Asegura Gertz Manero que pruebas de Estados Unidos sobre Caso Cienfuegos “no servían para nada”

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El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, advirtió que llevará el Caso Cienfuegos ante autoridades internacionales, debido a que las pruebas recabadas por la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos “no servían para nada”.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga para Radio Fórmula, el fiscal sentenció que “esto no se va a quedar así”, toda vez que, según acusó, la DEA intentó dejar en ridículo a México.

“¡Es el colmo!, en México nos están intentando descalificar a nosotros, a los mexicanos, a nuestras autoridades, porque no hicimos lo que ellos no quisieron hacer allá. Eso no tiene nombre”, recriminó.

Gertz Manero detalló que se buscará abrir el expediente completo del caso a fin de transparentarlo: solicitar todas las pruebas completas, de frente, y con la presencia y testimonio de autoridades internacionales.

“Retiran los cargos y nos dejan todo un expediente con pruebas que ellos mismos ya descalificaron. Ahora resulta que nosotros tenemos la culpa de una investigación que llevaron ellos en secreto durante ocho años y luego ellos mismos desestimaron sus propias acusaciones”, criticó.

Gertz Manero dijo que, entre las pruebas de la DEA, estaba el testimonio de dos narcotraficantes cuyas explicaciones sobre la identidad del supuesto funcionario con el que tenían nexos -señalado como el general Cienfuegos Zepeda- “si yo se las llevo a un juez me las va a aventar en la cara”.

Detalló que lo dicho por los delincuentes, asesinados años atrás, no coincidía con la fisonomía del exsecretario de la Defensa Nacional o con su modo de expresarse, ni siquiera con los sitios en los que se encontraba.

El titular de la FGR refirió que “no tiene nombre” el que la DEA detuviera al general Salvador Cienfuegos y hasta después informara a México que lo acusa de delitos presuntamente cometidos en territorio nacional, mismos que investigó en secreto durante ocho años.

“Luego salen sus incondicionales (de la DEA) a decir que los que tenemos la culpa de los ocho años, del fracaso de ellos de haber retirado sus acusaciones y haber armado esta cosa verdaderamente grotesca somos nosotros, porque no vamos a utilizar las pruebas que ellos desecharon”, reprochó.

Rechazó también que el presidente Andrés Manuel López Obrador le haya ordenado, por presión del Ejército mexicano, dejar en libertad al general Salvador Cienfuegos.

Y cuestionó que a la jueza federal estadounidense Carol Amon no le haya llamado la atención que la DEA solicitara desestimar los cargos de narcotráfico contra Salvador Cienfuegos.

“Cuando nosotros extraditamos a alguien, no lo exculpamos de los delitos que cometió aquí. Ellos exculparon y retiraron los cargos de este señor. ¿Y esto no le llamó la atención a la fiscal?”, dijo.

Para el fiscal Alejandro Gertz Manero, el no prestarse a llevar a cabo todo un procedimiento penal contra una persona exculpada y consignarla ante un juez lo ha llevado a ser víctima de un linchamiento político.

Expuso que desde que asumió la titularidad de la FGR la oposición busca su renuncia o remoción del cargo, aduciendo desde problemas de salud hasta ineficiencia.

“Hay una compulsión porque no pueda existir una estructura que trabaje con honradez, con transparencia y con decencia, no lo pueden tolerar”, afirmó.

Cienfuegos

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La impunidad es un agravio directo al pueblo y aniquila toda esperanza de un Estado de Derecho. Ello aumenta la desconfianza de los ciudadanos en las instituciones y erosiona la legitimidad de los gobiernos. Sin duda alguna, la impunidad es síntoma de un Estado ausente. El jueves, la Fiscalía General de la República, a través de un comunicado en redes sociales, dio a conocer que después de “analizar los elementos probatorios enviados por las autoridades norteamericanas y los aportados por el General Salvador Cienfuegos, concluyó que él no sostuvo encuentro ni comunicación con grupo delictivo alguno. Por lo que se determinó ejercer el no ejercicio de la acción penal”. Esto, ante la detención del ex Secretario de la Defensa Nacional en octubre del año pasado en Los Ángeles, California, debido a acusaciones de la DEA por tráfico de drogas, lavado de dinero y favorecer al Cártel H-2 del hermano de Beltrán Leyva, cuando fungió como Secretario, posteriormente el Departamento de Justicia de dicho país removió los cargos y el llamado “Padrino” fue trasladado a México. 

