La emergencia sanitaria por el covid-19 tomó el control de la agenda pública global, y no es para menos, pues lo que esta en riesgo es la vida de todos los seres humanos. Sin embargo, esta situación inédita ha desencadenado otras 2 crisis (económica y social), ambas con el mismo grado de importancia y vinculadas entre sí.
En México, a principios del mes de marzo, cuando se presentaron los primeros casos de covid-19, la emergencia sanitaria alteró los planes del Gobierno Federal, pues una pandemia merece una reestructuración de prioridades -sobre todo en el tema presupuestal-. Sin embargo, en semanas recientes, el tema económico empezó a dominar la conversación, esto a raíz de la decepción generada por la presentación del plan económico emergente del Presidente, que siendo coherente con el guion que lo llevó a la Presidencia de “primero los pobres” dejó relegado a un sector importantísimo de la economía mexicana: las micro, pequeñas y medianas empresas, mismas que según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) generan el 72% de los empleos en el país.
Lo anterior cobra relevancia porque según datos de la Secretaría de Economía (SE), entre el 13 de marzo y el 6 de abril se han perdido 346,878 empleos y el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que serán 3 millones de empleos los que se perderán en el país este año -más plazas laborales que todas las creadas en 2019, que fueron 342,077 de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)-.
El enemigo invisible, como algunos llaman al coronavirus, además de estas dos crisis, (sanitaria y económica) arrastra otra más de la que pocos hablan: La social; misma que dependerá de lo que hagan o dejen de hacer los gobiernos durante la emergencia sanitaria, no obstante, la tendencia al alza en la comisión de varios delitos, son síntomas que nos hacen presumir que podríamos estar entrando a una crisis social, provocada entre otras cosas por el desempleo y el confinamiento. Explico el por qué:
La Jornada Nacional de Sana Distancia implementada por el Gobierno Federal, apuesta principalmente a la responsabilidad ciudadana de los habitantes como factor clave que posibilita la dilatación de la propagación del virus, dependiente de los comportamientos sociales individuales y no a medidas coercitivas. Dicha estrategia, tiene a una buena parte del país aislada en sus hogares, bajo la premisa de que es necesario el confinamiento para prevenir que el número de contagios se disparen, se pierdan vidas y se sature nuestro inoperante sistema de salud. Sin embargo, el confinamiento no es positivo para todos, si bien salvaguarda tu salud al no estar expuesto, para algunas mujeres, adultos mayores o menores de edad, esta condición significa estar 24/7 conviviendo con sus agresores.
Expertos en la materia pronostican que durante esta cuarentena se podría elevar hasta en un 95% la violencia intrafamiliar en el país. En el caso de Nuevo León, de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado, este mismo delito incrementó 32%, al pasar de 1,258 denuncias en Febrero a 1,670 en marzo. El Consejo Cívico ha señalado que la ansiedad, el hacinamiento, el consumo de sustancias adictivas, la pérdida de empleo, entre otros, son factores que podrían agravar la violencia en los hogares en las próximas semanas.
Con ese panorama, algunos gobiernos subnacionales (estados y municipios) han venido realizando esfuerzos con el objetivo de intentar desactivar los riesgos de violencia en los hogares, ejemplo de ello han sido la apertura de líneas de auxilio, redoblar los esfuerzos desde los sistemas DIF municipales y ministerios públicos para la atención efectiva a víctimas, acondicionamiento de refugios, coadyuvar esfuerzos con organizaciones de la sociedad civil en temas de concientización y prevención, entre otros. Sin embargo, estos han sido esfuerzos aislados y no sistemáticos que permitan incidir en un marcado descenso de estos delitos.
Un factor más, es el miedo a adquirir el virus, lo cual lleva a la población a ejecutar conductas antisociales y asumir actitudes irracionales. Si bien es cierto, en nuestro país se han mostrado distintas expresiones de solidaridad con el personal médico, en contraste, contrario a lo que acontece en otros países -como en Francia con el homenaje de aplausos diarios al personal médico a las 8pm desde los balcones-, en algunos municipios del país, se les ha discriminado, insultado y en algunas ocasiones hasta atentado contra su integridad física; y aquí es importante apuntar que si bien esta emergencia global reavivó un debate antiguo pero necesario sobre ¿Cuál debe ser el rol del Estado?, no todo le compete al poder público, pues hay una responsabilidad de todos los ciudadanos que la frustración y psicosis frente al enemigo invisible merma su capacidad racional y no les permite asumirla.
Es necesario reajustar prioridades, cuestionar paradigmas y asumir responsabilidades, pues hoy el Gobierno de la República afirma que las medidas tomadas se basan en el asesoramiento científico, pero este poco servirá para atender la serie de efectos sociales negativos que se pueden salir de control no solo durante la cuarentena, sino en los meses post-coronavirus. Como toda crisis, producirá cambios positivos o negativos una vez superada la pandemia y esta tercer crisis en particular va a ser clave para evaluar la eficacia de los gobiernos locales, pero dependerá en cierta medida, de lo que se haga o deje de hacer desde la Federación en el tema de salud pública y sobre todo económico, pues como lo señaló el Presidente Ronald Reagan alguna vez: “El mejor programa social es el empleo”.
El debate enriquece la mente, se vale discrepar.