La ASF prepara nuevas denuncias contra Sedatu por supuesto desvío de 1,500 mdp.

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La Auditoría Superior de la Federación (ASF) prepara cinco denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el presunto desvío, solo en 2016, de mil 529 millones de pesos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), a través del esquema de fraude documentado en La Estafa Maestra.

Un punto de acuerdo de Morena, presentado este jueves en el Senado, pide que la PGR informe sobre el estado de las denuncias por La Estafa Maestra, estas cinco nuevas denuncias contra la Sedatu se sumarán a otras 18 interpuestas por la ASF ante PGR contra la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), entre 2013 y 2015, por el presunto desvío de otros 2 mil 824 millones de pesos.

Por lo que, en total, entre ambas dependencias sumarán 21 denuncias penales por desvíos que ascienden a 4 mil 354 millones de pesos.

Rosario Robles fue la titular de la Sedesol entre diciembre de 2012 y agosto de 2015, periodo de tiempo en el que, según denunció la ASF, se produjeron presuntos desvíos millonarios de recursos públicos que fueron triangulados, a través de universidades públicas y de una violación a la ley de adquisiciones, en empresas fantasma o irregulares.

Posteriormente, Robles pasó a encabezar la Sedatu, dependencia en la que la ASF reportó que hubo desvíos por más de mil 500 millones de pesos utilizando el mismo esquema, aunque con una novedad: en este caso se utilizó a una universidad intermediaria en el presunto fraude (la Universidad Politécnica de Quintana Roo), y también a tres medios de comunicación estatales: la Televisora de Hermosillo, el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, y Radio y Televisión de Hidalgo.

Tribunal insiste en creación de Comisión de la Verdad para caso Ayotzinapa

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El Tribunal Colegiado de Tamaulipas, que ordenó la creación de la Comisión de la Verdad y Justicia sobre Ayotzinapa, determinó que no existe impedimento de ningún tipo para su integración.

Ante las impugnaciones por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), los tres magistrados del Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas resolvieron, de forma unánime, que la Comisión es acorde con la Constitución.

Los magistrados señalaron que existe sustento jurídico para su creación, además de que no se puede invocar la legislación de México para no cumplir compromisos internacionales.

En particular, mencionaron la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Convención de Viena.

Aseguraron que, conforme a “diversos métodos de interpretación”, el ministerio público no tiene la exclusividad para investigar.

Incluso, apuntaron que hay investigaciones formales reconocidas por la PGR, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la ONU y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.

Los magistrados precisaron que en el caso de la participación de la CNDH no se trata de que el organismo investigue delitos, sino los hechos ocurridos entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala.

Dijeron que, según sus facultades, la CNDH podría hacer recomendaciones a las autoridades que considere.

Además, señalaron, el ministerio público federal podría ejercer acción penal contra quien considere como resultado de una nueva investigación.

La CNDH emite recomendación a la SEDENA y SSP de Puebla por caso Palmarito

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Elementos del Ejército ejecutaron de forma arbitraria a dos personas durante el enfrentamiento con huachicoleros en la comunidad de Palmarito, Puebla, ocurrido el pasado 3 de mayo de 2017, concluyó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Una semana después del enfrentamiento en el que murieron seis civiles y cuatro militares, se difundió un video en el que se observaba a un militar disparar a la cabeza de un civil que ya estaba en el suelo.

Al emitir la recomendación 12VG/2018 por violaciones graves, el organismo reveló que aquella noche ocurrieron dos ejecuciones similares.

Otras violaciones graves que cometieron militares y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla fueron: siembra de armas en los cadáveres de dos personas, detenciones arbitrarias de dos infantes, además de trato cruel contra 12 personas, incluidos tres menores de edad.

La ciencia mostró que a los 43 no los incineraron en Cocula: revira EAAF a Peña Nieto

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Un día después de que Enrique Peña Nieto, Presidente de México, defendiera la versión de que los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron asesinados, incinerados y arrojados al Río San Juan, en Cocula, Guerrero, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) recordó que no hay evidencia científica que respalde la hipótesis.

“En 18 meses de recolección y examen multidisciplinario de la evidencia física proveniente del basurero de Cocula no se encontraron elementos científicos objetivos que sustenten la incineración de 43 cuerpos en la noche del 26 al 27 de septiembre del 2014 en ese lugar”, señaló el Equipo Argentino en un comunicado.