La decisión de la FGR por supuesto tendrá repercusiones políticas, pero lamentablemente, en un país como el nuestro donde la impunidad supera el 90%, dolorosamente no es ninguna sorpresa. Este era el momento indicado para que el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, diera un golpe de timón a una institución tan cuestionada y deslegitimada. Esta decisión indigna en muchos sentidos, no sólo desde un punto de vista político, sino que de una manera tan simple y sin llevarlo ante un juicio para abiertamente perseguir y litigar e intentar que llegue a sus últimas consecuencias, la Fiscalía General sencillamente no hizo nada. Por supuesto que Cienfuegos tiene y debe respetarse su derecho a la presunción de inocencia, pero Gertz Manero pudo exponer el caso ante el poder judicial de manera abierta, argumentando y haciendo su trabajo. 

Y el hecho de que no suceda nada en país con violaciones sistemáticas a los derechos humanos, en país donde las víctimas de delitos viven infiernos para que se haga justicia, en un país donde ser pobre muchas veces se traduce cómo el único elemento para ser encarcelado, el hecho de que un militar de tan alto nivel tuviera tanto privilegio sólo confirma que en México la justicia es selectiva. 

Duele, porque las víctimas del crimen organizado continuarán esperando a que algún día muy lejano se haga justicia. Enoja, porque esta administración ha dicho hasta  el cansancio que “Al margen de la ley, nada, por encima de la ley, nadie” pero los hechos suenan más fuertes. Si  bien, la FGR es autónoma, la decisión de traer a nuestro país a “El Padrino” fue de la Presidencia de la República y ahí tendrán que rendir cuentas. 

Ante un debate sobre la importancia y eficacia de los organismos autónomos, la decisión del Fiscal sólo aumenta la necesidad de consolidar autonomías verdaderas y no simuladas que se someten a las exigencias de los intereses y poderosos, nuevamente somos testigos de cómo la autonomía de papel no funciona y es una obligación moral, constitucional y política, el proponer o abonar para que podamos gozar de instituciones alejadas del poder político para que puedan funcionar. Y mientras somos testigos de una militarización del país, el caso Cienfuegos sienta un precedente y nos demuestra los alcances que tiene este poder. 

El no ejercicio de la acción penal en el caso del ex Secretario de la Defensa Nacional marca un momento crítico y triste para la procuración de justicia en México, elimina las pocas esperanzas que tenemos de un sistema de justicia que funcione, y también nos debe motivar aún más para seguir luchando por las víctimas y sus familias y el sueño de ver y vivir y alcanzar la tierra prometida de la justicia. 

Afirma FGR que gobierno de Peña Nieto mintió y torturó en caso Ayotzinapa

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El fiscal general Alejandro Gertz Manero aseguró que en el gobierno anterior de Enrique Peña Nieto “desde la cúspide del poder” encubrieron, mintieron, torturaron, realizaron falsas diligencias y trataron de ocultar con impunidad y escándalos mediáticos en el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

“No solo fue un crimen deleznable. En este asunto ya no cabe la menor duda que el gobierno anterior, en todas sus instancias desde la cúspide del poder, hasta los operadores más elementales, encubrieron, mintieron, torturaron, realizaron falsas diligencias y trataron de ocultar con impunidad y escándalos mediáticos una trama que ahora se lograron exhibir”, señalo Gertz Manero durante el informe institucional que rindió la FGR a la Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa.

El fiscal afirmó que el Ejecutivo federal “para ocultar sus culpas” acusó primero al gobierno local y como no les funcionó se convirtió en un operador de un encubrimiento generalizado para lo cual detuvieron y torturaron masivamente a miembros de corporaciones locales consignados ilegalmente para que después se vinieran abajo todos los proceso que tenían como objeto encubrir a los policías y autoridades federales.

“Los jóvenes desaparecidos quedaron en medio de un choque de interés del narcotráfico. La presencia de estudiantes fue en momento de choque de grupos criminales”, agregó.

Ya cantó el testigo favorito de la 4T

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Este martes, el Fiscal General de la República Alejandro Gertz Manero, dio a conocer a la opinión pública que el ex Director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, presentó una denuncia de hechos, donde explícitamente señala al ex Presidente Enrique Peña Nieto y a quien fuera su Secretario de Hacienda Luis Videgaray, como quienes -presuntamente- le ordenaron entregar más de 100 millones de pesos provenientes de la empresa Odebrecht a varios asesores electorales extranjeros durante la campaña presidencial de 2012; además de entregar sobornos por 120 millones de pesos a un Diputado y cinco Senadores para aprobar las reformas estructurales del sexenio pasado, con mayor énfasis: la Reforma Energética.

Dos acusaciones más que tiene Lozoya en su contra son la compra de la empresa de fertilizantes Agro Nitrogenados, por un sobre precio altísimo para una planta que llevaba 14 años sin operar, y la triangulación de recursos que culminó en la compra de una casa en la Ciudad de México, donde se presume, se cerraron muchos de estos acuerdos entre políticos y empresarios de alto nivel. Ambos hechos también habrían sido ejecutados por Emilio bajo las órdenes directas del ex Presidente y su Secretario de Hacienda.

Sin duda este es un caso que da para analizarlo por lo menos desde 2 ópticas: la judicial y la político-electoral, siendo este último el que el Lopezobradorismo más disfruta; además de que el primero inevitablemente desembocará en el segundo, por lo que propongo centrarnos en este.

En el terreno de la especulación, analistas han puesto sobre la mesa una tesis interesante y la cual comparto: A Luis Videgaray, Pedro Joaquín Coldwell, o algún otro ex Secretario involucrado va a “caer” cuando el Presidente así lo disponga, así funcionan las cosas en el Presidencialismo exacerbado mexicano. Y por otra parte, no me cabe la menor duda de que a Peña Nieto no se le tocará, no solo porque Andrés Manuel ha dicho que al país no le conviene juzgar a un ex Presidente, sino porque, aún sin prueba alguna, hay síntomas que nos hacen suponer que existe un pacto de impunidad entre ambos; pacto que por supuesto no es vitalicio, y se puede romper muy pronto si el Gobierno sigue escaso de resultados y con la premura de dar un golpe sobre la mesa a vísperas de las elecciones intermedias.

Los voceros de la autoproclamada “4ta Transformación” llevan más de 20 meses asegurando que son diferentes y que el país ha cambiado, pero vemos recurrentemente como la justicia se politiza en los casos más emblemáticos de corrupción y sigue siendo selectiva y discrecional su impartición. Dos ejemplos breves:

A raíz de la declaración del Fiscal Gertz, se ha manejando la versión de que el testigo favorito de la 4T ha entregado únicamente un video (no las 18 horas de videos como se había especulado) y recibos que incriminan a legisladores de esa época -hoy varios de ellos Gobernadores-, algunos otros liderazgos del PRI y hasta al Calderonísmo alcanzó por el caso de Etileno XXI. Sin embargo, llama la atención que en estas especulaciones y hechos aún sin comprobar, brille la ausencia del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la repartición de esos supuestos moches, lo cual abre la puerta al sospechosismo, pues cualquiera que sepa un mínimo de historia sabe de los escándalos en los que el Partido Verde ha participado. Preocupa el hecho de que el Presidente este utilizando este caso como intimidación a sus adversarios, y que por otro lado a quienes hoy son sus aliados electorales para 2021 los proteja, no solo a los de ese Partido sino también a quienes formaron parte del PRD y participaron en el Pacto por México, y hoy muchos de ellos, son funcionarios públicos y militantes de MORENA. 

Y segundo, en esta impartición discrecional de la justicia mexicana, observamos que mientras Rosario Robles esta en la cárcel, aún sin sentencia, Emilio está en la comodidad de su cama, que por cierto, para solo padecer anemia permaneció mucho tiempo en el hospital. ¿Y la prisión preventiva?, ¿Por qué Rosario sí y él no?, el huyó, ella no. ¿Le habrán ofrecido a Rosario acogerse también al criterio de oportunidad y ser “testigo colaborador”?, yo lo dudo, pero sería muy interesante escucharla señalar a sus cómplices de la llamada “estafa maestra”, aunque el discurso de que fueron utilizados y sistemáticamente instrumentados para cometer los delitos de los que hoy se les acusa, no es suficiente para salir exonerados.

