PGR llegó a acuerdo con Tarek Abdalá, no juzgará a extesorero de Duarte

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En el último día del sexenio de Enrique Peña Nieto la Procuraduría General de la República (PGR) y Tarek Abdalá, extesorero del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, llegaron a un acuerdo para evitar juzgarlo por el presunto desvío de 55 mil millones de dólares.

De acuerdo con documentos obtenidos por el diario Milenio, Abdalá se comprometió a declarar en todos los juicios de Javier Duarte y sus excolaboradores, a cambio de no ser juzgado.

El extesorero de Duarte está vinculado a 32 carpetas de investigación y 11 averiguaciones previas.

Abdalá fungió como tesorero del 6 de febrero de 2012 hasta el 31 de agosto de 2015 y presuntamente autorizó diversas transferencias con “fines diversos a los que estaban destinados”, por ello se le comenzó a investigar por uso ilícito de facultades o atribuciones.

El documento al que Milenio tuvo acceso contiene una declaración del exfuncionario donde explica el acuerdo con PGR.

“La realidad es que durante los meses he colaborado con la autoridad brindando información eficiente y útil, tan es así que con fecha 22 de mayo de 2018, comparecí dentro de la carpeta de investigación número FED/SEIDF/UEIDFF-VER/0001653/2016 misma que se encuentra radicada en la Dirección General de Asuntos Especiales de la PGR, dentro de la cual me fue ofrecido un criterio de oportunidad al considerarse que como imputado aporté información esencial y eficaz para la persecución de un delito más grave del que se imputaba a mi persona, y bajo el compromiso de comparecer posteriormente en juicio o bien donde se me requiera”, señaló Tarek al Ministerio Público Federal.

Y añadió:

“Yo no soy abogado, y técnicamente desconozco si lo que sucedió respecto al manejo de las finanzas constituye un delito, sin embargo, la realidad es que si es indebido que recursos federales etiquetados se desvíen a una cuenta concentradora o licuadora, para un fin de gobierno diverso al que fueron destinados, hago de su conocimiento que esta práctica sí se hacía y era conocida por todos mis superiores jerárquicos en la Secretaría de Finanzas, por supuesto incluyendo al gobernador quien en la mayoría de las veces lo instruía directamente”.

Sí hay demanda contra Romero Deschamps, pero es de corte sindical

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A tres décadas de que Carlos Salinas derrocó a Joaquín Hernández Galicia, La Quina, como líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), que se cumplieron el viernes 11, inicia también el declive de Carlos Romero Deschamps, el heredero de ese gremio asociado a la corrupción que solaparon los presidentes priistas Ernesto Zedillo y Enrique Peña Nieto, así como los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón.

Romero Deschamps, quien el martes 9 tramitó ante el Poder Judicial un amparo para evitar su captura -pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que su gobierno no ha presentado en su contra ninguna denuncia-, inició apenas su cuarto periodo consecutivo al frente del STPRM.

Aunque en septiembre de 2017 fue elegido “por unanimidad” para un nuevo periodo de cinco años, que va del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2024, no se prevé que culmine su gestión.

El cacicazgo de Romero Deschamps pudo haber llegado a su fin durante el gobierno de Fox, cuando se acreditó su responsabilidad en el Pemexgate, que consistió en el desvío de mil millones de pesos de Pemex a la campaña del candidato priista en el 2000, Francisco Labastida, vía el sindicato petrolero.

Él y el tesorero del sindicato, Ricardo Aldana Prieto, fueron acusados por la Procuraduría General de la República (PGR) de lavado de dinero, delincuencia organizada y peculado, pero un pacto de Fox como presidente, Felipe Calderón como secretario de Energía y Santiago Creel como secretario de Gobernación con los priistas Roberto Madrazo y Elba Esther Gordillo los dejó impunes.

Mientras Romero Deschamps obtuvo amparos para evitar ser detenido y procesado, pero sólo por peculado y peculado electoral, Aldana era senador con fuero, del que se le intentó despojar al inicio de la 59 Legislatura de la Cámara de Diputados, en septiembre de 2003, cuya coordinadora de la bancada del PRI era Gordillo y del PAN Francisco Barrio, quien precisamente investigó el Pemexgate como secretario de la Función Pública.

