Author: Ana Regina Avila González

Gracias, ASF

by Ana Regina Avila González
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El Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 trajo a la luz que la Secretaría de Función Pública (SFP), organismo encargado de combatir la corrupción, presentaba irregularidades. Pero el informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no solo señala la falta de transparencia en la SFP, sino que también hay otros programas y proyectos que no tienen claridad en las cuentas. 

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) realizó adjudicaciones directas sin fundamentar el motivo ni la documentación correcta. Esto es algo gravísimo para cualquier institución; en resumen (muy simplificado): se supone que al momento de que un organismo público vaya a contratar o comprar algún bien o servicio, por una gran cantidad de dinero, tiene que cotizar con varios proveedores y hacer la contratación de aquel que sea más conveniente. Entonces, que la CONADE haga adjudicaciones directas significa que no hizo este proceso, y realizó la compra de servicios “a dedazo” por 186.7 mil millones de pesos. 

Por otro lado, el proyecto estrella del sexenio, el Tren Maya, junto con el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), también tuvieron varias irregularidades. Algunos que me llaman particularmente la atención son que la FONATUR se equivocó y duplicó pagos a personal directivo y técnico, lo cual generó un pago indebido de 8.9 millones de pesos y también contrató servicios legales y financieros con costos altos cuando pudieron haber utilizado a la Secretaría de Comunicación y Transporte para no gastar tanto en las asesorías. Esto me lleva a pensar, ¿por qué no se cuida el dinero? Aunque estas cuentas son del 2019, se supone que con López Obrador entramos a una “república austera” donde ya no se gasta en cosas innecesarias y se ahorra. 

Otro ente es el de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) del Programa Nacional de Reconstrucción (PNR), para rehabilitar viviendas que fueron afectadas por los sismos de septiembre del 2017 y febrero de 2018. En 2019, la CONAVI programó 36,495 intervenciones de viviendas, y a enero del 2021 donde se reportaron como concluidas 34,208 y las que restan fueron canceladas, pero aún no han reintegrado los 225.3 millones de pesos de las viviendas que fueron canceladas.

Aunque pudiera escribir una monografía sobre qué tan malos son los procesos y transacciones en cada dependencia, quiero tomar este espacio para agradecer a la ASF por su labor. Cada año demuestran las irregularidades en cada programa, proyecto o institución en su totalidad. Necesitamos que estos ejercicios sigan, pero sobre todo que los organismos y personas a las que ese les llama la atención a través de estos informes cumplan con su deber de seguir las recomendaciones y aclaraciones que le pida la ASF. Por último, también es pertinente que todas y todos sigamos con mucha atención estos resultados para verificar si efectivamente el gobierno está cumpliendo con sus obligaciones de transparencia y rendición de cuentas, pues al final el dinero que utilizan es el que nosotros aportamos, y ese dinero tiene que ser usado correctamente.

Una consulta más

by Ana Regina Avila González
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Nuevamente les vengo a escribir del mecanismo de consulta en México. Un mecanismo que emocionó al legislarse pero que ha perdido credibilidad por la manera en la que se aplica en nuestro país; una manera que simplemente no se apega a lo que establecen las leyes para su debida formulación. 

He escrito antes sobre la consulta popular de las elecciones de 2018 y la “consulta” que hubo del NAICM, pero ahora nos enfrentamos a otro escenario: una consulta ciudadana en Nuevo León sobre el tema fiscal. Primero, es importante destacar que sí hay una diferencia entre consulta popular y ciudadana: Según la Ley de Participación Ciudadana para el estado de Nuevo León, la popular se realiza únicamente en jornadas electorales federales y en conjunto con la Comisión Electoral Estatal, la cual valora que la pregunta en cuestión no sea tendenciosa o contenga juicios de valor y que no sea referente a temas tributarios, administración pública interna y regulación del Congreso del Estado o el Poder Judicial. Por otro lado, la consulta ciudadana la realiza independientemente el poder ejecutivo estatal o municipal y no existen restricciones en cuanto a los temas. 

Entonces el Congreso del Estado no fue nada ingenuo en plantear esta consulta como ciudadana y no como popular, porque eso les permite realizarla antes de la jornada electoral y también que fuera sobre el tema fiscal que tanto ha causado división entre los ciudadanos y gobernadores. Técnicamente, sí se está cumpliendo con todos los requisitos de forma para utilizar este mecanismo de participación ciudadana. 

