México y Cannabis: la aprobación que viene

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El día de ayer, las Comisiones Unidas de Justicia, Salud y Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República, analizaron, discutieron y aprobaron el Dictamen que regula el consumo de cannabis en nuestro país, el cual resultó ser un tema que dividió a los Senadores ante un escenario delicado respecto a la violencia relacionada al crimen organizado. La cannabis sativa (marihuana) es una de las plantas cuyas propiedades generan una fuerte discusión respecto a su consumo tanto en nuestro país como en el mundo. Ya sea desde un uso recreativo, médico o en rituales, la comúnmente llamada marihuana, ha ocasionado debates desde perspectivas jurídicas, políticas, médicas y sociales. 

Sin embargo, como escribe Juan Ramón de la Fuente: “La marihuana es quizá el producto más conocido y también el más controvertido, pues dentro del imaginario social su consumo como droga (más allá de sus bases químicas, potencialmente dañinas para la salud) está ligado a un estigma que identifica a sus usuarios con la enfermedad y la delincuencia”.Y es, en este sentido, libre de preconcepciones que aluden a una catástrofe de salud debido a una asociación a la violencia o adicciones, donde debemos ubicar el análisis y discusión a favor de una política pública en materia de salud que tome en cuenta las distintas visiones médicas y científicas con perspectiva de derechos humanos tiene como origen la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desde finales del  2019, en donde mandaba que el Senado de la República debe emitir legislación en la materia. La Corte ha establecido que el Estado está obligado a garantizar el derecho a la protección de la salud desde dos dimensiones; una, individual que se traduce en la atención específica de la salud y bienestar de una persona y; otra, la social en donde se encuentran las “acciones necesarias para alcanzar ese fin, como el desarrollo de políticas públicas, controles de calidad de los servicios de salud, identificación de los principales problemas que afecten la salud que afecten al conglomerado social”. En ese tenor, podemos encontrar estos mecanismos de política en materia de salud, que pretenden colocarse como un método de tratamiento médico como otros existentes. 

Como podemos ver, la discusión en México sobre la regulación del consumo del cannabis se encuentra en dos sentidos: en términos del derecho a la salud y el libre desarrollo de la personalidad, siendo este último, un derecho privilegiado por el mismo tribunal constitucional declarando inconstitucional la prohibición absoluta del consumo lúdico de la marihuana.  El Dictamen propone reformas a la  Ley  General de Salud, al Código Penal Federal y crea la  Ley General para la Regulación y Controles Cannabis. En primer término, dicha propuesta intenta reformar los artículos de la legislación en materia de salud y legislación penal que ya fueron declarados inconstitucionales por la Suprema Corte, además de reformar y adicionar artículos  para que estén conformes a la permisión del consumo de esta planta, permitiendo hasta cuatro plantas  de cannabis controlados y posesión hasta 28 gramos, generando un uso lúdico para asociaciones formalizadas y de investigación, farmacéutico, paliativo e industrial. El punto más importante de la propuesta de Ley en este tema, es la creación del Instituto Mexicano del Cannbis, el cual dependerá de la Secretaría  de Gobernación, el cual tendría como objeto la regulación del uso, control sanitario y coadyuvar con autoridades. La discusión en Comisiones fue sumamente diversa. La bancada del Partido Acción Nacional se posicionó en contra de esta regulación, argumentando que esto no abona a la lucha contra el crimen organizado y que se convierte en una amenaza para el sistema de salud. El PRI fue  sumamente cauteloso al decir que votaban el Dictamen en lo general  pero presentarían propuestas en la discusión particular. Sin  embargo, a pesar de su  aprobación general, existen varios temas pendientes que deben ser aclarados lo más pronto posible. Esta regulación no va más allá respecto a la participación privada en el ramo, que sí bien, plantea una centralización de las semillas, no analiza con mayor profundidad una mayor dinámica en este sector. Otro tema pendiente es una regulación sobre las asociaciones de cannabis y sus requisitos, autoridades de vigilancia a estos centros y cuales serán las condiciones para sus usuarios, así como medidas de atención. Los dos grandes temas que deben plantear los Senadores, son esquemas para la prevención de adicciones y políticas desde un sentido de atención integral con la entrada en vigor de la permisión del consumo de cannabis, y sobretodo, eliminar y armonizar con respeto al principio a un principio de exactitud de los delitos, ya que no queda claro el esquema de penas y delitos en esta materia. Desde otra perspectiva, tampoco queda claro cual será la participación de los estados dentro de esta discusión, ya que los impuestos establecidos para esta planta no son claros sobre si las entidades federativas podrán generar impuestos estatales o serán exclusivamente federales, así como el papel regulatorio de las entidades. 