El 11 de septiembre de ese año, ya de noche, se produjo en la Cámara de Diputados la votación que evitó que Aldana, el operador financiero del sindicato de Romero Deschamps, fuera desaforado y sometido a proceso, lo que, en los hechos, implicó un cerrojazo al Pemexgate.

En efecto, de manera irregular, por no estar en el orden del día, el diputado federal priista Miguel Ángel Yunes Linares, director jurídico del PRI presidido por Madrazo y mano derecha de Elba Esther Gordillo, propuso revocar la convocatoria que hizo el presidente de la Cámara de Diputados, el panista Juan de Dios Castro, para que el pleno, erigido en Jurado de Procedencia, votara el desafuero de Aldana, el 17 de septiembre.

Hacienda investigó a 124 mil personas por presunto lavado de dinero; solo bloqueó cuentas de 14

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Durante el 2018, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda analizó y supervisó a 124 mil personas por presunto lavado de dinero en México, pero solo bloqueó las cuentas bancarias de 14 individuos, el 0.01 % del total de los casos.

Así lo dio a conocer durante su comparecencia este miércoles ante la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados el nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto.

El funcionario detalló que como resultado de las acciones en contra de esas 14 personas solo bloquearon 198 millones de pesos en recursos de procedencia ilícita en todo el año, lo cual lo calificó como un desempeño pobre durante la pasada administración priista que concluyó el pasado 30 de noviembre.

Nieto expuso que durante este año la Unidad de Inteligencia también recibió en total más de 22 millones de reportes sobre posibles actividades relacionadas con el lavado de dinero, un delito que, básicamente, consiste en convertir dinero de procedencia ilícita, por ejemplo, del narcotráfico, en activos con apariencia legítima que pueden ser usados en la economía legal.

Sin embargo, precisó el funcionario, solo se presentaron 70 denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) y se atendieron únicamente 39 solicitudes del Ministerio Público para investigar los casos.

“México cuenta con un sistema financiero sólido, con una regulación sólida, que puede ser perfeccionada en varios puntos. No obstante, esto no se ha traducido en responsabilidades penales ni administrativas por temas relacionados con el lavado de dinero”, subrayó el extitular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), durante la administración de Enrique Peña Nieto.

Las claves de la estrategia anti-lavado

Ante este contexto, el funcionario resaltó que el objetivo de la nueva Unidad será incrementar las denuncias penales por lavado de dinero, e incrementar la lista de personas bloqueadas por actividades ilícitas. Para ello, detalló, se necesita lanzar una “estrategia nacional anti-lavado” que deberá cumplir tres objetivos.

El primero, “golpear a las estructuras financieras de la delincuencia organizada, a partir del congelamiento de sus cuentas bancarias”.

El segundo, vincular el trabajo de la Unidad con el de la Fiscalía General de la República, ya como un órgano constitucional autónomo, así como con las fiscalías y procuradurías locales“.

Y el tercero, “constituir la Unidad de Inteligencia como un coadyuvante de los asuntos que la Fiscalía de la República, y las fiscalías locales, lleven ante las instancias judiciales”.

“La corrupción es un fenómeno de carácter trasnacional, y, por lo tanto, la vinculación con las unidades a nivel local y federal son la mejor estrategia para combatir el lavado de dinero y el financiamiento de los grupos delictivos”, recalcó Santiago Nieto.

 El combate a las empresas fantasma
En el combate a la corrupción, uno de los grandes retos que deberá afrontar la nueva Unidad de Inteligencia de Hacienda es el surgimiento masivo de empresas fantasma, o de empresas fachada: sociedades que no tienen infraestructura real, ni activos, ni personal, pero que emiten facturas apócrifas para simular operaciones comerciales, incurriendo en delitos como el lavado de dinero, la evasión de impuestos, o el desvío de recursos públicos.

Por ahora, el combate está siendo poco efectivo, o al menos, lento.

Urgen a PGR revelar a implicados en caso Odebrecht

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El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) revelar los nombres de los funcionarios y ex funcionarios públicos citados a comparecer por delitos de corrupción, sobornos y otros ilícitos, dentro de la averiguación seguida contra Odebrecht.

