La Taquería

“Curemos” la ignorancia, no la homosexualidad

by Paula Marcela García Monteverde
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Hace un par de días se volvió penado impartir terapias para “curar” la homosexualidad en la Ciudad de México. 

Me llené de sorpresa al ver que las terapias psicológicas con el objetivo de modificar la orientación sexual, la identidad o la expresión de género, siguen siendo utilizadas en México y en el mundo. Estas terapias causan un daño psicológico al agudizar la falta de aceptación de uno mismo y el sentimiento de culpa al pensar que hay algo mal que debe ser “curado”. 

 La terapia de conversión tiene un pasado interesante, puesto que ha sido históricamente practicada tanto por “profesionales” de la salud mental, como por miembros de comunidades religiosas que no cuentan con una certificación psicológica para realizar ejercicios de modificación de la conducta. En la actualidad, quien pretenda “curar” la homosexualidad o la elección de identidad/expresión de género, así como quien busque forzar a otro a recibirla, será penado con entre 2 y 5 años de prisión o hasta 100 horas de trabajo comunitario en la capital del país. Esto, debido a que quien la realiza o la consciente, se encuentra en proceso de violentar la libertad de identidad y de expresión de quien recibe la -así llamada- terapia de conversión. 

La motivación para impartir esta terapia yace en la convicción moral-religiosa de que la homosexualidad o la identidad/expresión distorsionada del género (identificarse con el género opuesto o considerarse no-binario), es una particularidad rechazada por diferentes religiones alrededor del mundo e incluso digna de castigo. Habiendo dicho esto, es justo que intervenga el Estado en una práctica que se fundamenta en la desaprobación de la identidad humana según diversos sistemas de creencias. 

La penalización de las terapias de conversión en la Cd. de México representa un paso importante en pro del respeto, la inclusión y la aceptación de la comunidad LGBTIQ+, como seres humanos en sociedad, puesto que prohíbe este intento por cambiar quienes son. La penalización debe verse como un puntero que invite a otros estados de la República a reformarse y trabajar por la construcción de una comunidad diversa pero inclusiva; ya que esto genera un ambiente seguro para el desarrollo de personas plenas. 

Covid-19: La tormenta perfecta

by Kristian Macías
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Este fin de semana nos golpeó Hanna una tormenta más que año tras año golpean a nuestra ciudad, la naturaleza siempre pone a prueba nuestra capacidad de adaptación. Pero aparte estamos viviendo una tormenta que rara vez nos manda la naturaleza. Una tormenta que ha golpeado fuertemente al mundo, pero especialmente a México. La pandemia ha puesto al sistema de salud mexicano de rodillas, no hay infraestructura, médicos, enfermeras, camas, o inversión suficiente para enfrentar esta tormenta con más seguridad y herramientas.

El porcentaje de ocupación sigue en aumento superando ya el 70% en Nuevo León. Los contagios y las muertes diarias siguen en aumento y lo peor es que la ignorancia y las teorías conspiracionistas también siguen en aumento. Seguimos avanzando hacia un pico de la pandemia que se asemeja cada vez más a un camino tortuoso donde no podemos ver su fin y no se vislumbra la luz al final del túnel. 

La pandemia vino a golpear fuertemente a los mexicanos. No sólo es la falta de preparación y el abandono que el sector salud ha sufrido en los últimos años por la corrupción, la falta de profesionalización, los hospitales que son elefantes blancos con todo y equipo abandonado. También porque México sufre de epidemias que han empeorado esta pandemia.

México es el país número uno en consumo de refresco a nivel mundial, hay un consumo de 163 litros de refresco al año, 40% más que el segundo lugar, EEUU. Esto no es casualidad, la principal fabricante a nivel global ha cumplido su objetivo de esclavizarnos al consumo de su veneno embotellado que provocan la muerte de 24 mil mexicanos al año. 

A esto hay que sumarle la comida chatarra que día a día nos empacamos. El bajo valor nutricional de nuestra base alimentaria ha llevado a que seamos una sociedad obesa, de poca actividad y con alto consumo de bebidas azucaradas y alimentos con exceso de grasa y colesterol. Es alarmante ver que 75.2% de mexicanos sufren de sobrepeso (39.1%) y obesidad (36.1%), 10.3% sufre de diabetes y 18.4% sufre de hipertensión. 

