Un Auditor que no audita

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Impulsado por un afán desmedido de ambición irracional, el Gobernador Rodríguez decidió hace un año abandonar las responsabilidades que había buscado dos años antes y aceptado después de una elección incontestada. 

La irracionalidad resultó compartida cuando el pleno de los diputados, expresión democrática de la representación popular, le otorgó al gobernante una licencia para abandonar sus responsabilidades y lanzarse en una aventura azarosa para perseguir objetivos diferentes de los que le fueron asignados por los electores.

La irracionalidad se transformo en corresponsabilidad cuando el gobernador con licencia violó leyes y reglamentos y obligó a sus subordinados o ex subordinados a dedicar el tiempo que le deben al gobierno a recabar firmas y a ser cómplices de su irresponsabilidad pública. 

Frente a esta falta de responsabilidad de los poderes electos del Estado, ¿que le queda a los ciudadanos, oportunamente clasificados cómo electores, cuando conviene, y luego relegados a la categoría de simples espectadores?  

Queda una institución trabajosamente  estructurada durante el sexenio de Natividad González Parás, brillantemente asumida por un hombre digno de todos los respectos, el C.P. Sergio Marenco (QEPD), la Auditoría Superior del Estado. A parte de  analizar y esclarecer las cuentas públicas, la ASE tiene cómo objetivo atender las llamadas de atención que llevan a su consideración para analizar y sancionar las desviaciones que le sean señaladas oportunamente y perseguirlas de oficio. Ya se le solicitó actuar. 

Desgraciadamente, el Auditor actual, el C.P. Jorge Galván González ha decidido nadar de muertito. Ni actúa, ni analiza, y menos sanciona, a menos que sus amos del Congreso le indiquen que hacer. Tenemos un Auditor que no audita. O bien porque no sabe, a pesar de disponer de un equipo de más de 200 expertos contadores y juristas, que le cuesta a los contribuyentes más de 200 millones de pesos al año, o bien porque no quiere, ya que lo sacaría de su tranquilidad y de su rutina operacional o bien porque sus amos del Congreso no se lo permiten. ¿Realmente necesita diez meses para integrar la carpeta del “cobijagate”? ¿O la consigna es esperar al informe del Gober para no hacer olas inoportunas? 

Frente a la inacción del Auditor General, los ciudadanos estamos desamparados. En la ilegalidad señalada oportunamente por el INE, confirmada por el Tribunal, la Contraloría del Estado que debería sancionar los funcionarios públicos denunciados está involucrada y está deshabilitada para actuar. Además, el Gobernador removió justo a tiempo, la entonces titular, sustituyéndola de manera irregular por un funcionario a modo que opera ciegamente a las ordenes del jefe (o socio).  

Nuevo León está gobernado por un gobernante denunciado y condenado por haber violado la Ley, y ninguna instancia establecida toma acción en esta situación. Hemos caído en la posición más lamentable de ausencia de Estado de Derecho: los gobernantes violan la Ley y no queda nadie para aplicársela. 

¿Estará la ciudadanía tan indefensa, la Sociedad Civil tan carente de capacidad de reacción que 5 millones de individuos tengan que vivir en una situación de agresión abierta por parte de sus seudo autoridades? ¿No habrá algún abogado para sugerir una solución? ¿O la única solución es  ir debajo de las ventanas del despacho del Gobernador para exigirle su renuncia? 

Un Auditor que no audita, un Congreso cómplice y mudo, un Contralor maniatado y ocupado en taparle sus fechorías al Gobernador, este es el panorama actual del otrora Estado ejemplar de Nuevo León. ¿Qué podrá informar en su informe?

Pide Miguel Treviño investigar actos ilegales en campaña de “el Bronco”

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Días después de haber pedido al gobernador con licencia Jaime Rodríguez Calderón “el Bronco” de renunciar a su puesto y no volver, Miguel Treviño de Hoyos acudió la tarde de ayer al CODE de San Pedro Garza García para denunciar una investigación por el supuesto uso de recursos del erario estatal en la campaña de recolección de firmas del aspirante presidencial.

“Significa el cuidado de nuestros recursos públicos de nuestro estado, de nuestros municipios”, dijo el candidato a la alcaldía de San Pedro.

El ex director de la Oficina del Gobernador, también pidió a la Fiscalía General, laFiscalía Anticorrupción y la Auditoria Superior del Estado que investiguen si ha habido desvío de recursos, tráfico de influencias o actos ilegales, durante la campaña de recolección de firmas de “el Bronco”.

“Tenemos Fiscal nuevecito, un Fiscal Anticorrupción nuevecito.. Que se investigue a fondo estrenando esa independiente para investigar con total imparcialidad”, exigió Treviño.

