democracia

Corrupción como problema de todos

by Sofía Rosiles Hernández
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Hace unos días, en el seminario: “México 2016: el desafío anticorrupción”, se tuvo como invitado a Daniel Carrillo, dialogando sobre “Corrupción: el reto de comportamiento y el caso de Nuevo León”. A lo largo de la plática, nos presentó la corrupción con un enfoque diferente, aterrizándola a la sociedad.

Como sociedad nos es difícil aceptar, o llegar a darnos cuenta de que la corrupción es un problema de todos, cuando ésta solo culpa a las autoridades por su existencia. El tema de la corrupción es un muy amplio puesto que lo podemos definir como uso indebido de la información, soborno, fraude, extorsión, y un sin fin de palabras que se nos vienen a la mente cuando se nos menciona.

Como sociedad nos es difícil aceptar, o llegar a darnos cuenta de que la corrupción es un problema de todos, cuando ésta solo culpa a las autoridades por su existencia.

La corrupción en el país ha estado igual desde hace 30 o 40 años, pero ahora la conocemos mas, por eso está siendo un tema de moda y posiblemente el mas hablado por la sociedad. Actúa de manera ineficiente, porque no se logra alcanzar el bien común de los mexicanos. Además el debilitamiento de las instituciones dentro del sistema político, colabora para que la corrupción aumente y así deslegitima al mismo gobierno. La sociedad esta cansada del abuso del poder público para el bienestar privado, y de ver como se despilfarra el dinero originalmente para el beneficio de la ciudadanía. Pero aquí es donde entra un tema debatible, ¿el gobierno es el único que realiza actos de corrupción?

Nosotros como sociedad fallamos a nuestros valores civiles, donde todo se critica pero no se corrige. Trabajamos en conjunto para quebrantar la ley, pues es más fácil quebrarla que hacerla cumplir. El problema esta en que la misma sociedad no ha recuperado los valores, que buscan darle fin a la impunidad en México, a la desigualdad que se vive, a la discriminación, a abandonar nuestras raíces. Donde a las autoridades no se les puede culpar o no son responsables de nuestros valores, porque esos se aprenden en el hogar. Sin olvidar que el país vive con un problema de justicia y a la vez de democracia.

…el debilitamiento de las instituciones dentro del sistema político, colabora para que la corrupción aumente y así deslegitima al mismo gobierno. La sociedad esta cansada del abuso del poder público para el bienestar privado…

Les hago un llamado para que ustedes mexicanos no se sientan solos, que cuenten con esa responsabilidad de desempeñar el papel de un buen ciudadano y no dejarse llevar por la mayoría. Nosotros mexicanos solo estamos siendo habitantes y no ciudadanos. Ser un ciudadano va mas allá de solo pertenecer a un país, sino de ser un miembro activo dentro de este. Involucrarse en asuntos de la sociedad, velar por los intereses de los mismos y no solo ser un miembro más.

La corrupción ha crecido debido a nuestra falta de confianza y credibilidad en nosotros mismos. Puesto que es mas fácil hacer lo correcto cuando se te esta viendo, pero cuando no, es mas fácil faltar a tus principios, actuando con una doble moral. No culpemos a las instituciones o al mismo gobierno por los malos manejos administrativos, sino darnos cuenta que es lo que le hace falta a este país para que el habitante se sienta ciudadano y actúe como este.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

Fuero político: el “pégame pero no me dejes” legal

by Jorge Robertt Rodríguez Hernández
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Entre los principios que definen a un estado de derecho se encuentra la justicia, misma que contribuye a que existan diversos factores que integran una dualidad. Una de las manifestaciones básicas de la justicia radica en el hecho de que todo individuo sea juzgado por la ley, sin contar con privilegios como los que podría tener una persona con título nobiliario en países donde esta costumbre continúa vigente. De igual manera, la justicia debe entenderse no solo en ser juzgado por la misma ley que se aplica a todo mexicano, sino también en el hecho de ser congruentes. No puede haber democracia si no se juzga de la misma forma a cada ciudadano. Algunos defenderán a capa y espada que es necesario el fuero para que los servidores públicos no sean víctimas de ataques orquestados por opositores.

Sin embargo, de ser la posibilidad de tener en riesgo la libertad, imagen moral o integridad el motivo por el que existe este tipo de inmunidad llamado fuero, se tendría entonces que extender el fuero a diversos profesionistas, quienes arriesgan incesantemente la vida misma y no poseen una inmunidad que resulte en que la decisión de salvar su integridad física o moral recaiga sobre sujetos de su misma área de trabajo que determinen si estos deben ser o no procesados penalmente. Tanto periodistas, activistas, bomberos y doctores, por mencionar algunos, todos y cada uno de ellos arriesgan no solo su imagen pública, sino su vida a favor del pueblo más que cualquier funcionario y ninguno posee actualmente una protección que los ayude a seguir sirviendo a su gente aún cuando se tengan presuntas pruebas de participación en actos ilícitos.

Tanto periodistas, activistas, bomberos y doctores, por mencionar algunos, todos y cada uno de ellos arriesgan no solo su imagen pública, sino su vida a favor del pueblo más que cualquier funcionario y ninguno posee actualmente una protección que los ayude a seguir sirviendo a su gente aún cuando se tengan presuntas pruebas de participación en actos ilícitos.

