Economía mexicana registra su peor caída de la historia, se desploma 18.9% en segundo trimestre

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La actividad económica mexicana se contrajo 18.9% anual en términos reales y con cifras desestacionalizadas en el segundo trimestre del Gran Confinamiento, este ha sido su peor descenso en la historia, esto de acuerdo con la información de la estimación oportuna publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi). 

Este dato sucede a la caída de 2.2% a tasa anual que la economía de México tuvo en los primeros tres meses de este año, y es la quinta contracción consecutiva, tal como sucedió en 1985 luego del terremoto. De confirmarse esta proyección en el dato final del Producto Interno Bruto (PIB) a divulgarse el 26 de agosto pasará a la historia como la caída más aguda para la actividad económica de un segundo trimestre, consecuencia del impacto de la pandemia por Covid-19. Por su parte, el presidente del Inegi, Julio Santaella, evidenció en un tweet que este desplome “supera con creces las bajas en el segundo trimestre de 1995 (-8.6%) y el mismo periodo en 2009, en donde se resentía la crisis inmobiliaria y la pandemia por influenza de H1N1 (-7.7%).

Se resalta que el comparativo trimestral, en comparación con lo que sucedió entre enero y marzo del presente año, la caída fue de 17.3% en el periodo abril-julio, con lo que se acumula cinco trimestres consecutivos en contracción, con esto se cumple la definición del Buró Nacional de Investigación Económica (NBER), que es el Comité para el Fechado de los Ciclos de la Economía de Estados Unidos, como una recesión técnica. 

Esto implica que la contracción anual para la primera mitad del año queda definida en -10.5% con series desestacionalizadas.

Se cumplen pronósticos

Citibanamex había pronosticado una contracción de 18.1%; Santander, de 18%; Banorte, de 19.5%, y HSBC estimó una caída de 20.5%. Además de que se adelantó la contracción con los resultados del Índice Global de la Actividad Económica de México (IGAE), que en abril y mayo reportó un descenso histórico de 19.6 y 21.6% anual, respectivamente.

Por actividades

La contracción del PIB incorporó que la caída de las actividades secundarias fue la más grave, de 26%. En este segmento se encuentran actividades como minería; generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y gas, construcción y las industrias manufactureras.

Por otro lado, las actividades terciarias completaron un desplome también histórico, que de acuerdo a la estimación preliminar, de 15.6%. En este segmento se encuentran actividades como el comercio, transporte, correo y almacenamiento, información de medios masivos, servicios financieros y de seguros, servicios profesionales y científicos, alquiler de bienes, muebles e intangibles, servicios educativos, de esparcimiento y culturales, así como actividades legislativas.

Por último, en el desagregado del PIB se observa que las actividades primarias, que albergan la agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento, pesca y casa; que habían sido  las únicas con registro positivo en los  trimestres previos, también presentaron un desplome de 15.6% en el comparativo anual.

Con información de El Economista y El Financiero

Avalan Compra Directa de Insumos Médicos en el Extranjero

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La Cámara de Diputados aprobó el dictamen por el que se adiciona un párrafo quinto al artículo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que permitirá la compra de medicamentos en el extranjero y, en un futuro, poder adquirir la vacuna del COVID-19 cuando este disponible.

El dictamen se aprobó con 290 votos a favor y 71 en contra, mismo que fue remitido al Senado para sus efectos constitucionales.

“Queda exceptuada de la aplicación de la presente ley, la adquisición de bienes o prestación de servicios para la salud que contraten las dependencias y/o entidades como organismos intergubernamentales internacionales, a través de mecanismos de colaboración previamente establecidos, siempre que se acredite la aplicación de los principios previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, señala un comunicado de prensa de San Lázaro.

Hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que iba a realizar una compra consolidada de medicamentos en el extranjero, por el monto de 60 mil millones de pesos para atender el problema de escasez de fármacos, todo bajo supervisión de la ONU.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, el diputado Oscar González Yánez, explicó que la idea central es dotar al Poder Ejecutivo de los instrumentos necesarios para que pueda comprar medicamentos fuera del país y atender con suficiencia la emergencia sanitaria.