“Estas conclusiones constan en nuestro dictamen entregado a la respectiva averiguación previa y que fue presentado en conferencia de prensa en febrero del 2016”, indicó el Equipo que ha trabajado durante 34 años junto a familias de desaparecidos.

El periodista Epigmenio Ibarra, quien lleva años realizando el pase de lista por los jóvenes atacados por estructuras de seguridad y presuntos integrantes del crimen organizado, celebró lo ocurrido.

El pase de lista ocurrió el mismo día en el que se difundió un video en el que Enrique Peña Nieto, Presidente de México, defendió la “verdad histórica” de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que concluyó que los estudiantes habían sido incinerados por un grupo criminal en un basurero de Cocula, en Guerrero, y la cual ha sido rechazada por las familias de las víctimas y por expertos de organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).

“En lo personal, y con el dolor que causa, y con lo que significa la pena para los padres de familia, yo estoy en la convicción que lamentablemente pasó justamente lo que la investigación arrojó”, dijo Peña Nieto en el nuevo spot con motivo de su Sexto y último informe de Gobierno.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) lamentó las palabras de Peña Nieto.

La noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, un grupo de 43 estudiantes de la normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa fue desaparecido; otros tres alumnos fueron asesinados, y uno más quedó gravemente herido y lleva más de 47 meses hospitalizado. Este año se cumplirán cuatro de la ausencia de los jóvenes, y los padres continúan con la exigencia de saber dónde están sus hijos.

La administración de Andrés Manuel López Obrador contará con una comisión de la verdad que se encargará de buscar justicia para las familias de los normalistas desaparecidos.

Liberación de Elba Esther Godillo será “respetada” por la PGR pero “no la comparte”

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La Procuraduría General de la República (PGR) se pronunció por la liberación de la exlideresa magisterial Elba Esther Gordillo y su absolución por el Primer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito de la Ciudad de México sobre la cual dijo “respeta”, pero “no la comparte”.

“La PGR ha actuado, en todo momento, con estricto apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a las leyes que orientan su actuación, y, sobre todo, en absoluto respeto a los derechos humanos”, informó la instancia de procuración de justicia mediante un escueto comunicado.

El abogado de la exlideresa magisterial, Marco del Toro informó por la madrugada de este miércoles sobre la resolución del Tribunal que absuelve de todo cargo a su defendida tras cinco años de litigio en donde se absolvió a Gordillo de delitos como lavado de dinero, malversación de recursos y defraudación fiscal.

“La Procuraduría General de la República actúa siempre conforme a derecho e interviene cuando se presente un hecho que la Ley señala como delito y exista la probabilidad de que alguien lo cometió o participó en su comisión”, concluyó la dependencia que desde finales del 2017 no cuenta con un titular, sino sólo con un encargado de despacho, Elias Beltrán.

Detienen a funcionarias del SAT por actos de corrupción en auditoría

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El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dijo haber detenido a una auditora, así como a una ex trabajadora del organismo y a un presunto cómplice, por presuntamente intentar sobornar a un contribuyente para no aplicarle medidas de sanción.

De acuerdo con el organismo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), tras una denuncia ciudadana, se identificó que la servidora pública laboraba como auditora en la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal en Xalapa.

Por medio de un comunicado, indicó que mediante un operativo practicado por personal del SAT y de la Procuraduría General de la República (PGR) se detuvo a los presuntos responsables, quienes fueron vinculadas a proceso penal por el delito de cohecho, con la agravante de haberlo realizado en pandilla.

Apuntó que el delito de cohecho es en el que incurre el servidor público que por sí o por otro, solicite o reciba ilícitamente dinero o cualquier beneficio, o acepte una promesa para hacer o dejar de realizar un acto propio de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión.

Este delito se sanciona con hasta 14 años de prisión, destitución e inhabilitación del cargo y hasta 150 días de multa; mientras que la pena se aumenta hasta en una mitad cuando, como en este caso, el soborno es realizado en pandilla.

SEP denunciará a CNTE si frena reparto de libros

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La Secretaría de Educación Pública (SEP) tomará acciones legales contra los líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que ayer amagaron con impedir el reparto de libros de texto y materiales educativos.

Fuentes de la dependencia afirmaron que denunciarán los hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR) y ante las fiscalías de los estados donde se frene el reparto de libros, porque pueden ser hechos constitutivos de delitos federales.

De llevarse a cabo esas acciones, expusieron, se estaría violando el Artículo Tercero de la Constitución en el que se refiere que toda persona tiene derecho a recibir educación de calidad.