Para hacer la cosa más grave, en Monterrey respiramos el peor aire de Latinoamérica, con alta concentración de PM2.5 y PM10 provocado por el alto flujo vehicular y la industria. En el centro de nuestra ciudad tenemos fábricas que llevan contaminando siglos y no hemos hecho nada para protegernos y para proteger a nuestras familias y vecinos. Pasan los años y la contaminación nos sigue matando. Son alrededor de 14,600 muertes al año que se podrían prevenir en nuestra ciudad si hiciéramos algo al respecto.

A todo esto hay que sumar la falta de apoyo económico en estos momentos críticos. El gobierno con un pobre argumento de austeridad sigue permitiendo que los mexicanos no cuenten con dinero de emergencia para estos momentos donde muchos han perdido su trabajo, otros a sus familiares y otros más la vida. 

Así estamos el día de hoy, en la tormenta perfecta. Mucha de la responsabilidad de esta situación recae en la falta de políticas integrales de alimentación, ejercicio, movilidad e industria. Donde los grupos marginados social y económicamente son quienes más sufren de todas estas enfermedades y sus consecuencias en la pandemia son mortales.  Sólo 14% de las muertes de Covid-19 no tiene comorbilidad conocida, dicho de otra manera tener diabetes, obesidad, hipertensión u otras enfermedades respiratorias aumenta fuertemente el riesgo de morir en la pandemia. Años de beber, comer y respirar veneno nos ha hecho la víctima perfecta. 

Pero vamos a salir de esta tormenta y tenemos que tener claros los principios y convicciones del nuevo México que hay que construir. Un México que ya avanza en algunos temas como un etiquetado más claro y con mejores regulaciones de comida altamente calórica y bebidas altamente azucaradas. Ahora es necesario seguir trabajando en la construcción de ciudades que nos ayuden a combatir la contaminación, la obesidad y las enfermedades respiratorias y cardiovasculares. 

Ahora nos toca construir un Monterrey libre de empresas contaminantes en la zona metropolitana, que van desde la refinería y las pedreras hasta las acereras y cementeras. Tenemos que construir un Monterrey con transporte eléctrico masivo y ciclovías que eliminen la contaminación vehicular y que sean las personas la prioridad en el espacio público. Construir un Monterrey con áreas verdes públicas, bien administradas y que no sean salón de eventos donde sólo unos cuantos salen beneficiados. 

Nuestra pasividad e ignorancia nos esta matando, es momento de volver a ser regios de acción, de soluciones y de apoyo al vecino. Ser como los regios que enfrentaron huracanes e inundaciones, los regios afrontaron malos gobiernos con participación ciudadana. Seamos los regios que aprendan de las tormentas de nuestros antepasados para vivir de manera sustentable con la naturaleza. Los regios que construiremos una ciudad del siglo XXI. 

Sigue informándote acerca de la “Crisis Climática” en el podcast de Kristian con K en Spotify: https://open.spotify.com/episode/7xvmVJnOCQ1dWDL3TUYR9P

 

La impunidad en el sistema de justicia

by Ana Regina Avila González
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Durante la semana pasada se hizo viral el caso de Cristina; una joven ciclista que murió después de sufrir un “hit-and-run” por parte de un conductor. Este suceso conmovió a la gente, y empezaron a surgir datos y argumentos sobre la poca movilidad que hay para vehículos no motorizados y peatones del Área Metropolitana de Monterrey. 

Sin embargo, hay otro debate que no está siendo atendido. ¿Qué sucedió con el conductor que huyó de la escena? Ya lo identificaron a él y al vehículo, pero aún no se ha dicho cuál va a ser la sanción a quien manejaba la camioneta. De hecho, presentó un amparo para no ser detenido y su abogado dijo que el juez es quien va a decidir si el conductor tiene una responsabilidad penal o civil. 

Esto me duele mucho. ¿Cómo es posible que contando con evidencia sólida sobre el caso, alguien se quiera y pueda deslindar de alguna sanción? O peor aún, esa persona sabiendo que cometió un delito, todavía piensa que no debería de tener alguna consecuencia. 

El caso de Cristina sigue en proceso y aún hay oportunidad para que su familia pueda conseguir justicia. Pero, así como el caso de Cristina, hay muchos más casos cerrados, donde el culpable siendo un hombre de nivel socioeconómico alto puede evadir este tipo de situaciones y responsabilidades. O si acaso, sí se logran condenar a alguna sentencia, salen libres después de cumplir con menos de lo acordado. Y esto se debe más que nada al proceso que se tiene en nuestro sistema de justicia, en el que muchos de los culpables se pueden escudar bajo la premisa que “no se respetó el debido proceso” y por eso no se puede continuar con el caso. 

El sistema de justicia mexicano está lleno de impunidad, y tal vez es hora de ir replanteando la manera en la que se llevan a cabo las investigaciones y los procesos. Y esto no solo conlleva cambiar el sistema, sino también a las personas que contribuyen a que esto siga pasando: policías, abogados, ministerios públicos, jueces, etc. No podemos seguir dejando a estas personas libres, porque no solo se abre la posibilidad a que puedan volver a cometer un delito, sino porque también manda un mensaje a la ciudadanía de que no hay justicia y que todos pueden hacer lo que quiera, al cabo los policías no van a hacer nada. 

Viaje redondo: el avión está de vuelta

by Carlos Escamilla
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Comprado durante la gestión de Felipe Calderón y usado por Enrique Peña Nieto, ayer por la tarde pisó nuevamente suelo mexicano el Boing 787 más famoso: el José María Morelos y Pavón; el “avión presidencial”, ese que no lo tiene ni Obama y que tampoco lo tiene (ni lo quiso) el amigo Trump.

De acuerdo con el presidente, el avión está de vuelta pues ya hay un comprador interesado. La oferta de 120 millones de pesos (poco más de la mitad de lo que costó) incluso ya está medianamente blindada por un anticipo. Aseguró que las negociaciones van por muy buen camino y que se están terminando revisar detalles técnicos para concretizar la venta. Se habla de que, incluso si se cayera la venta, existen dos ofertas más.

El próximo lunes el presidente ofrecerá una conferencia de prensa donde hablará (una vez más) de los lujos de la aeronave y, quizá, detalles sobre esta posible venta definitiva. Pero si él mismo dijo que no había problema con que fuera entregado en México o en EEUU, entonces ¿por qué traerlo de vuelta al país?

La pregunta puede tener tantas respuestas como uno pueda imaginar. Hay que recordar que mantener el avión en EEUU ha costado ya decenas de millones de pesos entre inspecciones, mantenimiento, vigilancia y resguardo. Tenerlo al hangar presidencial y que su custodia la realice ejército no es precisamente gratis, pero al menos (se presume) que el gasto es menor. Y si siempre fue así, ¿por qué se fue en primer lugar? ¿Por qué traerlo de vuelta hasta ahora?

El avión dejó de ser un bien desde hace mucho y se convirtió en un símbolo. El presidente fue el principal artífice de ello y lo sigue utilizando como tal. Para la contienda de 2018, el avión le fue muy útil como mecanismo para dar congruencia a su relato de austeridad y lo acercó a la gente, algo que nuestro mandatario prioriza sobre cualquier otra cosa. Y si la fórmula funcionó, ¿por qué cambiarla?

Hay quien sostiene que el retorno del avión es una cortina de humo para tapar la mala situación en la que se encuentra nuestro país por la pandemia (más de 40 mil muertes) o contrarrestar el escándalo de los diputados morenistas y petistas luego de que Porfirio Muñoz Ledo los llamara “golpistas” por intentar boicotear la elección de los nuevos consejeros del INE. Quizá el efecto colateral pueda ser este, pero hay que recordar que si Morena tiene la fuerza electoral que tiene es gracias a su líder.

Si AMLO recupera los niveles de aprobación de hace un año, garantiza que la maquinaria volverá a dar resultados tan amplios como en 2018. Qué mejor oportunidad para hacerlo cuando se está a un año de que la mitad del país se renueve y, una vez más, crecer políticamente en tiempos de elecciones.

Si el avión es el símbolo del derroche de las administraciones anteriores y su salida del país marcó “el inicio del fin de la corrupción”, ¿entonces su sobrevuelo y su regreso son un augurio de que algo más está por venir? Habrá que esperar.