En un comunicado, González Yáñez enfatizó que hay millones de pobres que no tienen la medicina para ser atendidos ante la pandemia.

“Muchos mexicanos van a una farmacia y no encuentran medicamentos, o los encuentran muy caros, y las demás dependencias apenas tienen la suficiencia para ellos”, se lee en el comunicado.

El diputado explicó que con la reforma el presidente “podrá” adquirir medicinas fuera y dentro del país, “donde encuentre los medicamentos necesarios en calidad, cantidad y tiempo para poderlo hacer”. Resaltó que ” es una situación de excepción; no es la regla”.

Sin embargo, la industria farmacéutica mexicana cuestionó la decisión del Gobierno de comprar medicamentos al extranjero con el argumento de evitar la corrupción.

“Las dificultades de abasto observadas en algunos grupos de bienes terapéuticos que demandan los mexicanos, a través de las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud (SNS), se deben a la falta de planeación y transparencia”, afirmaron las asociaciones de la industria en un comunicado.

Vinculan a Lozoya en caso Odebrecht

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El juez federal de control, dictó vinculación a proceso a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho, en relación al caso Odebrecht. 

Del mismo modo que en la audiencia sobre Agronitrogenados, el juez del Reclusorio Norte, Juan Carlos Ramírez Benírez, aceptó someter a medidas cautelares a Lozoya como la prohibición de salir del país,  la colocación de un brazalete para ubicarlo y el cuidado por la Policía Ministerial en el Hospital donde se encuentra. 

La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que Lozoya recibió 10.5 mdd de dólares en sobornos, que se tradujeron en beneficios para la empresa brasileña por 39 mdd. Acusaciones de las que Lozoya se declaró no culpable ni responsable.

El juez señaló que hay elementos para vincularlo por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, el cual debe atenderse en las dos etapas en las que supuestamente se desarrolló, previo al 1 de diciembre de 2012, cuando no era servidor público, y a partir de 2013, donde ya era director de Pemex.

En relación al cohecho, expuso que se acreditó que servidor público pudo haber recibido seis millones de dólares para favorecer a la empresa brasileña a través de asignación de obras.

Emilio Lozoya, se comprometió nuevamente a denunciar los delitos cometidos que señaló el Ministerio Público y a puntualizar de manera “muy clara y contundente” los nombres, cargos que ocupaban y los métodos que fueron utilizados por las personas responsables de los hechos bajo investigación, con el fin de que se sepa la verdad y se imparta justicia.

Los abogados reiteraron la presunción de inocencia con la finalidad de no violentar la edificación del criterio de oportunidad que el exdirector de Pemex solicitó a la FGR en ánimo de colaborar con las autoridades y que el imputado fue utilizado en su calidad de instrumento no doloso en el marco de un aparato conformado por altas autoridades del Estado mexicano, con el objetivo de abusar del poder que legítimamente se les había concedido.

Por su parte, el juez de control le preguntó a Lozoya si quería que el juzgado resolviera la petición de la FGR de vincularlo a proceso o si se acogía a alguno de los términos constitucionales, a lo que el exdirector de Pemex señaló que prefería que emitiera la resolución en esta audiencia.

 

(Con Información de Milenio) 

 

Secretaría de Salud asegura que no habrá límite presupuestal para vacuna

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El secretario de Salud, Jorge Alcoer, afirmó que el gobierno de México no tiene un límite de presupuesto para adquirir las vacunas contra el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 y adelantó que se hará lo necesario para tenerlas en el país.

Durante la conferencia vespertina de autoridades de salud, el funcionario federal dijo que aún no se tiene un estimado de lo que podrían costar las vacunas en el país, aunque comentó que podría tener un costo fijado a los países con renta media, que iría de entre 7 a 10 dólares, de acuerdo con lo establecido por la Coalición para las Innovaciones en Preparación de Pandemias (CEPI).

