La impunidad en el sistema de justicia

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Durante la semana pasada se hizo viral el caso de Cristina; una joven ciclista que murió después de sufrir un “hit-and-run” por parte de un conductor. Este suceso conmovió a la gente, y empezaron a surgir datos y argumentos sobre la poca movilidad que hay para vehículos no motorizados y peatones del Área Metropolitana de Monterrey. 

Sin embargo, hay otro debate que no está siendo atendido. ¿Qué sucedió con el conductor que huyó de la escena? Ya lo identificaron a él y al vehículo, pero aún no se ha dicho cuál va a ser la sanción a quien manejaba la camioneta. De hecho, presentó un amparo para no ser detenido y su abogado dijo que el juez es quien va a decidir si el conductor tiene una responsabilidad penal o civil. 

Esto me duele mucho. ¿Cómo es posible que contando con evidencia sólida sobre el caso, alguien se quiera y pueda deslindar de alguna sanción? O peor aún, esa persona sabiendo que cometió un delito, todavía piensa que no debería de tener alguna consecuencia. 

El caso de Cristina sigue en proceso y aún hay oportunidad para que su familia pueda conseguir justicia. Pero, así como el caso de Cristina, hay muchos más casos cerrados, donde el culpable siendo un hombre de nivel socioeconómico alto puede evadir este tipo de situaciones y responsabilidades. O si acaso, sí se logran condenar a alguna sentencia, salen libres después de cumplir con menos de lo acordado. Y esto se debe más que nada al proceso que se tiene en nuestro sistema de justicia, en el que muchos de los culpables se pueden escudar bajo la premisa que “no se respetó el debido proceso” y por eso no se puede continuar con el caso. 

El sistema de justicia mexicano está lleno de impunidad, y tal vez es hora de ir replanteando la manera en la que se llevan a cabo las investigaciones y los procesos. Y esto no solo conlleva cambiar el sistema, sino también a las personas que contribuyen a que esto siga pasando: policías, abogados, ministerios públicos, jueces, etc. No podemos seguir dejando a estas personas libres, porque no solo se abre la posibilidad a que puedan volver a cometer un delito, sino porque también manda un mensaje a la ciudadanía de que no hay justicia y que todos pueden hacer lo que quiera, al cabo los policías no van a hacer nada. 

Viaje redondo: el avión está de vuelta

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Comprado durante la gestión de Felipe Calderón y usado por Enrique Peña Nieto, ayer por la tarde pisó nuevamente suelo mexicano el Boing 787 más famoso: el José María Morelos y Pavón; el “avión presidencial”, ese que no lo tiene ni Obama y que tampoco lo tiene (ni lo quiso) el amigo Trump.

De acuerdo con el presidente, el avión está de vuelta pues ya hay un comprador interesado. La oferta de 120 millones de pesos (poco más de la mitad de lo que costó) incluso ya está medianamente blindada por un anticipo. Aseguró que las negociaciones van por muy buen camino y que se están terminando revisar detalles técnicos para concretizar la venta. Se habla de que, incluso si se cayera la venta, existen dos ofertas más.

El próximo lunes el presidente ofrecerá una conferencia de prensa donde hablará (una vez más) de los lujos de la aeronave y, quizá, detalles sobre esta posible venta definitiva. Pero si él mismo dijo que no había problema con que fuera entregado en México o en EEUU, entonces ¿por qué traerlo de vuelta al país?

La pregunta puede tener tantas respuestas como uno pueda imaginar. Hay que recordar que mantener el avión en EEUU ha costado ya decenas de millones de pesos entre inspecciones, mantenimiento, vigilancia y resguardo. Tenerlo al hangar presidencial y que su custodia la realice ejército no es precisamente gratis, pero al menos (se presume) que el gasto es menor. Y si siempre fue así, ¿por qué se fue en primer lugar? ¿Por qué traerlo de vuelta hasta ahora?

El avión dejó de ser un bien desde hace mucho y se convirtió en un símbolo. El presidente fue el principal artífice de ello y lo sigue utilizando como tal. Para la contienda de 2018, el avión le fue muy útil como mecanismo para dar congruencia a su relato de austeridad y lo acercó a la gente, algo que nuestro mandatario prioriza sobre cualquier otra cosa. Y si la fórmula funcionó, ¿por qué cambiarla?

Hay quien sostiene que el retorno del avión es una cortina de humo para tapar la mala situación en la que se encuentra nuestro país por la pandemia (más de 40 mil muertes) o contrarrestar el escándalo de los diputados morenistas y petistas luego de que Porfirio Muñoz Ledo los llamara “golpistas” por intentar boicotear la elección de los nuevos consejeros del INE. Quizá el efecto colateral pueda ser este, pero hay que recordar que si Morena tiene la fuerza electoral que tiene es gracias a su líder.

