Después de que el gobernador morenista de Baja California, Jaime Bonilla amenazara con expropiar el Club Social y Deportivo Campestre, este martes formalizó una declaratoria de utilidad pública en el Periódico Oficial del Estado, justificando que lo hace por justicia social.

En la publicación se determina que sus instalaciones son las más apropiadas, idóneas e insustituibles para llevar a cabo “la construcción y habilitación del proyecto denominado Complejo Interactivo Campestre, en virtud de que no se cuenta en la ciudad con ningún otro predio que cumpla con esas características”.

Se considera que al ser escasos los espacios de recreación en la zona poniente el Club Campestre Tijuana, reúne las características necesarias para convertirse en espacio público.

Asegura la autoridad que los grupos desfavorecidos suelen vivir en barrios con poco espacio verde disponible, por lo que tienen la teoría que ofrecerles “espacios verdes urbanos puede ayudar a reducir las desigualdades de salud, discapacidad y otros”.

El gobierno aclara que tuvo en la mira otros predios como el Rancho Cueros de Venado; Aguajes del Encino y San Antonio de los Buenos, pero no contaban con buena ubicación y  acceso al transporte público.

El Club Campestre cuenta con alrededor de 50 hectáreas sobre el bulevar Agua Caliente, cuenta con un un campo de golf con 18 hoyos, alberca exterior, y una interior, gimnasio, salón de eventos, dos restaurantes para 90 personas y una terraza con capacidad para 70 comensales.

También posee una barra con bar, sauna, canchas de tenis, raquetbol, futbol y basquetbol.

Adolfo Solís Farías, abogado fiscalista, asesor de organismos empresariales en Tijuana asegura que para que sea un área pública, la expropiación debe cumplir con varias condiciones, pues al ser “una violación al derecho a la privacidad” debe satisfacerse la causa de utilidad pública.

También, el bien expropiado debe permanecer con el mismo mantenimiento que tenía de manera privada.

Asimismo, se debe pagar previa valuación del predio, el cual se calcula con los elementos catastral y comercial.

Revela que de concretarse la expropiación, esta sería la segunda ocasión que el inmueble es expropiado por un gobierno.

El historiador Gabriel Rivera Delgado, recuerda que la primera ocasión fue por parte del gobernador priista Raúl Sánchez Martell, el 10 de noviembre de 1970; con el mismo objetivo, que fuera un parque para la ciudad, sin embargo los socios del club promovieron una revocación administrativa del decreto y amparos, lo que derivó en un impedimento para su ejecución.

(Fuente: El Mañanero Diario)