Añadió que se ha tenido acercamiento con CEPI y la Alianza Global de Vacunas e Inmunización (Gavi) para acceder a las vacunas, aunque afirmó que no se ha definido a cuáles podría acceder el país.

Alcocer afirmó que hay 25 vacunas en fase clínica y 141 en fase pre-clínica, de las que la de Sinovac, las dos que elabora el Instituto de Productos Biológicos de Wuhan con Sinopharm y la de la Universidad de Oxford en conjunto con Astraseneca son las más avanzadas.

Comentó que los desarrolladores están trabajando con las cepas más agresivas del virus SARS-CoV-2 y advirtió que aún no se tiene certeza de si las vacunas generarán inmunidad y por cuánto tiempo, por lo que reiteró que se vigilará que las vacunas sean seguras, pese a la inmediatez con la que necesitan.

Adelantó que la Organización Mundial de la Salud ha establecido que las vacunas serán distribuidas de tal forma que se pueda vacunar al 20% de cada país, priorizando a personal de salud, adultos mayores de 65 años y adultos con comorbilidades.

 

(Con información de Milenio)

Ordenan la aprehensión de Billy Álvarez

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Un juez federal ordenó esta noche la aprehensión de Guillermo Álvarez Cuevas, director general de la Cooperativa Cruz Azul, y otros cuatro colaboradores y abogados, por delincuencia organizada y lavado de más de 114 millones de pesos a través de siete empresas factureras.

Iván Zeferín Hernández, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, libró las capturas, al estimar que existen indicios de que los imputados constituyeron una organización delictiva para desviar fondos de la cementera.

Las capturas también fueron libradas contra Miguel Eduardo Borrell Rodríguez y Víctor Manuel Garcés Rojo, director y ex director Jurídico de la empresa; Mario Sánchez Álvarez, coordinador financiero; y Ángel Martín Junquera Sepúlveda, abogado externo.

El caso es de gravedad, pues el delito de delincuencia organizada tiene prevista la prisión preventiva oficiosa, lo que significa que en caso de ser detenidos, los imputados serán encarcelados en el Penal del Altiplano y no tendrán derecho a la libertad provisional.

De acuerdo con el expediente, en el caso de Álvarez la delincuencia organizada se castiga con 8 a 16 años de prisión por tener funciones de dirección y administración, mientras que para el resto de los imputados la penalidad es de 4 a 8 años de prisión.

En el caso de lavado, por la modalidad imputada, la FGR señaló que serían castigados con 7.5 a 22.5 años de prisión, lo que en conjunto la pena para el director de la cooperativa podría ser de 15.5 a 38.5 años de cárcel y los demás de 11.5 a 30.5 años.

La investigación de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) inició con una denuncia de Javier Humberto Domínguez Aguilar, director general de Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), presentada el 8 de mayo de 2020

Según la imputación, entre 2011 y 2017, Álvarez y los coimputados simularon operaciones por 114 millones 198 mil 847 pesos con las empresas Plexival, Trans Nau, Attar 2715 SC, Recursos Financieros Ferala, Asesoría Profesionales Eicer, K & C Consulting y Expertos en Asesoría Empresarial.

Todas ellas aparecen señaladas por el Servicio de Administración Tributaria en su listado de Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas (EFOS), mejor conocidas como “factureras”.

 

(Con información de Reforma)

Rechaza SCJN proyecto sobre aborto en Veracruz

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La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó hoy un proyecto que ordenaba al Congreso de Veracruz despenalizar el aborto en las primeras doce semanas de gestación.

Con cuatro votos en contra y una a favor, fluidos los de dos Ministras, la SCJN rechazó la propuesta del Ministro Juan Luis González Alcántara, que indicaba que mantener penalizado el aborto viola tratados internacionales que prohiben discriminar a las mujeres.

En cuanto a la mayoría de los ministros no se pronunciaron sobre la penalización, sino que consideraron que el amparo promovido por organizaciones no gubernamentales de Veracruz, es improcedente, pues no existe la omisión legislativa propuesta por González Alcántara.