Pero hay algo más, que es lo que me llevó a escribir este artículo, y es sobre el tema y la pregunta en sí. El Poder Ejecutivo y Legislativo de Nuevo León ya se pusieron de acuerdo y determinaron que la pregunta para la consulta será la siguiente: “Hoy por cada peso que Nuevo León aporta al gobierno federal solamente se le devuelven 29 centavos. ¿Estás de acuerdo en que se modifique el mecanismo de distribución para que Nuevo León reciba más recursos a favor de sus habitantes?”. 

Sinceramente, ¿quién en su sano juicio diría que no a esa pregunta? ¿Me estás preguntando que si quiero más dinero para que nos vaya mejor? ¡Pues claro que sí! Aquí se puede ver otra buena decisión del Congreso para hacer esta consulta una consulta ciudadana, porque es una pregunta totalmente tendenciosa y con juicios de valor. Es impactante que mencionen la cifra sobre como Nuevo León solo recibe 29 centavos por cada peso que contribuye (y es la única cifra que usan para respaldar su postura para recibir más dinero), pero lo que los impulsores de esta consulta no te cuentan es que aún con esto, Nuevo León es el quinto mayor estado en recibir participaciones federales (lo pueden revisar en el cuadro 7 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5603570&fecha=27/10/2020). Los impulsores también dicen que como Nuevo León es el tercer estado en aportar al PIB nacional (que sí es), por eso se nos debería de regresar más, pero tampoco te cuentan que el cálculo para las participaciones y aportaciones federales para los estados no solo se basa en el PIB sino también en la cantidad de población que se tiene, la cantidad de impuestos locales que recaudan y otros factores como carencias sociales para algunos fondos del ramo 33. Recapitulando: en Nuevo León, sí somos la tercera entidad con mayor aportación al PIB y sí se nos regresa 29 centavos por cada peso, pero aún así somos el quinto mayor estado con participaciones federales y hay más factores sobre el PIB para recibir este dinero. 

Ahora, otra cuestión sobre esta consulta ciudadana es que se va a llevar a cabo electrónicamente entre el 6 de diciembre y 28 de febrero. Según la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2018 del INEGI, en Nuevo León, solo 66.5% de la población cuenta con acceso a internet desde sus casas. Entonces hace falta que el gobierno defina cómo es que toda la ciudadanía del estado va a poder participar en esta consulta.

No se pueden andar diciendo verdades a medias para obtener más dinero. El gobierno primeramente debería de tener una planeación estratégica sobre sus recursos y transparentar qué es lo que hace con el dinero que ya recibe antes de andar pidiendo más. Y si van a realizar la consulta tienen que asegurar que todas y todos puedan participar, sino solo va a ser una consulta más para que las clases sociales medias y altas que cuentan con internet en sus hogares y dispositivos electrónicos puedan ejercer su participación ciudadana. 

La guerra del agua en Chihuahua

by Ana Regina Avila González
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Es difícil no hablar de noticias relacionadas con el coronavirus a estas alturas de la contingencia, pero eso no quiere decir que México no está pasando por otras situaciones. Desde febrero de este año, Andrés Manuel López Obrador, la CONAGUA y agricultores de Chihuahua han tenido roces y discusiones por el cumplimiento del Tratado de Aguas Internacionales de 1944. 

Este Tratado regula el agua de los ríos Bravo, Colorado y Tijuana entre México y Estados Unidos, y acuerda que cada país tiene que otorgarle al otro cierta cantidad de agua al año. Sin embargo, este año, de los estados que tienen que coordinar el transporte del agua, Chihuahua ha sido el que ha tenido más problemas debido a que las presas no cuentan con el suficiente recurso para cumplir con el Tratado y abastecer al mismo tiempo a los agricultores de la región.   