Debemos celebrar que transitamos de un modelo de criminaliza y penaliza a los consumidores, a uno que respeta sus derechos humanos y que genera nuevos mecanismos para que las personas que decidan consumir esta sustancias, puedan hacerlo en ambientes controlados que reduzcan  algún impacto negativo en la sociedad Sin duda la discusión no es legalizar o no legalizar, sino cómo hacerlo. Estamos ante una oportunidad histórica de justicia social y de iniciar un tramo de justicia transicional con enfoque en derechos humanos que permita un México justo, tanto para los consumidores como los agricultores como los comerciantes y la salud pública. 

Regulación de la marihuana para uso recreativo avanza en el Senado

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En el Senado de la República, las comisiones de Justicia, Salud y Estudios Legislativos Segunda avalaron en lo general el dictamen que regula el uso de la cannabis para fines lúdicos en personas mayores de 18 años de edad.

Lo aprobado contempla que el porcentaje permitido de posesión para el consumo lúdico aumente de 5 a 28 gramos, aunque se autorizaría una posesión de hasta 200 gramos, bajo penalización.

En el título segundo del texto (Del uso del cannabis y sus derivados) se establece  que la mariguana estará permitida para fines recreativos, ya sea para el consumo propio o compartido entre quienes integren asociaciones de consumo psicoactivo.

El dictamen aprobado prohíbe el consumo de mariguana para menores de edad y el empleo de niñas, niños y adolescentes en cualquier actividad relacionada con la siembra, cultivo, plantación, cosecha, comercio, producción, distribución, suministro, venta y consumo de cannabis.

El enervante también se autorizará para investigación, uso médico o farmacéutico, paliativo e industrial.

Los legisladores acordaron que en lo particular se harán varias reservas, las cuales se discutirán en el Pleno.

Durante la sesión, el senador priista, Jorge Carlos Ramírez Marín llevó dos bolsas de orégano” para demostrar la equivalencia de un kilo de mariguana, lo cual desató risas entre sus compañeros.

(Fuente: El Mañanero Diario)

Legalizar la marihuana = ¿menos violencia?

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En días pasados se han reavivado las voces a favor de la legalización de la marihuana en México, con fines medicinales y recreativos. Incluso los medios de comunicación destacaron el “porro” que la diputada federal, Lucía Riojas, le regaló a la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Sin embargo, habría que preguntarse si la legalización traerá la paz que los ciudadanos tanto ansían. Aunque suene lamentable, considero que, por sí sola, la legalización de la marihuana no se traducirá en menores niveles de violencia. 

Al respecto, hace unos se publicó un estudio realizado por Ruibin Lu, de la Universidad de Stockton, y sus colegas de la Universidad del Estado de Washington titulado “El efecto del cannabis en el crimen: análisis de series temporales del crimen en los estados de Colorado y Washington” en Estados Unidos. Los autores estimaron la influencia que tuvieron las leyes que despenalización y venta legal de la marihuana en las tasas de criminalidad en ambos estados. 

Dicho estudio destaca por encima de otros pues utilizó un método más robusto para controlar posibles sesgos. También hicieron estimaciones temporales sobre el aumento o disminución de delitos durante los años posteriores a las leyes aprobadas. Los resultados indican que no hay una relación causal entre la despenalización, ni la regulación de venta legal de marihuana, con aumentos o disminuciones de delitos, incluyendo crímenes violentos. 