Asimismo, si el argumento a favor del fuero es la ausencia por motivo de que al proceder penalmente se impida el ejercicio de responsabilidades del servidor público, se debería recordar que este cuenta con un suplente, para que tome su lugar cuando sea necesario; para que lo cubra todo el tiempo que haga falta. Si esto es realizado en cualquier empleo ¿por qué no habría de realizarse dentro de la política?

En las variadas esferas laborales, los patrones, los consumidores y demás implicados deben pagar el precio de que un empleado, tal vez muy capaz, se ausente por diversas causas, como por ejemplo, una procedencia penal y deba de reemplazársele todo el tiempo que permanezca la causa que lo impide realizar su labor. En la política, el pueblo está dispuesto a pagar ese precio que se paga en los demás sectores de trabajo, debido a que el fuero es equiparable a decir que: el remedio es peor que la enfermedad.

Además, como se ha observado a lo largo de la historia de nuestra nación, desde tiempos pasados hasta la actualidad, el fuero no ha servido más que para mantener en la impunidad a aquellos funcionarios que han tomado la decisión de traicionar al pueblo y han optado por perjudicarlo y despojarlo de su dignidad; con ejemplos como Medina y Duarte, en el norte y sur, respectivamente, el fuero ha demostrado ser la herramienta perfecta para que los políticos continúen empobreciendo, oprimiendo y censurando a los ciudadanos; aunado al pensamiento caudillista que parte de la sociedad mexicana posee, da como resultado que esta misma inmunidad sea considerada como una especie de “pégame pero no me dejes”, de carácter legal: ya que para salir adelante ocupamos un líder obligatoriamente, no importa si este ha cometido un acto ilícito, pues más vale estar mal acompañados que solos, pues como ciudadanos no podemos hacer algo sin ayuda de nuestros políticos.

…como se ha observado a lo largo de la historia de nuestra nación, desde tiempos pasados hasta la actualidad, el fuero no ha servido más que para mantener en la impunidad a aquellos funcionarios que han tomado la decisión de traicionar al pueblo y han optado por perjudicarlo y despojarlo de su dignidad…

He ahí una justificación pobre que a veces llega a emplearse para mantener vigente el fuero político. No obstante, como sociedad siempre se puede cambiar y comenzar a hacer frente a esta situación, exigiendo la derogación de este artilugio, cuya función no radica más que en conservar este régimen, donde individuos con la responsabilidad de velar por los intereses populares se reparten el botín que proviene de cada uno de nosotros como contribuyentes.

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EL TALON DE AQUILES: “EL MANIFIESTO DE PAZ SOSTENIBLE (PRIMERA PARTE)”

by Fernando A. Chinchilla
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El lunes 14 de marzo de 2016 fundamos, en la ciudad de Monterrey, una organización no gubernamental, sin fines de lucro, cuyo nombre oficial es “Laboratorio Transnacional Paz Sostenible”. La ONG, laboratorio de investigación (Think Tank), Grupo de Defensa (Advocacy Group), y Asociación Profesional a la vez, se caracteriza por ser una iniciativa independiente, interinstitucional y multidisciplinaria, de investigación especializada en violencia colectiva y paz. En esta primera parte del “Manifiesto” de la organización, y teniendo como meta explicar los alcances del proyecto, haré hincapié en sus objetivos generales y específicos, la justificación para su existencia, y su aporte a la teoría y praxis en la resolución de conflictos.

Primero pienso, pero luego existo. El objetivo de “Paz Sostenible” es producir y divulgar conocimiento científico (académico) y aplicado (consultorías) para mejorar la gobernanza local, nacional e internacional, favoreciendo así la consolidación de la paz. Para ello, esperamos, por un lado, producir investigación científica en temas relacionados a la paz, inscribiendo nuestra reflexión en las tendencias en los estudios comparados, internacionales, y de otros saberes de las ciencias sociales. Favorecemos el intercambio entre expertos para alimentar la innovación teórica y práctica que originen enfoques multidisciplinarios. Por otro lado, deseamos desarrollar esfuerzos en investigación aplicada, es decir en consultorías a clientes públicos y privados, no solo para generar los recursos que nos permitirán crecer, sino también para incidir en el “mundo real”. Uno de los retos de nuestra generación es ejecutar ideas que cambien el mundo en el que vivimos: diagnósticos ya tenemos de sobra; lo que hace falta es actuar, y hacerlo bien. Por ello, otra de las metas de este Laboratorio es crear convergencias interinstitucionales para que universidades, sociedad civil (empresa privada, ONGs), y el Estado, cooperen más en los temas que nos interesan, e intervengan mejor para lograr una paz sostenible. El Laboratorio nace libre de amarras institucionales y mentales; no tenemos miedo a innovar, sabemos como hacerlo, y no tenemos límites institucionales que nos lo impida.

El objetivo de “Paz Sostenible” es producir y divulgar conocimiento científico (académico) y aplicado (consultorías) para mejorar la gobernanza local, nacional e internacional, favoreciendo así la consolidación de la paz.

