La Taquería

Son las redes, no los individuos: Caso Lozoya y el combate a la corrupción

by Rene Ramírez
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En el 2008 con la llamada “Guerra Contra el Narco”, la cual es un ejemplo obligado de la falta absoluta de evidencia científica en una estrategia pública, y simplemente estuvo centrada en capturar (o intentar) a grandes capos del crimen organizado, sin embargo, esto tuvo como resultado una fragmentación de las células criminales, lo que generó mayor violencia debido a la confrontación por el control de plazas entre diversos grupos del crimen organizado, diversificación de delitos violentos y nuevas formas para evitar ser controlados. ¿Cuál fue una de las grandes lecciones de esa tragedia? En primer término, que un fenómeno tan complejo como es la violencia (y la corrupción) no puede ser combatido con estrategias reactivas que reducen el problemas a simples afirmaciones, sino que toda política púbica debe atender las causas y aristas que perpetúan su crecimiento o proliferación. En segundo término, una estrategia contra el crimen organizado y la violencia tiene que ser integral. 

Las organizaciones criminales sobreviven y crecen gracias a los flujos de recursos financieros, políticos y empresariales que generan, mismos que crean grandes redes, tanto nacionales como internacionales, en los cuales convergen diversos tipos de delitos. A lo anterior se le denomina “redes de macrocriminalidad”,  y estas tienen diversos elementos como “la cantidad de sujetos que cometen el delito, cantidad de víctimas, diversidad de móviles, multiplicidad de conductas punibles que generan una cadena de delitos y extensión territorial de los delitos cometidos, que pueden traspasar dos o más entidades federativas en un Estado, o dos más Estados” (Vázquez V. Luis Daniel, 2019, p. 56). Y en esto radica un punto central: no se puede pensar que eliminando a las cabezas se termina este tipo de problemas, y todos los esfuerzos deben estar centrados en la eliminación de las redes de macrocriminalidad que son el principal andamiaje, tanto de la violencia por el crimen organizado cómo de la corrupción. El caso Lozoya nos deja ver una alta probabilidad de cometer el mismo error que en el 2008. 

La corrupción ha sido, y aún es, uno de los grandes problemas de nuestro país. Esto no es nada nuevo, y han pasado diversas administraciones y promesas y reformas y detenciones, pero la corrupción continúa en índices alarmantes, escándalos públicos y ciudadanía secuestrada bajo un fenómeno complejo y sumamente arraigado en las instituciones de nuestro país. De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción, México se encuentra en la posición 138 de 180 países evaluados y el Índice de Capacidad de Combate a la Corrupción 2019, nos sitúa en el lugar 6 de 8 países evaluados en America Latina. Esto nos deja ver, a grandes rasgos, la dimensión de este fenómeno que tiene diversos factores de origen. La organización Transparencia Internacional define corrupción como “el abuso del poder público para beneficio privado”, y esto es importante porque las estrategias y políticas públicas deben atender sus orígenes y fines. 

La corrupción en México persiste debido a que no sólo se trata de funcionarios corruptos sino de redes complejas que han permitido y protegen a este tipo de funcionarios. El caso de Emilio Lozoya puede ser una oportunidad para desmantelar este tipo de redes, ya que desde el inicio de esta administración, todo indicaba con la detención de Rosario Robles, por la triangulación de recursos públicos en universidades para la contratación de empresas inexistentes (fantasmas), que López Obrador estaba cometiendo el mismo error de no entender lo que sus antecesores nunca entendieron (o no quisieron entender). 

Lozoya puede ser una herramienta importante para establecer nuevas formas de investigación y litigación de casos de corrupción; como bien escribió Edgardo Buscaglia en su libro Vacíos del Poder en México que un “catalizador para que un tsunami de causas ligadas a la corrupción político-administrativa empiece a fluir a través de procesamientos judiciales en México es una ley o programa especializado de protección de testigos y denunciantes para casos de corrupción (2015, p. 119). Esto sería ideal para aquellos que están dentro de estas redes que debido a la influencia de estos poderes fácticos puedan denunciar y ayudar a construir casos que las autoridades pueden llevar ante la justicia. Sin embargo, esto no es todo. 

Es imperativo combatir estes redes proceder a desmantelarlas, pero es igual de fundamental que una vez detectadas las formas de operación ilícita, se proceda a reformas o reformulaciones institucionales para evitar que vuelvan a suceder. Si bien ahora contamos con una política nacional anticorrupción, esta debe estar orientada en esta evidencia. Así como es importante perseguir los delitos en materia de corrupción que se comenten, desmandarlas las redes y generar mecanismos para la prevención, es muy importante incluir en la discusión a la impunidad, la cual genera un ciclo de repetición de conductas ilegales. Es equívoco combatir la corrupción sin combatir de igual manera la impunidad. Tenemos que reconocer la existencia de “redes macrocriminales que usualmente operar desde el interior de instituciones públicas y privadas de varios Estados” (Salcedo-Albarán y Garay-Salamnaca, 2016, p. 175) y este caso en cuestión puede convertirse en el punto de inflexión para tener una verdadera estrategia de combate a la corrupción. Ahora la carga se encuentra en la Fiscalía General de la República y es una prueba de la cual estaremos atentos. Ahora o nunca entendemos que estamos ante una oportunidad o el mismo error de siempre. 

The Great Lockdown

by Luis Cisneros Nuñez
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The Great Lockdown también conocido como la “crisis del coronavirus”. Atender esta crisis no ha sido fácil para todo el mundo, cada día somos testigos del  aumento en el número de casos, contagios, defunciones y desempleados. 

Estamos a punto de enfrentar la mayor de las crisis económicas incluso peor que la crisis de 1929. A lo largo de los años se ha hablado sobre el posible fin del capitalismo, dicha teoría ha sido publicada por Marx y Schumpeter. Dentro de estos cinco meses de cuarentena hemos sido testigos de cómo las empresas menos eficientes han sido forzosamente a cerrar o declararse en bancarrota. Crisis tras crisis tras crisis ayudan a la generación de nuevas tecnologías no solo para la producción sino que también para vivir en una nueva normalidad. Esta etapa dentro de la  economía llamada “crisis” es una destrucción creativa. La innovación es clave y mucho más dentro de nuestra economía,  las empresas que invierten en innovación durante una crisis ofrecen mejores rendimientos empresariales. 

Nuestros dirigentes deben de tomar un plan de austeridad dentro de la política económica lo cual sería reducir el gasto público, también conocido como “recortes al presupuesto”. El gobierno de Andres Manuel López Obrador ha promovido fuertemente  una austeridad económica, sin embargo nunca hemos visto una reducción si no que solo reasignaciones. Dentro de nuestro gobierno debe de existir un endeudamiento bajo control lo cual generaría una confianza dentro de la inversión privada y de cierta forma nos daría una tasa de interés mucho más baja para el momento que se tome la decisión de endeudarnos. Otra ventaja sobre tener controlado el endeudamiento sería que no existiría un aumento en los impuestos dentro del corto plazo (menos de un año) lo cual ayudaría al gobierno a tener un mayor ingreso tributario. 

Al día de hoy se han perdido más de 1.1 millones de empleos en México según datos del IMSS. El #SemáforoEconómico está en rojo el cual apunta una cifra de -925,490 empleos formales. La pérdida que más nos debería de doler como mexicanos no es la de empleos si no que la del grado de inversión, cuesta pensar que el inversionista optara por otro país antes que nosotros. Sin inversión extranjera o nacional no habrá crecimiento. La economía del vecino no se ha visto muy beneficiada lo cual afectaría a las predicciones de nuestro presidente sobre el T-MEC y una recuperación acelerada. Como lo comentó Isaac Katz (@econoclasta) “No hay duda: el presidente está peleado con el crecimiento.”

Si a Estados Unidos le da gripa a nosotros nos da pulmonía. 

“JUNTOS HAREMOS HISTORIA” 

El Estado que no responde y la sociedad que no ve

by Mariana Paipilla
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Juan Manuel Montaño, 15 años. Jair Andrés Cortez, 14 años. Jean Paul Perlaza, 15 años. Leyder Cárdenas, 15 años. Álvaro José Caicedo, 14 años; sus cuerpos, llenos de golpes, con rayones en los brazos, heridas de arma blanca en el cuello y tiros de gracia en la cabeza, fueron encontrados en un cañaduzal a las 6:34 p.m. del martes 11 de agosto, en el sur de Cali. Cuatro días después, nueve jóvenes son asesinados a tiros en Nariño, al sur del país. 

Ser colombiano significa estar acostumbrado a oír este tipo de noticias, y si bien estos crímenes lograron sacudir a todo el país, lo cierto es que sólo son la punta de un iceberg que ha venido creciendo estos últimos años y que ha logrado solidificarse a causa de la crisis derivada del coronavirus. Departamentos como Cauca y Nariño se han convertido en algunas de las zonas más golpeadas por grupos paramilitares y disidencias de las FARC, los cuales se disputan las rutas de narcotráfico e incluso han logrado imponer normas estrictas a la población. Al mismo tiempo, estos departamentos cuentan con los niveles más altos en cuanto a presencia del ejército colombiano se refiere, lo cual nos hace preguntarnos; ¿dónde estaba el ejército y la policía cuando mataron a los cinco de Cali y los nueve de Nariño?, ¿dónde están las autoridades cuando los grupos paramilitares se han hecho con el control de las poblaciones del Cauca y Nariño? La firma de los acuerdos en 2016 prometía no sólo ponerle fin al conflicto armado más largo de la historia, sino también mejorar la vida de todos los colombianos, y, sin embargo, según la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en Colombia, el año 2019 volvió a presentar la cifra más alta de masacres desde 2014.

Lo cierto es que en Colombia no hay paz, y me atrevería a decir que nunca la hubo. Y no estoy diciendo que las negociaciones no hayan servido de nada, o que este en desacuerdo con el proceso, todo lo contrario, siempre fui partidaria de este, pero lo cierto es que es muy difícil hablar de paz en un país donde noticias como esta se han vuelto temas de conversación diaria, hasta llegar al punto de causar indignación (temporal), más no sorpresa. El gobierno colombiano le ha fallado al pueblo en implementar los acuerdos de paz, y no apunto sólo al Ejecutivo, si no a las autoridades de cada departamento y ciudad en donde la violencia no ha hecho sino crecer en los últimos años, azotando más que nada a las comunidades afro e indígenas, en donde se amanece todos los días con una noticia como la de Llano Verde. 

Seamos honestos, lo más probable es que ni a usted ni a mi nos haya tocado vivir el conflicto armado y la violencia de manera directa, o al menos no tan directa como en Llano Verde o en muchas otras comunidades del país. Nosotros no tuvimos que huir de nuestras casas por la amenaza de grupos paramilitares o al margen de la ley, a nosotros nunca nos pusieron una pistola en la cabeza para que sembráramos coca o cualquier otro cultivo ilícito; nosotros nos indignamos leyendo este tipo de noticias en los periódicos o viéndolas en los noticieros, pero no las hemos vivido en carne propia, y, sin embargo, somos quienes tomamos las decisiones por aquellos que sí las han vivido, y las siguen viviendo todos los días.

Lo que tenemos aquí, en primera instancia, es un problema en las instituciones del país; dejemos de hablar de una manzana podrida, cuando todos sabemos que el campo esta contaminado. ¿Cómo es posible que la principal teoría del asesinato de los cinco de Llano Verde sea que fue la policía quién cometió el asesinato? El otro problema, y no menos grave que el de instituciones, es nuestra indiferencia ante la violencia y la muerte de jóvenes, de líderes sociales, de mujeres, de colombianos. Así como nos duele una orden de detención preventiva de un expresidente, así como salimos en caravanas a mostrar nuestro desacuerdo con la decisión de la Corte Suprema de Justicia contra una persona que tiene todas los recursos a su merced para defenderse, salgamos pues, a mostrarnos inconformes por aquellos que no pueden tener un proceso justo, que ni pueden alzar la voz, o peor, que la alzan y son ignorados, o silenciados a la fuerza. 

Y si, tal vez a nuestros padres sí les tocó vivir mucho más de frente el conflicto, y tal vez nos hemos sentido inseguros en nuestras propias ciudades, y tal vez sentimos miedo cuando vamos en un carro y pasa una moto al lado, o cuando salimos en la noche, eso no lo niego, aquí no se trata de menospreciar las tragedias de nadie, si no de protestar por todas, de verlas a todas por igual, porque todas nos deberían doler por igual. Dueles, Colombia. Dueles por tus muertos, por tus instituciones podridas, por tu justicia ciega y autoridades sin autoridad. Pero dueles más por tu indiferencia.

Ya cantó el testigo favorito de la 4T

by Eugenio Roux Suárez
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Este martes, el Fiscal General de la República Alejandro Gertz Manero, dio a conocer a la opinión pública que el ex Director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, presentó una denuncia de hechos, donde explícitamente señala al ex Presidente Enrique Peña Nieto y a quien fuera su Secretario de Hacienda Luis Videgaray, como quienes -presuntamente- le ordenaron entregar más de 100 millones de pesos provenientes de la empresa Odebrecht a varios asesores electorales extranjeros durante la campaña presidencial de 2012; además de entregar sobornos por 120 millones de pesos a un Diputado y cinco Senadores para aprobar las reformas estructurales del sexenio pasado, con mayor énfasis: la Reforma Energética.

Dos acusaciones más que tiene Lozoya en su contra son la compra de la empresa de fertilizantes Agro Nitrogenados, por un sobre precio altísimo para una planta que llevaba 14 años sin operar, y la triangulación de recursos que culminó en la compra de una casa en la Ciudad de México, donde se presume, se cerraron muchos de estos acuerdos entre políticos y empresarios de alto nivel. Ambos hechos también habrían sido ejecutados por Emilio bajo las órdenes directas del ex Presidente y su Secretario de Hacienda.

Sin duda este es un caso que da para analizarlo por lo menos desde 2 ópticas: la judicial y la político-electoral, siendo este último el que el Lopezobradorismo más disfruta; además de que el primero inevitablemente desembocará en el segundo, por lo que propongo centrarnos en este.

En el terreno de la especulación, analistas han puesto sobre la mesa una tesis interesante y la cual comparto: A Luis Videgaray, Pedro Joaquín Coldwell, o algún otro ex Secretario involucrado va a “caer” cuando el Presidente así lo disponga, así funcionan las cosas en el Presidencialismo exacerbado mexicano. Y por otra parte, no me cabe la menor duda de que a Peña Nieto no se le tocará, no solo porque Andrés Manuel ha dicho que al país no le conviene juzgar a un ex Presidente, sino porque, aún sin prueba alguna, hay síntomas que nos hacen suponer que existe un pacto de impunidad entre ambos; pacto que por supuesto no es vitalicio, y se puede romper muy pronto si el Gobierno sigue escaso de resultados y con la premura de dar un golpe sobre la mesa a vísperas de las elecciones intermedias.