“Instruirle para que proporcione los nombres de funcionarios o ex funcionarios públicos citados a declarar, los que consten en fuentes oficiales de acceso público, así como de aquellos que ya hubiesen sido notificados en las investigaciones que se encuentran en curso”, explicó la comisionada ponente, Blanca Lilia Ibarra.

Sin embargo la resolución se limitará a personajes involucrados cuyas investigaciones se encuentren pendientes o no hayan sido notificados.

La reserva invocada prevalecerá respecto de los servidores públicos cuyo testimonio se encuentre relacionado con alguna línea de investigación pendiente de ser agotada o bien, que no hayan sido notificados en la investigación inicial en su contra, precisó Ibarra Cadena.

El caso Odebrecht exhibió presuntos actos de corrupción en torno a una red de sobornos empresariales a nivel internacional, entre ellos, los pagos realizados entre los años 2010 y 2014 a funcionarios públicos de Petróleos Mexicanos (PEMEX).

Las investigaciones repercutieron en alrededor de 20 países, entre ellos Brasil, donde se le conoció como LavaJato en el que dicha constructora pagó millones de dólares a PETROBRAS, para que se le adjudicaran numerosos y multimillonarios contratos.


México pide a Reino Unido la detención y extradición de Karime Macías

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El encargado de despacho de la Procuraduría General de la República (PGR)Alberto Elías Beltrán, informó que existe una orden de detención provisional con fines de extradición en contra de Karime Macías, esposa del ex gobernador de VeracruzJavier Duarte.

Durante una reunión de trabajo con diputados de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, el funcionario federal precisó que hace unas semanas se formuló dicha petición a la cancillería británica y se espera la respuesta de las autoridades judiciales de ese país.

Indicó que sí se investiga a Karime Macías por presuntos delitos fiscales, razón por la que se solicitó la orden de extradición a la Secretaría de Relaciones Exteriores, dependencia que le está dando el curso correspondiente.

El pasado 9 de julio se hizo la solicitud a la cancillería mexicana y en octubre se realizó la petición formal ante la instancia de justicia de Reino Unido, país donde se valora si existen las condiciones para efectuar ese trámite.

Elías Beltrán indicó que por cuestiones de secrecía no se pueden proporcionar más datos, pero que si hay una investigación abierta contra otras personas cercanas al exgobernador de Veracruz.

El encargado de despacho de la Procuraduría General de la República (PGR) aseguró que Karime Macías y otras personas presuntamente involucradas en este caso se les indaga por presuntos delitos fiscales. Que continúa robusteciéndose el proceso para las órdenes de aprehensión y las solicitudes con fines de extradición como es el caso de Karime Macías.

La esposa del ex gobernador de Veracruz radica en Londres desde 2007, donde de acuerdo con las indagatorias presentó una solicitud de asilo político luego de que en México se le acusa de un presunto fraude por alrededor de 122 millones de pesos.

CNDH responsabiliza a la SCT por socavón en Paso Exprés

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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) es la principal responsable de todas las irregularidades derivadas de la planeación y ejecución del Paso Exprés en la autopista México-Cuernavaca.

La CNDH determinó que la SCT es responsable de las irregularidades en el socavón donde murieron dos personas, por lo cual entregará los resultados de sus investigaciones a la Procuraduría General de la República (PGR).

De acuerdo con la investigación, la negligencia y posible corrupción fueron el origen de la tragedia en el libramiento Paso Exprés de la autopista México Cuernavaca, atribuibles a la SCT y al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras).

“Además, con motivo de dichas irregularidades y por la relación entre autoridad y empresas en un posible esquema de manipulación y fragmentación de contratos, solicitará a la Secretaría de la Función Pública investigue el caso de manera integral y no dispersa”, dijo en un comunicado.

Según la CNDH, salvo 9 servidores públicos sancionados en materia administrativa, el hecho continúa impune al no haber responsables penalmente ni por falta de rendición de cuentas.

Por lo anterior, la CNDH emitió la Recomendación 34/2018, dirigida a Gerardo Ruiz Esparza, Secretario de Comunicaciones y Transportes y a otros servidores públicos.