Para cumplir con estos objetivos, es primordial desarrollar dos componentes. Primero, debemos tener un programa de publicaciones dinámico y flexible el cual incluya boletines informativos (Newsletters), revistas de divulgación destinadas al público en general, y revistas académicas indexadas a los índices especializados. Dicha diversidad va acorde con las áreas de interés y el tipo de conocimiento que nos interesa desarrollar. También deben nuestros investigadores titulares y asistentes de investigación publicar en nuestro nombre. Segundo, es primordial desarrollar un componente prescriptivo, es decir, esperamos denunciar y tomar posiciones públicas sobre los temas que nos competen, sobre todo en lo que a derechos humanos, la paz, y/o la democracia se refiere. No nos escudaremos con la “neutralidad científica” para justificar ideologías asépticas o para rehuir valores a los que adherimos y que dan sentido a nuestra reflexión. ¿Para qué pensar sin existir?

Lo importante no es el qué, sino el por qué. Hace poco menos de dos años, escribía en el marco de otro proyecto, que existía efervescencia en el campo de la resolución de conflictos, en el estudio de las causas, dinámicas y efectos de la violencia colectiva, y en su prevención, gestión, transformación, y resolución. En efecto, maestrías, doctorados, y especializaciones en temas como la asistencia humanitaria, el nacionalismo, las identidades y los estudios sobre la paz, aumentaban sin cesar, al tiempo que nuevas ONGs, laboratorios de investigación independientes o autónomos, se multiplicaban. Eso era cierto en el 2014, y lo sigue siendo hoy. ¿Entonces por qué saturar con un Laboratorio más? Para responder a esta pregunta, es necesario considerar tres elementos.

…es primordial desarrollar un componente prescriptivo … esperamos denunciar y tomar posiciones públicas sobre los temas que nos competen, sobre todo en lo que a derechos humanos, la paz, y/o la democracia se refiere. No nos escudaremos con la “neutralidad científica” para justificar ideologías asépticas o para rehuir valores a los que adherimos y que dan sentido a nuestra reflexión.

Primero, sigue siendo necesario, ahora más que nunca, apoyar la generación de perspectivas multidisciplinarias y transnacionales. La necesidad de la multidisciplinariedad es un llamado que siempre tendrá acogida, porque está de moda argumentar que la complejidad de los problemas actuales requieren de soluciones holísticas, y porque nadie se opone a la virtud, al menos públicamente. ¿Quién defendería a plena luz del día la idea que es malo que profesionales de diversos horizontes cooperen? Pero del dicho al hecho hay mucho trecho, y los enfoques multidisciplinarios no son tan fáciles de encontrar, por razones cuya explicación va más allá de los propósitos de este texto. Eso sí, me interesa resaltar que no hay que subestimar esta contribución ni el esfuerzo que tomará concretizarla.

Segundo, es vital acercar a los sectores académicos, gubernamentales, y de la sociedad civil nacional e internacional para generar mayor coordinación (lo que se conoce usualmente con el nombre de “Gobernanza”). Y esto tampoco será fácil. No es poco común que desde la academia se vea con cierta condescendencia a algunos políticos (a veces considerados “corruptos” y/o “incapaces”), y que la sociedad civil crea que los universitarios viven en una torre de marfil, aislados de la realidad. También el gobierno puede ver a las universidades y a la sociedad civil como actores políticos–enemigos o aliados–con sus propios intereses. Además, afiliaciones partidarias atraviesan de lo nacional a lo local (el gobierno nacional es aliado u oponente de gobiernos locales, dependiendo de la configuración de los partidos en el poder), y administrativos que dirigen centros de educación superior, y que no entienden la palabra “academia”, pueden ver en otras universidades no puntos de coincidencia, sino amenazas de competencia. En síntesis, crear convergencias interinstitucionales no es tarea fácil en ninguno de los sectores con los que trabajaremos.

Tercero, debemos producir simultáneamente una reflexión imparcial, integral, y balanceada, lo cual tampoco será fácil. El Laboratorio es diverso pues creemos que la riqueza está en diferentes formas de pensar. Forjar entonces una visión consensuada, o al menos mayoritaria, será una labor ardua pero necesaria. No solo nuestro rol social depende de ello sino también nuestra credibilidad. Con la diplomacia y el respeto que nuestros interlocutores se merecen, tendremos la claridad mental y la ética profesional que nos comprometen con nuestros principios, y la disposición para defender nuestros valores con los recursos intelectuales que tenemos a nuestra disposición.

El Laboratorio Transnacional Paz Sostenible explora entonces temas relacionados a la paz viendo la integralidad del fenómeno y relacionándolo con (pero sin limitarlo a) las interacciones intra e interestatales. La paz es un fenómeno que puede y debe ser estudiado desde una perspectiva transnacional.

Nuestra contribución. En América Latina, a pesar de doscientos años de experiencias revolucionarias, contra-revolucionarias, de perniciosos autoritarismos (de izquierda y de derecha), de procesos de pacificación inéditos, de retóricos apoyos a los derechos humanos, y de despliegues multilaterales de mantenimiento de paz, siguen siendo escasos los estudios en resolución de conflicto. África sigue cautivando el interés de más analistas (si bien el Cercano Oriente y el Sur de Asia siguen llamando poderosamente la atención). La reflexión teórica en nuestra región escasea, y aun menos frecuente es la resultante de la experiencia práctica. Mientras tanto, países como Honduras y Guatemala siguen dando signos alarmantes de degradación de capacidades estatales. Subsisten además dependencias crónicas a la presencia externa (Haití). Aunque se vislumbra una salida al conflicto armado colombiano, el mismo sigue activo. Y las organizaciones criminales siguen extendiendo sus tentáculos a lo largo de la región, manteniéndose como actores transnacionales de primer orden.

