salió del país y se instaló en Guatemala, donde permaneció prófugo hasta abril de 2017.

Ese mes fue detenido por autoridades guatemaltecas y mexicanas, y poco después fue extraditado a México para enfrentar procesos penales. Con la audiencia de este miércoles, el proceso del ámbito federal está cerca de concluir. En tanto, el actual gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, ha dicho que buscará que el proceso local contra el ex priista siga su marcha.

 

La ASF prepara nuevas denuncias contra Sedatu por supuesto desvío de 1,500 mdp.

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La Auditoría Superior de la Federación (ASF) prepara cinco denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el presunto desvío, solo en 2016, de mil 529 millones de pesos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), a través del esquema de fraude documentado en La Estafa Maestra.

Un punto de acuerdo de Morena, presentado este jueves en el Senado, pide que la PGR informe sobre el estado de las denuncias por La Estafa Maestra, estas cinco nuevas denuncias contra la Sedatu se sumarán a otras 18 interpuestas por la ASF ante PGR contra la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), entre 2013 y 2015, por el presunto desvío de otros 2 mil 824 millones de pesos.

Por lo que, en total, entre ambas dependencias sumarán 21 denuncias penales por desvíos que ascienden a 4 mil 354 millones de pesos.

Rosario Robles fue la titular de la Sedesol entre diciembre de 2012 y agosto de 2015, periodo de tiempo en el que, según denunció la ASF, se produjeron presuntos desvíos millonarios de recursos públicos que fueron triangulados, a través de universidades públicas y de una violación a la ley de adquisiciones, en empresas fantasma o irregulares.

Posteriormente, Robles pasó a encabezar la Sedatu, dependencia en la que la ASF reportó que hubo desvíos por más de mil 500 millones de pesos utilizando el mismo esquema, aunque con una novedad: en este caso se utilizó a una universidad intermediaria en el presunto fraude (la Universidad Politécnica de Quintana Roo), y también a tres medios de comunicación estatales: la Televisora de Hermosillo, el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, y Radio y Televisión de Hidalgo.