En julio, el gobierno federal mandó a la Guardia Nacional a resguardar la presa “Las Vírgenes” para realizar la extracción del agua, y esto desató conflictos físicos entre la policía y los agricultores que se oponían a este acto. También hubo manifestaciones en la capital del estado para llamar la atención del gobierno de Chihuahua y pedir la intervención de Javier Corral ante el presidente. Fue hasta hace dos días que Corral se reunió con los representantes de los módulos de riego y pidieron públicamente a CONAGUA una respuesta a las peticiones de la detención de la extracción del agua. Y de no obtener esta respuesta, Corral y los representantes irían a la Ciudad de México a hablar con López Obrador. Por otro lado, Andrés Manuel afirma que nadie se va a quedar sin agua y que México tiene que cumplir con el Tratado a toda costa.   

A pesar de que si se tiene que cumplir el Tratado o no, lo que está pasando entre los chihuahuenses, el gobierno estatal y el gobierno federal es una clara falta de comunicación, coordinación y cooperación. Cuando AMLO decide mandar a la Guardia Nacional sin prestar atención a los llamados de los agricultores, o si quiera consultarlos, como tanto le encanta hacer, está demostrando que no cree en lo que él alguna vez dijo: “el pueblo es sabio”. 

Declarar sin evidencias que sí va a haber agua mientras las presas están prácticamente vacías, es obligar a la gente a creer ciegamente en su discurso y poner en riesgo los ciclos de cultivo que sostienen una gran parte de la economía del estado. Y no solo es poner en riesgo la economía, sino también el sustento de miles de productores y agricultores que probablemente no tengan otra manera de ganar dinero. Javier Corral tiene que asegurarse de que la reunión con AMLO sí suceda, y que se pueda llegara un acuerdo pensando siempre primero en los chihuahuenses. Claro que cumplir con Estados Unidos también es de suma importancia, pero cuando se tiene de por medio a tu propia gente no puedes ignorarlos sin tener un plan de respaldo en caso de que las promesas de bienestar no se cumplan. 

La impunidad en el sistema de justicia

by Ana Regina Avila González
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Durante la semana pasada se hizo viral el caso de Cristina; una joven ciclista que murió después de sufrir un “hit-and-run” por parte de un conductor. Este suceso conmovió a la gente, y empezaron a surgir datos y argumentos sobre la poca movilidad que hay para vehículos no motorizados y peatones del Área Metropolitana de Monterrey. 

Sin embargo, hay otro debate que no está siendo atendido. ¿Qué sucedió con el conductor que huyó de la escena? Ya lo identificaron a él y al vehículo, pero aún no se ha dicho cuál va a ser la sanción a quien manejaba la camioneta. De hecho, presentó un amparo para no ser detenido y su abogado dijo que el juez es quien va a decidir si el conductor tiene una responsabilidad penal o civil. 

Esto me duele mucho. ¿Cómo es posible que contando con evidencia sólida sobre el caso, alguien se quiera y pueda deslindar de alguna sanción? O peor aún, esa persona sabiendo que cometió un delito, todavía piensa que no debería de tener alguna consecuencia. 

El caso de Cristina sigue en proceso y aún hay oportunidad para que su familia pueda conseguir justicia. Pero, así como el caso de Cristina, hay muchos más casos cerrados, donde el culpable siendo un hombre de nivel socioeconómico alto puede evadir este tipo de situaciones y responsabilidades. O si acaso, sí se logran condenar a alguna sentencia, salen libres después de cumplir con menos de lo acordado. Y esto se debe más que nada al proceso que se tiene en nuestro sistema de justicia, en el que muchos de los culpables se pueden escudar bajo la premisa que “no se respetó el debido proceso” y por eso no se puede continuar con el caso. 

El sistema de justicia mexicano está lleno de impunidad, y tal vez es hora de ir replanteando la manera en la que se llevan a cabo las investigaciones y los procesos. Y esto no solo conlleva cambiar el sistema, sino también a las personas que contribuyen a que esto siga pasando: policías, abogados, ministerios públicos, jueces, etc. No podemos seguir dejando a estas personas libres, porque no solo se abre la posibilidad a que puedan volver a cometer un delito, sino porque también manda un mensaje a la ciudadanía de que no hay justicia y que todos pueden hacer lo que quiera, al cabo los policías no van a hacer nada. 

Percepción vs Evaluación

by Ana Regina Avila González
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Hace algunos días, la organización “Cómo vamos, Nuevo León” sacó los resultados de la segunda evaluación de la gestión de los gobiernos municipales del Área Metropolitana de Monterrey (AMM). Los aspectos que se evaluaron de los gobiernos fueron los servicios públicos, policía, seguridad pública, finanzas, ordenamiento urbano, movilidad y espacio público y gobierno eficiente y confiable. 