Paz Sostenible ofrece una contribución innovadora y original. El Laboratorio está llamado a ser un puente que une, con proyectos puntuales, a académicos, sociedad civil, y gobiernos, interesados en estudiar y actuar en temas de paz. El ámbito de acción es entonces local, regional, nacional, e internacional. Se trata además de un proyecto–y esto no lo había desarrollado–que también propone una asociación profesional “tradicional”. Es decir, aceptamos membresías (pronto publicaremos las reglas de adhesión), esperamos organizar congresos, y vamos a cumplir con las típicas funciones que normalmente ejecuta una asociación profesional. Finalmente, se trata de una iniciativa que, al no tener límite geográfico, es libre de desarrollar perspectivas comparadas que saquen a relucir diferencias y similitudes de diversos casos, o internacionales, centradas en la interdependencia de los problemas del mundo globalizado de hoy. Es cierto, por estar basados en México, nos interesaremos más, al menos en este punto de arranque, en América Latina. Pero eso no sucederá en perjuicio de otras regiones o de oportunidades de crecimiento institucional generadas en la ruta. Al fin y al cabo, nuestro enfoque es “transnacional”.

El Laboratorio es diverso pues creemos que la riqueza está en diferentes formas de pensar. Forjar entonces una visión consensuada… será una labor ardua pero necesaria. No solo nuestro rol social depende de ello sino también nuestra credibilidad.

Epílogo (preliminar). Así, desearía terminar esta primera parte del Manifiesto de Paz Sostenible refiriéndome a la noción de “transnacionalismo”: un fenómeno es “transnacional” cuando, aunque suceda en espacios nacionales, trasciende las fronteras, se extiende entre varias naciones (y no necesariamente Estados), y obedece a una lógica que va más allá de lo que sucede entre las fronteras nacionales y por encima de ellas. Hay pues una diferencia entre lo transnacional, lo nacional, lo internacional, y lo supranacional. El Laboratorio Transnacional Paz Sostenible explora entonces temas relacionados a la paz viendo la integralidad del fenómeno y relacionándolo con (pero sin limitarlo a) las interacciones intra e interestatales. La paz es un fenómeno que puede y debe ser estudiado desde una perspectiva transnacional. Doy gracias, en orden alfabético, a Karina Flores, Oscar Flores, Fernando Jiménez, y Magda Robles, por aceptar aventurarse conmigo en este proyecto. También deseo reconocer el “interés desinteresado” de Alejandra Buitrón y Juan Cortés, nuestros asistentes de investigación, ambos estudiantes de la Universidad de Monterrey (UDEM), en darnos una mano para lanzar el Laboratorio.

No queda más que enrollarse las mangas y empezar a trabajar. Seamos más que expertos en construcción de paz; seamos constructores de paz. Mayor información sobre el laboratorio es accesible en nuestro sitio web y por la página Facebook. Es posible también escribirnos a: info@pazsostenible.org

Fernando A. Chinchilla
Ciudad de México (México), abril de 2016

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Colosio: la creación de una mentira

by José de Jesús Galindo
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En este 23 de marzo pasado se cumplieron 22 años del asesinato del excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio, una fecha fatídica de ese 1994 tan convulsionado para el país. Un evento que aunque hoy no sea tan relevante para algunos, fue un parteaguas que cambió la historia de México.

Este suceso tuvo un impacto muy negativo en la economía nacional, como antes mencioné, 1994 fue un año de muchas turbulencias financieras que afectaron a México, propiciadas en parte por el levantamiento del EZLN y el asesinato de Ruiz Massieu, presidente del PRI y cuñado del presidente Salinas. Todo esto terminó como supimos en una devaluación, el famoso “Error de diciembre”.

Un recinto poco custodiado, un lugar peligroso por su naturaleza, Lomas Taurinas, en Tijuana, fue el escenario para una tragedia y así ocurrió.

Sin embargo, hoy, en el 2016, ¿Quién es Colosio?. Luis Donaldo Colosio se ha vuelto una especie de mártir político creado y solidificado por el PRI, un político asesinado en el régimen más oscuro, quizás, del siglo XX. Ese héroe y leyenda que se nos ha vendido, ¿Realmente era un apóstol de la democracia o un mito creado por el salinismo?, ¿Es realmente un mártir o un asesinato más del régimen en turno?…

Los medios de comunicación tienen un gran peso en esta historia, sensacionalizan con su muerte y el misterio de los hechos; en pocas palabras, han institucionalizado una tragedia apelando a los sentimientos dejando fuera el raciocinio y el contexto del momento.

La historia nos dice que fue un político priista de la estructura, apegado al régimen, coordinador de campaña de la elección de Salinas, siempre fiel a los intereses de su partido, tanto así que fue partícipe del fraude electoral de 1988. Con todas sus letras, Luis Donaldo Colosio es un héroe de papel, un mito, un invento manufacturado por la clase política para ocultar la perversidad y la crisis del régimen en turno. Una mentira que se nos ha repetido una y otra vez hasta que la gente se la crea. Un disparo mortal convertido en un martirio injusto, una muerte innecesaria que pagó los platos rotos de un gobierno de dudosa legitimidad.