Si AMLO recupera los niveles de aprobación de hace un año, garantiza que la maquinaria volverá a dar resultados tan amplios como en 2018. Qué mejor oportunidad para hacerlo cuando se está a un año de que la mitad del país se renueve y, una vez más, crecer políticamente en tiempos de elecciones.

Si el avión es el símbolo del derroche de las administraciones anteriores y su salida del país marcó “el inicio del fin de la corrupción”, ¿entonces su sobrevuelo y su regreso son un augurio de que algo más está por venir? Habrá que esperar.

Hablemos de trabajo y de dinero

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Todos estábamos conscientes de que la contingencia traería consigo repercusiones. Sin embargo, nadie podía tener la certeza de qué magnitud tendrían los daños colaterales. Es así, como en un marco internacional no solo se ha venido viviendo una pandemia en términos de salud, sino también en términos laborales: el desempleo. A nivel mundial, la OIT estimaba que en el segundo trimestre de afectaciones por covid-19 se vería reflejada una pérdida de empleos que ascendería a los 195 millones de personas desocupadas. 

En México, de acuerdo al Presidente López Obrador el total de empleos que se han perdido ya llega a 1 millón 140 mil. Evidentemente el problema no es la proporción, sino que el número de personas  que se han visto afectadas es bastante significativo. Viendo más allá de ser simples personas, son familias a las cuáles se les ha complicado adicionalmente el poder hacerle frente a la contingencia. 

Como se ha dicho anteriormente, en México 8 de cada 10 empleos surgen por parte de las pequeñas y medianas empresas. Desgraciadamente, a pesar de que hace dos días la Secretaria de Economía; Graciela Márquez Colín, comentaba que no dejarían morir a las pymes. Hoy por hoy sabemos que en el marco de todo lo que ha sucedido, entre abril y junio han cerrado 10, 351 pymes. Por otra parte, en términos de los famosos “créditos a la palabra” se sabe qué se han distribuido alrededor de 16 mil mdp en créditos. Recordando un poco acerca de estos créditos, estos consisten en un monto de 25 mil pesos por parte de gobierno federal para quienes lo soliciten con un esquema de tres meses de gracia. El número de beneficiarios rodea los 641 mil.  

Sin embargo, para muchos aún -y con justa razón- representa un estigma el “negociar” o “tratar” con gobierno federal sobre todo para pedir un préstamo. Y aunque muchos han hecho hasta lo imposible por no cerrar sus negocios, la contingencia provocó que muchos tuvieran que dejar de operar, hacer recortes de personal o incluso cambiar el giro de su negocio. Ser parte del sector esencial probablemente jamás había sido tan deseado como lo es ahora. 

Hablemos de la Secretaría de Trabajo y Previsión de Social, específicamente, de lo que compartió la Secretaria Luisa Alcalde en una conferencia vía twitter el 1 de abril del año presente y cito: “de acuerdo a la LFT y en el entendido de que la autoridad sanitaria declaró una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor no hay fundamento legal para separar a los trabajadores o dejar de pagar salarios, tampoco es aplicable el criterio del pago únicamente de salario mínimo, la obligación general debe ser el salario íntegro…siempre pensando que para las y los trabajadores, el salario es el sustento que tienen para ellos y para sus familias”. En pocas y llanas palabras, la LFT para efectos de este supuesto quedó de lado o en segundo plano. 

Desde esta perspectiva, al gobierno federal le pareció justo que a todas y todos los trabajadores se les pagara el salario de forma íntegra a pesar de que no todas las empresas estuvieran operando. Desgraciadamente, su postura ha venido cambiando, ya que apenas hace unos días surgió la noticia de que la STPS estaba dejando sin equipos a funcionarios públicos, limitando el uso de servicios básicos y solicitando que “voluntariamente” hicieran aportaciones de su salario para ser “solidarios” con el gobierno federal. No me encanta la idea de ser sensacionalista pero ¿cuándo va a ser el gobierno de México solidario con los trabajadores? Es decir, si se tratase de solidaridad probablemente ya habrían podido vender el avión presidencial, dejar de lado la compra de estadios de béisbol, o suspender por el momento los proyectos de los que tanto se ha venido hablando como la Refinería Dos Bocas o el Tren Maya. 

Todas estas cuestiones indubitablemente son incongruencias de la tan afamada 4T. Sin más y dejando a criterio de cada uno de ustedes lo que perciba de toda esta situación, solo quisiera compartir una frase de Winston Churchill para reflexionar al respecto: “Muchos miran al empresario como el lobo que hay que abatir; otros lo miran como la vaca que hay que ordeñar y muy pocos lo miran como al caballo que tira del carro.” 

