Revocación de mandato del Presidente de la República

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“¿Está de acuerdo en la revocación del cargo de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos que actualmente desempeña el ciudadano Andrés Manuel López Obrador?” Esta podría ser la pregunta que se nos formule en marzo del 2022 cuando por primera ocasión se ponga en funcionamiento, si acaso, la revocación de mandato del Ejecutivo Federal según el decreto de reforma constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre del año pasado. Esta colaboración tiene por objeto presentar un breve panorama acerca de la revocación de mandato desde sus contornos normativos, teóricos y de viabilidad.

La definición de la revocación de mandato establecida en la reforma constitucional se encuentra en el artículo tercero transitorio, en el que se indica que para los efectos  de la revocación de mandato se entiende como “el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo a partir de la pérdida de la confianza”. Queda claro que la finalidad de la reforma fue establecer la revocación de mandato sin que se requiera un análisis sobre el cumplimiento o no de los programas de gobierno, ya que se refiere a la “pérdida de la confianza”. El diseño toma como sustento teórico que la revocación de mandato se refiere a un derecho político basado en la soberanía popular, más que en ser un mecanismo de rendición de cuentas entre períodos electorales (Yelp 2014: 253).

La revocación de mandato se encuentra en el artículo 35 constitucional junto a los derechos políticos de votar en las elecciones, de poder ser votada para todos los cargos de elección popular, de asociación libre e individual y de iniciativa popular de leyes. En este sentido, la Constitución de nuestro país se incorpora a otras constituciones latinoamericanas: Artículo 40.4 (Colombia), 2.17 (Perú), 70 (Venezuela), 61.6 (Ecuador) y 11.II.1 (Bolivia).

La revocación de mandato es una manifestación de lo que se denomina como democracia directa. En general, la revocatoria de mandato incluye dos etapas en las que se expresa la participación política de la ciudadanía: Primero, lo que se denomina como la activación, esto es, la solicitud del procedimiento revocatorio que se moviliza con cierto número de firmas de apoyo de las y los ciudadanos electores; y, en segundo término, la consulta al electorado sobre la revocación del mandato de la persona electa hacia la que se dirige el proceso revocatorio (Kornblith 2017: 984).

Por lo que hace a la activación de la revocación del mandato de Presidente de la República, en el artículo 35, fracción IX de la CPEUM se indica que se requiere un 3 por ciento de firmas de personas inscritas en la lista nominal de electores y que, además, las firmas de apoyo estén distribuidas en al menos 17 entidades federativas. En ese sentido, para activar la revocación del mandato de AMLO se requieren aproximadamente 2 millones 700 mil firmas de apoyo, considerando que la lista nominal de electores en el país asciende a 90 millones de electores (https://www.ine.mx/credencial/estadisticas-lista-nominal-padron-electoral/).

¿Se podría alcanzar ese número de firmas entre noviembre y diciembre del 2021 para activar el proceso de revocación de mandato de AMLO? Muy seguramente sí.

Primero, considerando que respecto de la activación de las revocaciones “(…) no es la ciudadanía, sino organizaciones políticas, partidos o líderes políticos los principales promotores”. (Yelp 2014: 260). Tómese en cuenta que, de acuerdo con los resultados de las elecciones presidenciales de 2018, partidos como el PAN y el PRI, por sí solos, podrían movilizar a los 2 millones 700 mil electores que se requieren para iniciar el proceso de revocación de mandato; en efecto, el PAN obtuvo 9 millones 800 mil votos, y el PRI, 7 millones 500 mil sufragios. (https://siceen.ine.mx:3000/#/tablas-resultados). Por ende, individualmente, asociándose entre sí, o incluso atrayendo a la coalición revocatoria a partidos como el PVEM (925 mil votos) o MC (865 mil sufragios), podrían promover la participación de la ciudadanía y recopilar las firmas de apoyo necesarias para la solicitud de revocación de mandato de AMLO. También cuentan con la dispersión en los estados. Sólo por dar un ejemplo, el PAN obtuvo el primer lugar de votos presidenciales en cinco estados del país (Aguascalientes, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, Tamaulipas y  Yucatán) y obtuvo el segundo lugar en 10 entidades más; si a ello sumamos 13 estados en donde el PRI fue segundo lugar y aquellos en los que MC (Jalisco) y PVEM (Chiapas) también fueron segundo lugar (https://siceen.ine.mx:3000/#/primeros-tres-lugares), sin duda los partidos políticos de oposición pueden movilizar a sus simpatizantes y obtener las firmas de apoyo necesarias y su dispersión en el país.

En segundo lugar, porque el porcentaje para activar la revocación en México es relativamente bajo, si se compara con el de otros países latinoamericanos que contemplan la revocatoria de mandato para autoridades nacionales. En efecto, en Venezuela se requiere al menos el 20 por ciento del electorado (art. 72 de su Constitución); en el Ecuador, el 15 por ciento (art. 105 de su Constitución); y en Bolivia, el 25 por ciento (art. 26 de su Ley de Régimen Electoral). Es decir, la movilización de 3 por ciento del electorado no parecería de mayor dificultad para los partidos de oposición.