Los voceros de la autoproclamada “4ta Transformación” llevan más de 20 meses asegurando que son diferentes y que el país ha cambiado, pero vemos recurrentemente como la justicia se politiza en los casos más emblemáticos de corrupción y sigue siendo selectiva y discrecional su impartición. Dos ejemplos breves:

A raíz de la declaración del Fiscal Gertz, se ha manejando la versión de que el testigo favorito de la 4T ha entregado únicamente un video (no las 18 horas de videos como se había especulado) y recibos que incriminan a legisladores de esa época -hoy varios de ellos Gobernadores-, algunos otros liderazgos del PRI y hasta al Calderonísmo alcanzó por el caso de Etileno XXI. Sin embargo, llama la atención que en estas especulaciones y hechos aún sin comprobar, brille la ausencia del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la repartición de esos supuestos moches, lo cual abre la puerta al sospechosismo, pues cualquiera que sepa un mínimo de historia sabe de los escándalos en los que el Partido Verde ha participado. Preocupa el hecho de que el Presidente este utilizando este caso como intimidación a sus adversarios, y que por otro lado a quienes hoy son sus aliados electorales para 2021 los proteja, no solo a los de ese Partido sino también a quienes formaron parte del PRD y participaron en el Pacto por México, y hoy muchos de ellos, son funcionarios públicos y militantes de MORENA. 

Y segundo, en esta impartición discrecional de la justicia mexicana, observamos que mientras Rosario Robles esta en la cárcel, aún sin sentencia, Emilio está en la comodidad de su cama, que por cierto, para solo padecer anemia permaneció mucho tiempo en el hospital. ¿Y la prisión preventiva?, ¿Por qué Rosario sí y él no?, el huyó, ella no. ¿Le habrán ofrecido a Rosario acogerse también al criterio de oportunidad y ser “testigo colaborador”?, yo lo dudo, pero sería muy interesante escucharla señalar a sus cómplices de la llamada “estafa maestra”, aunque el discurso de que fueron utilizados y sistemáticamente instrumentados para cometer los delitos de los que hoy se les acusa, no es suficiente para salir exonerados.

Es difícil no ver este caso como un show mediático y un enorme distractor que le viene como anillo al dedo al Presidente López Obrador. Con este proceso que parece ser, será larguísimo, le alcanza para evitar que se hable -por lo menos en las próximas semanas- de los temas que notoriamente le incomodan: La caída histórica del PIB en el segundo trimestre del año en 18%, el pésimo manejo de la pandemia superando ya los 50,000 fallecidos, la inseguridad en sus máximos índices, más de 53,000 muertos según cifras oficiales, etc. 

El gran desafío esta en la cancha de la Fiscalía General, por una parte, cuidar el debido proceso y alejar todo “lo político” lo más posible de todos casos que se logren judicializar, y por otro lado, hacer valer el Estado de Derecho y demostrar su independencia y autonomía respecto de quien hoy despacha y vive en Palacio Nacional. El valor que tiene este caso para el Estado Mexicano es enorme, y de ese tamaño puede ser la decepción. Dijeron ser distintos, es momento de demostrarlo.

El debate enriquece la mente, se vale discrepar.

¿Qué pasa con las designaciones en el Sistema Estatal Anticorrupción de Nuevo León?

by Samuel Ramírez Mejía
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Cuando una persona es designada como servidora pública en cualquier cargo público este acto implica el ejercicio del derecho de acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país (art. 23.1.c] Convención Americana sobre Derechos Humanos y 35, fr. VI Constitución Mexicana); y, para el órgano o persona que designa, el acto de designación se refiere a la obligación jurídica de seleccionar a la persona con los mejores méritos y las mayores capacidades para el cargo (Tesis P./J. 124/2005). Esto es, el acceso a los cargos públicos implica, por un lado, las condiciones generales de igualdad que deben garantizarse para todas las personas aspirantes y, por el otro, la obligación de designar a la mejor persona para el cargo. Las designaciones en el Sistema Estatal Anticorrupción en Nuevo León (Sistema) no han cumplido con estos dos principios.

En efecto, ya antes en este mismo espacio me referí a la inconstitucional designación de quien ocupa la Secretaría Técnica del Sistema En esta ocasión me centraré en lo que recientemente ha resuelto el Poder Judicial de la Federación sobre la designación por parte del Comité de Selección del Sistema Anticorrupción, en agosto de 2018, de las personas integrantes del Comité de Participación Ciudadana.

El Tercer Tribunal Colegiado de Circuito en Nuevo León ha resuelto recientemente que el acto por el cual se realizó la designación de las y los integrantes del Comité de Participación del Sistema Anticorrupción fue contrario a la Constitución, en razón de que no se expusieron los motivos y las razones particulares por las cuales “(…) el Comité de Selección consideró que los candidatos propuestos en el dictamen, y a quienes se les otorgó nombramiento eran los idóneos para cumplir con el cargo de integrantes del Comité de Participación Ciudadana, cuando la ley de la materia establece que los mismos deben cumplir con experiencia verificable en  materias de transparencia, fiscalización, rendición de cuentas o combate a la corrupción…” (Amparo en Revisión 356/2019-III).

