El debate de la objeción de conciencia en México

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La objeción de conciencia se ha convertido en el centro de debate nacional, ello porque el Congreso Estatal de Nuevo León aprobó una modificación a su ley local en materia de salud, para incorporar dicha figura jurídica para los miembros del sistema de salud. El tema ocasionó un fuerte debate en redes sociales, programas de opinión, columnistas y mesas de café, teniendo como punto de partida una presunta intención ideológica detrás de la mencionada iniciativa, sin embargo, existe una serie de imprecisiones que se propagaron por el internet, ya que si bien, es un tema en el cual existe una discusión desde un aspecto filosófico o axiológicos en materia de derechos, pero es innegable que existe una obligación constitucional para legislar en la materia. En primer termino, debemos señalar que la objeción de conciencia es un mecanismo que “supone no solamente el derecho a formar libremente la propia conciencia, sino también de obrar de manera conforme a los imperativos de la misma”(Sanchís, Luis Prieto 2006)

El derecho de la objeción de conciencia tiene origen dentro de nuestra legislación nacional en la reforma que se dio en el Senado de la República y fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2018, donde se incorporó esta figura jurídica en la Ley reglamentaria en la materia, y de igual manera en sus artículos transitorios se estipuló que las entidades federativas debían modificar sus legislaciones para armonizarlas con la modificación al artículo 10 Bis de la Ley General de Salud. Con dicha modificación, se abrió la puerta a reglamentar la responsabilidad de hacer o no hacer, el respeto a la libertad de conciencia y pensamiento, así como los límites, en todo nuestro país. Antes que nada, debemos definir la objeción de conciencia, y  podemos definirla como el respeto del pensamiento o reflexión personal o moral cuando este contravenga una acción a la cual tiene que ejecutar. Podemos ver  que es una ponderación del ejercicio de la libertad personal e incluso religiosa sobre una acción que pudiera lesionar su sentir o forma de pensar y “en principio ejerce un derecho fundamental, por más que el juicio definitivo pueda desembocar en la negación o rechazo de la posición iusfundamental a la vista de la presencia  en el caso de otras razones más fuertes en favor de tal deber jurídico”(Sanchís, Luis Prieto 2006). 

En el aspecto jurídico, hay que enfatizar que este mecanismo es un derecho humano que se ha visto en diversos ámbitos como el militar, empresarial o de la  administración pública. Ello también trae a colación dos derechos, el derecho del acceso a la salud previsto en el artículo 4 constitucional y el derecho a la libertad ideológica, pensamiento o creencia, señalado en el artículo 24 de nuestra carta magna, y es dentro de este derecho donde podríamos ubicar a la objeción de conciencia como derecho protegido por la constitución. Independiente de los titulares tendenciosos y la polarización social respecto a este tema, la objeción de conciencia atiende a procurar al personal del sistema de salud y puede ser encontrado en todas las democracias con estado de derecho, y debería ser visto como una medida mediadora ante diferentes visiones o cosmovisiones sociales, y una herramienta fundamental en la preservación de la diversidad de pensamiento y creencia. También, es imperativo  aclarar que al momento de plasmar la objeción de conciencia se debe tener en claro que no se objeta a la persona y sus características físicas o personales, ya que ello claramente recae en una discriminación, contrario a lo estipulado en el articulo primero constitucional y violatorio de derechos humanos,  precisando que debe objetarse la acción que contravenga el pensamiento del objetor.  