Por otra parte, con relación a la etapa propiamente de la consulta al electorado y el porcentaje que se requiere para la revocación del mandato del Presidente de la República, la reforma constitucional fijó dos requisitos: i) que en la consulta participe al menos el 40 por ciento del electorado; en este rubro se necesitaría una participación de aproximadamente 36 millones de personas electoras; y ii) que por el “sí” se exprese una mayoría absoluta de votos, es decir, la mitad más uno de al menos esos 36 millones potenciales de votos que se requieren para que el proceso de revocación sea válido; en otras palabras, si en la revocatoria de AMLO en marzo del 2022 participara el mismo número de personas que salieron a votar en julio de 2018, 56 millones, serían necesarios más de 28 millones de votos a favor de la revocación de su cargo.

Desde luego que estas cifras son solamente hipotéticas, y se debe subrayar que los resultados electorales de 2018 no pueden trasladarse a un evento futuro de revocación de mandato en 2022, sin embargo, se utilizan solamente como un referente para argumentar la polarización que eventualmente significaría el proceso de revocación del mandato de AMLO. En este sentido, considerando los votos obtenidos por todas las candidaturas de partidos e independientes contrarios a López Obrador en ese año, estamos hablando de, hipotéticamente, 24 millones por el “sí” frente a cerca de 30 millones de votos por el “no” (según los votos obtenidos en 2018 por MORENA y sus aliados PES y PT).

Este ejercicio hipotético refuerza la idea de que los procesos de revocación de mandato, si bien son el ejercicio de derechos políticos de la ciudadanía, también implican una gran polarización que, por un lado, fomenta la confrontación y, por el otro, significa una anomalía en el desempeño de cargos electivos con mandato fijo. (International IDEA 2008: 114). Afortunadamente, la reforma constitucional no creó el incentivo de la promoción indiscriminada de revocatorias, dado que, de obtenerse una mayoría absoluta por el “sí”, esto no implicará la convocatoria a elecciones para designar al reemplazo del Ejecutivo revocado. De ganar el “sí” en una revocación de mandato, la respuesta constitucional es que, inmediatamente, asuma el cargo provisionalmente quien ostente la presidencia del Congreso, en tanto la Soberanía Legislativa nombra en treinta días a la persona que concluya el período constitucional.

No sabemos si seremos convocados por el INE para que en marzo del 2022 participemos en el proceso de revocación de mandato del Presidente López Obrador. Y de ser convocados, tampoco sabemos si ganaría el “sí” o el “no”. Lo único que podemos estar de acuerdo, por ahora, es que, sorprendentemente, el Presidente promotor de la reforma constitucional jamás tuvo en mente un escenario tan adverso como el que actualmente vivimos, y tampoco imaginó que la movilización para el proceso de revocación de mandato ya no dependa de él y su partido, sino de lo que queda de los partidos de oposición en México.

Referencias bibliográficas.

INTERNATIONAL IDEA. (2008). Directo Democracy. The International IDEA Handbook. Estocolmo: International IDEA.

KORNBLITH, Miriam. (2017). “Revocatoria de mandato”. En Diccionario Electoral. Costa Rica: IIDH, TEPJF, Serie Elecciones y Democracia, t. II, 984-94.

SEGOB. (2019). DECRETO por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Consulta Popular y Revocación de Mandato. DOF viernes 20 de diciembre.

YELP, Yanina. (2014). “De venenos y fármacos. La regulación y prácticas de la revocatoria del mandato en Suiza y las Américas”. En YELP, Yanina y SERDÜLT, Uwe, La dosis hace el veneno. Análisi de la revocatoria del mandato en América Latina, Estados Unidos y Suiza. Quito: Consejo Nacional Electoral, Instituto de la Democracia, 247-66.

Bienestar, ¿de la 4T o de México?

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Dejemos de medir el PIB y enfoquémonos en el bienestar, dice nuestro presidente López Obrador. Convenientemente llega el cambio de paradigma después de más de un año y medio de decisiones económicas e inversiones fallidas.

No sólo se ha realizado una política de austeridad pésimamente implementada, se han violado contratos en repetidas ocasiones afectando la inversión nacional y extranjera. Se insiste en proyectos prioritarios que son obsoletos y perjudiciales para el medio ambiente. Y aunado a todo esto, no hay apoyo real a Micro y Pequeñas empresas en la pandemia a pesar de ser el 99% de nuestra economía formal y dar trabajo al 52.5% de la Población Económicamente Activa. Justo en el 1er trimestre del año cuando se contrae 1.6% el PIB es cuando llega el Bienestar a México.

La palabra de moda en la 4T es bienestar, Secretaría del Bienestar, tarjetas del bienestar, economía del bienestar, políticas que busquen el bienestar, tandas para el bienestar, entre otras tantas políticas, conceptos e ideas. Sobre esta línea se quiere construir la nueva medición del desarrollo de México.