Hablemos de trabajo y de dinero

by Marisol Rivas
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Todos estábamos conscientes de que la contingencia traería consigo repercusiones. Sin embargo, nadie podía tener la certeza de qué magnitud tendrían los daños colaterales. Es así, como en un marco internacional no solo se ha venido viviendo una pandemia en términos de salud, sino también en términos laborales: el desempleo. A nivel mundial, la OIT estimaba que en el segundo trimestre de afectaciones por covid-19 se vería reflejada una pérdida de empleos que ascendería a los 195 millones de personas desocupadas. 

En México, de acuerdo al Presidente López Obrador el total de empleos que se han perdido ya llega a 1 millón 140 mil. Evidentemente el problema no es la proporción, sino que el número de personas  que se han visto afectadas es bastante significativo. Viendo más allá de ser simples personas, son familias a las cuáles se les ha complicado adicionalmente el poder hacerle frente a la contingencia. 

Como se ha dicho anteriormente, en México 8 de cada 10 empleos surgen por parte de las pequeñas y medianas empresas. Desgraciadamente, a pesar de que hace dos días la Secretaria de Economía; Graciela Márquez Colín, comentaba que no dejarían morir a las pymes. Hoy por hoy sabemos que en el marco de todo lo que ha sucedido, entre abril y junio han cerrado 10, 351 pymes. Por otra parte, en términos de los famosos “créditos a la palabra” se sabe qué se han distribuido alrededor de 16 mil mdp en créditos. Recordando un poco acerca de estos créditos, estos consisten en un monto de 25 mil pesos por parte de gobierno federal para quienes lo soliciten con un esquema de tres meses de gracia. El número de beneficiarios rodea los 641 mil.  

Sin embargo, para muchos aún -y con justa razón- representa un estigma el “negociar” o “tratar” con gobierno federal sobre todo para pedir un préstamo. Y aunque muchos han hecho hasta lo imposible por no cerrar sus negocios, la contingencia provocó que muchos tuvieran que dejar de operar, hacer recortes de personal o incluso cambiar el giro de su negocio. Ser parte del sector esencial probablemente jamás había sido tan deseado como lo es ahora. 

Hablemos de la Secretaría de Trabajo y Previsión de Social, específicamente, de lo que compartió la Secretaria Luisa Alcalde en una conferencia vía twitter el 1 de abril del año presente y cito: “de acuerdo a la LFT y en el entendido de que la autoridad sanitaria declaró una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor no hay fundamento legal para separar a los trabajadores o dejar de pagar salarios, tampoco es aplicable el criterio del pago únicamente de salario mínimo, la obligación general debe ser el salario íntegro…siempre pensando que para las y los trabajadores, el salario es el sustento que tienen para ellos y para sus familias”. En pocas y llanas palabras, la LFT para efectos de este supuesto quedó de lado o en segundo plano. 

Desde esta perspectiva, al gobierno federal le pareció justo que a todas y todos los trabajadores se les pagara el salario de forma íntegra a pesar de que no todas las empresas estuvieran operando. Desgraciadamente, su postura ha venido cambiando, ya que apenas hace unos días surgió la noticia de que la STPS estaba dejando sin equipos a funcionarios públicos, limitando el uso de servicios básicos y solicitando que “voluntariamente” hicieran aportaciones de su salario para ser “solidarios” con el gobierno federal. No me encanta la idea de ser sensacionalista pero ¿cuándo va a ser el gobierno de México solidario con los trabajadores? Es decir, si se tratase de solidaridad probablemente ya habrían podido vender el avión presidencial, dejar de lado la compra de estadios de béisbol, o suspender por el momento los proyectos de los que tanto se ha venido hablando como la Refinería Dos Bocas o el Tren Maya. 

Todas estas cuestiones indubitablemente son incongruencias de la tan afamada 4T. Sin más y dejando a criterio de cada uno de ustedes lo que perciba de toda esta situación, solo quisiera compartir una frase de Winston Churchill para reflexionar al respecto: “Muchos miran al empresario como el lobo que hay que abatir; otros lo miran como la vaca que hay que ordeñar y muy pocos lo miran como al caballo que tira del carro.” 

La austeridad no es suficiente para impulsar la recuperación económica en México

by Gybram Vásquez Hernández
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Esta columna es parte del análisis Altius Consultores para orientar en la toma de decisiones. Consulta este y otros temas haciendo clic en https://bit.ly/Reporte19 

En abril el presidente López Obrador publicó un plan para enfrentar la crisis económica por el Covid-19 que consiste en aumentar el presupuesto de diversos programas y proyectos prioritarios, hasta por 622,556 millones de pesos adicionales a través de recortes al gasto operativo del gobierno. 

Sin embargo, según estudios durante este año los ingresos totales del gobierno caerían hasta 648,000 millones de pesos.

Para que el Estado mexicano pueda implementar un plan de reactivación económica robusto, que tenga por objetivo evitar la mayor pérdida masiva de empleos y detener la caída de los ingresos de las familias, será necesario encontrar fuentes extraordinarias de ingresos.

De acuerdo a un análisis publicado en la revista Nexos, si el gobierno no reacciona en tiempo y forma, la incidencia de las tasas de pobreza podrían llegar a niveles no observados desde hace más de 20 años.

Especialistas económicos señalan que si bien los programas sociales implementados por el gobierno son necesarios, no serán suficientes para afrontar la caída en ingresos y el aumento de la pobreza por venir.

Dependiendo del conjunto de medidas seleccionadas, los requerimientos presupuestales para afrontar a la crisis podrían variar entre 1 y 3% del PIB.

De acuerdo a los especialistas es imposible afirmar que la austeridad republicana sea suficiente para blindar el presupuesto de los 38 programas y proyectos prioritarios, ya que apenas podría contrarrestar la caída por ingresos tributarios. 

Para preservar el nivel de empleo y evitar el incremento de la pobreza, existen dos opciones complementarias: contraer mayor deuda pública y cobrar más impuestos a quienes tienen mayores ingresos.

Un endeudamiento que se dirija en favor de las personas más afectadas por esta crisis: las que se encuentran en pobreza y en peligro de caer en ella por desempleo.

Reducir los privilegios fiscales y se implementen políticas tributarias que graven, directa o indirectamente, la riqueza de las personas de mayores recursos.

Es lógico que se busque eficiencia en el gasto público y se eviten dispendios innecesarios. Sin embargo, mermar la capacidad operativa del aparato estatal puede resultar contraproducente tanto para la gestión pública como para la capacidad del Estado de responder a la emergencia, en particular hacia las personas más vulnerables.

El Presidente López Obrador parece estar limitado por la línea que ha mantenido desde hace años respecto a que no es necesario crear nuevos impuestos en México.

La evidencia apunta a lo contrario: México es uno de los países de la OCDE que menos porcentaje de su PIB recauda, además de tener a gran parte de la población en la economía informal. Las afectaciones a las finanzas públicas provocadas por la pandemia solo lo han hecho más evidente.

Una reforma fiscal progresiva que amplíe la base gravable y cobre una cantidad justa de impuestos a las personas y corporaciones que más ingresos generan, así como a las herencias, sería un camino lógico, pero con evidentes costos políticos de impulsar.

Aún en este contexto de emergencia, el gobierno federal hasta ahora no ha apoyado la propuesta de un Ingreso Vital de Emergencia. Esta política se ha aplicado en diversos países como parte de las estrategias para mitigar las afectaciones socioeconómicas de la pandemia.

No se trata de eliminar los programas de apoyo existentes del gobierno de López Obrador, sino de complementarlos con políticas diseñadas específicamente para esta emergencia.

#ElNidoDelGavilán: “La privatización y el abuso de Parque Fundidora”

by José de Jesús Galindo
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En los últimos días, la administración del Parque Fundidora anunció su cierre ante la imposibilidad de pagar sueldos de sus trabajadores y demandando al gobierno un apoyo de 10 millones de pesos al mes.

Los inicios del Parque datan de décadas atrás. El 10 de mayo de 1985 se anunció la quiebra oficial de la Fundidora de Monterrey, aquella icónica empresa que fue la primera siderúrgica de América Latina. Tiempo después, el 11 de marzo de 1988, Miguel de la Madrid cedió los terrenos al gobierno del estado a través de un decreto en el Diario Oficial de la Federación en donde se declara la utilidad pública, conservación y mejoramiento de lo que es el Parque Fundidora. 

Se concibió a Fundidora como un parque urbano para la ciudad, la nuestra que tiene un déficit histórico de áreas verdes, parque y arboledas. Sin embargo, en la acostumbrada y normalizada privatización del espacio público, poco a poco fue perdiendo la vocación. 