Es difícil no ver este caso como un show mediático y un enorme distractor que le viene como anillo al dedo al Presidente López Obrador. Con este proceso que parece ser, será larguísimo, le alcanza para evitar que se hable -por lo menos en las próximas semanas- de los temas que notoriamente le incomodan: La caída histórica del PIB en el segundo trimestre del año en 18%, el pésimo manejo de la pandemia superando ya los 50,000 fallecidos, la inseguridad en sus máximos índices, más de 53,000 muertos según cifras oficiales, etc. 

El gran desafío esta en la cancha de la Fiscalía General, por una parte, cuidar el debido proceso y alejar todo “lo político” lo más posible de todos casos que se logren judicializar, y por otro lado, hacer valer el Estado de Derecho y demostrar su independencia y autonomía respecto de quien hoy despacha y vive en Palacio Nacional. El valor que tiene este caso para el Estado Mexicano es enorme, y de ese tamaño puede ser la decepción. Dijeron ser distintos, es momento de demostrarlo.

El debate enriquece la mente, se vale discrepar.

FGR asegura bienes a Emilio Lozoya con valor equiparable a compra de planta de Agronitrogenados

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La Fiscalía General de la República (FGR) ha asegurado bienes del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, equiparables al daño provocado por la compra de la planta de Agronitrogenados calculado en 200 millones de dólares.

El fiscal general Alejandro Gertz Manero, sentenció que una de las funciones que se tiene en materia de justicia es la reparación del daño, que en el caso Lozoya se dio en detrimento del Estado Mexicano, en una compra que no debió hacerse.

“A este señor se le han asegurado todos los bienes a los que hemos tenido acceso y se le siguen asegurando bienes, en Europa y en todos lados a los que están vinculados con él, porque si no hay reparación del daño no hay justicia”, dijo Gertz Manero durante su participación en el “Seminario sobre violencia y paz”.

El fiscal de la República aseguró que el ex funcionario peñista podría renunciar a los bienes que adquirió con los recursos producto de un delito, como su casa de Lomas de Bezares y la adquirida en Ixtapa a nombre de su esposa.

“El caso de la percepción para la imputación a este individuo, no tengo ningún problema”, aseguró.

Agregó que para el caso Lozoya la FGR cuenta con seis meses, y que para los presuntos casos de corrupción que denunció este martes se necesitan desahogar los testimoniales.

“Las pruebas documentales se desahogan por sí mismas y hacer las valoraciones periciales que sean necesarias. Y tenemos que llamar a declarar a quienes tengan que declarar, si no declaran tampoco me detiene el procedimiento. El nuevo procedimiento no nos invalida ni nos estorba para pode llevar a judicializar el asunto”, detalló.

Denuncia Lozoya sobornos de Odebrecht, desvío de recursos para campaña presidencial de EPN en el 2012

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El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, presentó una denuncia de hecho en la que señala que hubo una serie de sobornos de más de 100 millones de pesos que sirvieron para financiar la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en el 2012, dio a conocer el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.

En su denuncia, Lozoya, señala al expresidente Enrique Peña Nieto y su secretario de Hacienda, Luis Videgaray de recibir más de 100 millones de pesos en sobornos de la compañía Odebrecht, dinero que acabó en la campaña presidencial del 2012.

Gertz Manero, señaló que en la denuncia del ex funcionario peñista dice, sobre los presuntos sobornos, que estos fueron “fundamentalmente utilizado para la campaña 2012 para la presidencia de la República, y el que después fue presidente (Peña Nieto) y su secretario de Hacienda (Luis Videgaray), son las personas, que este individuo (Lozoya) señala fueron los que le ordenaron, que ese dinero fuera entregados a varios asesores extranjeros que colaboraron la campaña”.

“En ese caso se habla de 120 millones de pesos que fueron ordenados por las mismas personas para que fueran a un diputado y cinco senadores”, indicó el Fiscal General.

Lozoya señaló que Peña Nieto y Videgaray le dieron instrucciones para la entrega de 84 millones de pesos a varios legisladores, a un secretario de finanzas de un partido político y también mas de 200 millones de pesos para dirigirlos a la aprobación de las reformas estructurales.