En su asamblea realizada el fin de semana, los profesores disidentes consideraron que con estos ejemplares el Gobierno federal pretende imponer el nuevo modelo educativo y la reforma en la materia.

El pasado 30 de junio, la SEP demandó a los líderes de la CNTE en Chiapas, quienes amagaron primero con boicotear la entrega de los libros, entre los que están los ejemplares del Nuevo Modelo Educativo para preescolar, primero y segundo de primaria y primero de secundaria.

Además, se prevé que la Secretaría haga un llamado a los Gobiernos de Oaxaca, Guerrero y Michoacán para que garanticen la entrega de los libros, ya que, de acuerdo con la Ley General de Educación, el reparto final de los ejemplares es responsabilidad de las autoridades educativas locales.

Solicita PGR la detención provisional de Karime Macías

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La Procuraduría General de la República (PGR) ya solicitó vía la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la detención provisional con fines de extradición de Karime Macías Tubilla, esposa del ex gobernador de VeracruzJavier Duarte de Ochoa, actualmente preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

En un mensaje emitido por redes sociales, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares informó que a su vez, la SRE solicitará al gobierno del Reino Unido iniciar los trámites correspondientes y aclaró que es un trámite “complicado”.

También anunció que esta noche saldrá a Houston, Texas, Estados Unidos, porque el Gobierno de Veracruz recibirá en aquella ciudad los primeros dos bienes que ha logrado recuperar y que valen más de un millón de dólares.

“Ha sido una batalla de muchos meses, a partir de estos bienes inmuebles vamos a recuperar varios más, en estos momentos y mañana tendremos la reunión hay probabilidad de recuperar 12 bienes inmuebles más en Houston, de toda esta cantidad enorme de bienes inmuebles que compraron en esa ciudad con dinero de los veracruzanos“, dijo.

El mandatario aseguró que han sido meses de batalla para lograr la recuperación de estos inmuebles que fueron adquiridos con los recursos desviados del erario veracruzano y que a partir de esta recuperación, está seguro que lograrán recuperar al menos 12 bienes más adquiridos también en esa ciudad.

Dijo que prácticamente todos los funcionarios del gabinete de Javier Duarte adquirieron residencias en Houston, en Woodlands. Uno de esos bienes es el que precisamente será entregado mañana, así como un local en un exclusivo centro comercial.

De igual manera, Yunes anunció que también luchan por recuperar, a través del despacho de abogados contratado por el Gobierno de Veracruzuna residencia que se mandó construir Javier Duarte en una de las zonas más caras del complejo Woodlands, en un lugar denominado La Reserva y que tiene un valor de más de 2 millones de dólares.

“Estamos haciendo un gran esfuerzo por recuperar esta casa, (…) contratamos un despacho de abogados que está presentando abogados que está presentando demandas y ha funcionado muy bien”, afirmó.

Por otra parte, el gobernador veracruzano informó que hasta el momento no han recibido información que indique que hay veracruzanos encerrados en la garita difundida en videos, en donde lo mismo están adultos y niños, separados entre sí.

No obstante, dijo, hay comunicación con las autoridades migratorias y de ser necesario, si es que hubiera algún veracruzano, contratarán ayuda legal para auxiliar a quienes así lo requieran.

Señalan error en detención sobre Iguala

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La Policía Federal y la Procuraduría General de la República (PGR) se confundieron al detener y procesar a Erick Uriel Sandoval Rodríguez, sujeto apodado “La Rana”, implicado en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, determinó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Desde el 17 de marzo, REFORMA publicó que Sandoval Rodríguez alegó en su declaración preparatoria que lo confundieron con Édgar Albarán Sandoval, a quien apodan de la misma manera.

La CNDH confirmó que en los testimonios que existen en el expediente oficial sólo hacen referencia a los apodos de “La Rana” o “El Güereque” y ninguno da un nombre o apellido específico, mucho menos se refieren a Erick Uriel Sandoval Rodríguez.

“Este nombre aparece por primera vez en el expediente, de la nada, en el primer pliego de consignación“, advierte la CNDH.

“En ninguna actuación consta cómo se determinó el nombre de la persona a la que los perpetradores identificaron como ‘La Rana’ o ‘El Güereque’.