Mientras que las solicitudes de renuncia de Rodríguez Calderón se intensifican, el mandatario con licencia se ha negado a hablar del tema en sus redes sociales, y solo aborda la impugnación en contra del INE por la decisión de no incluirlo en la boleta.

Piden a Bronco aclarar anomalías por casi los $8 mil mdp

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Monterrey (1 de diciembre de 2017).- La Auditoria Superior del Estado halló anomalías en el primer año completo de la administración del gobernador del Estado, Jaime Rodriguez, mismas con un total de 7 mil 808 millones de pesos en la revisión de la Cuenta Publica del 2016.

ASE señala que dicha cantidad no solventa, se detecto un monto probable a recuperar por 466 millones 630 mil pesos.

Se reportaron 184 observaciones que no fueron solventadas por el Estado, de las que al menos 115 ameritan el fincamiento de responsabilidad administrativa y dos más hasta denuncias penales.

En un informe por la ASE, se detalla que ” Esta observación no se solventa, ya que el ente publico en su respuesta reconoce que existe diferencia con cada uno de los entes detallados en la observación… y subiste el incumpimento en la Ley de la Administración Financiera del Estado”.

También se encontro saldos por pagar a proveedores que arrastran de manera injustificada desde el 2009, por un monto de 760 millones de pesos.

Se calificaron como irregulares 44 cuentas contables tenían saldos negativos por 456.2 millones de pesos, contrario a la naturaleza de la cuenta.

Un monto restante, por 2 mil 293 millones de pesos, se refiere a diversas anomalías administrativas en que incurrió la gestación de El Bronco mismas que no fueron solventadas.

 

 

 

 

 

 

¿Qué ya estaba cerrado el #Cobijagate? Para nada, irán por la vía penal

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La Auditoría Superior del Estado (ASE), determinó que se debe de proceder por la vía penal, contra los que resulten responsable del daño al erario público por casi 30 millones de pesos, esto al no haber certeza de que el Gobierno del Estado adquirió 200 mil cobertores en diciembre del 2015.

El día de ayer la ASE remitió la cuenta pública del Gobierno Central 2016 al Congreso del Estado. La cuenta corresponde al primer año completo de la administración de Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”. La ASE asegura que existen elementos suficientes para presentar una denuncia penal por la operación de la compra de 200 mil cobertores en diciembre del 2016, por lo que se presentará una denuncia penal en contra de quien o quienes resulten responsables del daño al erario público.

Hace poco más de un año, la Subprocuraduría Anticorrupción del Estado, encabezada por Ernesto Canales, dio por cerrada la investigación y soló impuso multas menores a los involucrados en la operación.

Por si parte, la diputada Gloria Treviño, quien es también presidenta de la Comisión de Hacienda del Estado, dijo que ellos sabían que la compra de 200 mil cobertores había sido una operación simulada y por lo tanto el informa de la cuenta pública del Gobierno Central del 2016 viene, por ese tema, con fingimiento de responsabilidad penal”.

“La cuenta viene con el anuncio de la acción penal, que dentro de los próximos 10 días hábiles ya se estaría solicitando la instrucción penal para quien resulte responsable de este daño al erario estatal sea sancionado. La Auditoría plantea que la denuncia debe respetarse contra quien resulte responsable por el monto total de la operación que fue de 29 millones 877 mil pesos”, dijo Treviño en entrevista.

El caso conocido como el Cobijagate, fue dado a conocer por el periódico El Norte el 9 de febrero del 2016 y el cual consiste en la compra de 200 mil cobijas a sobre precio realizada en diciembre del 2015 a Comercializadora Mirof, por parte del entonces subsecretario de administración, Rogelio Benavides Pintos y el directo de Adquisiciones del Estado, Gonzalo Padilla.

El Cobijagat es considerar por muchos, como el primer acto de corrupción de la actual administración de Rodríguez Calderón, sin que hasta el momento haya responsables del mismo.

Pide Eugenio Montiel que ASE revisar obras de drenaje en Av. Nogalar y Av. Los Ángeles

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Por unanimidad, el Congreso local aprobó que se solicitara a la Auditoria Superior del Estado la revisión excepcional de las obras de drenaje pluvial realizadas en Av. Los Ángeles y Nogalar, con el fin de deslindar responsabilidades y aplicar sanciones correspondientes ante el socavón que causó la muerte de una mujer de 25 años.

El legislador independiente Eugenio Montiel Amoroso manifestó que la revisión sería independiente a la realice la Administración de Monterrey por medio de su Contraloría Interna.

Amoroso mencionó en sesión la noticia y las acciones tomas por el municipio de San Nicolás, quien en primera instancia circulara un comunicado deslindándose del tema y adjudicándole la responsabilidad al municipio de Monterrey, explicando que eran ellos la instancia correspondiente de la obra realizada.