Políticos de todos los partidos han ayudado a la creación de este mito en un halo casi de santidad del sonorense, creando un personaje mesiánico, ese típico héroe del imaginario colectivo mexicano que muere en el intento de salvar a su pueblo.
Paradójicamente, el mayor aporte a la democratización dentro del PRI y hacia afuera que aportó el salinismo y/o Colosio como presidente del PRI fue su propia muerte…

Calles, colonias, escuelas, bulevares y monumentos harán a un hombre que injustamente murió pero que ha sido usado por el priismo como su “ídolo de barro” en tiempos de crisis. Un hombre que fue un político más de finales de los 80s, un hombre que tenía pie y medio en Los Pinos y lo bajaron a la mala.

Políticos de todos los partidos han ayudado a la creación de este mito en un halo casi de santidad del sonorense, creando un personaje mesiánico, ese típico héroe del imaginario colectivo mexicano que muere en el intento de salvar a su pueblo.

Tal como dice Luis García Abusaíd, “Un partido político que no posee ideología, fabrica mitos para mantener la unidad de sus militantes”.

Los medios de comunicación tienen un gran peso en esta historia, sensacionalizan con su muerte y el misterio de los hechos; en pocas palabras, han institucionalizado una tragedia apelando a los sentimientos dejando fuera el raciocinio y el contexto del momento.

Rumores, teorías, procuradores han pasado y pasarán y el tema nunca se habrá resuelto, sin embargo, más allá de que si Mario Aburto es el asesino real, la verdad de la historia seguirá en el aire, una verdad incómoda para difundir…

Lo dicho, dicho está.

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Democratización del poder judicial: ¿Un bien necesario?

by Jorge Robertt Rodríguez Hernández
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“Una gran democracia debe progresar o pronto dejará de ser o grande o democracia.”
–Theodore Roosevelt

Desde que México se ha pronunciado, de acuerdo al artículo 40 constitucional, como una “República representativa, democrática, laica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos”, se ha concebido al voto de la ciudadanía como un derecho y obligación para designar a los poderes ejecutivo y legislativo. No obstante, en un esfuerzo por analizar y obtener conclusiones en base a la realidad, habría que cuestionarse ¿Qué hay del poder judicial? ¿Por qué si o por qué no debería de someterse a un proceso de “democratización”?

Retornando al aspecto constitucional, en la carta magna se estipulan dentro del capítulo IV, los procesos que designan a los integrantes del poder judicial; sea a través de una terna sometida por el poder ejecutivo que sea considerada por el senado, o por medio del mismo poder judicial, en cada nombramiento no hay presencia alguna de sufragio. A lo mucho, podría argumentarse en el caso de la terna convocada por el presidente electo para cubrir las vacantes de ministro de la suprema corte, una tenue aparición del voto popular. Lo anterior claro, en el supuesto en el que la ciudadanía sepa de esta facultad que posee el ejecutivo, e igualmente, que tal conocimiento influya en la elección por el candidato, lo cual dudo enormemente.

…La democracia, al igual que los derechos fundamentales, deberán ser progresivos, por lo que considero menester el hecho de evaluar la posibilidad de incluir el sufragio dentro del sistema judicial, tal como se realiza en los Estados Unidos y en algunos países de Europa.

En base a lo anterior, y en observancia de la misma situación en cuanto a las constituciones locales de cada entidad federativa, se puede afirmar lo siguiente: Actualmente no existen cargos en el poder judicial que sean designados democráticamente. Lo único que se aprecia en la designación de los puestos judiciales es una intervención exclusiva de dos de los tres poderes de la unión, en este caso el ejecutivo y el mismo poder judicial, dejando de lado a quien le deben su existencia: al pueblo.

Bien podrían establecerse argumentos para justificar esta ausencia de democracia, como aseverar que es necesario contar con personas preparadas para ostentar tales cargos. No obstante, frente a este argumento a favor de la inexistencia de la democracia en el poder judicial, cabría preguntarse lo siguiente: ¿Y no es necesario también disponer de personas capaces para algo tan importante como la creación de leyes, en el caso del poder legislativo? ¿No es imprescindible contar con un ciudadano con la debida preparación para ocupar el cargo de presidente de la república?

Estas interrogantes habrían de llevarnos a reconocer que en los tres poderes de la unión se necesitan personas preparadas, lo cual no debe por un lado, suspender la problemática planteada, ni por otro aseverar que la única solución para tal problemática sea el aumento de requisitos para algunos cargos públicos de elección popular (habría que tomarse en cuenta otras opciones, como la creación de un sistema de evaluación para funcionarios públicos, o bien, la revocación de mandato). Aparte de lo planteado, cabría incorporar, además de las cuestiones previas, una tercera pregunta: ¿Cómo es posible que el pueblo designe a quién creará, reformará y adicionará las normas (poder legislativo), pero no designe a quienes vayan a garantizar su cumplimiento (poder judicial)?

Actualmente no existen cargos en el poder judicial que sean designados democráticamente. Lo único que se aprecia en la designación de los puestos judiciales es una intervención exclusiva de dos de los tres poderes de la unión, en este caso el ejecutivo y el mismo poder judicial, dejando de lado a quien le deben su existencia: al pueblo.

Puntualizando los cuestionamientos anteriores, concluyo con lo siguiente: La democracia, al igual que los derechos fundamentales, deberán ser progresivos, por lo que considero menester el hecho de evaluar la posibilidad de incluir el sufragio dentro del sistema judicial, tal como se realiza en los Estados Unidos y en algunos países de Europa.