Según el expediente, Patrio Reyes Landa, “El Pato”, declaró que por órdenes de Felipe Rodríguez Salgado, “El Cepillo”, y Gildardo López Astudillo, alias”El Gil”, “La Rana” intervino en la ejecución de los estudiantes y hasta él mismo levantó sus cenizas.

Mientras que Jonathan Orozco Cortés, “El Jona”, describió que “La Rana” tiene un tatuaje de una flama y una rana en la parte izquierda de la espalda, y Salvador Reza Jacobo, “Lucas”, lo describió como un hombre gordo de 1.70 metros de altura.

“Las características personales y señas particulares referidas por los acusados para identificar a ‘El Güereque’ no corresponden con las de Erick Uriel Sandoval Rodríguez“, sentenció la CNDH.

“Ante la duda del juez de que el detenido pudiera haberse borrado los tatuajes, la CNDH practicó examen médico pericial al detenido y determinó que no existe indicio alguno que indique que la persona haya modificado o eliminado algún tatuaje en su cuerpo”.

La detención de Erick Uriel Sandoval Rodríguez fue informada el 12 de marzo en una conferencia conjunta entre la PF y la PGR, en la que lo vincularon con los hechos de Iguala, Guerrero.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CHDH) aseguró que tiene información de que el verdadero nombre del implicado en la desaparición de los normalistas es “Édgar”.

El dato es coincidente con lo que Sandoval Rodríguez declaró el 15 de marzo al referir que la persona a la que buscaban las autoridades era Édgar Albarán Sandoval y vive al lado del Centro de Salud en Cocula.

Para llegar a esa conclusión, la CNDH realizó 13 entrevistas en las que todos los testigos identificaron fotográficamente a “Édgar”, a quien señalaron como parte de Guerreros Unidos.

También contactó a quien le hizo el tatuaje a Édgar e incluso esta persona reprodujo en una hoja la figura de rana que tatuó en la espalda a “El Güereque”.

Desde el 23 de mayo, la CNDH entregó a la PGR una carpeta confidencial con copias certificadas de todas las evidencias que obtuvo, por lo que lamentó que la instancia ministerial haya dado respuesta 15 días después y se haya negado a aceptarlas.

“Agentes de la autoridad se negaron a emitir las medidas precautorias solicitadas, aduciendo irracionalmente que dichas medidas debían ser planteadas ante el Juez que sigue el caso del ilegalmente detenido Erick Uriel Sandoval Rodríguez“, reprochó.

Tribunal ordena crear Comisión de la Verdad para caso Iguala

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Un tribunal federal ordenó la creación de una Comisión de la Verdad para reponer la investigación sobre el Caso Ayotzinapa, ya que la indagatoria realizada por la Procuraduría General de la República (PGR) no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial.

Los magistrados de Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito de Tamaulipas, resolvieron que existen “indicios suficientes para presumir que las confesiones e imputaciones en contra de coinculpados fueron obtenidas mediante tortura”.

Los magistrados ordenaron también reponer el procedimiento y pidieron al Ministerio Público de la Federación presentar dictámenes elaborados por peritos independientes, que cumplan con lo previsto en el Protocolo de Estambul.

De esta forma, el tribunal señala que por las “graves violaciones a los derechos humanos” a los coacusados, como: tortura, desaparición forzada de personas y ejecuciones extrajudiciales debe crearse la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala).

Dicha comisión, estableció el tribunal, “estará integrada por los representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Ministerio Público de la Federación”, aunque serán los familiares de las víctimas y la CNDH los que decidirán qué líneas de investigación seguirán y las pruebas a desahogar. Además podrán validar la incorporación de más organizaciones tanto nacionales como internacionales de derechos humanos.

Los magistrados basan su decisión en la necesidad de hacer valer “el derecho fundamental de acceso a la justicia de las víctimas, previsto en el artículo 17 constitucional, cuyo objeto es llegar a la verdad y que se pueda garantizar que no se repitan este tipo de graves violaciones de derechos humanos“.

En marzo pasado el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU exhortó al gobierno mexicano a perseguir y sancionar abusos y actos de tortura contra detenidos en la investigación del caso de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014.

En su informe “Doble injusticia”, que analiza los casos de violaciones a los derechos humanos cometidos en el marco de las investigaciones del caso, precisó que han sido detenidas y procesadas 129 personas.

Tras analizar 34 de estos casos, el Alto Comisionado encontró “fuertes elementos de convicción sobre la comisión de tortura, detenciones arbitrarias y otras violaciones de derechos humanos.