Bienestar es aquel estado de una persona en donde sus condiciones físicas y mentales le producen un sentimiento de satisfacción y tranquilidad. El bienestar que buscamos lo podemos relacionar con nuestras necesidades, primero aquellas básicas para vivir, como seguridad, alimentación, salud y vivienda. Posteriormente hay que tomar en cuenta aquellas necesidades de autorrealización como individuos, tal como justicia, equidad, educación, trabajo, derechos políticos y sociales, entre otros.

López Obrador hoy sale a decir que se está trabajando en el desarrollo de un indicador del bienestar que considere igualdad social, felicidad, crecimiento, y al parecer otros temas que aún no toma en cuenta el Ejecutivo. Además menciona que es un trabajo que vamos a aportar al mundo ya que se medirán otros países con el nuevo indicador mexicano.

Lo que llama la atención es la clara separación de su indicador con todas las mediciones que actualmente existen y tienen años siendo registradas. Para darnos una idea de la cantidad de mediciones, a continuación menciono las que más destacan y son utilizadas a nivel internacional: el Índice de Desarrollo Humano de la ONU, la Iniciativa para una Vida Mejor (Better Life Index) de la OCDE, el Índice de Calidad de Vida de The Economist Intelligence Unit, los Indicadores de Desarrollo Global del Banco Mundial, el Índice de Progreso Real, el Índice de Desarrollo Económico Sostenible, e incluso se tiene el World Happiness Report diseñado por la ONU.

Además de todas las mediciones internacionales aquí en México contamos con el CONEVAL, organismo autónomo que desde 2004 mide la pobreza, el bienestar y el desarrollo en México. Este organismo ha sido reconocido a nivel mundial por su transparencia, innovación y calidad de información recopilada a través de los años para una mejor toma de decisiones. En su momento fue clave al repensar la medición de la pobreza, y se pasó de una medición puramente de ingreso a una multidimensional, donde justamente se consideran los rubros ya mencionados de bienestar. Gracias a estas mediciones a nivel nacional e internacional podemos identificar el avance que se ha logrado en la reducción de pobreza alimentaria y pobreza extrema en las últimas décadas, algo que se puede perder por la falta de apoyo económico en la pandemia.

Indicadores, índices, mediciones, datos, organismos e instituciones sobran, y aún así la 4T quiere diseñar su propio indicador. Y es justo en este momento donde se pierde el valor real del objetivo de bienestar. En lugar de diseñar algo nuevo, ¿no sería mejor tomar en cuenta lo ya existente? Si tenemos a uno de los mejores organismos de medición de la pobreza y desarrollo ¿no es más conveniente apoyarnos de los expertos y lo que ya tenemos para construir algo mejor?

En definitiva contamos con la información y los especialistas para cambiar nuestro paradigma económico. El bienestar nos da un mejor entendimiento de nuestra realidad y del desarrollo que debemos buscar como sociedad e individuos. Enfocarnos en las necesidades básicas y de autorrealización de todos los mexicanos es más importante que conocer si estamos produciendo más o menos.

Pero si se quiere lograr este cambio es necesario un esfuerzo colectivo de sociedad, empresarios y gobierno, se debe de trascender el ámbito político de dimes y diretes para ver los beneficios que se puede dar a la mayoría de los mexicanos. Es necesario que López y la 4T dejen su bandera política y vean que el bienestar no es su creación ni su idea, es lo que nos va a llevar a juntos construir un mejor país.

Para más información de la lucha contra la pobreza en México escuchar capítulo de “Pobreza y Crecimiento Económico” de Kristian con K en Spotify.

#Kleroterion: “Volvieron a Fallar”

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No cabe duda que la crisis que estamos viviendo implica un reto enorme para la sociedad de Nuevo León y el gobierno del estado, los alcaldes y en general para toda la clase política,  pero es la autoridad estatal quien tiene la responsabilidad de conducirnos a través de esta crisis y les guste o no, el principal responsable del impacto que tenga el coronavirus en la entidad.

Si previamente hemos hablado del buen trabajo que se hizo en materia de salud, también hay que señalar que ese buen trabajo va de la mano de la responsabilidad, si algo sale mal se le cargará en la cuenta al gobierno del Estado.  

Hago hincapié en ello porque desde el mismo gobierno empiezan a dar señales de buscar la forma de justificar sus errores o, como se dice coloquialmente, de “safarse”… trasladándole a usted y a mi la culpa por el resultado de decisiones que ellos se obstinaron en tomar.

Para muestra el mensaje del secretario de gobierno que circuló el fin de semana pasado en redes sociales en la cual de manera tramposa, por decirlo de alguna manera, advierte sobre el aumento en el número de contagiados de covid atribuyéndolo a que la gente ha relajado las medidas de contención y ha salido más a la calle. 

Lo que no menciona es que fue precisamente el mismo gobierno quien relajó la seriedad con la que se debe tratar una crisis de esta magnitud generando aquella célebre confusión de la “ley seca” que súbitamente hizo que la gente se volcará a las tiendas a comprar cerveza.