“La Corte ha establecido que existe omisión cuando hay mandato constitucional o legal de legislar en un sentido y en un pazo. Ese ha sido el criterio. La Corte no puede sustituir al Congreso para ordenarle un contenido legislativo específico, porque no existe un mandato Constitucional de legislar en ese sentido”, explicó la ministra Norma Piña.

Piña enfatizó que, incluso si existiera tal mandato, los Ministros no podrían ordenarle a la legislatura cuál es el contenido que debería tener la norma.

“La Corte incurriría en activismo judicial, que desbordaría por mucho sus facultades constitucionales”.

Por su parte, la ministra Margarita Ríos-Farjat, coincidió con Piña en que no hay omisión, porque la interrupción del embarazo sí está normada en Veracruz.

“Hay un problema técnico jurídico que me impide pronunciarme sobre el fondo del asunto”, señaló.

Los Ministros Jorge Pardo y Alfredo Gutiérrez también votaron en contra del proyecto y por ala improcedencia del amparo, sin hacer juicios sobre la legislación vigente en Veracruz.

La Corte nunca ha aprobado una sentencia que condene la penalización del aborto.

En 2016, el Ministro Arturo Zaldívar propuso a la Sala amparar a una mujer que impugnó la penalización, pero ese proyecto también fue rechazado, por que la quejosa no fue acusada por ese delito.

Mientras que en el 2008, el Pleno de la Corte avaló, por 8 votos contra 3, la despenalización del aborto en la Ciudad de México, pero con opiniones distintas de cada uno de los ministros de la mayoría y sin generar jurisprudencia.

El proyecto del ministro González Alcántara se basaba en los tratados de la ONU y de la Organización de Estados Americanos (OEA) para eliminar la discriminación y la violencia contra las mujeres.

Ninguno de ellos prohíbe expresamente penalizar el aborto, pero en la sesión de hoy, González Alcántara insistió que Veracruz ha incurrido en omisión legislativa, porque mantener dicha sanción desconoce el amplio alcance del derecho a la salud y la libertad reproductiva de las mujeres.

“Para esta Primera Sala, la prohibición total de la interrupción del embarazo, vía tipificación penal, es una barrera que genera discriminación en contra de las mujeres en relación con el acceso al derecho a la salud. Las decisiones de la mujer durante el periodo de las primeras doce semanas del embarazo, previos al periodo fetal, son parte de su esfera privada que no está sujeta a la potestad sancionadora del Estado. Por lo tanto, no es acorde con las obligaciones convencionales aparejar una sanción penal por la interrupción del embarazo este periodo”, se leía en el proyecto propuesto.

En Veracruz la mujer que aborta voluntariamente no enfrenta cárcel, pero sí “tratamiento en libertad, consistente en medidas educativas y de salud”.

“Sancionar el aborto con una ‘medida educativa’ o ‘de salud’, por subyacentes un reproche penal, también son formas de infantilizar a la mujer, puesto que ponen en tela de juicio su capacidad decisoria y prejuzgan que la decisión que tomó en relación con su cuerpo no es adecuada, razonamiento que es esterotípico”, dice el proyecto.

(Con información de Grupo Reforma)

Solicita Nuevo León declaración de emergencia por Hanna

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El gobierno de Nuevo León pidió esta mañana al gobierno federal emitir la declaratoria de emergencia en el estado debido a los daños ocasionados por el paso del huracán Hanna, esto con el fin de iniciar el proceso de rehabilitación. 

El gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón explicó que ayer firmó la declaratoria, la cual deberá ser analizada por el comité integrado por la  Coordinación Nacional de Protección Civil, la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), quienes deben indicar  qué municipios requieren de apoyo.

Rodríguez Calderón comentó: “Ya ayer firmamos la solicitud para la declaratoria de emergencia con los datos que nos da Conagua y Protección Civil, es la primera parte que se tiene que hacer. (….) Luego viene otro proceso que Protección Civil Nacional lo pone a consideración del Comité en donde está Conagua, la Secretaría de Gobernación y una serie de instancias federales y ellos, viendo los datos, hacen la declaratoria de emergencia y en la declaratoria de emergencia ponen a los municipios que serán sujetos a la declaratoria de emergencia“.