Para entender por qué la legalización difícilmente tendría un impacto significativo en los niveles delictivos existe una perspectiva criminológica bastante útil, llamada “prevención situacional del delito (PSD)”. En este enfoque, el crimen es producto de la oportunidad que tiene un individuo para delinquir. Los delincuentes aprovechan oportunidades en las que puedan obtener las mayores recompensas a los menores riesgos posibles. Si la legalización de la marihuana conduce a la creación de un mercado regulado por el Estado para su comercialización, se reducirían las recompensas potenciales y, por ende, las oportunidades para los delincuentes que actualmente la comercializan en el mercado negro. 

El problema es que las organizaciones criminales cuentan con grandes recursos y no dependen mucho de las estructuras de oportunidad. Sus actividades son de tipo cooperativo o consensual entre delincuentes que están distribuidos en redes trasnacionales, más allá del territorio mexicano. 

Asimismo, dichas actividades están diversificadas en diferentes tipos de negocios ilícitos que arrojan cuantiosas ganancias. Esto ha sido documentado en varias ocasiones. Por ejemplo, en su “Informe de Crimen Transnacional y el Mundo en Desarrollo 2017”, la organización Global Financial Integrity señala que el delito de falsificación alcanzó los 1.13 billones de dólares, por encima del narcotráfico (en segundo lugar), seguido por la tala de árboles clandestina y la trata de personas. 

En México, las organizaciones criminales han transitado hacia otros negocios ilícitos que son, proporcionalmente, más rentables. En la PSD, a esto se le conoce como “desplazamiento” de un tipo de delito a otro. Los criminales buscan menores niveles de riesgo, en comparación con el narcotráfico, incluso si las recompensas no son tan altas. El negocio del huachicol es un buen ejemplo. De acuerdo con datos de PEMEX, este ilícito dejó ganancias a los criminales de alrededor de 60 mil millones de pesos, tan solo el año pasado. La trata de personas, los fraudes, la extorsión, secuestros y delitos cibernéticos también son muy rentables. 

Por otro lado, estudios recientes sobre PSD han encontrado evidencia de que existen “precipitadores situacionales”, los cuales son factores psicológicos o relacionados con el entorno en que viven las personas. Estos provocan el deseo de los individuos de delinquir. Las presiones sociales que se derivan de la pobreza, el aislamiento social y un pobre diseño urbanístico, son ejemplos de precipitadores que detonan comportamientos delictivos. 

En el mismo sentido, varios estudios sobre los efectos de la legalización de la marihuana, incluyendo el de Ruibin Lu y sus colegas, han encontrado que los factores contextuales son más importantes para predecir el crimen. La concentración de zonas comerciales en ciertas áreas urbanas, la proporción de hogares unipersonales, las tasas de desempleo, la concentración de desventaja social (ej. pobreza o desigualdad) y la edad de la población son predictores robustos de las tasas de criminalidad. 

Por lo anterior, es dudoso vislumbrar que la legalización de la marihuana contribuya a la reducción de la violencia. Es verdad que podría tener efectos positivos, por ejemplo, en la salud de las personas. Este sería un objetivo muy distinto, enfocado en la salud pública. En cambio, si el propósito es reducir la cantidad de crímenes violentos, el Gobierno del Presidente López Obrador debería estar pensando en otro tipo de políticas. 

Una de estas podría ser una política de seguridad comunitaria, con intervenciones sociales en zonas en situación de riesgo. La disuasión focalizada también podría ser más efectiva para reducir la violencia, ya que se pone atención sobre ciertas organizaciones, en lugar de ciertos tipos de delitos. El control del tráfico de armas es otro asunto pendiente, el cual también le reditúa grandes ganancias al crimen organizado. 