Finalmente, cierro con una frase que hace tiempo mencionaba alguien cercano a mi “Si como ciudadanos confiamos por medio del voto la tarea de cambiar nuestra constitución y la tarea de que alguien nos represente como presidente de la república frente a otras naciones, por supuesto que habríamos de confiar a través de ese voto a quienes nos vayan a juzgar al momento de encontrarnos en conflicto con la ley”.

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Transparencia e información como garantía democrática: El procedimiento para la CEDHNL

by Samuel Ramírez Mejía
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El próximo 1° de febrero, el Congreso del Estado iniciará el segundo período ordinario de su primer año legislativo. Entre otros pendientes de la agenda legislativa se encuentra la designación de la persona que deberá fungir por los próximos cuatro años como titular de la Presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL).

Estas breves líneas las escribo más bien para sostener la validez constitucional y democrática del procedimiento de consulta que se siguió para que el Ejecutivo pudiera enviar su propuesta.

El 14 de enero pasado, el Ejecutivo estatal remitió al Congreso su primera opción como propuesta: el profesor Eduardo Román González. En segunda posición, está la también profesora universitaria Magda Yadira Robles y, como tercer lugar, la actual consejera electoral de la Comisión Estatal Electoral, Sofía Velasco. Aunque por razones profesionales estimo que el mejor perfil es justamente el del profesor Román, estas breves líneas las escribo más bien para sostener la validez constitucional y democrática del procedimiento de consulta que se siguió para que el Ejecutivo pudiera enviar su propuesta.

Tanto el procedimiento seguido como su resultado representan para todas las personas en Nuevo León una garantía democrática.

Afirmo que el resultado del procedimiento no solamente es constitucionalmente sólido, sino, además, y tal vez más importante aún, que el resultado de dicho procedimiento; por primera vez en la historia de la integración del organismo protector de derechos humanos en nuestro estado, se ha permitido que todas las personas antes referidas sean una garantía de seriedad, conocimiento, profesionalismo y honradez en la encomienda de presidir la CEDHNL. En otras palabras, sostengo que tanto el procedimiento seguido como su resultado representan para todas las personas en Nuevo León una garantía democrática.

En efecto, conforme a modelos de democracia participativa o de autonomía democrática, una de sus características fundamentales es un sistema abierto de información con el fin de garantizar decisiones informadas acerca de todas las cuestiones públicas (Held, Modelos de democracia, 1992). Pues bien, el procedimiento delineado en la convocatoria publicada el 16 de diciembre pasado, así como su implementación y posteriores decisiones, fue transparente y permitió, notablemente, que las personas contáramos con información relevante del perfil, trayectoria, plan de trabajo y habilidades de los aspirantes registrados. Valga un solo ejemplo, la etapa de desempate que se realizó entre el profesor Román y la Doctora Robles, resultó un ejercicio de apertura democrática sin paralelo. Todo el procedimiento mismo, ojalá sea considerado para futuras designaciones de órganos públicos con relevancia constitucional.

Por otra parte, el fundamento de la convocatoria misma es un adelanto en la práctica constitucional de nuestro país que no puede tener marcha atrás. Me explico: uno de los fundamentos de la convocatoria es el artículo 102, apartado B, párrafo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). Dicho párrafo fue adicionado mediante reforma publicada el 10 de junio de 2011 (Diario Oficial de la Federación), y en él se estableció que los “titulares de los organismos de protección de los derechos humanos de las entidades federativas, se ajustarán a un procedimiento de consulta pública, que deberá ser transparente, en los términos y condiciones que determine la ley.” En los artículos transitorios de la señalada reforma se fijó un plazo de un año a fin de que las legislaturas estatales realizaran la adecuación correspondiente: si el Congreso del Estado no realizó la reforma pertinente, ¿significaba esto que no era constitucionalmente válido realizar un procedimiento de consulta abierto y transparente? Me parece que en un régimen democrático la Constitución es la guía principal en la actuación de las autoridades. Estimo que si la Constitución es en verdad normativa, el procedimiento y su resultado son jurídicamente correctos.

En suma, Constitución y democracia son términos inescindibles. En este sentido, la convocatoria, el procedimiento y el resultado obtenido para la propuesta del Ejecutivo a fin de integrar la Presidencia de la CEDHNL son, a no dudarlo, una garantía objetiva y democrática para las personas que vivimos en Nuevo León. Quien aún tenga dudas al respecto sólo debe analizar los perfiles y trayectorias de las tres personas que llegaron a la terna final. Estoy seguro que cualquiera realizará una excelente labor en la protección de los derechos humanos en nuestro estado.

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El gigante dormido

by Roberto Martínez
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De las treinta y dos entidades que integran la república mexicana, nueve no conocen la alternancia democrática. En Campeche, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Hidalgo, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz, el PRI ha gobernado a nivel estatal desde que existe como partido.

¿Habrán encontrado los priistas la fórmula mágica para seguir siendo la preferencia electoral de la mayoría en aquellos estados tras casi noventa años ininterrumpidos en el poder?

Es bien sabido —y se observa día con día— que gobernar desgasta el capital político de las facciones partidistas. ¿Habrán encontrado los priistas la fórmula mágica para seguir siendo la preferencia electoral de la mayoría en aquellos estados tras casi noventa años ininterrumpidos en el poder? ¿Existe un avance científico que ha incrustado en el ADN de los mexicanos el fervor revolucionario-caudillista, como un culto al partido tricolor? La respuesta a ambas preguntas es un categórico “no”.

