#BajatedelPRI: Como llegaron a 10m de afiliados

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Es posible que estés afiliado al Partido Revolucionario Institucional y tú no te hayas dado cuenta. En los días recientes se ha vuelto popular el hashtag #BajatedelPRI, después de que varias personas se quejaran y denunciaran que aparecen en el padrón de afiliados del PRI, pero estos nunca han llenado ni siquiera llenado la forma para afiliarse.

En el padrón de afiliados del partido aparecen actuales candidatos a diferentes puesto públicos en los estados de Sinaloa, Chihuahua y Puebla. También hay consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), así como personas acusadas de trabajar para el crimen organizado. Al parecer todo esto se trata de un mecanismo rudo de afiliación del PRI a consecuencia de la nueva Ley Electoral que entro en vigor en el 2013 y que obliga a los partidos a mantener el 0.26 del padrón nacional electoral como afiliados.

La afiliación masiva al PRI, a la fuerza, es un claro delito a la ley electoral, peor más allá de eso también a la Ley de Protección de Datos Personales, pues para registrar a la personas que tienen tuvieron que tener acceso a nombres completos, direcciones y hasta teléfonos.

Actualmente hay cuatro candidatos a gobernador en diferentes entidades y varias personas que están buscando puestos públicos por la vía independiente, en la mayoría de los casos los candidatos han negado que en algún momento han sido afiliados al PRI. En el caso de José Antonio Gali, candidato del Partido Acción Nacional al Gobierno de Puebla acusó al PRI de haberlo afiliado de una forma “anómala”. También hay casos de consejeros del INE que aparecen en el padrón, pero estos nunca han formado parte del partido, como por ejemplo César Augusto Gutiérrez en Chihuahua.

Esto no solamente se limita a personajes públicos, pues en la página de Facebook de la iniciativa ciudadana #BajateDelPRI, la cual recibe y recopila casos de personas que han encontrado sus nombres en el padrón del PRI, existen muchas denuncias de ciudadanos que han encontrado sus nombres y que por medio de una carta que este mismo sitio proporciona han pedido que sea desafiliados, pero en ocasiones no se permite la desafiliación.

Lo que si me preocupa es que tan fácil el INE filtro información sobre el padrón electoral y el mal uso que un partido político le dio al mismo y que por lo tanto no estamos protegidos.

La afiliación masiva al PRI, a la fuerza, es un claro delito a la ley electoral, peor más allá de eso también a la Ley de Protección de Datos Personales, pues para registrar a la personas que tienen tuvieron que tener acceso a nombres completos, direcciones y hasta teléfonos. Actualmente la gente tiene la posibilidad de que si encuentra su nombre en el padrón del PRI, de denunciar por abuso.

Yo me busque el día de ayer y no me pude encontrar, pero eso no significa que tú, o alguno otro de tus familiares o amigos no aparezcan. Lo que si me preocupa es que tan fácil el INE filtro información sobre el padrón electoral y el mal uso que un partido político le dio al mismo y que por lo tanto no estamos protegidos. También cuestiono la perversidad con la que el PRI pudo haber hecho esta afiliación masiva, más allá de sus intereses para poder cumplir con la Ley Electoral.

Te invitamos a que te busques en el padrón electoral del PRI en el siguiente enlace: http://pri.org.mx/JuntosHacemosMas/NuestroPartido/MiembrosAfiliados.aspx

Si te encuentras te invitamos a que denuncies y envíes la carta que promueve #BajatedelPRI: http://www.bajatedelpri.com

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

Representación indígena en el congreso

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Como consecuencia del legado que actualmente se conserva de la cultura prehispánica, se puede concebir como uno de los pilares de la sociedad mexicana la pluralidad en sus diversas manifestaciones, como lo son las tradiciones, lenguas, valores y una diversidad de ideologías de cada pueblo originario. Es esa conservación de la pluralidad la que contribuye a legitimar cualquier sistema democrático, así como legitimar el compromiso que cualquier nación haya hecho, mediante acuerdos internacionales y reformas a la constitución propia, respecto al reconocimiento y protección de los derechos humanos, como es el caso de México.

A lo anterior se entiende “conservación de la pluralidad” como un compromiso progresivo en cuanto a la defensa, promoción, y aceptación de las variadas características pertenecientes a todo grupo étnico que integra un país. Si bien se ha avanzado en cuanto a la difusión de la inmensa variedad y riqueza que México posee en costumbres y tradiciones de cada pueblo originario, no se puede hablar de la misma forma sobre el fomento a la inclusión social y democrática de los ciudadanos indígenas.

¿Por qué no implementar modificaciones a las leyes para que estas fomenten una equidad en la asignación de puestos representativos de la democracia? ¿Por qué no llevar al plano de la realidad una serie de políticas cuyo objetivo sea lograr una representación digna de los indígenas en el congreso?

Asimismo, hoy en día es observable como la población originaria, a pesar de poseer autonomía en cuanto al modo de administrar variadas regiones, no cuentan con una mínima representación en el ámbito democrático correspondiente a los poderes de la unión. Al contar con un ínfimo número de legisladores, la comunidad nativa pierde de manera considerable la posibilidad de ver reflejados sus intereses en las cámaras de diputados y senadores respectivamente, lo cual genera que no sean tomados en cuenta de la misma forma, a como podrían serlo si tuvieran un número decente de personas de su propia comunidad fungiendo como sus portavoces y velando por ellos, junto a los demás legisladores. Son por estos motivos, que se entiende como totalmente necesario el reformar preceptos constitucionales, los cuales garanticen la inclusión de los habitantes de pueblos indígenas en el congreso; considero que, luego de haber perdido sus territorios, así como parte de sus culturas, lo menos que se puede hacer es brindar (al menos mientras el panorama social progresa) un espacio a aquellos herederos de las culturas prehispánicas dentro del poder legislativo.

Si bien se ha avanzado en cuanto a la difusión de la inmensa variedad y riqueza que México posee en costumbres y tradiciones de cada pueblo originario, no se puede hablar de la misma forma sobre el fomento a la inclusión social y democrática de los ciudadanos indígenas.

Por otra parte, en cuanto al sustento basado en antecedentes, si ya existen reformas vinculadas a solventar el problema de la desigualdad de género en el reparto de candidaturas de los partidos políticos, las cuales han resultado fructíferas en mejorar esa distribución, ¿Por qué no implementar modificaciones a las leyes para que estas fomenten una equidad en la asignación de puestos representativos de la democracia? ¿Por qué no llevar al plano de la realidad una serie de políticas cuyo objetivo sea lograr una representación digna de los indígenas en el congreso? En otras palabras, es indispensable comprometerse a la elaboración de reformas que garanticen la inclusión de los ciudadanos de los pueblos originarios en el ámbito legislativo.

Puntualizando, la inclusión de las personas procedentes de comunidades indígenas, solo podrá ser garantizada mediante una serie de reformas a la Ley Suprema de México, las cuales promuevan y a su vez, exijan a los partidos políticos a cumplir con su objetivo principal de integrar al pueblo a la democracia; lo que, solo podrá ser cumplido de forma auténtica una vez que se tome en cuenta la particularidad presente en lo expuesto con anterioridad y se proceda a sumar propuestas que confronten tal problemática. Solo mediante el uso de mecanismos que se encuentren sustentados en la carta magna, es como se podrá progresar en nuestra estructura social, y al mismo tiempo, se podrá legitimar de forma óptima nuestro estado de derecho, que tan quebrado se encuentra hoy en día.

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Ley de Disciplina Financiera : ¿Control o Freno?

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Recientemente se aprobó en el Senado y en la Cámara de Diputados la Ley de Disciplina Financiera, la cual tiene como objetivo que las administraciones públicas subnacionales tengan un mejor manejo de sus finanzas a través de mayores controles en el gasto. Esta nueva ley no solo contempla mayores candados al endeudamiento bancario de los estados y municipios, también impacta a otras fuentes de financiamiento público como son la revolvencia del pago a proveedores y las Asociaciones Público Privadas (APPs).

Con la Ley de Disciplina Financiera se busca dar mayor transparencia a la administración pública y que exista una regulación más estricta y homogénea para la celebración de contratos que comprometan ingresos de los estados y municipios, lo anterior ayudará al saneamiento de las finanzas públicas. Sin embargo en el corto plazo puede dificultar el desarrollo de proyectos. Como toda nueva ley, la curva de aprendizaje para muchos de los estados y municipios puede significar que las administraciones públicas retrasen el desarrollo de proyectos de inversión hasta conocer con exactitud las implicaciones de la nueva legislación.

Las APPs son una de las mejores herramientas que tienen los gobiernos para impulsar proyectos de inversión con menores riesgos y por lo tanto que los costos estimados para los estados y municipios sean menores.

En consideración al panorama económico actual y la proyección a la baja del crecimiento del PIB para este año, las nuevas leyes y reglamentos deberían de estar enfocadas a flexibilizar el desarrollo de proyectos. Lo anterior no se contrapone a que existan mayores controles a las finanzas públicas y una mayor transparencia. Nuestro país necesita leyes que propicien el desarrollo económico y la estabilidad de las finanzas públicas.

El espíritu de la Ley de Disciplina Financiera es bueno al establecer controles que procuren las mejores prácticas en finanzas públicas, sin embargo el proceso de aprendizaje para los estados y municipios puede traducirse en una contención del gasto de inversión no óptimo para el desarrollo de las entidades.

Las APPs son una de las mejores herramientas que tienen los gobiernos para impulsar proyectos de inversión con menores riesgos y por lo tanto que los costos estimados para los estados y municipios sean menores. En la mayoría de los casos el pago de la inversión no tiene que realizarse en el momento de inicio del proyecto, sino que se extiende por la vida de este, permitiendo que los gobiernos desarrollen proyectos que sean autosustentables o bien, que puedan ser pagados con el crecimiento de los ingresos públicos. Por lo anterior, las APPs son una buena alternativa para impulsar el desarrollo económico.

El espíritu de la Ley de Disciplina Financiera es bueno al establecer controles que procuren las mejores prácticas en finanzas públicas, sin embargo el proceso de aprendizaje para los estados y municipios puede traducirse en una contención del gasto de inversión no óptimo para el desarrollo de las entidades. Establecer mayores controles a la administración pública no significa dificultar la realización de proyectos de inversión, debemos de tener cuidado que con las nuevas leyes y reglamentos no detengamos el crecimiento económico de nuestro país.

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Servidumbre: una nueva forma de esclavitud

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Hoy, 2 de diciembre, es el Día Internacional contra la Esclavitud. Seguramente, muchos se preguntarán: ¿Por qué instituir un día como éste en el siglo XXI? ¿Acaso la esclavitud no fue ya abolida?

Hoy en día la esclavitud sigue existiendo y se expresa en diversas formas de trabajo forzoso. La trata de personas y el matrimonio forzado son algunos de estos ejemplos.

Desafortunadamente, la respuesta no es la que esperamos. Hoy en día la esclavitud sigue existiendo y se expresa en diversas formas de trabajo forzoso. La trata de personas y el matrimonio forzado son algunos de estos ejemplos. El trabajo doméstico, aunque es un trabajo remunerado, se convierte en una forma de esclavitud cuando se torna en “servidumbre” y se explota al empleado o empleada laboral o incluso sexualmente.

Para evitar este escenario, la Organización Internacional del Trabajo estableció en el Convenio 189 la formalización del trabajo doméstico en los países miembros de la ONU. México se adhirió al C189 en 2011, pero no ha sido ratificado por el Senado, hecho que impide su aplicación obligatoria en el país.

En México, 2.2 millones de personas se dedican al trabajo doméstico remunerado. Sin embargo, el 96% no cuenta con un contrato por escrito y el 13% cumple con una jornada laboral superior a las 48 horas semanales.

En México, 2.2 millones de personas se dedican al trabajo doméstico remunerado. Sin embargo, el 96% no cuenta con un contrato por escrito y el 13% cumple con una jornada laboral superior a las 48 horas semanales. Aunado a esto, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (2013), las y los trabajadores domésticos consideran que enfrentan conductas por parte de los empleadores y sus familiares o personas cercanas a él que los afectan en su dignidad y derechos, como el maltrato físico y psicológico.

En el Estado de México, Margarita Jiménez López, Gertrudis Tatiana García Jiménez y Jorge Víctor Manuel García Jiménez están señalados como probables responsables del delito de trata de personas por mantener en su domicilio a una mujer oaxaqueña. Como trabajadora doméstica era explotada laboral y sexualmente, vivía en condiciones insalubres y era golpeada. Casos como este se replican al interior del país.

Buscando dar solución a esta problemática, Movimiento Ciudadano presentó este lunes una Iniciativa de Ley en la Cámara de Diputados para regular y dignificar el trabajo doméstico. La propuesta busca estipular la duración de la jornada laboral, seguridad social, aguinaldos y prestaciones como la seguridad social, entre otros puntos.

¿Cuántos de nosotros no conocemos a alguien que impida a sus trabajadoras o trabajadores domésticos salir los fines de semana?; ¿cuántos de nuestros conocidos no pagan lo suficiente a los suyos?; ¿cuántos sabemos que pagan aguinaldo?

Considero que es una Iniciativa que habrá que seguir con detenimiento. Sin embargo, como en todo, los cambios legislativos deberán de ir acompañados de un verdadero compromiso ciudadano. Hagamos conciencia y preguntémonos: ¿Cuántos de nosotros no conocemos a alguien que impida a sus trabajadoras o trabajadores domésticos salir los fines de semana?; ¿cuántos de nuestros conocidos no pagan lo suficiente a los suyos?; ¿cuántos sabemos que pagan aguinaldo?; peor aún, ¿cuántos casos no sabemos de tratos indignos hacia el personal de limpieza de los hogares?

Definitivamente no necesitamos que haya una legislación que nos exija brindar condiciones de trabajo igualitarias a nuestros trabajadores domésticos para hacerlo (si es que no lo hacemos ya). Pensamos que la esclavitud está abolida, pero muchas veces se practica a la vuelta de la esquina, o incluso en nuestros propios hogares.

Como siempre, dejo abierta la reflexión. Los problemas no son tan distantes a nosotros. Nos toca comprometernos para lograr el cambio que necesita nuestro país.

“Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.”
– Artículo 1° de la Constitución Mexicana.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”