El exdirector de Pemex también denunció la empresa Etileno XXI recibió beneficios económicos, sobre todo en el precio de los insumos, lo que generó pérdidas al gobierno federal.

En la denuncia, Lozoya Austin señaló a cuatro testigos y entregó recibidos y un video. Con esto la FGR abrió la carpeta de investigación correspondiente para comenzar a realizar la investigación, el llamado a los testigos, análisis de los recibos y el video y si es procedente llama a declarar a los imputados.

(Con información de Animal Político)

Acusa FGR a UIF de no presentar pruebas suficientes en sus denuncias

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El Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, consideró que, en la mayoría de los casos, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda no presenta pruebas suficientes y se limita a hacer un “show” mediático.

En un debate público con el investigador de la Universidad de Columbia, Edgardo Buscaglia, en Aristegui Noticias, Gertz Manero consideró que todo queda en “declaraciones de carácter publicitario”.

Esto, luego de que Buscaglia comentara que los aseguramientos de activos se redujeron en poco más de 60 por ciento de 2018 al 2019, cuestionando la labor de la FGR en el seguimiento a los casos presentados por la UIF.

“Si Hacienda (la UIF) no funda bien sus proyectos de carácter penal y no presenta las pruebas suficientes, la FGR no tiene capacidad institucional para hacer pesquisas por su cuenta”, dijo Gertz Manero.

Si estas denuncias no son más que declaraciones de carácter publicitario, evidentemente el que tiene la responsabilidad de desarrollar esas tareas no lo ha cumplido”, añadió en relación a Santiago Nieto, titular de la UIF.

El Fiscal dijo que la dependencia a su cargo no puede obtener las pruebas porque las únicas que tienen la capacidad de hacer investigaciones de carácter fiscal son las unidades técnicas de Hacienda.

Sin embargo, Buscaglia insistió que en la gestión de Gertz ha colapsado el dinero asegurado al crimen organizado.

En 2019, lamentablemente nos encontramos con que los indicadores de cantidades de dinero aseguradas por la FGR colapsaron:  pasaron de ser 312 millones de pesos en 2018 a 123 millones de pesos en 2019, ¿por qué se está asegurando menos de la mitad? Ese es un indicador de alerta temprana que hay un problema”, apuntó.

No obstante, el Fiscal se sostuvo en que las unidades de Hacienda deben denunciar con pruebas.

Si la UIF le presenta una denuncia sin pruebas para que él regrese a la Secretaría de Hacienda a que me dé las pruebas que no me dio la propia Secretaría de Hacienda, perdóneme doctor, pero eso es exactamente el problema que nos pasa. Y eso es lo que le hemos pedido en todas las formas a esa Unidad de Investigación, para que haga su trabajo en forma, como usted lo está planteando: unitaria, para que así el SAT, la Comisión Nacional Bancaria, la Procuraduría Fiscal, le alleguen a una institución que no puede hacer esas investigaciones, porque los únicos que lo pueden hacer son los miembros de la Secretaría de Hacienda”, afirmó.

Además, aseguró que desde hace más de un año le propuso a Nieto Castillo trabajar en conjunto, pero hasta el momento no han avanzado.

Hace un año y medio le dije vamos a trabajar juntos, vamos a poder hacer un trabajo que funcione, vamos poder dar un resultado vamos a hacer los que usted mismo está planteado, o se es una UIF o se es una unidad de carácter sancionador que puede bloquear cuentas y luego se las desbloquea y pierde los amparos y las suspensiones”, expuso.

(Fuente: El Mañanero Diario)

España autoriza la extradición de Emilio Lozoya a México

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La Audiencia Nacional de España autorizó la extradición del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, por lo que se espera que llegue a territorio nacional en los próximos días.

Las autoridades españolas consideraron que se cumplen todos los requisitos establecidos en la legislación para proceder a la entrega de Lozoya.

Cabe recordar que apenas la semana pasada, el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, anunció que el exdirector de la para estatal en el gobierno de Peña Nieto, aceptó su extradición a México para esclarecer los presuntos delitos de corrupción que se le imputan.

De acuerdo a Gertz Manero, Lozoya será trasladado en un avión de la Fuerza Aérea de Mexico y una vez que pise nuestro país se iniciarán las diligencias contra todos los involucrados en el presunto fraude con la empresa Odebrecht.