En una palabra, el Tribunal Colegiado concluye que el Comité de Selección del Sistema: (i) No cumplió con la Constitución, (ii) porque no expresó las razones concretas que permitieran verificar los méritos y capacidades de las personas designadas. Esto, desde luego, no significa que las personas designadas no contaran con las capacidades profesionales para el desempeño de la función, sin embargo, sí quiere decir que no fue posible conocer públicamente las razones por las cuales las cinco personas designadas eran las idóneas, tomando en cuenta que había seis personas más que llegaron a la fase final del proceso de designación, entre ellas las personas quejosas en el juicio de amparo.

Esto es particularmente grave porque quiere decir que un órgano del Sistema Local Anticorrupción, esto es, el Comité de Selección, incumpliendo un deber básico de motivación de un acto de autoridad (art. 16 CPEUM), dejó en tela de duda que haya seguido su obligación de designar a las mejores personas para el cargo. La gravedad de esta actuación inconstitucional se evidencia aún más si se tiene en mente que cuando el acceso a las funciones públicas del país no se basa en los méritos y en la igualdad de oportunidades, no se garantiza que las y los servidores públicos actúen libremente frente a las injerencias o presiones políticas. (Comité de Derechos Humanos 1996: párr. 23). 

Es debido a la importancia de esta obligación que existen en el país iniciativas como el Observatorio ciudadano de los procesos de designación de los servidores públicos , en donde han creado un “Decálogo de las designaciones”. En este sentido, el propio Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción cuenta también con un “Decálogo designaciones públicas”, en el cual señalan como principios esenciales de las designaciones la idoneidad y la igualdad de oportunidades. Justamente lo que señala el Poder Judicial que el Comité de Selección incumplió: por un lado, que no se expresaron ni se verificaron de forma pública en el acto de designación los méritos y capacidades de las personas nombradas en 2018 para integrar el Comité de Participación Ciudadana del Sistema. 

Y, por el otro lado, infiero que se violentó el acceso a las funciones públicas de su país en condiciones de igualdad de oportunidades de las personas quejosas; en este segundo sentido, el acceso a los cargos públicos en condiciones generales de igualdad se cumple cuando “los criterios y procedimientos para el nombramiento (…) [sean] razonables y objetivos” y siempre que “las personas no sean objeto de discriminación”. (Corte Interamericana de Derechos Humanos 2008: párr.. 206).

La importancia de la sentencia, gracias al esfuerzo de las personas quejosas que idearon la estrategia jurídica y mantuvieron la paciencia de agotar todos los recursos judiciales posibles, radica en que permite construir un estándar de actuación objetivo para las designaciones en el Sistema Local Anticorrupción. Por un lado, debe cumplirse la Constitución en todo tiempo y, por el otro, deben expresarse claramente las razones y motivos concretos que justifiquen los méritos de las personas designadas y que éstas son las mejores para el cargo o función.

Lo que la sentencias debe dejar como efecto de política pública para las designaciones en los órganos que conforman el Sistema Anticorrupción es que “[l]as instituciones que garantizan un sistema de contratación basado en el mérito y no en las consideraciones políticas suponen (…) un importante recurso para un gobierno de alta calidad”. (Dalströhm y Lapuente 2017: 12). Esto es lo que debe pasar con las designaciones en el Sistema Estatal Anticorrupción de Nuevo León: Designaciones transparentes y basadas en méritos que promuevan instituciones anticorrupción de alta calidad.

Referencias bibliográficas

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2008). Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto. Serie C No. 182.

Dalströhm, Carl y Lapuente, Víctor. (2017). Organizando el Leviatán. Por qué el equilibrio entre politicos y burócratas mejora los gobiernos. Barcelona: Ediciones Deusto.

Comité de Derechos Humanos ONU. (1996). Observación General No. 25, Artículo 25: La Participación en los Asuntos Públicos y el Derecho de Voto, CCPR/C/21/Rev. 1/Add. 7, 12 de julio.

Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en el estado de Nuevo León. Sentencia dictada en el Juicio de Amparo en Revisión 356/2019-III (versión pública). 14 de mayo de 2020.

Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tesis: P./J. 124/2005. Acceso a empleo o comisión pública en condiciones de igualdad. La fracción IV del artículo 271 del Código Hacendario para el municipio de Veracruz contraviene ese derecho. Registro: 177103.

El costo humano: aumentaron 79% las muertes durante julio en Nuevo León

by Gybram Vásquez Hernández
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Esta columna es parte del análisis Altius Consultores para orientar en la toma de decisiones. Consulta este y otros temas haciendo clic en https://bit.ly/Reporte19 

El golpe de la pandemia de Covid-19 durante el mes de julio fue tal en Nuevo León que el número total de defunciones se disparó en un 79% respecto al mismo mes del año pasado.

De acuerdo con El Norte, con datos de Dirección del Registro Civil estatal, en julio del 2019 hubo 2 mil 385 fallecimientos, mientras que en el 2020 se alcanzó un récord de 4 mil 261.

Esa cifra es la más alta de la que se tenga registro para un mes por lo menos en los últimos 10 años, considerando los datos entregados por el Registro Civil y los anexos estadísticos de los Informes de Gobierno desde el 2010.