Quizás eso no sea tan relevante, pero lo que sí lo fue y además fue muy grave, fue implementar la brillante idea de reducir el transporte público, ocasionando que la gente que no puede quedarse en casa y tiene que seguir yendo a trabajar se expusiera a aglomeraciones que aumentaron el factor de riesgo. 

Ha juzgar por las fechas ese fue el error que disparó el número de contagios, aunque ahora ellos pretenden endosarle la culpa a usted y a mí por, según ellos, habernos relajado…

El mensaje tampoco dice nada sobre la exigencia por parte de muchas personas para que la administración estatal informe de manera clara y transparente… ¿qué se ha comprado durante esta crisis?, ¿a quién?, ¿a qué precios?… Porque existe un velo de duda que en medio de esta crisis alguien podría estar aprovechándose para favorecer a particulares.

Como era de esperarse el mensaje tampoco menciona la incapacidad del gobierno para generar consenso con los alcaldes y definir una única ruta para la reanudación de actividades. Y menos aún con la federación, con quien a mitad de la pandemia decidieron iniciar una disputa muy fuera de tiempo respecto al Pacto Fiscal. Un tema que se tiene que discutirse, pero que no es tiempo de hacerlo ahora. 

Parece muy fácil echarle la culpa a la gente, pero los gobiernos son elegidos para ejercer el liderazgo sobre todo en los momentos de crisis como este y  en eso, en ejercer el liderazgo, una vez más volvieron a fallar. 

Cuando el liderazgo de un gobierno, una habilidad que se enriquece día a día con congruencia y autocrítica, sucumbe ante las ocurrencias y carece de seriedad, la gente y el resto de los actores políticos con los que interactúan dejan de creerle y tenerle respeto.

Sin nadie que lidere en medio de la tormenta es muy fácil que las medidas de contención se relajen y cada quien haga lo que quiere, pero eso no le quita al gobierno su responsabilidad. 

La responsabilidad es sólo de ellos, en el momento más difícil en la historia reciente del Nuevo León, hubo un buen trabajo inicial, pero luego cayeron en mensajes contradictorios. Ojalá tengan tiempo de recomponer para que ese trabajo inicial termine bien porque eso es lo que se merece Nuevo León.

La Nueva Normalidad

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En estos días he escuchado mucho sobre la “nueva normalidad” y me he puesto a pensar cómo debería ser y cuál es la realidad en la que merecemos vivir. Pensando en lo ideal, las siguientes palabras llegaron a mi mente…..

La nueva normalidad, esa en la que las mujeres no corran peligro en su propia casa y que al tener un problema y llamar buscando auxilio, sean atendidas por autoridades preparadas, eficientes y empáticas, porque el aumento del 60% en llamadas por violencia en esta cuarentena, existe y no es falso. Incluso una normalidad, en la que poco a poco, el sentir peligro tanto en casa como en la calles se vuelva algo desconocido, que los más de 4 mil asesinatos entre abril y mayo no vuelvan a ocurrir. 

Necesitamos vivir en la nueva normalidad, esa que respete el medio ambiente y las áreas protegidas, aquella que no ceda las tierras al mejor postor. Esta, donde los procesos de producción tengan en cuenta el cuidado del planeta, antes que el beneficio propio. Esa realidad, en la que el gobierno se preocupe por las energías renovables y no le apueste a proyectos viejos y fallidos. 

Se debe buscar una normalidad, donde todos tengamos los mismos derechos y el Estado nos brinde servicios eficientes. En la que todos los niños, donde sea que vivan, tengan acceso a una educación de calidad y a una infraestructura educativa digna, que realmente les brinde las herramientas para lograr esa movilidad social tan anhelada, que aun parece ser solo una utopía. 

Una realidad en la que las personas puedan ser libres, como sea que elijan serlo, sin miedo a ser juzgados y reprimidos por el mismo sistema heteronormado y patriarcal. Aquella, en la que mujer pueda decidir sobre su cuerpo y el Estado no se crea dueño de este. 

Se necesita una nueva normalidad, si, cambiando de forma y de fondo, sin divisiones y estigmas, como bien dicen muchos: todos remando para el mismo lado. Esta normalidad, que reconozca a todos como personas que tienen el derecho a desarrollarse de manera plena, sin importar su raza, religión, preferencia sexual y lengua. 

Aquella en la que el gobierno no dividida a la población, ni destruya instituciones. Una, en la que el poder no sea centralizado en un solo individuo, sino que sea usado para fortalecer los organismos gubernamentales existentes. Esta que tiene como fin, brindar un verdadero bienestar para la ciudadania, más allá de caprichos y desplantes. Esa debería de ser la Nueva Normalidad, la que realmente se necesita.

Golpe de Estado energético

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El golpe de Estado energético que propinó Rocío Nahle García, titular de la Secretaría de Energía a nombre de la cuarta transformación y por orden del presidente de México y de quienes desde sus escondites le dictan la política para avanzar en la instauración del socialismo totalitario en México, constituye un atropello grosero al orden jurídico vigente y desatará cientos de amparos, protestas de gobiernos extranjeros y posturas agresivas de empresas extranjeras que tuvieron fe en la reforma energética del régimen anterior. 

Al congelar inversiones por más de 7,000 millones de dólares, casi la misma cantidad que la que resulta de la absurda cancelación del NAIM de Texcoco, provocará demandas por la misma cantidad más daños y perjuicios, lo cual agregado a lo de Texcoco acabará haciendo parecer el FOBAPROA de Ernesto Zedillo como una tómbola de kermes parroquial. Obviamente, con cargo al contribuyente mexicano que acabará pagando la energía eléctrica más cara del mundo, además de la más contaminante. 

La cuarta transformación no respeta los Acuerdos de París, ni tampoco la salud de los mexicanos, como ya lo demostró su ausencia de manejo de la crisis del COVID-19. ¿Será este pronunciamiento autoritario una pifia de una funcionaria removible en caso de que las protestas internacionales pongan en peligro la estabilidad del gobierno, o será solamente un movimiento adicional que juegan los estrategas e ideólogos de la cuarta transformación (mexicanos y extranjeros de todo pelo), frente a la ausencia de reacción enérgica de la sociedad mexicana? 

¿Se puede creer que funcionarios mexicanos sean tan torpes que promueven con todo conocimiento de causa el uso del peor combustóleo capaz de envenenar a gran parte de la población? ¿Lo sabe y lo entiende AMLO? Si no lo entiende, que dios le perdone su ignorancia incorregible, si lo sabe, tendrá el presidente tanto afán de poder que sería capaz de perjudicar la salud de millones de los ciudadanos catalogados como pueblo sabio? 

El presidente se puso en un tobogán muy resbaloso. Ya no entiende cuales son los límites del poder. Anticipa actos futuros y asume que ya prevalece la dictadura a la cual anhela.

Otros Datos…

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El coronavirus ha sido la excusa perfecta para olvidar en la agenda pública lo que las marchas y protestas feministas habían logrado. Si bien esta emergencia sanitaria es un caso extraordinario que se debe de atender, no podemos descartar, aminorar o negar la crisis en materia de perspectiva de género que se vive y se ha vivido en México. 

Hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la famosa  “mañanera”, afirmó que el 90% de las llamadas por violencia doméstica al 911 son falsas. También manifestó que la violencia no es un valor propio de las familias mexicanas y que este confinamiento ha reunido a las familias para reforzar sus lazos. Curiosamente, la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, declaró que no ha disminuido la violencia de género en el país. De igual forma, la ONU ha dicho que debido a este periodo de aislamiento en América Latina han incrementado los casos de abuso doméstico, resaltando los casos de México, Argentina y Brasil.  

Antes de la contingencia, el tema de discusión nacional  era el alarmante número de feminicidios, violaciones y agresiones realizados de forma descarada en nuestro país. Por fin se había obtenido la atención internacional, de los medios de comunicación y del gobierno. Ahora, no solamente se ignora, si no que también se niega su existencia por nuestro mandatario. “Yo tengo otros datos…” es ya la respuesta más desgastada del titular del ejecutivo federal. Pero la pregunta debe ser ¿cuánto más podremos tolerar esta  respuesta? Pareciera que su propio equipo encargado de darle estos “datos” dice lo contrario a lo que el presidente declara en cada mañanera. Ya fue suficiente de tanta incongruencia, y desconozco el  mundo fantástico en el que vive Andrés Manuel, pero claramente no es el México de la realidad. Un buen gobierno es aquel que busca alcanzar los ideales político-sociales, pero la única forma de lograrlo es atendiendo a la realidad, le acomode o no al ejecutivo. 

No se puede continuar maquillando la realidad, no  se debe aplazar más la toma de acciones. Bajo la situación actual será cada vez más difícil visibilizarse para exigir al gobierno nuestros derechos básicos, pero te invito a ti que lees esto que no te detengas y hagas dentro de tus posibilidades este reclamo para evitar la invisibilización de esta crisis que tanto padecemos las y los mexicanos.

Esta semana se ha demostrado algo positivo también, que si nos juntamos y alzamos la voz  podemos lograr la acción de las autoridades competentes. Tal es el caso de lo acontecido con “Johnny Escutia” y la youtuber Yuya. En el que por medio de la denuncia en redes sociales por el repulsivo y deleznable contenido de sus “letras”,  en las que describe de forma explícita cómo abusar, violar, matar y desmembrar a una mujer. Gracias al apoyo e indignación de miles de usuarios fueron retiradas sus “canciones” (o mejor dicho discurso de odio) de las distintas plataformas digitales de reproducción. Aquí se refleja cómo la misma sociedad unida y organizada puede reclamar y hacer justicia, misma que el gobierno por su falta de empatía o habilidad para abordar estos temas es incapaz de solucionar. 

Este caso al igual que muchos otros evidencia que estamos profundamente alejados de la realidad que nuestro presidente elucubra. Es doloroso y lamentable pero no incurable. La incapacidad del gobierno para llevar dos agendas públicas es evidente e imperdonable para las y los mexicanos,  ya que deja un inmenso vacío en la búsqueda de una perspectiva de género como política pública. Por un lado es evidente que en esta crisis sanitaria no se han tomando las mejores decisiones en cuestión de política sanitaria para las y los mexicanos, ya que tenemos un rezago significativo en materia de salud, y por el otro el gobierno muestra su incompetencia en abordar el ya muy dicho y discutido problema de la violencia de género.

El presidente como reiteramos tiene “otros datos”, mismos que nunca parecieren ser claros, demostrando que su gobierno no cuantifica o le da la importancia necesaria a estas tragedias humanitarias. Uno no puede mejorar lo que no puede medir, quizá si escuchara al Subsecretario Hugo López Gatell, sabría que ‘es un error metodológico pensar que sólo lo que se ve existe y lo que no se ve no existe’, por decir lo menos.

Basta del silencio, si tenemos hoy esta emergencia sanitaria ataquemos de forma paralela también a la crisis de derechos humanos que afecta a las mujeres. Unidos podemos y como mexicanos lo lograremos. Ni una más, y ni una menos.

Alerta, el coronavirus generará millones de pobres en México

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Esta columna es parte del análisis que realizamos en Reporte-19, un producto de Altius Consultores para orientar en la toma de decisiones. Para consultar el reporte completo entra a https://bit.ly/Reporte19

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) presentó el estudio “La política social en el contexto de la pandemia por el virus COVID-19 en México”.

Anticipa aumentos en la pobreza por ingresos, la pobreza laboral y el riesgo de que grupos de ingreso medio enfrenten condiciones de pobreza, al no haber políticas dirigidas a ese segmento.

El instituto señala que la pobreza podría incrementarse en un aproximado de 7.9% (entre 8.9 y 9.8 millones de personas). Por su parte, el número total de personas en situación de pobreza extrema aumentaría entre 4.9% y 8.5% (6.1 y 10.7 millones de personas).

Esto no son cifras menores, estamos hablando que aproximadamente el 15% de la población total del país pasará a una situación de pobreza o de pobreza extrema. Es decir, habría un incremento de casi un 50% en el número total de personas en pobreza (considerando que en 2018 el porcentaje de pobres era del 42%).

Para tratar de evitar esta que es a todas luces una tragedia social, el Coneval propone un aumento en el gasto social de hasta 1,2% del PIB (137,288 millones de pesos) para ampliar y fortalecer las medidas emergentes desplegadas a partir de los programas prioritarios, mejorar su capacidad operativa y asegurar una focalización adecuada.

El organismo concluye poniendo el dedo en la llaga y es que señala la falta de medidas por parte del gobierno federal para quienes han perdido su fuente de ingreso y para los sectores urbanos más expuestos.

Llama la atención la falta de flexibilidad que ha demostrado el Presidente López Obrador, pues en lugar de diseñar medidas emergentes focalizadas a la población y zonas que más sufrirán los efectos económicos, parece instalado en el mismo discurso y programas que tenía antes de la pandemia.

La afectación a la población de ingreso medio podría ser particularmente aguda, pues al no existir programas o redes de apoyo focalizadas a este segmento, el riesgo de caer en pobreza aumenta.

A mayor vulnerabilidad, mayor afectación. De ahí que cobre relevancia la discusión del Ingreso Único Vital que se está promoviendo en la Cámara de Diputados para otorgar transferencias por tres meses a las familias más vulnerables.

Este ingreso está siendo apoyado por la oposición a Morena (PAN, MC), pero está sumando cada vez más legisladores y organizaciones de peso como el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, Nosotrxs y Oxfam México.

Siendo el de Morena un gobierno que ha puesto el énfasis en poner primero a los pobres y a las transferencias directas a grupos vulnerables, en principio sería extraño que hubiera una negativa a una medida de esta naturaleza, pero el factor político podría terminar pesando más.

Oposición sin doctrina, ni ideas

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Durante el transcurso de esta semana, ha vuelto el falso y agotado debate sobre la militarización del País en relación con la estrategia de seguridad y la guardia nacional.

Lo anterior, derivado de la publicación en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo, del “ACUERDO por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”, en el cual, esencialmente se señala que la Fuerza Armada permanente participará de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada subordinada y complementaria con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública mientras esta institución desarrolla su estructura y por un periodo máximo de cinco años.

Además, porque diversos legisladores y dirigentes de partidos políticos como por ejemplo: Damián Zepeda, Marko Cortes, Clemente Castañeda etc; aprovecharon para señalar que la publicación del referido Acuerdo “es inconstitucional”, “un fracaso absoluto de la guardia nacional” y “un retroceso gravísimo para el orden público“.

No obstante, debe decirse que los señalamientos realizados y referidos en el párrafo anterior, resultan incongruentes y extemporáneos.