Finalmente, tal vez, sería necesario pensar en la despenalización del consumo de todas las drogas, como se hizo en Portugal. Para esto el Estado deberá contar con instituciones sociales y de salud sólidas que brinden atención y seguimiento personalizado a los consumidores. Solo así se definirá un objetivo consistente con el enfoque de salud pública que debe guiar a la legalización de la marihuana y otras drogas. 

No está en la agenda la empresa estatal de cannabis: AMLO

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Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló en su conferencia matutina sobre la posición de Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, que había expresado su urgencia por la legalización y regulación de la marihuana; ante ello, el morenista señaló que está en su derecho en manifestarlo, sin embargo no está en la agenda del gobierno establecida en el Plan Nacional de Desarrollo (PND).

Del mismo modo, se le pidió a López su opinión respecto a la diputada Lucía Riojas, quien le regaló un cigarro de marihuana a la secretaria de gobernación tras su discurso. Al respecto respondió que está en plena libertad de expresarse aunque no se esté tratando de eso por el momento.

 

Acuérdense que nosotros tenemos un Plan de Desarrollo y en ese Plan de Desarrollo vienen con mucha claridad expuesto el problema de inseguridad, de la violencia la atención a las adicciones y nosotros nos apegamos a eso y política es tiempo. Todo a su tiempo.”  Comentó.

Finalmente reiteró que no está contemplado crear una empresa estatal para comercializar la cannabis.

Con información de Político MX. 

Diputada le da “churro” a Olga Sánchez Cordero

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En su comparecencia en la Cámara de Diputados, Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación, recibió un cigarro de marihuana por parte de la diputada Ana Lucía Riojas.

Durante su participación, la diputada señaló que el camino a la paz en México está en la legalización de las drogas, y no en la movilización de la Guardia Nacional.

“Un paso para construir la paz, solo un paso para construirla, es legalizar el consumo de las drogas, propuesta que usted misma hizo. Para cerrar esta intervención, le traigo un regalo como recordatorio de aquella propuesta que hizo al principio, porque ese va a ser el camino que nos ayude a construir la paz. Regulemos el consumo de las drogas”, expresó Riojas. 

Después de esto, le entregó un “churro” a Sánchez Cordero, quien incluso le dio las gracias. En otras ocasiones, la funcionaria se había pronunciado a favor de la legalización sustancias similares.

Un ejemplo de esto fue en julio del 2018, cuando indicó que estaba dispuesta a plantear ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) una pauta interpretativa para despenalizar la marihuana, y después la amapola.

Con información de El Financiero. 

Cannabis. Regulación Propuesta por Morena

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El 1° de octubre de 2019, el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Mario Delgado Carrillo, presentó la Iniciativa de proyecto por la que se expide la Ley General para el Control de Cannabis, así como la reforma, adición y derogación de diversas disposiciones de la Ley General de Salud, el Código Penal Federal y la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios.

Dicha iniciativa será sujeta al proceso legislativo federal, reabriendo con ello el debate entre la sociedad mexicana y la necesidad de aplicar un modelo de control legal en las actividades relativas al cannabis.

A través de la expedición de la Ley General para el Control de Cannabis, se busca regular las actividades relativas al cultivo, producción, distribución y venta de cannabis y sus derivados para usos personales, terapéuticos, médicos y científicos, además de su control sanitario; lo anterior, mediante la apertura de un mercado lícito.

Con ello, grosso modo se establecen aspectos específicos como el autocultivo, el mercado de precios y ventas, las licencias de cultivo y producción, los usos medicinales que se darán al cannabis, sus fines terapéuticos, las autoridades encargadas de realizar las inspecciones y verificaciones, así como las sanciones administrativas que pueden aplicarse por su incumplimiento, mismas que serán independientes de aquéllas constitutivas de delitos.

Asimismo, destaca la creación de la Cannsalud, como empresa del Estado, encargada de tener el monopolio en la compra al mayoreo del cannabis y sus productos, su análisis, su autorización exclusiva de venta a la industria farmacéutica para la producción de medicamentos y la venta a los franquiciatarios, quienes a su vez venderán a menudeo.