En las democracias avanzadas, los cambios en el control político reflejan el natural y cambiante sentir de la sociedad que gobiernan. La cultura popular ha popularizado la idea de que, en la vida, el cambio es la única constante. Las preocupaciones ciudadanas se desencadenan en mayorías que llevan al gobierno a las fuerzas opositoras, ello ante la frustración causada por una mezcla de irresponsabilidad con el sentimiento de insatisfacción que dejan las limitaciones propias del actuar gubernamental.

Existen dos posibilidades: en esos nueve estados, que no conocen la alternancia, seguimos siendo una democracia de tercer mundo; o hemos encontrado una verdadera utopía en la que existe un fenómeno social sin precedentes, en el que el poder político no desgasta porque se ejerce bien, el sentir ciudadano de la mayoría es estático e inmutable, y las pocas exigencias colectivas cambiantes se desahogan y satisfacen a través de la burocracia.

¿Ha pasado la dictadura perfecta de la imposición a la aceptación? Recuerdo que alguna vez alguien me dijo: “El mexicano promedio toma cerveza, le va al América, ve Televisa y vota por el PRI.”

¿Ha pasado la dictadura perfecta de la imposición a la aceptación? Recuerdo que alguna vez alguien me dijo: “El mexicano promedio toma cerveza, le va al América, ve Televisa y vota por el PRI.”

¿El control de la prensa en Coahuila y Quintana Roo, habrá desincentivado el pensamiento crítico? ¿Estará dormido, en Hidalgo y Durango, el gigante, que es la conciencia ciudadana? ¿En Veracruz y Campeche, el yugo de la pobreza habrá desplazado la preocupación por el desarrollo democrático? ¿Las mafias criminales se habrán apoderado de Tamaulipas, y las sociedades secretas, del Estado de México? ¿Tendrá Colima la oportunidad de reivindicarse este domingo, en las votaciones de la elección extraordinaria a gobernador? ¿La desigualdad económica, se habrá acentuado tanto que ha alineado los intereses políticos de las clases altas y bajas?

Creo que para lograr prosperidad, estabilidad y un desarrollo balanceado y sustentable de todos los sectores de la sociedad, la alternancia entre las facciones políticas es necesaria.

Creo que para lograr prosperidad, estabilidad y un desarrollo balanceado y sustentable de todos los sectores de la sociedad, la alternancia entre las facciones políticas es necesaria. El Estado de Derecho en México tiene un arduo trabajo por terminar. Es necesario continuar pugnando por el fortalecimiento de nuestras instituciones para incentivar la participación ciudadana y el desarrollo social, para lograr una conciencia ciudadana más libre.

El PNR –la primera versión de PRI– se fundó en 1929. ¿Continuará gobernando el grupo político de los sindicatos, el clientelismo y el corporativismo ininterrumpidamente tres sexenios más en aquellos nueve estados? Dicen que no hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo aguante…

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Revocación del mandato: inconstitucional

by María Santos
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Entre las múltiples figuras de participación ciudadana, la que más ha llamado la atención últimamente es la de la revocación del mandato.

Esta figura jurídica es un procedimiento de participación ciudadana por medio del cual la ciudadanía puede dar por concluido el mandato que se le ha conferido por medio del voto popular a cierto funcionario público (ya sea alcaldes, gobernadores o presidentes).

Los argumentos más populares a favor y en contra de la revocación del mandato son los siguientes:

Argumentos a favor

Es una forma de democracia directa sustentada en la soberanía popular, resulta lógico que quien elija a sus gobernantes pueda también destituirlos si no hacen un buen trabajo.

1. Es una forma de democracia directa sustentada en la soberanía popular, resulta lógico que quien elija a sus gobernantes pueda también destituirlos si no hacen un buen trabajo.
2. Medida de presión para mantener la cercanía entre los funcionarios y la ciudadanía.
3. Promueve la participación ciudadana, pues la ciudadanía tendría que mantenerse vigilante y crítica de la actuación de sus gobernantes.
4. Se fortalece el sistema representativo, ya que el funcionario buscará tomar decisiones conforme a lo que la ciudadanía desee.

Argumentos en contra

1. El momento correcto para la evaluación popular de un funcionario es al finalizar su cargo.
2. El procedimiento revocatorio es polarizado y plagado de emociones que confunden al electorado.
3. Puede provocar rigidez en el funcionario por miedo a actuar.
4. Tendría un alto costo la realización del procedimiento.

Se dice que es hasta finalizar el cargo cuando es oportuno evaluar al funcionario, pero no estimo que esto sea lo correcto porque de nada sirve en la praxis el señalar defectos de una administración si ya no puede hacerse nada para revertirlo.

Como yo estoy a favor de la revocación de mandato, me queda decir que suscribo los argumentos a favor y que discrepo de cada uno de los de en contra. Se dice que es hasta finalizar el cargo cuando es oportuno evaluar al funcionario, pero no estimo que esto sea lo correcto porque de nada sirve en la praxis el señalar defectos de una administración si ya no puede hacerse nada para revertirlo. En cambio, a la mitad de su mandato (por ejemplo), si se considera que el funcionario ha actuado mal, se puede evitar mayor daño para la ciudadanía.