Nuestro máximo órgano de impartición de justicia: la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que en temas de a través de garantías de protección  y abstención el Estado se asegura de que los creyentes puedan efectivamente ejercer su libertad religiosa”(AR 1049/2017). En el ámbito internacional, encontramos este derecho en la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 18, en el cual establece que “toda persona tiene derecho a la libertad  de pensamiento, conciencia y religión”; lo anterior también lo podemos vislumbrar en el artículo 18  del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el Convenio Europeo de Derechos Humanos en su artículo 9no y el 10o de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. De igual manera, es innegable la existencia del conflicto ante este derecho, ya que podría ejercerse cómo medida que limitaría el acceso a ciertos servicios, pero debemos vislumbrar que no todo derecho es absoluto. Si vemos los antecedentes en México, la objeción de conciencia se introduce federalmente, en una serie reformas realizadas por la Secretaría de Salud a la Norma Oficial Mexicana 046, con la cual se reconoce el derecho de objeción de conciencia de médicos y enfermeras para la práctica de abortos en el caso de violación, sobre lo anterior es importante precisar, que en diversas entidades no permiten y penalizan dicho acto,  como es el caso de  Nuevo León, por lo cual no se presenta la iniciativa en un ámbito  prohibicionista de la interrupción del embarazo, ya que no es la intención del legislador. De la misma manera, encontramos que, en la Ley de Voluntad Anticipada del Distrito Federal, aprobada en el 2011, en su artículo 42 se reconoce el mismo derecho de objeción para el personal de salud que quiera abstenerse a intervenir en la atención de pacientes terminales. Tenemos que ver que dicha reforma en también contempla limitantes, como son cuando esté en riesgo la vida del paciente o el caso de una urgencia médica. Podemos ver que debe garantizarse el derecho de acceso a la salud en todo momento,  y en ese sentido, al ejercer dicha objeción se debe realizar de manera previa y procurar de proveer al paciente de otro personal  de salud que garantice la atención,  también enfatizar el hecho  que no  debe objetarse con relación al sujeto (paciente) sino al acto; si logramos dilucidar  esto, podemos ver la objeción de conciencia como una medida extraordinaria y un derecho  y no desde un plano ideológico que abone a una polarización innecesaria. 

reneramirezbenites@gmail.com 

Bibliografía 

Amparo en Revisión 1049/2017.  Oposición a que se realice a su menor hija una transfusión sanguínea  por  pertenecer a  la comunidad cristiana  “Testigos  de Jehova”, posible colisión de  derechos a salud de un menor de edad y el derecho a libertad  religiosa de sus padres. Ministro Ponente: Arturo Saldívar Lelo de Larrea. Primera Sala de la  Suprema Corte de  Justicia de la Nación. 15 de agosto de 2018 

ONU. Naciones Unidas Derechos Humanos Oficina del Alto Comisionado. 2012. La objeción de conciencia al servicio militar. Nueva York  y Ginebra. Naciones Unidas

Sanchís, Luis Prieto. 2006. “Libertad y objeción de conciencia”. Revista Persona y Derecho 54. (2006): 259-273. 

Soberanes Fernández, José Luis. 1998. “La  Objeción  de conciencia ante la justicia constitucional  en México”. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Universidad Nacional Autónoma de México. (1998): 137-151. 

“Ninguno”, ya no será la respuesta

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Durante mi vida he conocido a parejas jóvenes con relaciones considerablemente duraderas, hablo de noviazgos que han o habían sido estables por un mínimo de dos años y un máximo de siete previo a comprometerse. 

Tuve gran contacto con una de ellas; a la chica la conocí en una actividad extracurricular y en algún punto me presentó a su novio. Ambas personas responsables, respetuosas y cariñosas, sin ninguna intención de dañar al otro. Salí con ellos algunas ocasiones y verdaderamente no los concebía separados. 

Poco después de cumplir tres años juntos, buscaron darle un giro a su relación pues consideraron que cayeron en la rutina; de entre las opciones que propusieron, eligieron el sexting. Cabe aclarar que, en su momento, mi compañera me compartió esta información y hoy está de acuerdo en que cuente su historia. 

Comenzaron siendo redacciones de situaciones eróticas, después de acciones que se prometían hacer cuando estuvieran juntos. Poco a poco escaló a fotografías y videos en ropa interior y finalmente a desnudos totales. El ejercicio transcurrió sin problemas, ellos se sentían felices y el material estaba resguardado bajo sus promesas de no compartirlo e incluso eliminarlo. 