Giran orden de aprehensión y ficha roja contra Tomás Zerón

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El fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, informó esta mañana que se giró una orden de aprehensión en contra de Tomás Zerón y se emitió ficha roja a la Interpol, ya que huyó del país, siendo que aseguró que “se acabó la verdad histórica“, en el caso de Ayotzinapa.

Las órdenes ya giradas se unen a las ya obtenidas el pasado 10 de marzo en contra de funcionarios de la Procuraduría General de la República, y entre ellos, Tomás Z, quien huyó del país y ya cuenta con orden de aprehensión y ficha roja de Interpol para su localización a nivel internacional y su extradición correspondiente“, explicó el Gertz Manero.

Así mismo, mencionó que se solicitaron 46 órdenes de aprehensión en contra de servidores públicos del estado de Guerrero por los delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada relacionada con el caso Ayotzinapa.

Aseguró que es necesario dejar muy claro que estos delitos no han sido ni investigados ni judicializados en las diligencias que en su momento realizó la Procuraduría General de la República sobre la desaparición de los 43 estudiantes en septiembre del 2014. 

Con información de LatinUS

Hoy. Tiene razón el PRI

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En 1977, la Organización de las Naciones Unidas adoptó el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, el cual tiene como objetivo conmemorar los derechos que por su lucha sin cuartel han conseguido las mujeres, a saber, laborales, libertad, igualdad, vida libre de violencia, etc.

Sin embargo, en vísperas de esta importante fecha, en México lejos de celebrar los avances sobre sus derechos (reconociendo que aún hay mucho por hacer), existe una propuesta viral denominada “el 9 nadie se mueve” para que el 9 de marzo de 2020 las mujeres protesten en contra de la violencia, feminicidios y flagelos sufridos, mediante un paro nacional.

Esto, luego de darse a conocer por el Fiscal General de la República Alejandro Gertz Manero que desde los últimos 5 años los feminicidios en el País han aumentado en un preocupante 137%.

Situación, que a su vez ha generado todo tipo de opiniones e incluso pronunciamientos de nuestras autoridades, siendo unos atinados y otros lamentables disparates.

Dentro de los pronunciamientos más atinados, considero se encuentra el realizado el 27 de febrero de 2020 por el Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, en donde esencialmente plantean una reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República para la creación de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Violencia contra las Mujeres.

Lo anterior lo estimo así, por la impetrante necesidad social de contar con un órgano especializado en la prevención, investigación, esclarecimiento de hechos y procuración de justicia en los delitos que impliquen violencia contra las mujeres y;

De igual forma, para que el Estado Mexicano cumpla con las obligaciones convencionales que adquirió al suscribir y ratificar en 1995 y 1998 respectivamente, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (en adelante CIPSEVM).

Sobre este punto, resulta oportuno precisar que la CIPSEVM dispone que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia y reconoce que toda acción o conducta, basada en el género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado es considerado violencia contra la mujer.

En la misma tesitura, la referida convención a efecto de garantizar el derecho a una vida libre de violencia para las mujeres establece diversas obligaciones a los Estados partes, entre las cuales destaca la de “establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos”.

Obligación, que únicamente podría satisfacer el Estado Mexicano con la creación de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Violencia contra las Mujeres.

Esto, pues solamente a través de un órgano especializado en la prevención e investigación de estos abyectos, capaz de integrar debidamente las carpetas de investigación, es que podría garantizarse que las mujeres tuvieran un acceso efectivo y eficaz a los procedimientos.

Máxime, que en la investigación de feminicidios y delitos de violencia contra la mujer, las autoridades deben atender a parámetros y procedimientos puntuales que evidencien que el delito fue cometido por razones de género, pues de lo contrario por ejemplo en casos de feminicidio la consecuencia sería calificarlo como un homicidio.

Así, únicamente puedo concluir que tiene razón el PRI en buscar la creación de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Violencia contra las Mujeres, pues con esto estaríamos más cerca de garantizar el acceso efectivo y eficaz de las mujeres a los procedimientos.

Finalmente, aunque llegase a aprobarse esta propuesta, debemos reconocer que para erradicar la violencia contra la mujer aún nos queda mucho por hacer.