Incongruentes, pues quienes hoy tachan de inconstitucional el Acuerdo del 11 de mayo, pasan por alto que este documento únicamente parafrasea el artículo Quinto transitorio de la reforma Constitucional publicada el 26 de marzo de 2019, por la que se crea la Guardia Nacional y que ellos mismos votaron a favor.

Incluso, el Senador Clemente Castañeda después de la votación afirmó que se constituyó un marco de actuación para las Fuerzas Armadas, apegado a parámetros de convencionalidad, respeto a derechos humanos y rendición de cuentas”.

De ahí que exista una falta de coherencia entre lo dicho y actuado.

Extemporáneos, por que los señalamientos que hoy cobardemente realizan debieron haberlos efectuado cuando tuvieron a su consideración la propuesta de reforma Constitucional que crea la Guardia Nacional, que se insiste votaron a favor y no así, a más de un año de la votación y publicación de la reforma.

Sin embargo, mas allá de asignar calificativos a las declaraciones vertidas, a los mexicanos debe preocuparnos que hoy nuestro País carece de una necesaria oposición.

Lo anterior, pues quienes se autodenominan de oposición reducen todo a bataholas, reyertas sin doctrina, ni ideas y una descalificación total de lo que hace el adversario, lo cual en nada ayuda y si empobrece al debate público. 

 Ante este escenario, es claro que a los mexicanos nos urge contar con una verdadera oposición, lo cual evidentemente no significa estar en contra o ser antagónico de todo lo que realiza el gobierno, sino más bien, críticas razonadas, congruentes, constructivas, que nutran el debate público y sobre todo con propuestas que enriquezcan la toma de decisiones.

Finalmente, como alguna vez lo dijo un verdadero y fetén opositor (Diego Fernández de Cevallos) “en todos los Países civilizados de la tierra, las oposiciones que se respetan a veces votan a favor de las propuestas del gobierno y a veces en contra. Solo quien padece de sus facultades asume que para ser honesto se tiene que estar en contra del gobierno, eso no lo aguanta ningún País”. 

Crecimiento o Desarrollo

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Durante las últimas semanas hemos presenciado un debate intenso entre la 4T y sus detractores. La actual pandemia nos ha llevado a analizar el sistema económico global. Esto aunado a un férreo rechazo de López Obrador a dar crédito a la medición de la producción y crecimiento, el Producto Interno Bruto o PIB. 

México inicia el 2020 con una contracción del casi 2% del PIB en el primer trimestre del año. A esto hay que sumarle que en los últimos meses se ha tenido un estancamiento económico, donde prácticamente no hay cambio en el PIB de nuestro país y no estamos creciendo. Con números en mano salen expertos diciendo que AMLO nos está llevando al precipicio, y sus promesas de 3%, 4%, ó hasta 5% no se darán al menos en sus primeros tres años de gobierno. Mientras que desde la otra esquina escuchamos a la 4T pregonar que el crecimiento no es de importancia, sino hay que buscar el bienestar. Ante esta situación de blancos y negros es preciso detenernos un momento y analizar qué pasa y qué es mejor. 

Para entender estos argumentos hay que remontarnos a la creación y uso del PIB como indicador económico. Posterior a la crisis de 1929 el Presidente Hoover estaba buscando como levantar la economía, razón por la cual invitó a un brillante y joven profesor ruso, Simon Kuznets, con el fin de explicar al Congreso que la recuperación estaba a la vuelta de la esquina. En los siguientes años Kuznets diseñó el PIB a fin de considerar cuánto se podría producir para incentivar la economía. Es así como el PIB se convirtió en el indicador de referencia económica a nivel global, donde básicamente se plasman los bienes y servicios producidos en un periodo de tiempo determinado. 

A pesar de las advertencias de Kuznets de no incluir a ciertas industrias como la militar, publicidad y el sector financiero, no se hizo nada al respecto y el PIB terminó considerándolas para tener mejores cifras. Para darnos una idea de las consecuencias en Gran Bretaña el sector bancario era menos de 1% del PIB en 1950, pero para 2008 en plena crisis financiera su porción ya era de 9%. Esto gracias a un mayor involucramiento durante los 70s con el fin de hacer más “productiva” la optimización del dinero y sus rendimientos, los cuales por décadas se han quedado en los bolsillos de unos cuantos. 

Esta medición de la “realidad” económica ha llevado a casos ilógicos de registrar dónde se encuentra la riqueza. Como ejemplo podemos tener un árbol en un parque público que a pesar de dar sombra, dar frutos, ser filtro de contaminación y reducir el calor ambiental no tiene aportación alguna al PIB, pero si talamos ese árbol y de ahí hacemos lápices entonces ya se registraría la producción y el crecimiento económico. 

Es así como el día de hoy consideramos que lo que producimos, independientemente de su utilidad y fin, es más importante que lo que tenemos y no registramos. No hay medición de la riqueza social generada por los parques, educación, salud, entre otras tantos rubros que son esenciales para una sociedad. Pero sí hay medición de la “utilidad” generada por un asesor financiero moviendo dinero en su computadora intercambiando acciones o derivados multiplicando esa “riqueza”. 