En cuanto a que el procedimiento revocatorio está lleno de emociones que confunden al electorado, no me había encontrado con un argumento tan bobo. Suscribo que la revocación del mandato puede estar plagada de confusiones y se presta a manipulación de las masas por medio de otros grupos políticos y los medios de comunicación (¿o medios de desinformación?)… Pero, ¿no es eso lo que sucede en cada una de las elecciones populares? Si a esas vamos, mejor no tengamos una república democrática.

En cuanto a que puede causar rigidez en el funcionario por medio a que sus decisiones sean reprobadas por la ciudadanía, si bien es en parte cierto, más bien puede ayudar ese miedo a que se tome más en cuenta la opinión y los deseos de la ciudadanía. Suscribiría ese argumento si estuviéramos hablando de la eliminación del fuero político, pero estamos hablando de una evaluación ciudadana a los funcionarios que han utilizado mal el poder que les fue conferido.

También se dice que sufriríamos un alto costo debido a la realización del procedimiento revocatorio. Y sí. Pero digo, nuevamente, ¿no es eso lo que gastamos en cada una de las elecciones populares? ¿No es mejor gastar recursos del erario en un instrumento democrático al que la ciudadanía debiera tener el derecho garantizado en lugar de gastar en sobornos, dádivas y otras cosas para las que son usados nuestros recursos? Además, si se gastan más de 40 millones de pesos al año para mantener a nuestros ex presidentes, podemos gastar en un instrumento de participación ciudadana que resulta necesario tener.

Estimo que al intentar participar en las decisiones o evaluar a nuestros gobernantes, debemos primero agotar todos los demás mecanismos de participación ciudadana.

Quiero precisar que, si bien estoy a favor de que se legisle sobre la figura de la revocación de mandato a nivel federal y a nivel local en todas las entidades federativas, eso no significa que lo promueva como primera opción. Es decir, estimo que al intentar participar en las decisiones o evaluar a nuestros gobernantes, debemos primero agotar todos los demás mecanismos de participación ciudadana (como lo son las iniciativas populares, las contralorías ciudadanas, las consultas populares, entre otras figuras) y dejar como último recurso la figura de la revocación del mandato. Esto, con el objetivo de tener un mayor control y evitar que la ciudadanía se apresure en tomar una decisión radical sin antes haber analizado con detenimiento la administración del funcionario que busca destituir.

Sí puede considerarse a la revocación del mandato como un derecho político inalienable del ciudadano, basándose en el principio constitucional de la soberanía popular. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha declarado inconstitucional a dicha figura jurídica y, ante esa jurisprudencia, ya no hay marco de actuación en las Constituciones y legislaciones locales. Ganó el “en contra” en este debate. Y esto desde el 2012 (año de una de las jurisprudencias emitidas por la Corte).

Y, aún así, vemos cómo los legisladores del estado de Nuevo León se felicitan mutuamente por la recién aprobada Ley de Participación Ciudadana, celebrando como logro principal la aprobación de la figura de la revocación del mandato.

No hay que dejarnos manipular. Para empezar, fue aprobada unánimemente. Y vemos a muchos diputados adjudicarse la “lucha ganada” por la aprobación de esta ley y criticando a los de otros partidos (penoso ver peleas entre nuestros diputados en lugar de acuerdos en pro de la ciudadanía). En segundo lugar, no es logro de los diputados, sino logro de las organizaciones de la sociedad civil que llevan aproximadamente 10 años impulsando esta ley.

En tercer lugar, no es siquiera un logro tal cual, puesto que es una ley incompleta (como dicen, es “atole con el dedo”), ya que se crean figuras con facultades que realmente cualquier ciudadano tiene (como las contralorías ciudadanas) y se limita el ejercicio de ciertos mecanismos por los reglamentos que emitirían el estado y los municipios (como los consejos consultivos ciudadanos). Así, hay muchas “trampas” en la ley que lo único que hacen es, repito, darnos “atole con el dedo”.

Y por último, pero no menos importante, está el hecho de que la revocación del mandato, como ya se mencionó, es inconstitucional por jurisprudencia de la Corte. O sea, no sirve de nada que aprueben una ley que contemple esta figura o reformen la Constitución local para que pueda legislarse al respecto. A continuación, transcribo un extracto de la jurisprudencia en cuestión:

Acción de inconstitucionalidad 8/2010

Revocación del mandato conferido al gobernador y a los diputados locales. Constituye una forma de dar por terminado el cargo de los servidores públicos referidos que carece de sustento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El artículo 109, fracción I, de la Constitución General establece como única forma de dar por terminado el ejercicio de los cargos públicos como los de gobernador y diputados de la Legislatura Estatal antes de la conclusión legal de su mandato, la de la responsabilidad de los servidores públicos, sin que pueda establecerse válidamente una diferente en las Constituciones de los Estados. De ahí que la figura de la revocación del mandato conferido al gobernador y a los diputados locales, como facultad del Congreso del Estado, constituye una forma de dar por terminado su cargo que carece de sustento constitucional.

El Tribunal Pleno, el primero de octubre en curso, aprobó, con el número 21/2012 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a primero de octubre de dos mil doce.

Estimo infundado que la Corte haya declarado que la figura de la revocación del mandato no tiene fundamento constitucional, ya que el sustento es precisamente el principio de la soberanía popular.

No obstante, así es: la revocación del mandato es inconstitucional. Entonces, cuidado con dejarse manipular por nuestros diputados locales. La joya de su “gran logro”, la aprobación de la revocación del mandato dentro de la Ley de Participación Ciudadana, no sirve para absolutamente nada.

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