 

INAI pide a PGR dar a conocer video sobre asesinato de Colosio

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El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) dar a conocer el videocasete identificado como “Atentado a Lic. Colosio”.
El comisionado Joel Salas Suárez destacó que la difusión de este material no pone en riesgo las investigaciones sobre este caso, ya que no dan cuenta de las líneas que sigue la indagatoria.

Agregó que los mexicanos esperan respuestas sobre el asesinato de Colosio y de otros personajes como el ex secretario general del PRI José Francisco Ruiz Massieu y del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, ya que la opacidad puede generar suspicacias.

Salas Suárez mencionó que la PGR decidió reservar el expediente de la investigación del caso Colosio en noviembre de 2000 y el último fiscal de la entonces Subprocuraduría Especial cerró el caso y turnó al Archivo General de la Nación, advirtiendo que debía ser clasificada hasta 2035.

En ese sentido, afirmó que el Instituto ha propugnado por la máxima publicidad: en 2011, el entonces IFAI ordenó a la PGR dar a conocer los 13 videos del momento exacto del atentado y, en agosto de 2018, el INAI instruyó al mismo sujeto obligado dar a conocer los informes de las investigaciones sobre el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, hechas durante la gestión de Diego Valadés.

PGR reconoce mala integración del caso Duarte

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La Procuraduría General de la República  (PGR) reconoció que la investigación del caso Javier Duarte, originalmente planteada por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada tuvo errores importantes de inicio, pero sostuvo que la sentencia de 9 años dictada al ex gobernador evitó que el caso quedara en la impunidad, riesgo que además existía por la posibilidad de que el juez invalidara los datos bancarios.

En una reunión con medios de comunicación el subprocurador de Delitos Federales de PGR, Felipe Muñoz Vazquez, dijo que este caso contra Duarte iniciado en 2016 (aún en la gestión de la procuradora Arely Gomez) y relacionado con la compra de parcelas a sobreprecio con dinero proveniente de empresas fantasma y prestanombres, tuvo que ser corregido en el camino.

“Cuando nosotros llegamos en esta administración (con el procurador Raúl Cervantes) nos encontramos una carpeta de investigación mal integrada. Lo digo así: mal integrada y en la que ya había una orden de aprehensión por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y cuando digo mal integrada es porque me sorprende que el juez incluso librara las órdenes de aprehensión eh, pero bueno la perfeccionamos” señaló.

El pasado lunes la organización TOJIL Estrategia contra la Impunidad presentó una denuncia penal ante la PGR por posibles hechos de corrupción en el procedimiento penal contra el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, argumentando que hubo “discrepancias entre las acusaciones de la investigación” y calificando la pena de 9 años como “desproporcional” para los delitos que se le imputan.

“La negociación realizada por el Ministerio Público de la Federación resulta desproporcional a los hechos que eran investigados, por lo que se advierte la existencia de una posible colusión con el imputado a cambio de una cantidad de dinero, bienes o beneficios que dieran lugar a la solicitud de una pena totalmente inadecuada”, se lee en la denuncia penal.

Aunado a la sentencia de 9 años, Javier Duarte de Ochoa aun enfrentará otros dos procesos en su contra que ya están en curso, promovidos por la Fiscalía de Veracruz por el uso ilegal de un helicóptero y el presunto desvío de 200 millones de pesos que estaban etiquetados para obras hidráulicas. Además pesan sobre él dos órdenes de aprehensión que no se han podido ejecutar por delitos electorales y desaparición forzada.

Osorio Chong pide a PGR pensar más en las víctimas del caso Iguala

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El ex secretario de GobernaciónMiguel Ángel Osorio Chong pidió a la Procuraduría General de la República (PGR), que acredite de mejor manera sus acusaciones en contra de los implicados en la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, Guerrero y a los jueces les pidió considerar también los derechos de las víctimas del crimen.

Ante la liberación de ocho implicados, así como del auto libertad que un juez federal dictó a favor de Erick Uriel Sandoval, conocido como “La Rana”; en conferencia, el coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se dijo intranquilo de que en México se preocupen más por los derechos de los delincuentes que por los de las víctimas.