La misma Secretaría de Salud estatal señala al coronavirus como el factor determinante:

– En los datos proporcionados se puede apreciar que el concepto de “neumonía e influenza”, que es donde se encontrarían los casos de Covid-19, ocupó el cuarto lugar de enero a abril, y el tercero en mayo, como causa de muerte.

– Pero todo indica que a partir de junio y julio podría aparecer en primer lugar, una vez que el Gobierno complete la estadística oficial.

– Según los reportes diarios de la Secretaría estatal, los muertos por Covid-19 en julio fueron 781, equivalentes al 60% de los mil 289 fallecidos en Nuevo León registrados hasta ayer.

En ediciones anteriores de Reporte-19 dábamos cuenta de que en muchas partes del mundo, el número oficial de víctimas mortales por la pandemia subestima el número total de muertes por varias razones, entre las que aparecen la exclusión de víctimas que no dieron positivo, el retraso en el procesamiento de certificados de defunción y el que la gente evite ir al hospital y muera por otras afecciones. 

También mencionamos como podía comenzarse a calcular el aproximado de muertes reales por Covid, tomando en cuenta el exceso de muertes en una determinada región.

De acuerdo al gobierno de Nuevo León, con cifras dadas a conocer el 10 de agosto, el número total de muertes confirmadas por Covid-19 asciende a 1486. 

Sin embargo, solamente en julio de 2020 hubo casi 1900 muertes más que el mismo mes del 2019. 

Es decir, sin considerar los demás meses de la pandemia, solamente en julio podríamos hablar de un subregistro de casi el 25% de fallecimientos, que se pudieran ligar al Covid. 

La pandemia en Nuevo León ya representa, con base en cifras oficiales, el doble de muertes que todos los homicidios dolosos llevados a cabo en 2019 (un año que se considera como de los más violentos). 

AMLO y la pandemia

by Daniel Butruille
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Tuvieron que morir más de 50,000 mexicanos a consecuencia del mal manejo de la pandemia por el Covid-19, para que el presidente de los mexicanos se percatará del dolor que generaba estas defunciones en innumerables familias  y expresar su pésame a los dolientes. 

El toque de silencio en el patio de Palacio Nacional este domingo a mediodía pudo ser muy solemne, pero, no creo que haya tenido el efecto que imaginaba el presidente. Probablemente, tiene más impacto el minuto de silencio que se guarda al inicio de los partidos de futbol de la nueva versión de un torneo sin espectadores en los estadios. 

Cegado por su comentario desafortunado de que la pandemia le había caído como anillo al dedo a la cuarta transformación, el presidente de todos los mexicanos olvidó durante 5 meses presentar su pésame a tantas familias afectadas para, en lugar de esto, regocijarse de la aceleración del empobrecimiento de la población que ayudará a lograr más rápidamente la generalización  de la estrategia de dependencia de la población más desfavorecida del sistema de dadivas que el régimen está reforzando día a día. 

Mientras México sigue acumulando las calificaciones de reprobación por su pésimo manejo de la crisis sanitaria, el presidente sigue proclamando sin base ninguna que ya está domada la epidemia. Y sigue sin usar el cubre boca a pesar de todas las recomendaciones internacionales en este sentido. Si él se siente invulnerable, su mal ejemplo es responsable de muchas muertes adicionales por falta de prevención por una gran parte de la población que lo toma, en forma equivocada, como ejemplo a seguir. 

AMLO se perdió en el camino durante estos últimos 5 meses, mal orientado por un sub secretario de salud carente de credenciales adecuadas para manejar esta situación en un país como México. No sólo AMLO tendrá que enfrentar los parientes de los 52,000 (y creciendo, a pesar de todo lo que repite todos los días), sino también la cólera del cuerpo médico que ha presentado bajas excesivas por las malas condiciones de operación que las nuevas políticas públicas de salud han creado en el sistema sanitario del país. 

Cuando los objetivos de una transformación permiten atropellar los derechos más elementales de la población, urge revisar los métodos usados por dicha transformación. Parece que podríamos caer en las agresiones y violaciones  de otros intentos de regímenes totalitarios, que dejaron millones de muertos en la Unión Soviética de Stalin y la China de Mao. 

No vaya a ser que el legado firme que deje AMLO en los libros de historia, sean los cien mil muertos del Covid-19 del año 2020 en México, y que la cuarta transformación esté borrada por siempre de la memoria colectiva .     

Cuando lo Personal, es Político (y mediático)

by Isabella Leal Aguilar
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Hay una frase que se generó durante la segunda ola del feminismo que expresa “Lo Personal es Político”. Esta busca establecer que lo que sucede en los ambientes privados, en nuestras experiencias personales, es un reflejo de las estructuras sociales, políticas, y culturales en las que nos encontramos inmersas. Ayer vimos un claro ejemplo de esto ante las desafortunadas declaraciones del Senador Samuel García dirigidas hacia su esposa, la influencer Mariana Rodriguez.