En virtud del modelo propuesto, considero atinados los fines que persigue la Ley General para el Control de Cannabis.

Esto, pues encuentra sustento en tres vertientes fundamentales, a saber: i) proteger el derecho a la salud como un objetivo que legítimamente puede perseguir del Estado, evitando se restrinja el acceso a tratamientos y/o medicamentos derivados del cannabis que pueden implicar un cambio significativo en la salud y la persona; ii) salvaguardar el derecho al libre desarrollo de la personalidad mediante su autoconsumo; y iii) combatir la violencia propiciada por grupos delincuenciales que lucran con su tráfico y venta.

Tal regulación no solo puede dar pauta a la reglamentación constante y directa del mercado del cannabis, sino también a la creación de nuevas fuentes de empleo, sumándose los beneficios fiscales que pueden derivar, como es la previsión que el 25% de lo recaudado del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios deberá destinarse a programas sociales en los municipios y comunidades en los que se hubiere realizado la erradicación de cultivos de cannabis durante los últimos 50 años.

Asimismo, estimo acertado que se adecuen las normas al entorno social y se atiendan los criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación, en los que se ha determinado la responsabilidad del Poder Legislativo de crear políticas públicas que den pauta a garantizar el derecho fundamental de los mexicanos al libre desarrollo de la personalidad y su relación con el consumo de la marihuana y sus derivados, lo cual incluye su adquisición, cultivo, preparación y consumo; tal y como fue señalado en el comunicado número 092/2018 de 4 de julio de 2018, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por todo lo anterior, mediante su intervención, la bancada de MORENA en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, acertadamente busca regular un mercado que ha sido manejado por criminales, atribuyendo potestades al Estado como órgano regulador directo en la producción y venta del cannabis.

Situación, que traería beneficios en materia de salud, derechos humanos y en los índices de violencia del país.

Propone Mario Delgado empresa pública de marihuana

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Mario Delgado, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, propuso la creación de una empresa estatal dedicada a la compra y venta de la marihuana. También sugirió reformas legales para permitir el auto-cultivo de la sustancia.

En la Gaceta Parlamentaria, Delgado estableció que las reformas se agregarían a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal, así como a la Ley de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. También se emitiría la Ley General para el Control de Cannabis.

El proyecto permitiría a los mexicanos mayores de edad poseer, cultivar, cosechar, preparar o procesar hasta 6 plantas de cannabis para el consumo personal sin la necesidad de una licencia o un permiso.

No obstante, estaría prohibido que el uso de la marihuana se haga en espacios públicos y en espacios privados donde exista acceso al público.

Delgado prevé la creación de la empresa pública llamada Cannsalud para regular la producción y consumo del cannabis y sus derivados. La empresa será del Estado y de propiedad exclusiva del Gobierno federal, con una autonomía técnica, operativa y de gestión para la realización de su fin primordial.

La empresa realizará la adquisición de las sustancias de aquellos particulares con los permisos correspondientes. Después, ofrecería los productos a franquiciatarios que lo venderían en menudeo y a la industria farmacéutica para la constitución de medicamentos.

Los propósitos fundamentales de la creación de Cannsalud son disminuir el precio y facilitar la verificación sanitaria de los productos de cannabis. Asimismo, la empresa registrará y sistematizará la información relativa a la producción, flujos, volumen, calidad y destino del producto.

“Se trata de un primer paso para la apertura de un mercado lícito nuevo, y se propone una empresa pública como intermediario obligado a fin de identificar y contener los riesgos inherentes al establecimiento de un mercado nuevo, cuando existen ya intereses mercantiles internacionales que buscan maximizar sus utilidades por encima de la protección de la salud de las personas.

“Con esto no se deja el mercado del cannabis a una regulación autónoma por parte de los particulares, sino que se involucra al Estado como un supervisor constante y controlador de la actividad de esta sustancia dentro de un margen de legalidad que permite garantizar un beneficio para todas y todos”, explica Delgado. 

 

Con información de El Norte. 

 

México podría ser líder comercial de marihuana: Jesusa Rodríguez

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La senadora Jesusa Rodríguez aseguró que México podría convertirse en líder comercial en la producción de la marihuana y de las sustancias que contiene, si se logra regular.

En el arranque del ciclo de conferencias, “Rumbo a la Regulación del Cannabis”, en el Senado, la senadora de Morena refirió que el estigma sobre el uso de la marihuana aún es enorme, debido a los tabúes qué hay en el papis, los cuales afirmó que deben de caer.

“Su regulación es algo urgente. Es muy importante lo que esta pasando en México con relación a este tema. Sabemos que el estigma aún es enorme. Hay muchos tabúes en México”, dijo Rodríguez.

La legisladora morenista detalló que existe interés de la sociedad, más allá del asunto médico, aunque una de las urgencias de su regulación es que pueda atender enfermedades, ya que es un medicamento que esta revolucionando el mundo de la medicina, y es prioritario para las familias donde alguno de los suyos lo requiere.

“En este ejercicio recibiremos ideas y sugerencias de la sociedad que realmente está interesada en el tema. El Senado en coordinación con organizaciones sociales y civiles, ha realizado múltiples foros y encuentros como este. Tratamos de acercarnos hacia lo que será el Parlamento Abierto para llegar ya a la decisión final de una regulación precisa. La que México necesita”, expresó.

Por último, destacó que se puede incrementar la recaudación de impuestos; combatir la corrupción, el uso de tecnología e innovación en las bases de datos; además de que aumenta el ingreso, fomenta el empleo, se ataca el comercio desleal, y permite un manejo más responsable en el uso del cannabis.

Suprema Corte, Cannabis y Salud

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La cannabis sativa es una de las plantas cuyas propiedades generan una fuerte discusión respecto a su consumo tanto en nuestro país como en el mundo. Ya sea desde un uso recreativo, médico o en rituales, la comúnmente llamada marihuana, ha ocasionado debates desde perspectivas biológicas, psicológicas, médicas y antropológicas, sin embargo, como escribe Juan Ramón de la Fuente (Ex Secretario de Salud y Presidente de la Academia Mexicana de Ciencias) “La marihuana es quizá el producto más conocido y también el más controvertido, pues dentro del imaginario social su consumo como droga (más allá de sus bases químicas, potencialmente dañinas para la salud) está ligado a un estigma que identifica a sus usuarios con la enfermedad y la delincuencia” y es en ese sentido de eliminar estigmas, donde debemos ubicar el análisis y discusión en favor de una política pública en materia de salud que tome en cuenta los diferentes productos como la marihuana. 

Lo anterior viene a colación y a manera de introducción, ya que la semana anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), resolvió el Amparo en Revisión 57/2019 la cual es una sentencia que va a situarse como de las más relevantes en los últimos años y marca un episodio importante respecto al uso medicinal de la marihuana en México. El caso se trata de una familia, cuyo hijo necesitaba urgentemente un tratamiento médico basado en dicha planta ya que posee a un diagnóstico de epilepsia, sin embargo, en el Congreso Federal el 20 de junio de 2017, entró en vigor una reforma a la Ley General de Salud (LGS) que permite que productos derivados de la marihuana, puedan ser usado con fines médicos, pero el Legislativo fue omiso al vencer el plazo de 180 días para emitir una legislación que facilite y permita las modificaciones hechas a la LGS. La sentencia en innovadora en muchos sentidos, ya que encuentra que la omisión de las autoridades en emitir legislación secundaria de la materia, atenta contra el derecho a la salud, y como el caso en el que se centra en un menor, de igual manera encuentra una violación a los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. En dicha sentencia, la Corte sostiene que “el Estado tiene la obligación de asegurar el más alto nivel posible de salud de las personas” y además “destaca que el interés superior de la niñez (en este caso), no se limita a escucharlo en su calidad de paciente y brindar la atención médica que requiera, también implica la asignación de recursos suficientes y la creación de políticas públicas para otorgar servicios médicos de la mejor calidad para su bienestar y desarrollo integral, pues de no existir esas medidas, el ejercicio del derecho se encontraría limitado”. Ello resulta interesante, al observar que nuestro máximo tribunal ahora tiene una labor más cercana y concreta a la hora de establecer directrices y principios en temas de políticas públicas específicas. 