Pero Cómo vamos, Nuevo León no solo realiza esta evaluación de gestión, sino que también tiene una encuesta de percepción ciudadana con base en los mismos aspectos ya mencionados. Entonces, los municipios cuentan con 2 puntuaciones: una puntuación basada en datos y cifras de los gobiernos y otra puntuación sobre como la gente piensa que su gobierno está actuando. 

Aunque las cifras de la encuesta de percepción ciudadana son del 2019 y aplicarían solo para los resultados de la primera evaluación, sigue habiendo una misma incógnita: Los municipios con una calificación alta en gestión tuvieron una calificación menor por parte de sus ciudadanos. Por ejemplo, Monterrey obtuvo una puntuación de 8.2 en gestión promedio, pero su ciudadanía le dio un 5.4 y Santa Catarina obtuvo 7.6 en gestión, pero 5.9 en percepción ciudadana. El único municipio que mantuvo una calificación igual tanto en gestión como en percepción fue San Pedro Garza García, donde obtuvo 8.2 en ambas evaluaciones. 

En la segunda evaluación recién publicada, se ve que todos los municipios bajaron su puntuación en cuanto a gestión o se mantuvieron en los mismos rangos. Por lo que va a ser muy interesante saber si la ciudadanía sigue pensando de la misma manera o también las puntuaciones de la percepción van a bajar aún más.

¿Y a que voy con todo esto? A que es muy diferente los resultados a cuando se evalúa de acuerdo con reglas institucionales o de acuerdo con lo que las personas ven en su entorno. Monterrey a pesar de que en la primera evaluación obtuvo 10.0 en seguridad, la ciudadanía en este rubro lo calificó con 4.5. En la segunda evaluación, Monterrey de tener 10.0 en seguridad pasó a 2.0, y muy probablemente en la próxima encuesta de percepción también vaya a tener una calificación baja. 

De nada le sirve a los gobiernos municipales cumplir con las responsabilidades que están en la ley si no lo van a hacer de manera eficiente o de acuerdo con lo está exigiendo realmente la gente. Si a pesar de que un municipio diga que los índices de violencia o delito están controlados las personas aun así se sienten inseguras, entonces hay algo mal en cómo se está calculando la seguridad pública. O si un municipio está acatando el presupuesto destinado a movilidad, y todavía la gente no siente que se pueda mover libremente como peatón, entonces se necesita cambiar algo urgentemente en este aspecto. 

Muchas veces los alcaldes y alcaldesas, que son los que deberían conocer mejor a la población para la que trabaja, no se molestan en dialogar con la gente y realizan proyectos que no necesariamente son lo que uno esperaba. Aunque siempre muestren en fotos y videos en redes sociales cuánto tiempo pasan conviviendo con la gente, este tipo de ejercicios de percepción ciudadana demuestran que las personas no están siendo tomadas en cuenta y se siente ajenas a lo que realizan sus gobiernos. 

Esperemos que después de estos resultados, los gobiernos municipales puedan darse cuenta de que cumplir con lo mínimo no les garantiza que la calidad de sus acciones sea la adecuada. Hay que tener más espacios de diálogo y retroalimentación entre representantes y representados para que se pueda crear una área metropolitana mejor para todas y todos.

El monopolio de la violencia

by Ana Regina Avila González
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Como estudiante de ciencia política, una de las frases más populares en clases es “el Estado tiene el monopolio de la violencia”. Este pensamiento surge de Max Weber, y a lo que se refiere es que un Estado, ejerciendo su papel como autoridad, tiene la posibilidad de usar la violencia legítimamente dentro de un territorio para poder tener control sobre las situaciones de este territorio. O, en otras palabras, el Estado puede usar la violencia en caso de que haya un atentado a la paz y al orden de las normas de un lugar específico. Pero ¿debería, la violencia, ser la primera y única opción si el Estado percibe que se está atentando el orden público?

Estas últimas semanas hemos visto como se han levantado protestas en contra del abuso de fuerza de los cuerpos policiales y así mismo, la nula respuesta de los gobiernos, específicamente de Estados Unidos y de México, sobre las preocupaciones de los ciudadanos sobre este tema. Hemos visto imágenes y videos de cómo las protestas están siendo llevadas a otro nivel, pues la policía ha estado ejerciendo aún más su “poder” y ha estado creando todavía más violencia de la que las personas protestaban en primer lugar.  

