El domingo 6 de septiembre, personal de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) acudió a abrir la válvula de salida de la presa “La Boquilla”, ubicada en San Francisco de Conchos, Chihuahua, a efecto de dar cumplimiento al Tratado Internacional de Aguas de 1944, que nuestro País tiene suscrito con los Estados Unidos de América.

En el referido Tratado, esencialmente, México se obliga a asignar a los Estados Unidos 431.7 hm3 de agua de los afluentes del Río Bravo, mientras que el País vecino en contraparte se obliga a asignarnos 1 mil 850 hm3 de agua de los afluentes del Río Colorado, esto es, más de cuatro veces la cantidad que aportamos.

A pesar de lo anterior, el martes 8 de septiembre, autoridades y políticos chihuahuenses, en su mayoría panistas y priistas, de manera profundamente pérfida e insensata movilizaron agricultores para que se enfrentaran con la Guardia Nacional, buscando cerrar las llaves de desfogue, bajo el artero argumento de que no habría suficiente agua para los campesinos de continuar con las válvulas abiertas, sin considerar que la CONAGUA desde el 23 de julio del actual, había comunicado que el abasto de agua para el ciclo agrícola en Chihuahua estaba asegurado al cien por ciento.

El saldo del enfrentamiento, fue de daños materiales que tardarán tres meses en ser reparados, por un monto estimado en más de cien millones de pesos y trágicamente la pérdida de dos vidas humanas.

Aparentemente se trata de un conflicto local, sin embargo, lo cierto es que a todos los mexicanos nos compete hacer un llamado para que las autoridades locales ponga fin a la controversia.

Esto, pues de no cumplir con el Tratado se afectaría gravemente la reputación internacional del Estado Mexicano, habría un desgaste con el gobierno de los Estados Unidos e incluso existiría un riesgo real de una renegociación del Tratado, del cual debo insistir, somos beneficiados con cuatro veces más agua de la cantidad que aportamos.

Además, porque el artículo 27 de nuestra Constitución, es claro al expresamente señalar que la propiedad de las aguas comprendidas dentro del territorio mexicano corresponde originariamente a la nación, no así, a uno, dos o tres municipios y mucho menos a oportunistas que una vez comenzado el proceso electoral se transforman en paladines hídricos y de agricultores.

De igual forma, porque no podemos seguir permitiendo que políticos y autoridades locales, que alguna vez protestaron conducirse bajo un estricto apego a la legalidad, hoy pretendan de manera ilegítima intervenir en la toma de decisiones sobre cuerpos receptores de agua y variables hidráulicas, llegando incluso al sabotaje, cuando la realidad es que carecen de atribuciones en la materia.

Lo anterior lo afirmo así, pues la Ley de Aguas Nacionales es imperativa al señalar en su numeral 113, fracción VII, que la administración de obras de infraestructura hidráulica, como son las presas corresponde a la CONAGUA, no a las administraciones locales y menos a sus diputados.

En este sentido, es claro que la intervención que pretenden realizar las autoridades chihuahuenses resulta completamente ilegítima, atenta contra nuestra Constitución y contra todo el Estado Mexicano.

Por esto, considero necesario que como ciudadanos hagamos un llamado para la resolución inmediata de la controversia.

Finalmente, al político local que amagó señalando la importancia de recordar que la revolución comenzó en Chihuahua, únicamente puedo comentarle que las mejores doctrinas de teoría del estado (Rousseau, Hobbes, Montesquieu, etc.) son unánimes al precisar que las revoluciones tienen como objetivo constituir nuevos Estados o regímenes constitucionales, no el sabotaje, por lo que nunca podría considerarse el motín en el que participa como una verdadera revolución.