Por azares del destino me separé de ellos, pero hace poco tuve la oportunidad de coincidir de nuevo con la chica. Me sorprendió saber que después de seis años de relación, ahora está soltera; sin embargo, lo que me contó después me dejó sin palabras. El corazón se me hizo pequeño cuando, en medio de lágrimas, compartió conmigo que algunas de las fotografías y videos que ella compartió con su pareja estaban ahora en internet: las imágenes con ropa en sitios de citas y las grabaciones de su cuerpo desnudo en páginas de pornografía.  

¿Qué consuelo le das a una persona que fue traicionada de esa manera? ¿Qué con toda la confianza y pleno consentimiento compartió con alguien su cuerpo con la promesa de que nadie más lo vería? Ninguno. 

Y ¿qué castigo existe para las personas que difunden contenido erótico o sexual en internet o redes sociales sin autorización de la víctima? Hasta hace poco menos de un año, ninguno. 

El 26 de noviembre del 2018 el Congreso de Nuevo León aprobó penalizar a quienes, a modo de venganza, difundieran contenidos inapropiados sin consentimiento del afectado. Mantener o no una relación afectiva, sentimental o de confianza con este no era un impedimento para aplicar la sanción. 

Ivonne Bustos, diputada del Partido Verde Ecologista de México, propuso modificaciones al Código Penal en sus artículos 271 y 292. Estas contemplaban hasta cuatro años de prisión y penas monetarias desde los 70 mil 688 pesos y hasta los 176 mil 720 pesos. Además, si el material difundido era de un menor de edad, la sanción sería más severa. 

Una nueva iniciativa en la materia, presentada por el coordinador de la bancada de Morena, Ramiro González, junto a Olimpia Coral Melo, fue aprobada en el Congreso local el pasado 15 de octubre. Con 33 votos a favor, la pena a quienes difundan contenidos sexuales en la red aumentará a ocho años. 

La llamada Ley Olimpia modifica el artículo 271, bis 5 del Código Penal estatal y recalca que la sanción se aplicará a cualquier persona que comparta o venda contenido íntimo de un individuo sin su autorización, aún cuando no lo conozca. 

Esta reforma llega, de acuerdo con información del Frente Nacional para la Sororidad, en un contexto en el que siete de cada 10 videos sexuales en internet se difunden sin consentimiento de la víctima e incluso sin su conocimiento de que el material existe pues son grabaciones, por ejemplo, de baños públicos que se llegan a vender hasta por 300 pesos. 

Nuevo León acaba de sumarse a otros estados como Querétaro, Chiapas y Oaxaca que castigan este delito. La violencia de género es real y este es solo un pequeño paso para que las mujeres se sientan más seguras en la calle y con las personas a las que consideran importantes. 

“Estados del norte mantienen a los del sur”, Carlos de la Fuente

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El coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de Nuevo León, Carlos de la Fuente Flores, aseguró que los estado del norte mantienen la economía de aquellos ubicados al sur del país con las aportaciones que dan a la economía mexicana.

De la Fuente dijo al periódico Milenio que en la época del empresario Eugenio Garza Sada, Nuevo Léon aportaba alrededor de 8 y 10 por ciento del PIB del país, por lo que los estado del norte mantienen a los del sur.

Las declaraciones del diputado local panista se dan luego de que el ex titular del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM), Pedro Salmerón, y el diputado federal del PT, Gerardo Fernández Noroña, fueron declaradas personas non gratas por el Congreso local.

El albiazul dijo que a lo mejor ellos desconocen esos datos y aunque respetan sus comentario y pueden manifestarse públicamente, no comparten esas ideas.

Cabe recordar que Salmerón calificó de “valientes jóvenes” a los integrantes de la Liga Comunista 23 de septiembre que mataron al empresario regiomontano hace más de 40 años.

Comienza proceso formal para definir sanción contra “el Bronco”

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La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León inició formalmente los procedimientos para determinar el camino legal que procederá para sancionar al gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón “el Bronco”.

