En los últimos años con la expansión de la democracia como régimen político y del liberalismo como vía de desarrollo económico, se acepta en lo general que un orden liberal y republicano necesita ciudadanos que sean corresponsables con la construcción del espacio público, es decir con el debate de la ideas, con la discusión entre las diferentes formas de pensar y desde luego con un ejercicio critico que fomente y posibilite además del control de los gobernantes que las iniciativas ciudadanas sean efectivas en el sistema político. Esto sólo es posible si se asegura la libertad de la ciudadanía en el ejercicio de sus derechos y que las personas puedan desarrollar proyectos comunitarios y de vida autónomos.

La participación ciudadana es un derecho humano, un medio y un fin, así como la forma democrática de articular una corresponsabilidad con las autoridades gubernamentales; la participación ciudadana se puede concretar como las acciones emprendidas por las personas para vigilar las tareas de gobierno y controlar las actividades en las  que participa la propia comunidad. De acuerdo con el documento emitido por el Consejo Económico y Social de la ONU la participación ciudadana se convierte en un factor fundamental en la transparencia, la rendición de cuentas y la eficacia en la prestación de servicios públicos; es así porque el principio de una República es que las personas puedan participar y efectivamente participen en los asuntos públicos, es decir, en los asuntos que son de todos.

En lo general puede entenderse la participación ciudadana como la intervención de individuos y de grupos de la sociedad en actividades públicas y procesos decisorios, esto en representación de sus intereses particulares; la ciudadanía tiene derecho a expresar sus intereses, a incidir en las acciones de gobierno que afectan su comunidad, a exigir que los gobernantes informen en qué y por qué conjunto de  razones se invierten los recursos públicos, asimismo, la ciudadanía puede asumir una posición ante decisiones que pueden afectar a toda una nación.

En el caso mexicano, algunos antecedentes de la participación ciudadana se remontan a un plebiscito de 1824 que dio como resultado la incorporación de Chiapas a la Federación. Está también el Plebiscito de 1993 sobre la Reforma Política del Distrito Federal en que participaron 321,933 ciudadanos: el 84.8% se pronunció a favor de la elección de gobernantes locales, el 84.3% demandó la existencia de un Congreso local y el 66.5% optó por la creación de un estado más.

De acuerdo con Arminda Balbuena Cisnero y Lucero Fragoso Lugo los instrumentos legales o figuras que existen y en que es relevante la participación ciudadana son: a) plebiscito: los ciudadanos expresan su aprobación o rechazo previo a actos o decisiones del Poder Ejecutivo; b) Referéndum: la ciudadanía manifiesta su aprobación o rechazo sobre la creación, modificación, derogación o abrogación de leyes propias de la competencia del Poder Legislativo; c) Iniciativa Popular: los ciudadanos pueden presentar al Poder Legislativo proyectos de creación, modificación, reforma, derogación o abrogación de leyes; d) Consulta Popular: vía para someter a consideración de la ciudadanía cualquier asunto que afecte a las entidades federativas o federación; y e) Revocación de mandato: para remover de su cargo a un funcionario electo antes de que concluya su periodo.

En México se publicó el 9 de agosto de 2012 el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ahí se establecieron dos instrumentos sustantivos de la participación ciudadana, a saber la consulta popular y la iniciativa ciudadana, y en evidencia otros quedaron pendientes. Sin embargo, nació un momento político diferente en que se hizo posible la participación ciudadana. Por otra parte, en Nuevo León se aprobó el 13 de mayo de 2016 la “Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Nuevo León” cuyo artículo 3º establece que la participación ciudadana es el derecho de las y los ciudadanos habitantes del Estado de Nuevo León (…) a intervenir y participar, individual o colectivamente, en las decisiones públicas, en la formulación y evaluación de las políticas, programas y actos de gobierno.