Añadió que posteriormente, se presentarán los proyectos de reparación al Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) y será en esta instancia que se analicen los recursos.

El gobernador aseguró que hasta el momento no hay un monto cuantificado de daños ocasionados por el huracán, pues estánesperando a que disminuyan las inundaciones en el estado para analizar las afectaciones. En el mismo sentido, criticó al gobierno federal por la tardanza para apoyar con los recursos del Fonden ya que hace apenas un mes les acababam de liberar los recursos para atender las afectaciones de la tormenta tropical Ferdinand que se dio en septiembre del año pasado.

Con información de Milenio

Sánchez Cordero se pronuncia a favor de despenalizar el aborto

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La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reiteró esta mañana su postura en contra de la criminalización del aborto en el país, previo a la discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la resolución que obligaría al Congreso de Veracruz a modificar los artículos del código penal que tipifican el aborto coomo delito.

La resolución de los ministros permitiría que las mujeres no sean perseguidas penalmente en Veracrz por interrumpir un embarazo hasta las 12 semanas de gestación. 

El día de hoy, la secretaria comentó en La Mañanera que: “Mi opinión la conocen, no debe enfrenta un proceso penal por haber tomado una decisión de esa naturaleza. Es recriminalizarla; que una mujer enfrente un proceso penal por algo de esta naturaleza, inadmisible. Estoy a favor de la ponencia del ministro Juan Luis González Alcántara”.

Se recalca que al mediodía la Primera Sala de la Corte discutirá el proyecto de resolución para el amparo en revisión 636/2019, mismo que confirma una sentencia otorgada por un juez de distrito de Xalapa en el que ordena al Congreso local reformar los artículos 149, 150 y 154 del Código Penal a favor de la elección de las mujeres sobre su cuerpo. 

Con información de Milenio

Propone Morena aumentar impuestos a refrescos, cigarros, cerveza y comida

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La fracción de Morena presentó una iniciativa ante la Comisión Permanente del Congreso para aumentar el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) a refrescos, cigarros, cerveza y la comida chatarra.

La propuesta de reforma a la Ley del IEPS busca un aumento de impuestos en las bebidas alcohólicas dependiendo de su grado de alcohol, acotó la legisladora Erika Vanessa del Castillo.

Por ejemplo, si la bebida tiene 14 grados tendrá un aumento del 35%; si tiene 20 grados el aumento será del 60% y si tiene más de 20 grados el aumento será de 80%.

En cuanto a cigarros se pagará una cuota de 1.49 pesos por cigarro importado, y para el refresco se aumentará el impuesto un peso por litro, pasando a 2.2516 pesos por cada litro.

En cuanto a la comida chatarra con una densidad calórica de 275 kilocalorías o más por 100 gramos se aumentará el IEPS al 16%.

Lo recaudado, según la legisladora, deberá destinarse a salud pública.

SCJN discutirá la despenalización del aborto en Veracruz

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Este miércoles la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría declarar, por primera vez, que un Congreso estatal debe despenalizar el aborto, criminalizado en casi todo el país.

La Primera Sala de la SCJN discutirá un proyecto que respalda a un juez federal de Xalapa, en Veracruz, quien el año pasado resolvió un amparo en el que ordena al Congreso local reformar tres artículos del Código Penal porque criminalizan el aborto.

El proyecto, elaborado por el ministro Juan Luis González Alcántara, plantea que la actual legislación de Veracruz en materia de interrupción del embarazo es discriminatoria y obstaculiza los derechos de las mujeres. De aprobarse la propuesta por tres de los cinco ministros de la sala, sería la primera vez que la SCJN invalida el Código Penal de un estado por criminalizar el aborto.

Hasta el momento, solo la Ciudad de México y Oaxaca permiten la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación.