Ombudsman de la Salud

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El 29 de noviembre de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud (en adelante LGS) y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.

Lo anterior, implica uno de los cambios más trascendentales en el sistema de salud mexicano impulsado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Esto, pues se derogaron las disposiciones relativas al Sistema de Protección Social en Salud (en adelante Seguro Popular) y se implementaron las disposiciones sobre la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social, mismas que entraron en vigor a partir del 1º de enero de 2020.

Las nuevas disposiciones, tienen como objetivo que las personas que no cuenten con seguridad social tengan derecho a recibir de forma gratuita la prestación de servicios públicos de salud, medicamentos y demás insumos al momento de requerir la atención.

Para materializar lo anterior, se crea un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal cuyo fin es promover y garantizar la prestación gratuita de servicios de salud para las personas sin seguridad social denominado Instituto de la Salud para el Bienestar (INSABI) y del cual su titular es el Maestro Juan Antonio Ferrer.

Sin embargo, desde el 1º de enero y al día de hoy ha existido confusión y mal información sobre el contenido de la reforma abordada, que incluso llegó a la Bancada del PAN en el Senado.

Lo anterior, pues los Senadores Keila López Rabadán, Guadalupe Murguía, Alejandra Reynoso, Xóchitl Gálvez, Julen Rementería y Damián Zepeda del PAN anunciaron que presentarán una iniciativa de reforma a los artículos 36 y 77 de la LGS para garantizar 1) que los servicios otorgados por el INSABI sean gratuitos y 2) que se eliminen las cuotas de recuperación para sus beneficiarios.

Iniciativa, que no sería más que un acto fútil, pues los Senadores del PAN, pasan por alto primeramente que el nuevo sistema de salud para las personas que no cuentan con seguridad social garantiza el derecho de sus beneficiarios a recibir los servicios de salud de manera gratuita, pues así lo consignan expresamente los reformados artículos 77 bis 1 y 77 bis 37 de la LGS.

Máxime que incluso con el nuevo sistema, los beneficiarios ya no tendrán que realizar las aportaciones anuales que enteraban al Seguro Popular, puesto que ahora el financiamiento del INSABI será realizado únicamente por la Federación y Entidades Federativas.

También, soslayaron que el artículo 36 de la LGS que prevé las cuotas de recuperación que pueden cobrar algunos hospitales, no fue materia de la reforma de 29 de noviembre de 2019, puesto que dichas cuotas de recuperación existen desde 1987 y su última modificación se dio en 2005.

En la misma tesitura, contrario a sus manifestaciones, olvidaron que la fracción XIV, del artículo 77 bis 37 de la LGS también reformado, expresamente señala que los beneficiarios del INSABI tienen derecho a no cubrir ningún tipo de cuota de recuperación o cualquier otro costo por los servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados.

Por esto, es que la iniciativa de reforma pretendida por la Bancada del PAN resulta un acto fútil, pues las “mejoras” que pretenden implementar ya se encuentran previstas expresamente en la LGS desde la reforma de 29 de noviembre de 2019.

Así, como en otras columnas lo he mencionado lo que me parece y a la ciudadanía debe parecerle verdaderamente preocupante es la amnesia con la que se conducen nuestros legisladores, pues se olvidaron del contenido de un texto reformado que no tiene más de un mes de vigencia y que supuestamente estudiaron para ser votado.

Finalmente, lo cierto es que hoy el titular del INSABI se erige como el nuevo Ombudsman del sistema de salud nacional.

#ElNidoDelGavilán: “Oposición de agua y defensa de plástico”

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En sintonía con las palabras del profeta Ángel Reyna en aquellos aciagos días de crisis en el América, el PANismo, lo que queda del PRI y uno que otro adormilado, se han visto de agua y con una retórica de plástico al buscar cualquier cosa para darse a notar y fungir como supuesto “contrapeso” al gobierno de Andrés Manuel.

La polémica de la elección de titular de la CNDH sigue y ya hasta salió el gobernador de Querétaro a “desconocerla”. Lo cierto es que Monreal les anotó otro golazo político a muchos con la notoria imposición de doña Rosario Piedra Ibarra.

Si bien es cierto que la decisión de elegirla vino de más arriba, es innegable, la calidad moral de Piedra Ibarra para abordar una dependencia de gobierno tan importante para un país de desaparecidos y fosas como el nuestro.

Pero esto no es suficiente para la mezquindad de Acción Nacional, por eso van de ridículo en ridículo, el tema de los embutidos de Julen Rementería, las pifias de Xóchitl Gálvez, las contradicciones de Romero Hicks y la reciente visita a la muy polémica OEA por parte de Mariana Gómez del Campo para quejarse de la elección de Piedra Ibarra.

El arranque de la gestión de Piedra Ibarra ha tenido algunos tropiezos como sus declaraciones iniciales, pero es obvio que cualquier cosa que diga será usada en su contra.

Y es precisamente, el gran problema de la oposición, buscan poner como negativo todo lo que diga o haga un miembro de la 4T, cuando lo que debieran hacer es impulsar iniciativas de ley que resuenen positivamente entre los votantes. El PAN, hoy en día, funge el rol del soplón con la maestra en el salón de clases y no el de alumno sobresaliente.

En un momento histórico donde el partido del Presidente tiene mayoría en ambas cámaras, es preocupante que en el más mínimo nombramiento exista polémica. Si bien la 4T comete errores y han demostrado incapacidad en determinados rubros, la oposición no puede seguir ese juego.

Estamos a noviembre de 2019 y la oposición fragmentada quiere -increíblemente- llevar a nivel internacional una derrota de una votación del Senado, ¿El desarrollo económico? ¿La desigualdad? ¿El campo? A quien le importa, lo que importa es que no gane la 4T…

Senado avala elegibilidad de candidatos de la CRE

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La historia se repitió, la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores aprobó las ternas que reenvió el presidente Andrés Manuel López Obrador para ocupar cuatro vacantes de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Morena modificó el dictamen de “idoneidad” por el de “elegibilidad” y aprovechó su mayoría para sumar 10 votos y aprobar el dictamen de elegibilidad de los 12 candidatos, pese a que 11 de ellos fueron rechazados por el pleno del Senado el 21 de marzo.

Los senadores del PAN y el PRI votaron en contra por considerar que son una imposición del Ejecutivo federal.

“No por capricho. No porque vengan del presidente, sino que no le sirven a la Comisión Reguladora de Energía y porque no propone las condiciones idóneas que requiere”, dijo el senador del PAN, Julen Rementería.

“Tratemos de ser congruentes. No nos convirtamos en levanta dedos”, coincidió el senador del PRI, Mario Zamora Gastélum.

Por su parte, el senador Raúl Bolaños-Cacho Cué, del Partido Verde Ecologista, pidió hacer un extrañamiento por la actitud “vergonzosa” de los aspirantes, luego que uno de ellos, Edmundo Sánchez Aguilar, abandonó el salón durante su comparecencia este lunes, diciendo que “venía a perder su tiempo”.

La ley establece como requisito que los aspirantes serán entrevistados por la Comisión de Energía del Senado, pero los legisladores de Morena defendieron los perfiles, dijeron que todos reúnen los requisitos y aprobaron el dictamen que ahora será turnado.

Ayer los aspirantes volvieron a ser entrevistados por los senadores que integran la Comisión de Energía y se quejaron de las preguntas de los legisladores. Se mostraron molestos por haber sido exhibidos la vez anterior cuando fueron propuestos por primera vez por el presidente.

Pide PAN en el Senado cancelar coordinadores estatales de AMLO

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El Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado pidió al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, que desista de la propuesta de establecer coordinadores estatales o delegados de Programas Integrales de Desarrollo en todos los estados del país.

El senador panista Julen Rementería presentó un punto de acuerdo, señalando que la propuesta de coordinadores estatales representa establecer una autoridad entre los gobiernos federal y estatales, lo cual “es un riesgo” de gobernanza para los próximos años.

El mayor riesgo, dijo, “es para la soberanía y la autonomía de los estados y esto puede agravar el patrimonialismo y la corrupción“.

Deben emprenderse acciones de austeridad y eficiencia, agregó el senador,  “sin que ello implique la creación de figuras con características político-electorales, que atropellen la esencia del Pacto Federal“.