Hoy la pandemia nos lleva a repensar el sistema económico que queremos diseñar a futuro. No es viable continuar con los mismos indicadores y muchos países lo saben y están tomando cartas en el asunto. Nueva Zelanda, Escocia, India, Sudáfrica y muchos otros están optando por nuevos indicadores que midan la realidad social y el bienestar de sus ciudadanos. 

No podemos irnos al extremo de desestimar por completo la producción del país pero hay que preguntarnos, ¿de qué sirve hacer lápices si nos vamos a quedar sin árboles? De qué sirven 100 bancos que sólo estén “optimizando” el uso del dinero si de ahí no se redistribuye nada para el bienestar de la sociedad? De qué sirve seguir utilizando como referencia única el PIB si la pobreza, desigualdad, mala educación y pésima salud sigue siendo el yugo en México? ¿Y tú qué consideras más importante?

Para más información de temas actuales escucha mi podcast en Spotify “Kristian con K”.

IVA a Millennials y Militarización en México

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¿Por que el IVA a Netflix si fue tendencia en twitter para los millennials y la militarización de México no? Eso es el resultado de dos México distintos. 

Durante estos días vimos de todo: jóvenes rechazando el 16% de valor agregado “por afectar su economía” y por otro lado, quien abrazaba la idea “si somos privilegiados, debemos pagar” pero aquellos que protestaban por impuestos, no lo hacen con la militarización en México. 

El problema de ambas situaciones no es si el IVA disminuye la pobreza o que el Gobierno inventa impuestos y es incapaz de brindar seguridad, el problema es que nuestra generación solo abraza las causas que están arriba del iceberg y no las profundas siendo igual que omiso que el gobierno. Tal vez porque no prenden en redes, tal vez porque no son mediáticas en nuestra generación o porque ya nos acostumbramos a ellas.

Prueba de ello, es el alcance mediático en redes de ambas políticas públicas mencionadas: Mientras el IVA representa un impuesto indirecto, que nunca se etiqueta para programas sociales y que su objetivo solo es aumentar las recaudaciones fiscales, en contra sensus, la militarización del País es el resultado de una política de Estado en materia de seguridad fallida, donde en lugar de apostar a combatir las causas que provocan la violencia, se despliega a los efectivos del ejército por “carecer de Instituciones” y solo ser reaccionarios ante la ola de violencia. Prueba de ello es Magdalena de Kino, Sonora ayer.

¿Entonces tenemos un Gobierno que nos aumentan la recaudación de impuestos mientras pero no es capaz de brindar un ambiente seguro e incentivar y ofrecer mejores oportunidades a los jóvenes y tener una movilidad social real y no protestamos por ello?

Mientras la encuesta sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información y comunicación en los hogares menciona que solo el 65.8% de los mexicanos tenemos acceso a internet, lo seguro es que mientras caímos en la cortina de humo del IVA, no nos dimos cuenta que el 100% de los mexicanos vivimos en una inseguridad constante en medio de una ingobernabilidad de las instituciones con un gobierno oportunista de la miseria. 

Esto nos explica porque tenemos un Presidente sordo a los millennials: El gobierno actual no nos representa ni busca hacerlo. Tiene una base mayoritaria que busca mantener y no hay juventud que sea firme opositora real. No hablo de marchas o anarquismo, hablo que ni siquiera nosotros estamos conectados entre nosotros y tampoco tenemos la representación en los espacios de gobierno.

Ejemplo de lo anterior, es un gobierno que desaparece institutos de emprendimiento, recorta apoyos sociales como guarderías infantiles para madres solteras y institutos de la juventud atados de manos que no sale de redes sociales.

Aunque irónicamente este articulo no saldrá de Twitter, Instagram o Facebook, nosotros somos privilegiados y eso, debería hacernos entender que tenemos una mayor responsabilidad social. Obligación que va más allá que estar detrás del escritorio.

Nuestra generación debe ir más allá, ir por las causas profundas que lastiman a nuestras generación. Buscar la participación social real. Buscar crear más mesas de diálogos con coincidencias entre los colectivos que diferencias. Crear iniciativas de ley y actividades de impacto al Sistema Político. Organizaciones de la sociedad civil que coaccionen a más organizaciones y grupos homogéneos partidistas que incentiven la vida política del país, pero fuera de Twitter. 

Mientras no busquemos incentivar el diálogo y la crítica en TODOS los jóvenes mexicanos, no solo en Twitter, seremos una generación más que madure y nos olvidemos de las causa que aún existen en México. Mientras no exijamos al gobierno nos represente realmente, todos los días en México seguirán existiendo pobres, asesinatos y feminicidios por un odio que no sabemos identificar. pobre jovenes, asesinatos de jóvenes y feminicidios de mujeres jóvenes.

Es nuestro tiempo millennials. A los centennials les tocará después.