La sesión duro solamente seis minutos, puesto que antes de entrar al análisis del tema se declaró en sesión permanente y terminó los trabajos, bajo el argumento de que se requiere más tiempo para analizar el procedimiento legal que ejecutará.

La petición para suspender la sesión fue hecha por Itzel Castillo, del PAN; Beatriz de los Santos, Morena, Claudia Tapia, de Morena Cuarta Transformación y Dolores Leal, de Nueva Alianza.

Arturo Bonifacio de la Garza, presidente de la comisión, adelantó que preven determinar la sanción hasta noviembre y además justificó el aplazamiento del análisis debido a que se trata de un asunto relevante e histórico ara el estado.

“Tenemos que estar seguros de lo que tenemos que hacer como Congreso en un caso inédito, y garantizar los derechos de todos los involucrados”, dijo De la Garza.

El diputado de Movimiento Ciudadano adelantó que la sanción se daría de manera directa y no a través de un juicio político, aunque no se ha consensuado este escenario todavía.

De la Garza adelantó que la comisión reanudará trabajos la próxima semana.

Diputados Morenistas acusan intereses en reparto de comisiones

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Diputados locales de Morena acusaron que los coordinadores de bancada validaron el reparto de comisiones y sus presidencias basándose en intereses personales.

En rueda de prensa, los legisladores Claudia Tapia, Julia de los Monteros y Luis Armando Torres criticaron que las presidencias de las comisiones de Hacienda del Estado, que antes eran presididas por Morena, y de Medio Ambiente, que tenía el Partido Verde Ecologista de México, fueron resignadas a otros partido.

“Están pasando cosas aquí peores que en la Legislatura pasada y eso es difícil de superar, esto parece un mercado de Alí Babá, las comisiones están pactadas y no estamos de acuerdo”, acusó Tapia.

Por su parte Torres y Alonso aseguraron que las comisiones fueron entregadas a diputados que no representan los intereses ciudadanos.

“Esto parece una carnicería, es lo que vimos de cómo se repartieron las comisiones, vuelven a tomarlas quienes nunca han representado al ciudadano, es lamentable que jueguen con nuestra inteligencia, se reparten las comisiones y nosotros ni enterados estábamos”.

Los morenistas incluso acusaron a su coordinador de bancada, Ramiro González, de validar los cambios sin haberlos consultado antes, por lo que buscarán cambiar la coordinación.

“No nos representó, se sentó con otro Diputado a acordar las comisiones, un Diputado que viene entrando apenas ahora”.

(Con información de Grupo Reforma)

Carlos Leal pide licencia; suplente entra a la bancada del PRI

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El diputado local del Partido Encuentro Social (PES), Carlos Leal, solicitó licencia al cargo el día de hoy.

La solicitud de licencia fue ingresada este martes en asuntos en cartera en la sesión del pleno. Por la petición, la Comisión de Gobernación sesionará de manera extraordinaria para validar la solicitud.

Por otro lado, su suplente, Nabor Guerrero, ingresará a la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), con lo que el tricolor sumará 9 legisladores y pasará a ser la primera minoría del Legislativo local.

Cabe mencionar que al PRI le corresponderá la administración del Congreso.

#ContraPortada: “La vergonzosa farsa en el Congreso de Nuevo León”

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No es que los políticos se caractericen por la congruencia y los principios, no seamos ingenuos, pero lo que hoy está pasando en el [¿H.?] Congreso de Nuevo León está superando la vergüenza y el ridículo de cualquier otra legislatura.

Desde el primer día con la investidura de diputado local varios lobos se quitaron el disfraz de ovejas y mostraron los dientes con acuerdos en lo oscurito, sin recordar en lo más mínimo el discurso nostálgico y conmovedor, en ocasiones hasta de justicia social, que pronunciaron para solicitar el voto de los nuevoleoneses semanas anteriores en épocas de campañas políticas, que básicamente vienen asimilándose a la navidad electorera.

