Author: Rene Ramírez

El Estado y los hombres

by Rene Ramírez
Comparte este artículo:

A principios del siglo XX, Simone de Beauvoir escribió que “el problema de la mujer siempre ha sido un problema de hombres”, y no podía estar tan vigente. Las mujeres están tomando los espacios y debates públicos para reclamar justicia, seguridad, derechos, y exigir que nuestra sociedad elimine uno de sus grandes  comportamientos asesinos: el machismo. Ellas salieron a las calles a dibujar la verdad; salieron al tenor de las 114 menores de edad asesinadas en México. Gritaron y corearon al tono de las mil 119 mujeres que perdieron la vida a manos de la violencia machista, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad y Protección Ciudadana.

Las mujeres salieron y harán un paro porque en nuestro país, 10 mujeres son asesinadas diariamente, según datos del SESNSP y el INEGI. Salieron en honor a las que ya no están, y por las que quieren que estén, salieron por aquellas que vienen. Salieron, porque en los últimos cuatro años el feminicidio aumentó en un 97 por ciento. Gritaron y consignaron porque en nuestro país, el simple hecho de ser mujer, es mortífero. Salieron por la impunidad que las acalla, que las ata, que las victimiza una y otra vez. Salieron para denunciar y decir ya basta. Salieron porque las que están, el 66% ha sufre agresión física, el 34% violencia emocional y sexual el 41.3%, de acuerdo a la ENDIREH. Las mujeres en México tuvieron que salir, porque como escribe Denise Dresser:  “porque a las mujeres en mi país las están matando, violentando, violando, humillando, ignorando. Su dolor, que es el nuestro, merece ser reconocido y dignificado. Y  en esta tragedia mexicana, existen dos sujetos obligados: los hombres y el Estado. 

El primero por su obligación intrínseca de prevenir, investigar, atender y sancionar esta violencia sistemática y dolosamente naturalizada por las autoridades ante casos de violencia contra la mujer. Al Estado Mexicano le toca responder ante un panorama oscuro y sombrío y violento y que calla ante la violencia feminicida. Pero también nos toca a los hombres; he aquí el punto más importante. Todos los hombres somos, en menor o mayor medida, culpables de lo está pasando en México. Porque ellas no tendrían que salir a marchar, gritar, protestar y parar, si sus maestros no las acosaran, si sus parejas no las violentaran y golpearan, si sus amigos y conocidos no las humillaran, si las autoridades no las ignoraran, si la sociedad no las juzgara. 

Porque a nosotros nos toca callar, escuchar y transformar esos patrones que matan y lastiman y violan y humillan a tantas miles y millones de mujeres en México. Nos toca eliminar las masculinidades tóxicas y violentas. Masculinidades que permitan una sociedad segura y justa para ellas. Eliminar todo rastro de comportamientos estereotipados de supremacía masculina de dominio y control, que sean tanto sutiles como extremos y que llegan a violencias. Nos toca eliminar la violencia de género, pero también la homofobia y transfobia, y ver qué existen otras formas de ser hombre en México, formas que no maten, formas que permitan una igualdad sustantiva, porque no se trata de hombres justos, sino de hombres distintos. Nos toca fomentar y educar una visión de responsabilidades familiares compartidas y de nuevos paradigmas sociales. 

 Yo escribo y vivo desde el horrible privilegio de ser hombre en México, pero hablo desde la necesidad de reformar a los hombres y sobre todo, a mí mismo. Ojalá y estemos viviendo un nuevo capítulo en nuestra vida pública; ojalá y el movimiento feminista logre transformar profundamente la sociedad mexicana. La empatía y el diálogo serán fundamentales en los próximos días y debates. ¡Se va a caer! ¡Sí se va caer! Y tendremos que construir algo nuevo.

México y Cannabis: la aprobación que viene

by Rene Ramírez
Comparte este artículo:

El día de ayer, las Comisiones Unidas de Justicia, Salud y Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República, analizaron, discutieron y aprobaron el Dictamen que regula el consumo de cannabis en nuestro país, el cual resultó ser un tema que dividió a los Senadores ante un escenario delicado respecto a la violencia relacionada al crimen organizado. La cannabis sativa (marihuana) es una de las plantas cuyas propiedades generan una fuerte discusión respecto a su consumo tanto en nuestro país como en el mundo. Ya sea desde un uso recreativo, médico o en rituales, la comúnmente llamada marihuana, ha ocasionado debates desde perspectivas jurídicas, políticas, médicas y sociales. 

Sin embargo, como escribe Juan Ramón de la Fuente: “La marihuana es quizá el producto más conocido y también el más controvertido, pues dentro del imaginario social su consumo como droga (más allá de sus bases químicas, potencialmente dañinas para la salud) está ligado a un estigma que identifica a sus usuarios con la enfermedad y la delincuencia”.Y es, en este sentido, libre de preconcepciones que aluden a una catástrofe de salud debido a una asociación a la violencia o adicciones, donde debemos ubicar el análisis y discusión a favor de una política pública en materia de salud que tome en cuenta las distintas visiones médicas y científicas con perspectiva de derechos humanos tiene como origen la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desde finales del  2019, en donde mandaba que el Senado de la República debe emitir legislación en la materia. La Corte ha establecido que el Estado está obligado a garantizar el derecho a la protección de la salud desde dos dimensiones; una, individual que se traduce en la atención específica de la salud y bienestar de una persona y; otra, la social en donde se encuentran las “acciones necesarias para alcanzar ese fin, como el desarrollo de políticas públicas, controles de calidad de los servicios de salud, identificación de los principales problemas que afecten la salud que afecten al conglomerado social”. En ese tenor, podemos encontrar estos mecanismos de política en materia de salud, que pretenden colocarse como un método de tratamiento médico como otros existentes. 

Como podemos ver, la discusión en México sobre la regulación del consumo del cannabis se encuentra en dos sentidos: en términos del derecho a la salud y el libre desarrollo de la personalidad, siendo este último, un derecho privilegiado por el mismo tribunal constitucional declarando inconstitucional la prohibición absoluta del consumo lúdico de la marihuana.  El Dictamen propone reformas a la  Ley  General de Salud, al Código Penal Federal y crea la  Ley General para la Regulación y Controles Cannabis. En primer término, dicha propuesta intenta reformar los artículos de la legislación en materia de salud y legislación penal que ya fueron declarados inconstitucionales por la Suprema Corte, además de reformar y adicionar artículos  para que estén conformes a la permisión del consumo de esta planta, permitiendo hasta cuatro plantas  de cannabis controlados y posesión hasta 28 gramos, generando un uso lúdico para asociaciones formalizadas y de investigación, farmacéutico, paliativo e industrial. El punto más importante de la propuesta de Ley en este tema, es la creación del Instituto Mexicano del Cannbis, el cual dependerá de la Secretaría  de Gobernación, el cual tendría como objeto la regulación del uso, control sanitario y coadyuvar con autoridades. La discusión en Comisiones fue sumamente diversa. La bancada del Partido Acción Nacional se posicionó en contra de esta regulación, argumentando que esto no abona a la lucha contra el crimen organizado y que se convierte en una amenaza para el sistema de salud. El PRI fue  sumamente cauteloso al decir que votaban el Dictamen en lo general  pero presentarían propuestas en la discusión particular. Sin  embargo, a pesar de su  aprobación general, existen varios temas pendientes que deben ser aclarados lo más pronto posible. Esta regulación no va más allá respecto a la participación privada en el ramo, que sí bien, plantea una centralización de las semillas, no analiza con mayor profundidad una mayor dinámica en este sector. Otro tema pendiente es una regulación sobre las asociaciones de cannabis y sus requisitos, autoridades de vigilancia a estos centros y cuales serán las condiciones para sus usuarios, así como medidas de atención. Los dos grandes temas que deben plantear los Senadores, son esquemas para la prevención de adicciones y políticas desde un sentido de atención integral con la entrada en vigor de la permisión del consumo de cannabis, y sobretodo, eliminar y armonizar con respeto al principio a un principio de exactitud de los delitos, ya que no queda claro el esquema de penas y delitos en esta materia. Desde otra perspectiva, tampoco queda claro cual será la participación de los estados dentro de esta discusión, ya que los impuestos establecidos para esta planta no son claros sobre si las entidades federativas podrán generar impuestos estatales o serán exclusivamente federales, así como el papel regulatorio de las entidades. 

Debemos celebrar que transitamos de un modelo de criminaliza y penaliza a los consumidores, a uno que respeta sus derechos humanos y que genera nuevos mecanismos para que las personas que decidan consumir esta sustancias, puedan hacerlo en ambientes controlados que reduzcan  algún impacto negativo en la sociedad Sin duda la discusión no es legalizar o no legalizar, sino cómo hacerlo. Estamos ante una oportunidad histórica de justicia social y de iniciar un tramo de justicia transicional con enfoque en derechos humanos que permita un México justo, tanto para los consumidores como los agricultores como los comerciantes y la salud pública. 

Populismos legislativos: “La pena de muerte en México”

by Rene Ramírez
Comparte este artículo:

El debate público de nuestro país está centrado en estos momentos, en la violencia contra la mujer y con principal énfasis en los feminicidios. Los colectivos feministas han logrado posicionar el tema como una prioridad urgente en las políticas públicas nacionales, generando que partidos políticos, asociaciones, empresas y sociedad en general, compartan la urgencia de combatir el panorama de inseguridad contra las  mujeres en México. Sin embargo, dentro de esta discusión y debate público, resurgió un tema que parecía (al menos dentro aspecto jurídico) sobrepasado o superado: la pena de muerte como pena para sentenciados por delitos de índole sexual. Amnistía Internacional la define cómo: “una pena capital que es la negación más extrema de los derechos humanos: consiste en el homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado y en nombre de la justicia. Viola el derecho a  la vida, proclamado en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es el castigo más cruel, inhumano y degradante”. (Mendoza Octavio, 2006, p.  78)

Diversos partidos en la Cámara de Diputados, así como en Congresos Locales, posicionaron propuestas al respecto, llegando incluso a presentar iniciativas para insertar dichas penas en códigos penales. Los proponentes argumentan que este tipo de medidas son las “proporcionales y suficientes para disminuir el índice de delitos sexuales”. Sin embargo, los legisladores solo necesitaban buscar un poco de información sobre la inconstitucionalidad y su contradicción a los diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos, e incluso. Este tipo de iniciativas pertenecen a algo denominado: populismo legislativo. A populismo legislativo me refiero a medidas que “proponen” los legisladores utilizando contextos sin resolverlos; iniciativas que no solucionan problemas sino los politizan, con medidas irreales que se nutren de clamores populares inoperantes. 

Ante el panorama de exigencia de justicia y seguridad para las mujeres en México, estos legisladores populistas, intentan sacar una ventaja política al puro estilo de las épocas precolombinas e inquisición española. Hay que recordarles a los legisladores que la abolición de la pena de muerte inició en Puebla en 1891 y posteriormente a nivel federal en 1929, siendo en 2005 cuando es completamente eliminada de la Constitución Federal en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos. También tenemos que recordar la Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derecho Humanos, y en específico el artículo 4 párrafo tercero del Pacto de San José, donde el Estado Mexicano se compromete a que una vez abolida la pena de muerte, no se puede restablecer, esto en respeto al principio de progresividad de los derechos humanos. Dichos legisladores que proponen este tipo de medidas, desean que nuestro país se una a otros países como Irán, Arabia Saudí, China, Irak, Pakistán y Estados Unidos, los cuales tienen en común sistemas de justicia “profundamente injustos, con circunstancias turbias y poco claras con muchas condenas basadas en confesiones obtenidas mediante torturas”(Pérez Salvador, 2019, p. 6). De igual manera y conectando el  tema con el populismo penal, el derecho penal no es un disuasivo social sino una forma de proteger los bienes jurídicos fundamentales para la sociedad, que impone penas cuando estos son vulnerados, y existe suficiente evidencia sobre  las penas de muerte, ya que no disminuyen la incidencia en el crimen. Otro argumento es que especialistas afirman que se usa de manera discriminatoria, ya que “si eres pobre o perteneces a una minoría racial, étnica o religiosa, tienes más probabilidades que el resto de personas de ser condenado a muerte, debido a la discriminación que existe en el sistema de justicia”(Pérez Salvador, 2019, p. 11). 

Es claro que los legisladores a favor de la pena de muerte no entienden que el fondo del asunto es la impunidad, los claroscuros de la procuración e impartición de justicia mexicano y la situación generalizada de inseguridad para las mujeres. La pena de muerte en ningún sentido soluciona la violencia de género y desvía la atención donde realmente debe estar. Es un país sumamente injusto en su sistema de justicia, pensar en la pena de muerte es aumentar una injusticia más.

La carrera por los Estados Unidos

by Rene Ramírez
Comparte este artículo:

Theodore Roosevelt una vez afirmó: “Una gran democracia debe progresar o pronto dejará de ser o grande o democracia”. El espíritu de Roosevelt era decirle a la sociedad que la defensa de la democracia es cotidiana, no es sólo con el ejercicio del voto durante las contiendas electorales,  sino con los personajes que se desarrollan en ella, las instituciones encargadas de protegerla y una ciudadanía activa dispuesta a defender las instituciones que dan contrapeso al poder. El vigésimo sexto presidente estadunidense previó lo que sucede actualmente en su país y fuimos ciegos; todos pensaron que el simple hecho de elegir a un presidente afroamericano, el racismo se terminaría; muchos afirmaron que una jueza latina en la Corte Suprema acabaría la xenofobía y el odio a los migrantes; muchos afirmaron que la sentencia del máximo tribunal norteamericano legalizando el matrimonio igualitario generaría un fin al odio a la comunidad LGBT. En tiempos de una sociedad dividida y polarizada, el lado progresista y liberal tiene mucho que aprender del pasado y visualizar el futuro, no sólo para el lado izquierdo, sino para todos. 

Estados Unidos acaba de ser testigo de un cumulo de situaciones que tendrán un impacto en las elecciones por la presidencia y en tablero político, desde el esperado resultado del juicio político contra Donald Trump donde fue absuelto por el Senado; el discurso del Estado de la Unión y la líder de la minoría rompiendo el discurso del presidente en televisión nacional, hasta el debate de candidatos demócratas en New Hampshire y el desastre o caos en las primarias de Iowa, estamos viendo que las cosas no se ven bien para los contrincantes del Trump. 

El primer reto que enfrentan los demócratas frente a los republicanos es la unión y consolidación de una narrativa alterna. Los republicanos han conformado un sólido bloque partidista en apoyo a Trump para su reelección, en contrario, los demócratas continuan con una clara división por quién encabezará la candidatura por la presidencia. Por un lado, vemos que Biden, Sanders, Warren y Buttigieg mantienen una confrontación directa que en nada abona a consolidar un proyecto que pueda dar frente a un presidente con altas probabilidades de reelección. Un debate de fondo es el espectro ideológico que pueda incentivar el voto de latinos, afroamericanos, indecisos y centros; el partido demócrata se encuentra en una encrucijada del camino que debe de tomar, y ante un personaje como Trump, mantenerse demasiado en el centro puede ser una estrategia fallida. Sin embargo, la izquierda norteamericana sabe que irse demasiado a la izquierda tampoco es beneficioso para ser competitivos electoralmente. 

Algo que tampoco beneficia a los demócratas, es el resultado de las primarias en Iowa, ya que el retraso en la emisión de resultados donde van con una pequeña diferencia entre Sanders y Buttigieg por el primer lugar,  ha generado incertidumbre y un aire de conflicto interno agravado, mismo que ha capitalizado a Trump y los hace ver como incapaces para gobernar. 

Desde la segunda guerra mundial, solo tres presidentes de Estados Unidos han sido derrotados para la reelección: Gerald Ford, Jimmy Carter y George H. W. Bush, y como escribe John Cassidy en  The New Yorker, “dichos personajes tenían un elemento en común: la economía era percibida o estaba en crisis”, este escenario no se configura completamente en la actual con Trump, que si bien existe evidencia de una inminente complicación económica para Estados Unidos, aún no se sienten los efectos como en la Gran Depresión o en el 2008. 

Sí los demócratas quieren ser verdaderamente competitivos, deben aprender de los errores del pasado, entender que la política actual no se gana con lo simbólico sino con lo real, y desde esta reflexión, poder unirse para enfrentar a un adversario sumamente poderoso, impulsado por la intolerancia y con una estrategia de comunicación basada en el enojo, deberán demostrar una narrativa esencial de la política en Estados Unidos y en palabras de Abraham Lincoln: “un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo no desaparecerá de la tierra”.