Samuel y Mariana son una pareja peculiar en el sentido que nos invitan a ser expectadores de su vida diaria. Ambos estando constantemente bajo el escrutinio publico. Esto claramente debido a las profesiones y estilo de vida que han decidido tener y seguir. Constantemente nos invitan a su espacio privado e intimidad como pareja, queramos o no somos audiencia cautiva puesto que su vida esta expuesta en redes sociales, en las noticias, y en la radio. De una forma u otra nos enteramos de lo que les sucede, siendo sus vidas orquestradas para entretener y generar una base de seguidores mientras se intenta balancear con el ser servidor público dentro de la política de nuestro país. 

Los comentarios que hace el Senador, con justa razón han generado indignación y críticas. Demuestran diferentes formas de violencia que se ejercen en contra de las mujeres mexicanas a diario. Frases por las que el Senador Samuel ha hecho un intento de disculpa, tanto por tweets como por videos. En estas justifica su actuar bajo un umbral de “bromas machistas” que él mismo califica como estúpidas y retrogradas al reconocer el error de sus comentarios. Sin embargo intenta minimizarlos bajo su actuar político en favor de las mujeres y los “mil actos de amor que se derrumban con una frase estúpida”. Ignorando así el problema que se tienen en el fondo; la normalización de la violencia de género en contra de las mujeres y estrategias de dominación ejercidas en contra de las mismas.

Y ese es justo el problema. No el hecho en sí de los comentarios que ha hecho el Senador, que claramente son reprochables, sino la naturaleza y normalidad con las que se hicieron. El tono serio y la seguridad con las que se dijeron. El hecho de que claramente no se arrepiente por lo que dijo, sino por el efecto que sus mismas palabras han tenido en contra de su imagen pública. El hecho de que no es el único hombre que de forma denigrante se refiere a las mujeres dentro de su vida como si fuesen de su propiedad. El hecho de que no es el único hombre que, en mayor o menor medida, ha buscado ejercer control sobre las mujeres, particularmente sobre la autonomía tanto corporal como de identidad personal o pública, de aquellas que consideran como suyas.

Nuestra cultura es profundamente machista. Vivimos en un país que tiene sobrenormalizada la violencia, y la violencia con razón de género es una de las más arraigadas socialmente. Hombres y mujeres replicamos en nuestro hablar y nuestro actuar esta violencia de forma constante. Ayer toco presenciarlo en una relación que es extraordinariamente pública, es un espejo de lo que sucede a puerta cerrada en miles de relaciones mexicanas. 

La igualdad de género, como concepto, es ondeada por varios como bandera política y de postura para buscar agradar a un gran porcentaje relevante de la población. Hemos visto esto a nivel local y federal con representantes justificando su actuar en “la defensa de las mujeres” y aprobando normas redactadas a medias, haciendo propuestas apresuradas, y sin entender cuestiones de género. Muchas veces estas normas inclusive terminan afectando de forma negativa a las mujeres. Por que para muchos políticos la redacción y publicación de estas normas se traducen en apoyo electoral y material para las siguientes campañas, no en herramientas necesarias para garantizar la dignidad y los derechos de las mujeres. Pero de nada sirven leyes, por mejor redactas y completas que estén, si nuestras actitudes como sociedad no se modifican, si no hay un cambio profundo cultural en relación al trato hacia las mujeres en nuestro país. Hasta que no entendamos que lo personal, es claramente político, y que nuestro actuar tiene efectos más grandes de lo que podemos visualizar.

De la información a la acción

by Luis Carlos Torre Garza
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Durante el transcurso de esta semana, conocí que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), publicó el 19 de febrero de 2020, el comunicado 038/2020 a través del cual, informa que su Primera Sala conocerá de un asunto para analizar si una aseguradora puede ser autoridad responsable cuando rechaza, por motivo de una discapacidad, la solicitud de alta de un menor en la póliza de gastos médicos.

Cabe mencionar, que a la fecha el asunto aún esta pendiente de resolverse, sin embargo, la sola existencia de un caso en el cual se debate si una aseguradora puede válidamente rechazar por motivo de una discapacidad la solicitud de alta de una persona, debe indignar profundamente a todos los mexicanos.

Lo anterior, pues se trata de un evidente caso de discriminación, el cual en el fondo únicamente puede implicar la retorcida idea de una negación de la condición de ser humano al otro.

Ahora bien, suponiendo sin conceder que la SCJN reconozca el acto de discriminación y condene a la aseguradora responsable a dar de alta al menor, lo cierto es que hoy, aún queda mucho por hacer en materia de discriminación tratándose de seguros médicos para personas con discapacidad.

Esto lo afirmo así, pues basta consultar el Registro de Contratos de Adhesión de Seguros de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), para advertir que diversas aseguradoras dentro de sus contratos, aún señalan como causales de exclusión de la cobertura las enfermedades y tratamientos derivados de “padecimientos preexistentes”.

Situación, que ha dado pie a las peores arbitrariedades, pues el concepto anterior (padecimientos preexistentes), atendiendo a su literalidad implica que todo aquello que derive de la situación desventajosa  que sufre una persona con anterioridad a la contratación del seguro quedará excluido de su cobertura, con lo cual prácticamente equiparan las discapacidades a enfermedades, perdiendo de vista que las discapacidades muchas veces son físicas o genéticas, que no tienen cura ni tratamiento y que no conllevan necesariamente afectaciones a la salud.