Por ello hizo un llamado a la PGR “para que acredite mejor las cosas”. “Piensen en el dolor de muchas personas y ya nos los me refiero a los 43. Algunos de ellos fueron parte de la comisión de diferentes delitos. Así se les acreditó. Así se les señaló y por eso los detuvimos… Ojalá se pueda pensar antes de dictar la liberación de estos delincuentes”, refirió.

Aunque se pronunció en contra de los excesos, advirtió que no hay manera de detener con cortesía a los acusados de los abusos.

“Si hay que sancionar a algún servidor que se excedió en el uso de sus facultades hay que hacerlo, pero protejamos también a las víctimas que son los padres de los jóvenes (desaparecidos) para que alguien que tiene información relevante, porque así se destacó en los expedientes, no pueda salir libre. Es a lo que yo me refiero, simplemente a cuidar a las víctimas“, enfatizó.

Osorio Chong señaló que espera que no dejen salir a los otros implicados a partir de acreditar que todo se realizó bajo el debido proceso.

Sigue creciendo la lista de empresas fantasma implicadas en presuntos desvíos en Sedesol y Sedatu

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El número de empresas que participaron en los presuntos desvíos en la Sedesol y Sedatu, entre 2014 y 2016, y que ya fueron denunciadas por la autoridad tributaria como sociedades fantasma va en aumento.

A las siete empresas que participaron en los presuntos desvíos y que ya tenía en la lista negra en agosto, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) incluyó en su último reporte del 21 de septiembre a siete más, porque comprobó que no tienen infraestructura real, personal, ni activos.

Además, el SAT reportó a otras cinco más como presuntas fantasma por el mismo motivo: simular operaciones comerciales para cometer presuntos delitos como evasión de impuestos, desvío de recursos, o lavado de dinero.

Suman ya 19 empresas consideradas fantasma por el SAT, y que fueron subcontratadas por 825 millones de pesos para darle supuestos servicios de comunicación social a Sedesol y Sedatu.
En total, suman 19 empresas boletinadas como fantasma, que fueron subcontratadas por 825 millones de pesos para darle supuestos servicios de comunicación social a Sedesol y Sedatu, aunque en realidad se trata de departamentos abandonados, lotes baldíos, o tienditas de reparación de teléfono en colonias populares.

Estas empresas fantasmas fueron beneficiadas gracias a un esquema de desvío en el que se utilizó como intermediarios a universidades públicas y a tres medios de comunicación estatales: Radio TV Hidalgo, Televisora de Hermosillo y el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social.

Tal y como documentó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en informes forenses de la Cuenta Pública, estos entes públicos debían dar los servicios a Sedesol y Sedatu, pero no tenían la capacidad para ello, y subcontrataron de manera arbitraria y sin pasar por ninguna licitación a estas empresas fantasma, violando además la ley federal de adquisiciones.

Es el mismo esquema documentado en la investigación La Estafa Maestra, donde más de 4 mil 600 millones de pesos de 11 dependencias de Gobierno acabaron, entre 2012 y 2014, en 146 empresas fantasma o irregulares a través de ocho universidades públicas.

Según la ASF, los desvíos en Sedesol y Sedatu entre 2014 y 2016 se produjeron cuando Rosario Robles era titular en la Sedesol, primero, y luego en la Sedatu. En entrevistas y notas informativas, tanto Robles como ambas dependencias de gobierno a nivel institucional, han rechazado que cometieran irregularidades en los convenios con universidades públicas y medios estatales.

Su postura, en resumen, es que los convenios son legales. Que las dependencias no hicieron directamente ninguna contratación de empresas. Y que cuentan con los entregables que demostrarían que se cumplieron los servicios contratados a las universidades y a los medios estatales.

No obstante lo anterior, la ASF lleva presentadas 18 denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el presunto desvío de 2 mil 824 millones de pesos solo en Sedesol, entre 2013 y 2015. Mientras que, según información proporcionada por la Auditoría al Senado de la República, presentará otras cinco denuncias más a finales de octubre por presuntos desvíos en Sedatu por mil 529 millones de pesos.

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