En 1991 se inauguró Cintermex en un costado del Parque, en 1994, se abrió un anfiteatro al aire libre para eventos denominado Auditorio Coca Cola (Transformado en 2010 en el Auditorio Citibanamex) y posteriormente para 1995 abrió el parque temático de Plaza Sésamo.

Llegó el siglo XX y la privatización no paró, eliminaron numerosas áreas verdes para la construcción de una pista de carreras profesional donde la Serie Kart tuvo 2 ediciones del “Gran Premio de Monterrey”. En 2003, TV Azteca y otros socios crearon la Arena Monterrey, la sala de conciertos más grande de la ciudad. Llegaron algunos museos, la concesión de la Nave Lewis, una pista de patinaje, la Casa de los Loros y otras plazas y restaurantes, que conocemos hoy. 

Para rematar, en los últimos años se ha dado el proceso de eliminación de áreas verdes para crear estacionamientos para los numerosos eventos que se realizan ahí como el Pal Norte, la versión regia del Vive Latino de la capital. Y en el gobierno de la 4T, el Presidente inauguró el Salón de la Fama del Beisbol en los terrenos de su límite oriente.

De acuerdo con diversos medios, al menos 70 por ciento del Parque Fundidora no tiene relación con su rol como parque y bosque. Además, 42 por ciento de las instalaciones son privadas, concesionadas o tienen costo pese a que la entrada general es “libre”.

En 2019, diversos medios reportaban que el Gobierno del Estado en un afán de hacer “autosuficiente” a Fundidora, la había dejado a su suerte y como botín de los particulares que concesionan el espacio.

La administración encabezada por Fernando Villarreal Palomo desde 2016, no solo ha privatizado el parque a particulares, sino sobreexplotado el espacio con conciertos, ferias, bodas, que le dejan 10% de las ganancias volviéndose el “saloncito de fiestas” de empresarios de Monterrey.

Villarreal, cuyo sueldo mensual ronda los 120 mil pesos, dice “que no hay dinero” porque “no hay rentas” de los concesionarios. Lo que no dice es que Reporte Índigo y otros medios han reportando las cuentas por cobrar del parque, las exenciones de servicios al Museo Papalote y demás “favores” que solo enriquecen a unos cuantos con el espacio de todos.

Este año que se iba a realizar otra edición del Pal Norte se iba a repetir la degradación de áreas verdes y la utilización de espacios no diseñados originalmente para recibir a tan alto número de personas.

Ahora salen diputados, el propio Villarreal y voces diversas a pedir “fondos” para el Parque. Sin embargo, salvar a la administración actual no es solo convalidar la sistemática privatización, sino incentivar a que concesionen el resto del parque (lo poco que queda libre). 

El parque no es un salón de fiesta, sino un pulmón urbano. Un espacio que se tiene que cuidar como tal, no es club de golf ni club campestre. El Gobierno de Nuevo León tiene que regresarle al Parque su vocación de espacio público. Es increíble que como antes mencioné, que 42% del espacio del centro sea restringido para unos cuantos o para los que pagan, cuando el espacio es de todas y todos los ciudadanos sin importar su clase social.

No a la privatización del parque y a que solo unos cuantos se enriquezcan a costa de un lugar de todos. En los próximos días, el Gobierno de Nuevo León tiene que tomar una decisión, que esperemos sea en pro de la ciudadanía.

Lo dicho, dicho está.

Ignorancia superior

by Daniel Butruille
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“Los que más daño le han hecho al País, son los que supuestamente tienen más conocimiento  del manejo de la economía, son los que han acabado con el País,. Hay uno de ellos, que yo le llamo el “padre de la desigualdad moderna” que estudió en Harvard…” 

Hace algunos días, despotricaba contra intelectuales y periodistas que se atrevieron a formular un llamado para derrocarlo en las próximas elecciones. Después de estos pronunciamientos del presidente, ya no cabe duda que México está en malas manos y rumbo a un abismo del cual tardará cincuenta años mínimo en reponerse y recuperar el tiempo que se está perdiendo.  Después de este vómito de odio y de resentimiento, se pregunta uno cómo pueda haber todavía egresados de universidades, ingenieros, licenciados, doctores que sigan apoyando a este individuo para que maneje los destinos de México. 

¡Cuanta frustración e impotencia revelan esta declaración de un hombre que tardó 14 años en graduarse de la UNAM, cuanto desprecio para el conocimiento que no se la ha dado entender, cuanto cinismo de un político que sentenció que gobernar no era nada complicado, que era simplemente un asunto de sentido común. 

Por esto, todo se reduce a frases demoledoras, “abrazos y no balazos”, “becario y no sicario”. Porque pretender tener más de un par de zapatos viene siendo contrario al sentido común y porque el rol de las mamás y de las abuelas para controlar los malitos es fundamental en la estrategia de seguridad pública de un gobernante que odia el conocimiento, huye del saber hasta destrozar las estructuras científicas y tecnológicas  de avanzada del CONACYT, para promover la creación de 100 universidades Benito Juárez cuyo propósito, con toda seguridad, será la destrucción del conocimiento, malo y generador de todos los problemas de desigualdad desde los tiempos de Carlos Salinas de Gortari. 

Declaraciones de este tipo, tomando en cuenta los CV de la mayor parte de los integrantes de su gabinete debería generar un éxodo masivo de seudo políticos formados en el extranjero. Mínimo, deberían eliminar las referencias a sus títulos para no incomodar a su jefe, y evitar exhibirle, sin hablar de ponerlo en vergüenza. 

Este se complace en la ignorancia . Que ahí se quede revolcándose; algún rector de las universidades Benito Juárez recibirá, algún día,  instrucciones para darle un doctorado “Honoris Causa” en ignorancia superior. Faltaba más.

El show está por comenzar

by Javier Scheiman Flores
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Nadie puede negar que la corrupción ha sido uno de los principales problemas del México actual. Y también sabemos todas y todos que el sexenio anterior estuvo plagado de la misma. Quizás la figura que más resalta dentro de los corruptos del PRI, es Emilio Lozoya. Quien fuera exdirector general de Pemex durante la primera mitad del gobierno peñista, es acusado por la Fiscalía General de la República por lavado de dinero, crimen organizado y cohecho, entre otras cosas. Se dice que recibió aproximadamente 13 millones de dólares en sobornos, incluidos 10 millones de Odebrecht. También se recuerda la compra de Agro Nitrogenados a AHMSA por 500 millones de dólares cuando esta empresa valía hasta 10 veces menos. Son sólo algunos de los motivos por los cuáles la justicia española lo detuvo en Málaga y fue extraditado a México. Parecía ser que por fin se haría justicia por sus crímenes, pero la historia en cualquier momento puede cambiar.

Esta semana se completó la extradición de Emilio Lozoya a México, después de que el gobierno mandara un jet a recogerlo. A su llegada, las cosas comenzaron a tornarse sospechosas. Toda una caravana de distracción se puso en marcha para confundir a los medios de comunicación en el trayecto al Reclusorio Norte. Poco tiempo después, se confirmó que el detenido encapuchado que viajaba hacia ese destino no era Lozoya, y que el exdirector de Pemex estaba siendo ingresado a un hospital (privado, además) por supuesta “anemia y debilidad general”, misma que las autoridades españolas negaron rotundamente. ¿Curioso, no?

Tanto el Secretario de Seguridad Ciudadana como la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México como el Presidente salieron la mañana siguiente con versiones distintas sobre lo sucedido y el paradero de Lozoya. Así sólo demostraron que no existe comunicación interna. Poco después el Presidente mencionó que no intervendría en los procesos de la Fiscalía y que “no ha hablado con el Fiscal desde hace 5 meses”.

¿Nos está diciendo que el Fiscal General de la República y el Presidente de México no se comunican hace 5 meses?

Nada bueno puede surgir de eso…

En lo que Lozoya se “recupera”, la opinión pública acerca de lo que sucederá es dividida. Hay quienes afirman que viene a destapar las alcantarillas de corrupción y que gracias a sus declaraciones caerán muchos políticos influyentes (incluyendo varios que ahora militan en Morena), y también hay quienes comentan que fue extraditado a México para que aquí sea protegido a cambio de su silencio, que podría dañar los cimientos del Gobierno Federal.

Antes de que comience el show, ya tenemos algunas situaciones particularmente curiosas. La senadora Vanessa Rubio, del PRI, misteriosamente solicitó licencia a dos años de iniciar su labor para dedicarse a la academia y a la consultoría privada. Rubio fue mano derecha de José Antonio Meade, acompañándolo en tres subsecretarías y trabajando en su campaña. Ella estuvo en la Secretaría de Hacienda, por lo que es claro que estaba enterada de las acciones de PEMEX.