A efecto de ejemplificar la gravedad de la situación, comparto el razonamiento utilizado por la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación en el expediente CONAPRED/DGAQR/504/15/DQ/II/QR/Q504, en donde se señaló lo siguiente:

“Una persona con condición genética particular: de piel muy blanca y cabello rojizo: tiene una más alta probabilidad de desarrollar lunares, manchas en la piel y hasta melanomas (cáncer de piel) que una persona cuya genética sea de tez oscura. ¿se diría por ello que esta persona es enferma?, ¿o que padece una enfermedad congénita? Claro que no. Todos somos diversos genéticamente.

De igual manera las personas con Síndrome de Down tienen una condición genética que no conlleva enfermedades que se presenten inexorablemente”.

Así, es claro que este tipo de cláusulas en los contratos de seguros médicos, implican un riesgo real, pues prácticamente queda al arbitrio de la aseguradora considerar si la enfermedad tiene relación con la discapacidad preexistente y en consecuencia negarse a cubrir los gastos médicos.

Lo cual, en el Estado Mexicano no se debe tolerar, pues nuestra Constitución y la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, prohíben expresamente cualquier tipo de discriminación en contra de las personas con discapacidad en el otorgamiento de seguros de salud o de vida.

Particularmente, lo que me sorprende no es la existencia de cláusulas criminales que atenten contra la dignidad humana, sino el hecho de que hasta hoy la CONDUSEF aún no ha exigido a las aseguradoras la modificación de estas cláusulas a efecto de erradicar la discriminación.

Esto, pues por reforma Constitucional desde el 10 de junio de 2011, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias deben prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos.

Finalmente, si aspiramos al bien común, lo primero por hacer es erradicar la discriminación, pasando de la información a la acción.

La evolución feminista

by Paula Marcela García Monteverde
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Las feministas de hoy juegan un rol controversial en la charla cotidiana. Pero la realidad es que el feminismo es uno de los movimientos de liberación y de búsqueda de igualdad más grandes a nivel mundial, dado que más de la mitad de la población es mujer.

Decirse feminista, es equivalente a pronunciarse a favor de que las mujeres sean merecedoras de Derechos Humanos (resultado de la Primera Ola Feminista en el siglo XVIII), de que las mujeres puedan votar (resultado de la Segunda Ola en el siglo XX), de que puedan usar anticonceptivos (Tercera Ola en 1984), y de que vivan una vida libre de violencia de género (Cuarta Ola en la actualidad). 

La conquista gradual de objetivos, no significa que actualmente las mujeres sean iguales a los hombres en términos de condiciones de acceso a oportunidades. Las barreras no se han derrumbado ni desaparecido por completo, sino que se han transformado, y las mujeres de hoy se enfrentan a retos distintos a los que se enfrentaban las mujeres de hace años atrás.

La desigualdad de géneros es explicada de una manera brillante por la sobresaliente y polémica escritora británica Virginia Woolf en su libro Una habitación propia. Ahí, crea personajes ficticios a los cuales inserta en un contexto social real en Reino Unido. Uno de los personajes es llamado Judith Shakespeare, y es caracterizado por Woolf como la supuesta hermana de William Shakespeare, una mujer que nació en la misma familia adinerada y poderosa que el famoso escritor, en el siglo XVI. No obstante, debido a que era mujer, fue privada de educación, del acceso a la cultura, de viajes, entre otras cosas; y en su lugar, fue encomendada a las tareas del hogar para contraer un matrimonio arreglado y criar alrededor de diez hijos. Virginia Woolf muestra con este personaje ficticio, una situación muy real: la manera en la que el género por sí mismo, impacta enormemente en la capacidad de las mujeres para desarrollarse o incluso, siquiera aspirar a hacerlo. 

Ahora, si bien el libro de Woolf fue publicado en 1928, y puede decirse que las oportunidades para las mujeres han aumentado en el último siglo; los impedimentos para su desarrollo han cambiado de nombre, mas no han desaparecido. Aunque prácticamente la mitad de los matriculados en las universidades de México y del mundo son mujeres, sigue habiendo una brecha salarial que afecta a las egresadas y las vuelve automáticamente más pobres que los hombres. Por otro lado, los estigmas que rodean a las mujeres en puestos de toma de decisiones y de poder, violentan, restan autoridad, y en ocasiones, invalidan el largo camino que tuvieron que recorrer para lograr llegar ahí. 

Cambiar las condiciones de oportunidades solo es posible tras reconocer que éstas son desiguales e injustas y que requieren de una acción afirmativa para que todos, tanto mujeres como hombres, sean capaces de cohabitar y funcionar en sociedad. Conocer la historia y la desigualdad sistemática que ha afectado particularmente a la mujer por siglos, nos permite entender el valor de la lucha feminista, apreciar sus logros y apoyarla hasta lograr una vida plena para todos por igual.