¿Cómo te explicas que en la peor época del PRI y con solo dos diputados ganados por mayoría hoy sean una de las fuerzas políticas más sólidas en el Congreso? Es aberrante.

El caso del diputado Melchor Heredia [vaya que me cuesta trabajo llamarlo diputado] que en tan solo un año ha pertenecido a 3 partidos políticos. Compitió con el PES, inmediatamente se fue con el PRI y ahora resulta que se identifica con MORENA realizando, nuevamente, su cambio de bancada. ¿Qué intereses puede representar esta persona? ¿Cómo les respondes a los ciudadanos que “representas”? imposible no pensar en acuerdos que vayan más allá de su trabajo legislativo.

La vergonzosa farsa que se construye en el Congreso de Nuevo León va más allá de la poca moral, de los valores obsoletos y del nulo compromiso con los ciudadanos; es el claro mensaje de la desaparición de ideologías en los partidos políticos. Desde hace años que la doctrina, los estatutos y las ideas que argumentaban representar los partidos han desaparecido, hoy se atiende única y exclusivamente al mercado electoral como la ley de oferta y demanda lo entienda.

¿De qué manera te explicas una alianza del PAN con el PRD? ¿Izquierda y derecha juntos? La única razón era intentar detener el tren que significaba la figura de Andrés Manuel López Obrador y vaya que no solo fracasaron en el intento, sino que desvirtuaron la oferta política de sus partidos, peor aún, dividieron los grupos al interior de sus institutos políticos. ¿Qué es hoy el PRD? Sí, para ti que estás leyendo esto, al parecer aún existe el PRD.

¿Cómo explicas que partidos pro-aborto y partidos pro-vida compitan juntos en una misma elección? ¿Dónde carajos está la representatividad? Lo único claro es que ganar la elección es el bien máximo de una política débil y donde cada vez menos depositan su confianza.

La gran farsa en el Congreso de Nuevo León está consumada, ya no existen las ideologías en los partidos políticos y hoy solo se mantiene la ambición de ganar. ¿Ganar para qué? Esa es la pregunta.

¿Muerte civil para las y los servidores públicos corruptos?

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Recientemente, el Congreso del Estado aprobó la nueva Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León (LRANL). Una de las novedades de la Ley es la posibilidad de que se sancione con inhabilitación definitiva para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas a las y los servidores públicos que cometan faltas administrativas graves o hechos de corrupción (art. 78, fracción V). Por su parte, el Senado de la República como cámara de origen aprobó en marzo pasado un decreto de reforma al Código Penal Federal y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), instituyendo la inhabilitación definitiva; esta iniciativa está ahora en comisiones en la Cámara de Diputados. 

El objetivo de esta colaboración es delinear algunos problemas de lo que se ha denominado en los medios como “muerte civil”. 

Acerca de la formalidad del término, es cierto que periodísticamente resulta muy atractivo usar el término de “muerte civil”, pero este no es exacto, porque la institución no implica la pérdida de otras capacidades como el ejercer el sufragio activo. Lo que implica en verdad es solo la prohibición permanente de incorporarse a un empleo, cargo o comisión de naturaleza pública.

La delimitación de este tipo de sanción de acuerdo con la LGRA (art. 78) es solo temporal y fluctúa en el siguiente rango:

a).- De tres meses a 1 año, si la falta no causa daños o perjuicios y que no exista beneficio o lucro alguno. b).- De 1 hasta 10 años, si el monto de la afectación de la falta administrativa grave no excede las 200 UMAS ($16, 898.00). c).- De 10 a 20 años, si se exceden las 200 UMAS.

La nueva LRANL publicada en el Periódico Oficial del Estado el pasado 7 de junio de 2019, agrega también la inhabilitación definitiva. Para ello, segmenta los supuestos de inhabilitación de la siguiente forma:

a).- Inhabilitación temporal de tres meses a 1 año cuando la falta no causa daños o perjuicios y que no exista beneficio o lucro alguno.  b).- Inhabilitación temporal de 1 a 10 años cuando el monto de la afectación de la falta administrativa grave no excede de 1, 500 el valor diario de la UMA ($126, 735.00). c).- Inhabilitación definitiva cuando el monto de la afectación exceda las 1,500 UMAS.

Este mismo modelo adoptado en Nuevo León fue el aprobado por el Senado en marzo pasado, aunque se mantiene la frontera de la gravedad en 200 UMAS y no en 1,500 como la local.

Considero que es importante preguntarnos como sociedad si 20 años de inhabilitación temporal constituyen un castigo suficiente que garantice la protección del bien común en los casos en que así sea pertinente según la LGRA. Para el Congreso de Nuevo León (norma ya vigente) y para el Senado (norma en proceso legislativo), parecería que la respuesta es negativa. No, no son suficientes 20 años de inhabilitación.

En este sentido, si la corrupción es tan grave como para justificar una sanción gravosa como la inhabilitación permanente para ser funcionario público, ¿no podría ser igualmente plausible como consecuencia penal en algunos de los delitos en los que conforme al artículo 19 constitucional se puede ordenar la prisión preventiva oficiosa, como, por ejemplo, abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas…? 

Señalo esto porque el Congreso Local no adecuó el Código Penal del estado para incluir como sanción penal la inhabilitación definitiva; y el Senado sólo se refirió a los delitos por hechos de corrupción (art. 212 del Código Penal Federal), pero no a otras posibles conductas delictivas que pudieran ser responsabilidad de personas que fungen como servidores públicos y que deberían ser más gravosas en cuanto a su sanción, como por ejemplo, cuando el abuso sexual o violación fuese cometida por quien desempeñe un cargo o empleo público (art. 266 Bis Código Penal Federal): ¿No sería igualmente recomendable que un agente de migración abusador sexual o violador de una niña o niño fuera inhabilitado definitivamente para desempeñar cargos públicos, tal como se propone por el Senado para servidores públicos corruptos?

Ahora, estrictamente en el ámbito de las responsabilidades administrativas, en el artículo 109, fracción III de la Constitución Política se establece como posibilidad de sanción a servidores públicos el siguiente catálogo: amonestación, suspensión, destitución, inhabilitación y sanciones económicas. Como puede advertirse, la norma constitucional no especifica claramente que pueda imponerse una inhabilitación definitiva. Dudo que respecto de una restricción de derechos de esta magnitud, la CPEUM haya dejado libertad de configuración al legislador ordinario. Desde esta perspectiva, ¿puede considerarse que la creatividad del Congreso Local está acorde a la CPEUM a pesar de que en esta no se contempla expresamente el supuesto de inhabilitación permanente? En todo caso, aun aceptando que la Constitución permite la libre configuración del legislador, ¿podía el Legislativo Local crear un supuesto novedoso cuando todavía no se aprueba la reforma a la Ley General respectiva, la cual es jerárquicamente superior a la ley local de responsabilidades administrativas? ¿Tenía el legislador local libertad configurativa para crear una frontera sancionatoria no de 200 UMAS, sino de 1,500?

En síntesis, parecería que en este tema debemos exigir a nuestros representantes: Primero, un debate serio y profundo sobre si la inhabilitación de servidores públicos debe aumentarse, en algunos casos, de veinte años a permanente; segundo, si acordamos que así deba ser, la decisión pública acerca de si la inhabilitación permanente o definitiva es un camino sancionador solamente para hechos de corrupción o también para otras conductas delictivas, y, finalmente, el ejercicio efectivo de las y los legisladores como defensores de la Constitución.

#Kleroterion: “¡Gobierno Incluyente!”

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Siempre que un gobierno se preocupa por todas y todos sus ciudadanos y trabaja con equidad, está demostrando la empatía natural que se debe tener y no sólo por ser político o gobernante, sino por el simple hecho de que todos somos iguales.