La austeridad no es suficiente para impulsar la recuperación económica en México

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Esta columna es parte del análisis Altius Consultores para orientar en la toma de decisiones. Consulta este y otros temas haciendo clic en https://bit.ly/Reporte19 

En abril el presidente López Obrador publicó un plan para enfrentar la crisis económica por el Covid-19 que consiste en aumentar el presupuesto de diversos programas y proyectos prioritarios, hasta por 622,556 millones de pesos adicionales a través de recortes al gasto operativo del gobierno. 

Sin embargo, según estudios durante este año los ingresos totales del gobierno caerían hasta 648,000 millones de pesos.

Para que el Estado mexicano pueda implementar un plan de reactivación económica robusto, que tenga por objetivo evitar la mayor pérdida masiva de empleos y detener la caída de los ingresos de las familias, será necesario encontrar fuentes extraordinarias de ingresos.

De acuerdo a un análisis publicado en la revista Nexos, si el gobierno no reacciona en tiempo y forma, la incidencia de las tasas de pobreza podrían llegar a niveles no observados desde hace más de 20 años.

Especialistas económicos señalan que si bien los programas sociales implementados por el gobierno son necesarios, no serán suficientes para afrontar la caída en ingresos y el aumento de la pobreza por venir.

Dependiendo del conjunto de medidas seleccionadas, los requerimientos presupuestales para afrontar a la crisis podrían variar entre 1 y 3% del PIB.

De acuerdo a los especialistas es imposible afirmar que la austeridad republicana sea suficiente para blindar el presupuesto de los 38 programas y proyectos prioritarios, ya que apenas podría contrarrestar la caída por ingresos tributarios. 

Para preservar el nivel de empleo y evitar el incremento de la pobreza, existen dos opciones complementarias: contraer mayor deuda pública y cobrar más impuestos a quienes tienen mayores ingresos.

Un endeudamiento que se dirija en favor de las personas más afectadas por esta crisis: las que se encuentran en pobreza y en peligro de caer en ella por desempleo.

Reducir los privilegios fiscales y se implementen políticas tributarias que graven, directa o indirectamente, la riqueza de las personas de mayores recursos.

Es lógico que se busque eficiencia en el gasto público y se eviten dispendios innecesarios. Sin embargo, mermar la capacidad operativa del aparato estatal puede resultar contraproducente tanto para la gestión pública como para la capacidad del Estado de responder a la emergencia, en particular hacia las personas más vulnerables.

El Presidente López Obrador parece estar limitado por la línea que ha mantenido desde hace años respecto a que no es necesario crear nuevos impuestos en México.

La evidencia apunta a lo contrario: México es uno de los países de la OCDE que menos porcentaje de su PIB recauda, además de tener a gran parte de la población en la economía informal. Las afectaciones a las finanzas públicas provocadas por la pandemia solo lo han hecho más evidente.

Una reforma fiscal progresiva que amplíe la base gravable y cobre una cantidad justa de impuestos a las personas y corporaciones que más ingresos generan, así como a las herencias, sería un camino lógico, pero con evidentes costos políticos de impulsar.

Aún en este contexto de emergencia, el gobierno federal hasta ahora no ha apoyado la propuesta de un Ingreso Vital de Emergencia. Esta política se ha aplicado en diversos países como parte de las estrategias para mitigar las afectaciones socioeconómicas de la pandemia.

No se trata de eliminar los programas de apoyo existentes del gobierno de López Obrador, sino de complementarlos con políticas diseñadas específicamente para esta emergencia.

#ElNidoDelGavilán: “La privatización y el abuso de Parque Fundidora”

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En los últimos días, la administración del Parque Fundidora anunció su cierre ante la imposibilidad de pagar sueldos de sus trabajadores y demandando al gobierno un apoyo de 10 millones de pesos al mes.

Los inicios del Parque datan de décadas atrás. El 10 de mayo de 1985 se anunció la quiebra oficial de la Fundidora de Monterrey, aquella icónica empresa que fue la primera siderúrgica de América Latina. Tiempo después, el 11 de marzo de 1988, Miguel de la Madrid cedió los terrenos al gobierno del estado a través de un decreto en el Diario Oficial de la Federación en donde se declara la utilidad pública, conservación y mejoramiento de lo que es el Parque Fundidora. 

Se concibió a Fundidora como un parque urbano para la ciudad, la nuestra que tiene un déficit histórico de áreas verdes, parque y arboledas. Sin embargo, en la acostumbrada y normalizada privatización del espacio público, poco a poco fue perdiendo la vocación. 