Por otra parte, “especialistas y técnicos en obra pública han sugerido que la misma, a la que se le imputa la causa de la formación del socavón, durante su ejecución pudo haber existido irregularidades en los trabajos y que por causas de ello es imprescindible investigar al respecto“, señalo Montiel Amoroso.

Por su parte, el coordinador de la bancada del PRI, Marco González, dijo que es necesario aclarar el caso y sancionar a quien resulte responsable y se sabe que el Alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza actuará contra quien o quienes resulten responsables del terrible hecho que acabaría con la vida de Emily Álvarez de 25 años.

De igual forma, Arturo Salinas, coordinador de la fracción del PAN, dijo que es un asunto grave que no puede quedar sin sanción (…) el Congreso también hará lo excepcional para una revisión ejemplar a la ASE.

Cabe mencionar que la empresa encargada de la construcción y obra en el lugar del socavón es TD Construcciones Especiales, la cual fue mencionada en una carpeta de investigación por la Subprocuraduría Anticorrupción y observada por la Auditoria Superior del Estado en la cuenta pública del 2015 del Gobierno Central, por lo que posiblemente estemos ante un hecho de corrupción que lamentablemente costarían una vida.

Citan a Gerardo Ruíz Esparza y Graco Ramírez en el Congreso por socavón en Paso Exprés.

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El pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo para invitar al secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT)Gerardo Ruiz Esparza, y al gobernador de Morelos, Graco Ramírez, a una reunión de trabajo en un plazo no mayor a 15 días naturales, para que informen sobre las investigaciones del socavón del Paso Exprés de Cuernavaca.

En la sesión de este martes, el pleno votó el punto de acuerdo para que ambos funcionarios se reúnan con la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, que preside el senador Ernesto Cordero.

Asimismo, se aprobó solicitar a la Auditoria Superior de la Federación (ASF) a que en un plazo no mayor a 15 días naturales, remita un informe pormenorizado respecto del estado que guardan las auditorías ya practicadas a la obra referida, a cargo del Consorcio Construcciones Aldesem y Epccor Construcción.

Exhortó a que se incluyan los procedimientos sancionatorios ya iniciados, así como de la viabilidad de realizar una nueva auditoría en caso de detectarse nuevos elementos.

Por último, se solicitó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que en un plazo no mayor a 15 días naturales remita un informe pormenorizado respecto del estado que guardan las investigaciones en torno a la muerte de dos personas en ese lugar el mes pasado.

Comparece Benavides por cobijagate

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Tras asegurar que el caso del “cobijagate” es un asunto ya aclarado y revisado por la Contraloría Estatal, la Subprocuraduría Anticorrupción y la propia Auditoría Superior del Estado, el ex subsecretario de Administración de Nuevo León, Rogelio Benavides, llego a su comparecencia ante la ASE.

El actual colaborador del gobierno panista de Tamaulipas señalo a su llegada a las instalaciones de la dependencia, que la compra de las 200 mil cobijas a sobreprecio fue apegado a la Ley de Adquisiciones, y que incluso no tiene nada que ver con los pagos que se hicieron al respecto.

En febrero del 2016, Benavides, renuncio a su cargo por estar involucrado en la compra presuntamente inflada por 29 millones de pesos, con la que se compraron 200 mil cobijas a la empresa Comercializadora Mirof, presuntamente conformada por prestanombres, por lo que fue sancionado el mes pasado.

En referencia a la comparecencia de este viernes. el ex funcionario estatal, dijo desconocer que preguntas le harían.

Renuncia panista por cobro a los Alcaldes

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El diputado panista de San Luis Potosí, Enrique Flores Flores, anuncio su separación de la coordinación de su partido y de la presidencia de la Junta de Coordinación Política del Congreso estatal.

La renuncia se dio después de la publicación de un vídeo donde se le ve cobrándole a los alcaldes hasta el 10% de su deuda municipal a cambio de desaparecerla de los registros oficiales.

En el vídeo Flores Flores, se ve explicandole a un edil que limpiar su historial tendría un costo de 4 millones ante la Auditoria Superior del Estado.

Menciono que la decisión de su renuncia es para demostrar que no tiene nada que esconder a quienes lo han acusado de actos de corrupción.

Ademas indico que convoco a la bancada del PAN para que nombre a quien sera su sucesor.

Los diputados se comprometieron a responder

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A finales de diciembre 2016, el Congreso de Nuevo León concluyó la votación en primera vuelta de la iniciativa de reforma constitucional que crea las bases del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA). Luego de ese proceso, las comisiones unidas de Legislación, Puntos Constitucionales y Anticorrupción realizaron el 9 de febrero pasado una mesa de trabajo abierta, para revisar y comentar el dictamen de primera vuelta antes de la segunda.

Reconociendo que en primer proceso, el Congreso sí tomó en cuenta algunas aportaciones de la ciudadanía, pero que la reforma quedó incompleta, la Coalición Anticorrupción insistió nuevamente en la integración de las propuestas ciudadanas presentadas desde el año 2016.

En el análisis y discusión de la semana pasada, los miembros de la Coalición instaron a los integrantes de las Comisiones de Anticorrupción, Legislación y Puntos Constitucionales revisar a fondo las propuestas, al considerar que la reforma en su estado actual no permitirá sentar las bases del mejor SEA, ni atacar de manera frontal la corrupción y la impunidad.

La Coalición Anticorrupción planteó:

  • Que se le dé al Comité de Selección del SEA, integrado por ciudadanos, un rol preponderante en el diseño de las convocatorias, método de selección e integración de ternas, para todos los cargos clave del SEA. Asimismo, se propone que este Comité sea elegido por ciudadanos para evitar cualquier partidización.
  • Que los funcionarios culpables de actos de corrupción sean inhabilitados por un periodo igual o superior a 40 años.




  • Que el fiscal general y el fiscal anticorrupción ocupen sus cargos por cuatro años, con la posibilidad de una reelección.
  • Que la extinción de dominio sea independiente de los procesos penales y se tenga un término suficiente para recuperar bienes robados al erario.
  • Que haya corresponsabilidad de los funcionarios por actos de corrupción de lleven a cabo sus subalternos.




  • Que sean suspendidos de sus funciones quienes estén siendo procesados por hechos de corrupción.
  • Que la Auditoría Superior del Estado publique un resumen claro y entendible para cualquier ciudadano de las cuentas públicas que se entregan al Congreso, incluyendo resumen de observaciones más graves, montos, y seguimiento a sanciones impuestas a funcionarios y denuncias penales, entre otros.

Al respecto, los legisladores se comprometieron a tener reuniones posteriores a la mesa de la semana pasada, así como responder por escrito y punto por punto, sobre las propuestas que los ciudadanos tuvieron a bien hacerles llegar con respecto a la reforma constitucional. Por lo que ahora la Coalición se encuentra en espera de la fecha para recibir las respuestas.

Asimismo, los legisladores se comprometieron a llevar un diálogo abierto e incluyente con la ciudadanía, con el análisis de los aspectos jurídicos y definiciones básicas.

Recordemos que la Coalición Anticorrupción es un esfuerzo conjunto de organizaciones, especialistas y ciudadanos a título personal enfocados en crear el mejor Sistema Estatal Anticorrupción del país, que permita acabar con la impunidad, convirtiéndose así en un ejemplo nacional.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

 

Dimes y Diretes: “Cobijas Impunes”

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Vaya sorpresita con la que nos salió el gober, Jaime Rodríguez Calderón “el Bronco”, el pasado 15 de septiembre que hizo que más de uno pegara el grito en el cielo, pues resulto que el compadre de Jaime, Rogelio Benavides Pintos, salió casi exonerado del caso de la compra de cobijas a sobre precio.

En febrero de este año se dio a conocer que el entonces Secretario de Administración, que era Rogelio Benavides Pintos, compró cobijas a sobre precio y de manera directa, es decir no hubo licitación, ni tampoco se buscaron otras opciones, sin contar que la compra de las cobijas se hizo en pleno 24 de diciembre.

Aunque Jaime ha prometido que, en su gobierno, a diferencia de las pasadas administraciones, los actos de corrupción se castigarían, pues ya parece que no será así. El gober se ha aventurado hasta a evadir cuestionamientos de la prensa y decir que los medios de comunicación no son dueños del tiempo de ellos.

Todo esto huele mal desde un inició, y ahora apesta a podrido. Ya quedó en claro que el gobierno actual no es nada diferente a las demás administraciones, pues el primer caso donde se sospecha que hay corrupción de por medio, ha sido puesto a dormir en una fecha festiva, al puro estilo priista, y sin sanciones contundentes en contra de los funcionarios involucrados.

Lamentablemente nos tendremos que ahora resignar a que la Auditoría Superior del Estado, por órdenes del Congreso Local, indague más de fondo el caso de las cobijas, si no estaríamos hablando del primer acto de corrupción que sale impune en lo que va de esta administración.

Lo más lamentable del caso es que Jaime, no quiere ya ni ser cuestionado sobre el tema y las sospechas comienzan a surgir, sobre todo considerando que Benavides Pintos se volverá funcionario en el gobierno electo de Tamaulipas encabezado por Javier Francisco Cabeza de Vaca, administración con la cual “el Bronco” ya tiene muchos planes de colaboración. ¿Ha nadie le huele mal eso?

Ahí Se Leen.

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