Por lo que se expresa que para ser un buen funcionario, primero que nada, se debe tener una visión plena de inclusión, equidad y justicia, ya que con esto podemos entender de manera clara lo que los demás sentimos, como dicen, “ponerse en los zapatos de todos”, siendo éste, el cimiento principal de la confianza y la reciprocidad.

Debemos entender que para que exista la conciencia no es necesario que nosotros o alguien cercano sufra o padezca una discapacidad, debe ser un sentido natural que todas y todos debemos entender y apoyar de manera constante; hoy en día ha quedado demostrado que las personas con discapacidad enfrentan y salen adelante sin pensar en que los apoyen o no, el que físicamente necesiten ayuda de ninguna manera significa que no sean personas capaces en todos los sentidos, demostrando que muchas veces la verdadera discapacidad la encuentran en la propia sociedad y en su gobierno, es por esto, que hoy más que nunca el gobierno en sus tres niveles, tienen la obligación de contratar en sus filas laborales un porcentaje mínimo de personas con discapacidad y es precisamente en lo que mi estado Nuevo León, se ha comprometido, proponiendo y realizando todo lo concerniente para que se tenga un sistema de inclusión y equitativo; por lo que revisaremos todos los edificios públicos velando porque se cumpla el porcentaje establecido de trabajadores con discapacidad, además de que cuenten con infraestructura adecuada para el buen desempeño de sus funciones, ya que estamos seguros que las personas con discapacidad merecen todo nuestro reconocimiento y deben ser admiradas por su esfuerzo, capacidad, profesionalismo, experiencia y estudios, como cualquier otra persona y nunca por su condición física.

Por lo anterior, concluyo diciendo que es un verdadero orgullo ser partícipe de estas actuaciones de la mano con los legisladores del Congreso de Nuevo León, ya que sin su voto esta iniciativa no hubiera sido posible, así como de los integrantes del Consejo para las Personas con Discapacidad y del DIF Nuevo León, por lo que nuestro estado se compromete a promover y cumplir la inclusión con al menos el 2 porciento de empleados con alguna discapacidad en un periodo de un año al Gobierno Estatal, incluso inferior a los 3 años que propone como meta dicha iniciativa, lo que sin duda demuestra que unidos podemos ser un Gobierno incluyente y de oportunidades para todas y todos…

Bronco vetador… Echa para atrás 7 leyes

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El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón “el Bronco”, envió al Congreso local un paquete de siete vetos.

La Diputación Permanente dio entrada a los oficios enviados por el poder Ejecutivo Estatal en los que remite observaciones a los decretos que contienen las nuevas leyes de Cambio climático, la Protección al Parto Humanizado y a la Maternidad Digna, y a tres reformas al Código Penal, una de ellas para establecer delitos ambientales.

Además vetó reformas a la Ley de Víctimas del Estado y a la Ley de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, que establecía el Premio Estatal al Emprendedor.

“Escrito presentado por Jaime Rodríguez, Gobernador del Estado, y Manuel González, Secretario General de Gobierno, mediante el cual remite las observaciones al Decreto 133 por el que se expide la Ley de Cambio Climático del Estado”, dijo la diputada panista Claudia Caballero, al dar lectura a los asuntos en cartera.

El mandatario estatal vetó el contenido de diversas reformas al Código Penal contenidos en los decretos 135 por el que se reforma el Artículo 271 Bis 2 del Código Penal; el 136 que adiciona el capítulo de “Delitos contra el Medio Ambiente”; el 141 que modifica diversos artículos de ese ordenamiento. También se vetó el Decreto 138 que contiene reformas al Artículo 46 de la Ley de Víctimas del Estado; el 134 por el que modifica artículos de la Ley de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa para el Estado.

El coordinador de la bancada del PAN, Carlos de la Fuente, cuestionó que el Ejecutivo estatal haya vetado modificaciones legales a favor del medio ambienten, justo el día en que se conmemora el Día Internacional del Medio Ambiente.

De la Fuente agregó que el Gobierno no hace ni deja hacer y que bloquea todos los avances que logra el Congreso local.

(Con información de Grupo Reforma)