Como podemos observar, esta sentencia tiene el mismo ánimo que las emitidas desde noviembre del 2015, en donde la Primera Sala de la SCJN, determinó que el uso recreativo de la marihuana “encuentra cobertura en el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad y que su prohibición absoluta es inconstitucional” (Zaldívar Arturo, 2015). Es claro que estamos viendo un tema sumamente imperativo para nuestro sistema de salud y los tratamientos alternativos de diversas patologías, y como tema pendiente, la sentencia no es clara respecto a la generación y distribución de la marihuana, por lo cual todavía tenemos mucho que analizar, en palabras de Schopenhauer “la salud no lo es todo, pero sin ella, todo lo demás es nada”, y en ese tenor, las autoridades políticas y jurídicas deben entender los nuevos fenómenos en materia de salud. 

Trump y el uso de las drogas

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“…tienes muchos “bad hombres” allá abajo, tal vez los puedo ayudar con eso.”

Esas fueron, según CNN, las palabras del Presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump durante la llamada del viernes pasado con Enrique Peña Nieto. Trump, se refería, quiero suponer al narcotráfico que desde hace años nuestro país ha combatido. Primero con fuerzas policiacas federales y desde el sexenio de Calderón con el ejército mexicano en las calles.




La realidad es que, mientras Trump culpa a México por los problemas de delincuencia y drogadicción en Estados Unidos, nuestro vecino del norte representa un mercado muy cómodo e importante para los narcotraficantes mexicanos. Sin tratar de caer en el “la culpa de la Guerra de Contra el Narco es de Estados Unidos”, dicho por Calderón hace unos años, quiero exponer de que magnitud es este problema y porqué, aunque se pongan muros, vallas, y miles de cámaras de seguridad la droga seguirá fluyendo.

Según cifras del 2014, la Unión Americana tenia aproximadamente 23.6 millones de adictos a algún tipo de droga ilícita (marihuana, cocaína, heroína, crack, metanfetaminas, etc.). También según información de la misma Agencia Central de Inteligencia, CIA por sus siglas en inglés, Estados Unidos es el mayor consumidor de cocaína del mundo, mucha de la cual procede de Colombia y pasa por nuestro país.

No solo eso, también los estadounidenses ocupan el primer lugar en el consumo de heroína colombiana y mexicana, marihuana, ecstasy y metanfetaminas. En pocas palabras, los narcotraficantes mexicanos tienen un mercado de más de 20 millones de personas al norte de la frontera mexicana.




En pocas palabras, el Sr. Trump, siendo empresario, debe de saber que si hay demanda, por supuesto que habrá oferta. Trump, más allá de preocuparse de la seguridad en la frontera sur, debería de combatir el problema de la drogadicción desde la raíz. Según cifras, solamente 1 de cada 10 estadounidenses van a algún tipo rehabilitación para sus problemas de adicción. Es decir, de los 23 millones de adictos, solamente el 10 – 11% acude a alguna institución a pedir ayuda.

Creo yo que el problema en Estados Unidos, no es la seguridad en la frontera con México, sino la cantidad de drogadictos que tiene el país, y lo poco que el sistema de salud estadounidense hace por ellos. Por otro lado, me aventuro a decir que si nuestro vecino del norte, planea verdaderamente, en algún momento enviar tropas a tierras mexicanas, entonces nuestro país debería de seriamente considerar legalizar la marihuana.

La marihuana es la principal droga consumida por nuestros vecinos. Los ingresos por impuestos son altos, simplemente en el 2014 el estado de Colorado recolecto cerca de $76 millones de dólares y, por otro lado, se le quitaría un importante negocio al narcotráfico.

¿Tú qué opinas?

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”