Esta madrugada se divulgó la noticia (aún no confirmada por el Gobierno), de que Javier Jimenez Espriú habría renunciado a su encargo como titular de la SCT. Ambos hechos, ocurridos horas después de la llegada de Lozoya al país. Bien dicen que en la política no existen las coincidencias.

Sabemos que algo pasará. Bueno o malo, pero pasará. Es el momento perfecto: la popularidad del presidente cae en picada, el país vive un momento oscuro, y las elecciones más grandes de la historia están cerca. Ya sea en beneficio o en contra del Gobierno de México, algo pasará. Emilio Lozoya sabe bastante sobre todo lo que se hizo debajo del agua del 2012 al 2018. Habrá que esperar, y habrá que exigir que su proceso se lleve de manera legal y transparente. Las y los ciudadanos de México nos lo merecemos. 

La Movilidad y el Respeto Cívico

by Rafael Hernández
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Lamentablemente la semana pasada fuimos testigos de hechos de tránsito en el cual lamentablemente perdieron la vida cuatro ciclistas.

Recientemente se aprobó en diciembre del año pasado la nueva Ley de Movilidad para el Estado de Nuevo León que contiene una visión más amplia respecto a la manera de trasladarnos de un lugar a otro dentro de la zona metropolitana y dentro del Estado.

Esta Ley contiene una jerarquización de movilidad empezando y como prioridad el peatón y las personas con movilidad limitada (personas de la tercera edad, niños, etc), posteriormente los usuarios o conductores de medios no motorizados y posteriormente los demás medios motorizados.

En el área metropolitana de Monterrey cada vez vemos menos agentes de tránsito, y cuando los vemos es para atender un accidente que ya sucedió o para operativos anti alcohol, pero no vemos a estos agentes como hace unos 20 años implementando el operativo radar, cuidando las zonas escolares, patrullando para detectar alguna irregularidad vial y temas preventivos.

Esto ha llevado a que la cultura tan mexicanizada de no respetar reglas y no respetar a los demás se salga de orden. Cada vez vemos más en los medios de comunicación y en las redes sociales incidentes de peleas entre conductores porque simple y sencillamente todos se sienten dueños exclusivos de la calle, más alla de las leyes y los reglamentos.

Los ordenamientos jurídicos fueron creados para regular la manera en que convivimos en sociedad, sin embargo, cuando no existe el valor del respeto, poco se puede hacer para respetar el ordenamiento jurídico que nos hace convivir bajo ciertos lineamientos.

México sigue siendo el cuarto lugar a nivel mundial en el Índice Global de Impunidad elaborado por la UDLAP, y esto deriva en que, al no existir castigos o al no implementarse los mismos, cada quien hace lo que le viene en gana e impera la ley del más fuerte, en este caso y en esta semana, lamentablemente la fuerza de un vehículo automotor contra el poco peso y volumen de una bicicleta y el cuerpo humano.

Es el mes de Julio de 2020, siete meses han pasado desde que se publicó la nueva Ley de Movilidad, y no solamente los ciudadanos no la respetan, sino que las autoridades municipales tampoco han armonizado sus reglamentos y tampoco han adaptado las vialidades con carriles confinados para los medios no motorizados como lo establece la nueva legislación.

La pandemia no es pretexto para no cumplir la ley y para que las autoridades no cumplan lo que deben cumplir, ejemplo de ello, es que siguen los trabajos en Calzada del Valle en los que se contempla todo, menos un modelo de calle completa.

Hay quienes, sin el menor síntoma de sensibilidad, acusan a los ciclistas de ocupar un carril, y es fácil emitir un juicio cuando no se trata de un familiar, sin embargo tampoco consideran que en las vialidades en que se suscitaron estas lamentables tragedias no existe un carril confinado a medios no motorizados, ni en esos municipios en donde ocurrieron los hechos existen reglamentos armonizados con la nueva legislación.

Más allá de deslindar culpas, que a nosotros no nos toca, sino a un juez de lo penal, lo que si nos corresponde es tomar responsabilidad sobre respetar a los demás y respetar las normas jurídicas para convivir como sociedad y prevenir lamentables pérdidas humanas.