En 1991 se inauguró Cintermex en un costado del Parque, en 1994, se abrió un anfiteatro al aire libre para eventos denominado Auditorio Coca Cola (Transformado en 2010 en el Auditorio Citibanamex) y posteriormente para 1995 abrió el parque temático de Plaza Sésamo.

Llegó el siglo XX y la privatización no paró, eliminaron numerosas áreas verdes para la construcción de una pista de carreras profesional donde la Serie Kart tuvo 2 ediciones del “Gran Premio de Monterrey”. En 2003, TV Azteca y otros socios crearon la Arena Monterrey, la sala de conciertos más grande de la ciudad. Llegaron algunos museos, la concesión de la Nave Lewis, una pista de patinaje, la Casa de los Loros y otras plazas y restaurantes, que conocemos hoy. 

Para rematar, en los últimos años se ha dado el proceso de eliminación de áreas verdes para crear estacionamientos para los numerosos eventos que se realizan ahí como el Pal Norte, la versión regia del Vive Latino de la capital. Y en el gobierno de la 4T, el Presidente inauguró el Salón de la Fama del Beisbol en los terrenos de su límite oriente.

De acuerdo con diversos medios, al menos 70 por ciento del Parque Fundidora no tiene relación con su rol como parque y bosque. Además, 42 por ciento de las instalaciones son privadas, concesionadas o tienen costo pese a que la entrada general es “libre”.

En 2019, diversos medios reportaban que el Gobierno del Estado en un afán de hacer “autosuficiente” a Fundidora, la había dejado a su suerte y como botín de los particulares que concesionan el espacio.

La administración encabezada por Fernando Villarreal Palomo desde 2016, no solo ha privatizado el parque a particulares, sino sobreexplotado el espacio con conciertos, ferias, bodas, que le dejan 10% de las ganancias volviéndose el “saloncito de fiestas” de empresarios de Monterrey.

Villarreal, cuyo sueldo mensual ronda los 120 mil pesos, dice “que no hay dinero” porque “no hay rentas” de los concesionarios. Lo que no dice es que Reporte Índigo y otros medios han reportando las cuentas por cobrar del parque, las exenciones de servicios al Museo Papalote y demás “favores” que solo enriquecen a unos cuantos con el espacio de todos.

Este año que se iba a realizar otra edición del Pal Norte se iba a repetir la degradación de áreas verdes y la utilización de espacios no diseñados originalmente para recibir a tan alto número de personas.

Ahora salen diputados, el propio Villarreal y voces diversas a pedir “fondos” para el Parque. Sin embargo, salvar a la administración actual no es solo convalidar la sistemática privatización, sino incentivar a que concesionen el resto del parque (lo poco que queda libre). 

El parque no es un salón de fiesta, sino un pulmón urbano. Un espacio que se tiene que cuidar como tal, no es club de golf ni club campestre. El Gobierno de Nuevo León tiene que regresarle al Parque su vocación de espacio público. Es increíble que como antes mencioné, que 42% del espacio del centro sea restringido para unos cuantos o para los que pagan, cuando el espacio es de todas y todos los ciudadanos sin importar su clase social.

No a la privatización del parque y a que solo unos cuantos se enriquezcan a costa de un lugar de todos. En los próximos días, el Gobierno de Nuevo León tiene que tomar una decisión, que esperemos sea en pro de la ciudadanía.

Lo dicho, dicho está.

Ignorancia superior

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“Los que más daño le han hecho al País, son los que supuestamente tienen más conocimiento  del manejo de la economía, son los que han acabado con el País,. Hay uno de ellos, que yo le llamo el “padre de la desigualdad moderna” que estudió en Harvard…” 

Hace algunos días, despotricaba contra intelectuales y periodistas que se atrevieron a formular un llamado para derrocarlo en las próximas elecciones. Después de estos pronunciamientos del presidente, ya no cabe duda que México está en malas manos y rumbo a un abismo del cual tardará cincuenta años mínimo en reponerse y recuperar el tiempo que se está perdiendo.  Después de este vómito de odio y de resentimiento, se pregunta uno cómo pueda haber todavía egresados de universidades, ingenieros, licenciados, doctores que sigan apoyando a este individuo para que maneje los destinos de México. 

¡Cuanta frustración e impotencia revelan esta declaración de un hombre que tardó 14 años en graduarse de la UNAM, cuanto desprecio para el conocimiento que no se la ha dado entender, cuanto cinismo de un político que sentenció que gobernar no era nada complicado, que era simplemente un asunto de sentido común. 

Por esto, todo se reduce a frases demoledoras, “abrazos y no balazos”, “becario y no sicario”. Porque pretender tener más de un par de zapatos viene siendo contrario al sentido común y porque el rol de las mamás y de las abuelas para controlar los malitos es fundamental en la estrategia de seguridad pública de un gobernante que odia el conocimiento, huye del saber hasta destrozar las estructuras científicas y tecnológicas  de avanzada del CONACYT, para promover la creación de 100 universidades Benito Juárez cuyo propósito, con toda seguridad, será la destrucción del conocimiento, malo y generador de todos los problemas de desigualdad desde los tiempos de Carlos Salinas de Gortari. 

Declaraciones de este tipo, tomando en cuenta los CV de la mayor parte de los integrantes de su gabinete debería generar un éxodo masivo de seudo políticos formados en el extranjero. Mínimo, deberían eliminar las referencias a sus títulos para no incomodar a su jefe, y evitar exhibirle, sin hablar de ponerlo en vergüenza. 

Este se complace en la ignorancia . Que ahí se quede revolcándose; algún rector de las universidades Benito Juárez recibirá, algún día,  instrucciones para darle un doctorado “Honoris Causa” en ignorancia superior. Faltaba más.

El show está por comenzar

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Nadie puede negar que la corrupción ha sido uno de los principales problemas del México actual. Y también sabemos todas y todos que el sexenio anterior estuvo plagado de la misma. Quizás la figura que más resalta dentro de los corruptos del PRI, es Emilio Lozoya. Quien fuera exdirector general de Pemex durante la primera mitad del gobierno peñista, es acusado por la Fiscalía General de la República por lavado de dinero, crimen organizado y cohecho, entre otras cosas. Se dice que recibió aproximadamente 13 millones de dólares en sobornos, incluidos 10 millones de Odebrecht. También se recuerda la compra de Agro Nitrogenados a AHMSA por 500 millones de dólares cuando esta empresa valía hasta 10 veces menos. Son sólo algunos de los motivos por los cuáles la justicia española lo detuvo en Málaga y fue extraditado a México. Parecía ser que por fin se haría justicia por sus crímenes, pero la historia en cualquier momento puede cambiar.

Esta semana se completó la extradición de Emilio Lozoya a México, después de que el gobierno mandara un jet a recogerlo. A su llegada, las cosas comenzaron a tornarse sospechosas. Toda una caravana de distracción se puso en marcha para confundir a los medios de comunicación en el trayecto al Reclusorio Norte. Poco tiempo después, se confirmó que el detenido encapuchado que viajaba hacia ese destino no era Lozoya, y que el exdirector de Pemex estaba siendo ingresado a un hospital (privado, además) por supuesta “anemia y debilidad general”, misma que las autoridades españolas negaron rotundamente. ¿Curioso, no?

Tanto el Secretario de Seguridad Ciudadana como la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México como el Presidente salieron la mañana siguiente con versiones distintas sobre lo sucedido y el paradero de Lozoya. Así sólo demostraron que no existe comunicación interna. Poco después el Presidente mencionó que no intervendría en los procesos de la Fiscalía y que “no ha hablado con el Fiscal desde hace 5 meses”.

¿Nos está diciendo que el Fiscal General de la República y el Presidente de México no se comunican hace 5 meses?

Nada bueno puede surgir de eso…

En lo que Lozoya se “recupera”, la opinión pública acerca de lo que sucederá es dividida. Hay quienes afirman que viene a destapar las alcantarillas de corrupción y que gracias a sus declaraciones caerán muchos políticos influyentes (incluyendo varios que ahora militan en Morena), y también hay quienes comentan que fue extraditado a México para que aquí sea protegido a cambio de su silencio, que podría dañar los cimientos del Gobierno Federal.

Antes de que comience el show, ya tenemos algunas situaciones particularmente curiosas. La senadora Vanessa Rubio, del PRI, misteriosamente solicitó licencia a dos años de iniciar su labor para dedicarse a la academia y a la consultoría privada. Rubio fue mano derecha de José Antonio Meade, acompañándolo en tres subsecretarías y trabajando en su campaña. Ella estuvo en la Secretaría de Hacienda, por lo que es claro que estaba enterada de las acciones de PEMEX.

Esta madrugada se divulgó la noticia (aún no confirmada por el Gobierno), de que Javier Jimenez Espriú habría renunciado a su encargo como titular de la SCT. Ambos hechos, ocurridos horas después de la llegada de Lozoya al país. Bien dicen que en la política no existen las coincidencias.

Sabemos que algo pasará. Bueno o malo, pero pasará. Es el momento perfecto: la popularidad del presidente cae en picada, el país vive un momento oscuro, y las elecciones más grandes de la historia están cerca. Ya sea en beneficio o en contra del Gobierno de México, algo pasará. Emilio Lozoya sabe bastante sobre todo lo que se hizo debajo del agua del 2012 al 2018. Habrá que esperar, y habrá que exigir que su proceso se lleve de manera legal y transparente. Las y los ciudadanos de México nos lo merecemos. 

La Movilidad y el Respeto Cívico

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Lamentablemente la semana pasada fuimos testigos de hechos de tránsito en el cual lamentablemente perdieron la vida cuatro ciclistas.

Recientemente se aprobó en diciembre del año pasado la nueva Ley de Movilidad para el Estado de Nuevo León que contiene una visión más amplia respecto a la manera de trasladarnos de un lugar a otro dentro de la zona metropolitana y dentro del Estado.

Esta Ley contiene una jerarquización de movilidad empezando y como prioridad el peatón y las personas con movilidad limitada (personas de la tercera edad, niños, etc), posteriormente los usuarios o conductores de medios no motorizados y posteriormente los demás medios motorizados.

En el área metropolitana de Monterrey cada vez vemos menos agentes de tránsito, y cuando los vemos es para atender un accidente que ya sucedió o para operativos anti alcohol, pero no vemos a estos agentes como hace unos 20 años implementando el operativo radar, cuidando las zonas escolares, patrullando para detectar alguna irregularidad vial y temas preventivos.

Esto ha llevado a que la cultura tan mexicanizada de no respetar reglas y no respetar a los demás se salga de orden. Cada vez vemos más en los medios de comunicación y en las redes sociales incidentes de peleas entre conductores porque simple y sencillamente todos se sienten dueños exclusivos de la calle, más alla de las leyes y los reglamentos.

Los ordenamientos jurídicos fueron creados para regular la manera en que convivimos en sociedad, sin embargo, cuando no existe el valor del respeto, poco se puede hacer para respetar el ordenamiento jurídico que nos hace convivir bajo ciertos lineamientos.

México sigue siendo el cuarto lugar a nivel mundial en el Índice Global de Impunidad elaborado por la UDLAP, y esto deriva en que, al no existir castigos o al no implementarse los mismos, cada quien hace lo que le viene en gana e impera la ley del más fuerte, en este caso y en esta semana, lamentablemente la fuerza de un vehículo automotor contra el poco peso y volumen de una bicicleta y el cuerpo humano.

Es el mes de Julio de 2020, siete meses han pasado desde que se publicó la nueva Ley de Movilidad, y no solamente los ciudadanos no la respetan, sino que las autoridades municipales tampoco han armonizado sus reglamentos y tampoco han adaptado las vialidades con carriles confinados para los medios no motorizados como lo establece la nueva legislación.

La pandemia no es pretexto para no cumplir la ley y para que las autoridades no cumplan lo que deben cumplir, ejemplo de ello, es que siguen los trabajos en Calzada del Valle en los que se contempla todo, menos un modelo de calle completa.

Hay quienes, sin el menor síntoma de sensibilidad, acusan a los ciclistas de ocupar un carril, y es fácil emitir un juicio cuando no se trata de un familiar, sin embargo tampoco consideran que en las vialidades en que se suscitaron estas lamentables tragedias no existe un carril confinado a medios no motorizados, ni en esos municipios en donde ocurrieron los hechos existen reglamentos armonizados con la nueva legislación.

Más allá de deslindar culpas, que a nosotros no nos toca, sino a un juez de lo penal, lo que si nos corresponde es tomar responsabilidad sobre respetar a los demás y respetar las normas jurídicas para convivir como sociedad y prevenir lamentables pérdidas humanas.

Los Programas Sociales de AMLO

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Uno de los temas que el presidente López Obrador siempre promovió y defendió es la justicia social, especialmente para los grupos más marginados. Una marginación derivada de factores sociales y económicos como la corrupción, la falta de rendición de cuentas y transparencia, la discriminación, los excesos del mercado, el abandono del campo y de los grupos sociales que viven fuera de las zonas urbanas. Problemáticas complejas con muchas propuestas, estudios, y dinámicas económicas y sociales que entender. Pero para AMLO la solución siempre fue muy simple, por el bien de todos, primero los pobres. 

Muchas de las estrategias y políticas de López Obrador tienen un enfoque social y había certidumbre de lo que se iba a hacer. Pero a la hora de la verdad vimos que el objetivo final es tan ambiguo que nunca se logró aterrizar en políticas públicas y estrategias que logren un cambio real en la manera de hacer política.

Son 17 los programas sociales prioritarios del gobierno de López Obrador, siendo estos la insignia de su presidencia, de la mano con sus megaproyectos. Los programas principales son: Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, Universidades Benito Juárez, Pensiones a Adultos Mayores, Madres Solteras y discapacitados, y apoyos al campo mediante créditos, fertilizantes y otros insumos productivos. Más allá de meternos en el debate ideológico, vale más la pena analizar su operación a fin de descubrir si realmente pueden hacer un cambio. 

La Ley General de Desarrollo Social establece que el CONEVAL tiene la obligación de evaluar todos los programas sociales que el gobierno quiera implementar. El 6 de julio pasado se publicó esa primera evaluación que se limitó al diseño de los 17 programas prioritarios. El Consejo compartió las principales fallas y recomendaciones para cada uno de los programas y los hallazgos nos deben de preocupar. 

La situación es crítica, se identifican fallas en puntos esenciales de todos los programas. En Jóvenes Construyendo el Futuro, que entrega $3,748 mensuales, no hay metodología, personal o mecanismos que ayuden a saber si su capacitación laboral es efectiva. En Sembrando Vida, que entrega $5 mil mensuales e insumos para crecer y plantar árboles, el principal convenio es con 12 viveros militares quienes fallaron a su meta de producción, de 100 millones sólo entregaron 37 millones. En el programa sólo 7% de los árboles plantados sobrevivieron, de 575 millones totales sólo se logró plantar 80 millones. En las Universidades Benito Juárez no hay claridad de la ubicación donde se van a construir ni metodología para establecerlo. Tampoco se cuenta con la certificación necesaria para tener validez oficial (RVOE) por parte de la SEP. En las pensiones vemos un rechazo generalizado a las recomendaciones del CONEVAL. En las pensiones para discapacitados no se sabe si el apoyo es para discapacidad temporal o permanente. En los apoyos a madres solteras, que sustituyeron a las guarderías, no hay un registro claro de beneficiarias, e incluso afirma la 4T que las madres no son beneficiarias, sino son las niñas y niños.    

No hay análisis en el diseño de las políticas. La planeación y ejecución da mucho que desear: no se tienen objetivos aterrizados, la población objetivo no está identificada, no hay metas claras o indicadores que midan su cumplimiento, el padrón de beneficiarios está incompleto o tiene fallas en su registro, y no hay procedimientos de capacitación, contratación y evaluación claros. 

Lo más preocupante es que los 11 principales programas suman más de 132 mil millones de pesos. Esto es casi el doble de lo asignado de recursos federales a Nuevo León en 2020 (76 mil mdp). Y estos programas aún no cuentan con Reglas de Operación claras que establezcan por ley las herramientas, procesos y métodos que aseguren el uso correcto de los recursos y una medición de su efectividad. 

La respuesta de las secretarías y responsables de estos programas a la evaluación del CONEVAL fue más ideológica que técnica. Hay una crítica de la 4T a la medición de los programas, su ineficacia para impedir el desorden de la administración pública, el abuso en la gestión de recursos que pertenecen al pueblo de México y el desborde de la corrupción, dice la respuesta institucional. Y en la misma línea mantienen su argumentación donde señalan que el Consejo no entiende el objetivo social real de los programas, o que la operación de programas sociales ya es distinta, por lo que no deben ser medidos por los mismos instrumentos de evaluación de siempre.

Lo que sí es una certeza es que los programas cuentan con más buenas intenciones que estructura, planeación y evaluación. El rechazo al uso de metodología y ciencia para la medición y mejora continua muestra el rechazo a la experiencia y al uso de datos para la política pública. Así seguimos en una mentalidad de abrazos y no balazos, sin saber qué significan los abrazos, un primero los pobres, sin saber qué es eso primero. No olvidemos que de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. 

Mantente informado con el podcast de Kristian con K en Spotify: https://open.spotify.com/show/5nqhB8OTYOj5fwe9RKxNBl?si=4y7kaf98RPigirqq8kp6og

Los absurdos jurídicos legislativos: castración química al debate

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Uno de los fenómenos constantes en los poderes legislativos locales, es el claro desconocimiento del orden constitucional y jurídico mexicano, así como de todos los tratados internacionales de los que México es parte, y esto, resulta evidente cuando entramos al estudio sobre la objeto o naturaleza de las iniciativas y productos legislativos que emiten dichos poderes. Esto resulta preocupante, ya que en aras de la rentabilidad política o popularidad, legisladores locales presentan iniciativas sin sustento científico-jurídico, que en lugar de abonar a los problemas que mencionan, se convierten en medidas contraproducentes, violatorias de derechos humanos e incluso absurdas. En ese sentido, me gustaría poner en análisis un ejemplo de este tipo de fenómenos a nivel local, y para ello propongo como muestra una iniciativa presentada por un diputado local de Quintana Roo, el cual propone que una persona se someta a tratamientos farmacológicos de inhibición del deseo sexual para solicitar la libertad condicional. 

Lo anterior puede resultar “atractivo” para un sector de la población, e incluso, se presenta como una “solución a la impunidad de los delitos sexuales”. Sin embargo, todas esas afirmaciones son falaces y de manera breve tenemos desenmascarar este tipo de prácticas legislativas equívocas y sin fundamento. 

En primer término, la iniciativa es inconstitucional por incompetencia, ya que el artículo 73 fracción XXI inciso b), establece la facultad exclusiva del Congreso de la Unión para legislar en materia de ejecución de penas, eso quiere decir, que los Congresos Locales carecen de facultades para reformar absolutamente todo aquello relacionado al internamiento por prisión preventiva, ejecución de penas y medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial o los medios de reinserción social, ya que la norma en la materia es la Ley Nacional de Ejecución Penal. Resulta desconcertante que dicho legislador y su equipo, desconocieran algo tan básico en el derecho parlamentario y técnica legislativa como es la viabilidad jurídica por  competencia. 

En segundo término, la iniciativa contraviene el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), donde se establece la prohibición de penas de muerte, mutilación, entre otras, ya que ese tipo de penas trasgreden diversos ordenamientos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 5to se establece la prohibición de torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes; el artículo 2do de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura que prohibe las penas de sufrimiento; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que en su artículo 10  consagra el derecho a tratos humanos de las personas privadas de su libertad y la readaptación social de los penados. También, los diversos derechos reconocidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) cómo son el derecho a la integridad personal (art. 5) y el desarrollo progresivo de la protección de los derechos humanos (art. 26). En ese sentido, tenemos que hacer énfasis en que todos esos tratados y convenciones internacionales en materia de derechos humanos, han sido suscritos por México y tienen  carácter vinculante. El origen de todo esto, es el hecho de que no importa que seas una persona sentenciada, tienes derechos humanos plenamente reconocidos por nuestra carta magna y ordenamientos  de carácter internacional, por lo que promover una iniciativa de castración química trasgrede de manera directa todas estas normas. 

En tercer término, hay que entender que uno de los principios fundamentales del sistema penitenciario es la reinserción social, tal y como se encuentra plasmado en el artículo 18 segundo párrafo constitucional; esto es estableció desde la reforma al sistema de justicia penal en el año 2008, porque este principio de reinserción social tiene como fin el “encauzar a la persona delincuente dentro de la sociedad que lo vio cometer un delito […] y va dirigido a obtener la responsabilización del reo hacia él mismo y hacia la sociedad a través del logro, sea un mayor reconocimiento de sus deberes y una mayor capacidad de resistencia a los estímulos criminosos, sea el reconocimiento de su culpabilidad o de los errores cometidos en el pasado” (Velázquez Jorge, 2012). Una pena química no se funda en esta lógica, y con su argumento tergiversa los fines del derecho penal, ya que se “modifican los fines de la pena, […] y tampoco se sustenta en la culpabilidad, sino que se encamina hacia el concepto de temibilidad del sujeto activo del injusto” (Cobos Patricia, 2015). 

En cuarto término, este tipo de iniciativas pertenecen a una figura denominada “derecho penal simbólico” el cual podemos definirlo como esa serie de iniciativas y normas vigentes en materia penal que son un “engaño, de inexistente efectividad y eficacia, como cualidad objetiva de la norma” (Van Oordt Lizet, 2017) siendo sólo un instrumento político que pretende castigar en lugar de resolver problemas, sin prevenir ni atender los orígenes reales del fenómeno y es un mero mecanismo mediático. La iniciativa de este diputado local obedece a fines falaces, tanto es así, que ignora la motivación de los delitos sexuales, que “no se sustenta en cuestiones relacionadas al libido del sujeto activo, por el contrario, se ha reiterado que éste actúa motivado por deseos de control o dominio sobre el sujeto pasivo” (Ciani Italy, 2013) y por lo tanto no resuelve en nada el problema, confirmando mi hipótesis sobre la motivación política. 

Es muy importante que como ciudadanos estemos vigilantes de este tipo de “propuestas”y fiscalizar las iniciativas o productos legislativos que nuestros representantes locales promuevan, ya que en muchas ocasiones, es a nivel local en donde se cometen grandes irresponsabilidades jurídicas, violando todo nuestro orden constitucional. Como país merecemos representantes que estén a la altura de los problemas para los que fueron electos; es fundamental exigir a nuestros legisladores que sus iniciativas se apeguen a criterios científicos, lógicos y socialmente responsables. No pueden continuar las propuestas basadas en política y no en la realidad.