Poniendo énfasis en lo que está sucediendo en Guadalajara, los ciudadanos realmente están en todo su derecho de protestar. En el artículo 9 de nuestra Constitución, se establece: “no se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto, a una autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee”. 

Usualmente los momentos violentos de parte de los protestantes hacia las autoridades o la marcha en general surgen de personas infiltradas, pero la mayoría de las protestas se han intentado llevar de manera pacífica y aún así la policía está realizando detenciones ilegales y ejerciendo una fuerza desmesurada sobre los asistentes. Entonces, ¿será que el gobierno considera que la gente que reclaman por injusticias son un atentado hacia el orden público? ¿Por qué el gobierno no mejor utiliza su poder para crear acciones estratégicas y escuchar a la ciudadanía? ¿Por qué tiene que ser la violencia la primera respuesta para querer “solucionar” una situación?

El ejercicio de la violencia impide que haya comunicación, resolución y consenso con la gente. Pienso que el gobierno se está perjudicando solo, y únicamente hacen que las personas dejen de confiar en ellos como autoridad legítima. Aunque las fuerzas locales sean las que están respondiendo ante las protestas, el Poder Ejecutivo Federal también debería impulsar a estos gobiernos locales a actuar con sentido común. Todos los niveles del gobierno deben de saber utilizar su monopolio de la violencia de manera inteligente y no crear más desorden del que se tiene o por el que se lucha. 

La era irreversible del multiculturalismo

by Ana Regina Avila González
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A raíz de la campaña de Trump de “Make America Great Again” el discurso conservador extremo ha ido aumentando. En Estados Unidos se hicieron políticas estrictas de migración, separando familias en la frontera con México e inclusive no permitiendo la entrada de personas de Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen por afiliar (erróneamente) el Islam con el terrorismo. 

A partir de este movimiento y de la victoria de Trump, salió a la luz el estadounidense “puro” a defender “su tierra” de los extranjeros. No solo se vieron afectados los latinos y los musulmanes por la discriminación, sino cualquier persona que no tuviera la apariencia del estadounidense “blanco”. Empezaron a surgir videos de gente siendo acosada y violentada física y verbalmente en supermercados, parques y espacios públicos en general por el hecho de verse diferente o hablar otro idioma que no fuera el inglés.

Y así como pasa en Estados Unidos, también sucede en otros países como Gran Bretaña, Francia y Alemania. Hace 2 días hubo un tiroteo en un bar en Hanau, Alemania, con 9 muertos y ha sido confirmado como un crimen impulsado por la xenofobia por el perfil de extrema derecha del asesino y porque más de la mitad de las víctimas eran turcos. 

En verdad a mi me intriga, ¿por qué se les hace tan difícil a las personas aceptar a gente de un contexto cultural diferente al suyo? ¿Por qué les causa tanto conflicto ver a alguien con un color de piel diferente o escuchar a alguien hablando otro idioma? Nadie pide dónde y cómo nacer y nadie debería de cambiar su manera de ser por querer encajar en una sociedad y sentirse aceptado. El ser respetado debería ser intrínseco sin tener que fijarse de qué nacionalidad, género o religión es uno.

Estamos en una era irreversible de multiculturalismo. La migración no es un fenómeno de la globalización, pues éste se remonta desde los nómadas hasta las colonizaciones de nuevos continentes. Pero la globalización sí ha permitido que hoy en día el intercambio cultural se dé más fácilmente y que las personas puedan explorar y migrar a lugares que les ayuden a crecer personalmente. Esta multiculturalidad no va a ser echada atrás porque un grupo de personas sienten que sus tradiciones y privilegios están “siendo atacados”. 

Trabajemos en enseñar a los demás que haber crecido en un contexto cultural diferente no es pecado, pues todas somos personas que deberíamos ser respetadas por el simple hecho de ser humanos. Nuestros derechos terminan hasta los que los de los otros empiezan, y la violencia en cualquier contexto es inaceptable. Luchemos para que en las próximas generaciones abunde la solidaridad sobre el odio y la división.